También jueces que violentaron los derechos humanos y retrasaron la liberación de los defensores del río Guapinol
En la lista se encuentran magistrados de apelaciones y jueces con antejuicios en el Ministerio Público
Cinco de siete funcionarios judiciales siguen ejerciendo funciones en los tribunales de justicia, sin que, hasta el momento, la institucionalidad reaccione, pese a la presentación de pruebas
Criterio.hn analizó las resoluciones de exclusión de siete funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial y encontró que, en algunos casos, había hasta denuncias activas en el Ministerio Público y en la Supervisión General del Poder Judicial por delitos como abuso de autoridad y prevaricato. Conozca quiénes son.
Texto: Luis Escalante
Edición: Emy Padilla
Portada y gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – El recién culminado proceso de nominación de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CS) ha puesto al descubierto la podredumbre que impera en el Poder Judicial, al tener entre sus filas a cuestionados personajes que son capaces de torcer las leyes y hasta falsificar documentos públicos para lograr sus mezquinos propósitos.
Al realizar un análisis de las resoluciones de exclusión, Criterio.hn encontró que magistrados de apelaciones y jueces con oscuros expedientes pretendieron colarse entre los candidatos y las candidatas a las magistraturas a la nueva Corte que ejercerá su función para el periodo 2023-2030. Puntualmente se encontró que al menos siete funcionarios y exfuncionarios judiciales, cinco activos y caracterizados por sus actos reñidos con la ley en su función judicial, intentaron burlar los filtros de evaluación que aplicó la Junta Nominadora.
En Honduras, previo a la elección de las 15 altas magistraturas del Poder Judicial, se constituye una Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos. Este órgano ad hoc tiene como responsabilidad convocar a postulaciones al cargo y evaluar los expedientes de los postulantes.
Posteriormente, la Junta determina qué 45 candidatas y candidatos reúnen las mejores características de idoneidad, ética profesional e integridad personal que se requieren para ocupar una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, y remite al Congreso Nacional dichos perfiles. Allí, las diputadas y los diputados finalmente seleccionan a los abogados y las abogadas que desempeñarán los cargos en un período constitucional de siete años.
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Previo a esa nominación ante el Legislativo, la Junta Nominadora, conformada por representantes de siete organizaciones e instituciones distintas, evalúa y depura el listado de postulante. En el último período, que se desarrolló entre el 13 de octubre de 2022 y el 23 de enero de 2023, se presentaron 184 postulaciones y, de ellas, la Junta Nominadora desechó 102 expedientes.
TIPOS DE EXCLUSIONES
Las exclusiones varían. El primer filtro que desechó expedientes fue la aplicación del examen de conocimientos jurídicos, seguido por las pruebas toxicológicas y psicométricas, y la fase de investigación socioeconómica.
Sin embargo, una de las que más generó impacto estuvo relacionada con la presentación de denuncias y tachas. Durante esta etapa, mediante la cual cualquier ciudadano podía presentar una delación o un señalamiento contra las y los postulantes, se apartó del proceso a 19 personas. Entre ellas figuraron siete funcionarios y exfuncionarios judiciales que, como se indicó, se caracterizan por sus actos reñidos con la ley. Muchos de ellos, a pesar de lo anterior, actualmente fungen como jueces o magistrados de Cortes de Apelaciones.
Así lo evidenciaron las resoluciones de exclusión que la Junta Nominadora publicó y que Criterio.hn analizó. Dentro de ese legajo de documentos, se encontró que, entre los perfiles desechados, tras la resolución de las denuncias y las tachas, había candidatos y candidatas que tienen denuncias en su contra en el Ministerio Público y en la Supervisión General del Poder Judicial.
Una de las personas que postuló, incluso, había sido suspendida de su cargo como juez de letras después de una resolución de la Inspectoría General de Tribunales. Se trata de Lester Ilich Mejía Flores, quien, además, se desempeñó como miembro suplente del poco reputado y desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre 2010 y 2013.
Además de lo anterior, este exjuez cuenta con dos denuncias activas en el Ministerio Público por delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato, sin embargo, presentó ante la Junta Nominadora una constancia en la que supuestamente el MP acreditó que no existían denuncias en su contra. Esto significa que habría falsificado documentos públicos.
Y, peor aún, según lo archivado en el expediente PCSJ-2022-169, Lester Ilich Mejía Flores había presentado información que acreditaba la supuesta inexistencia de denuncias en su contra, aún cuando, tiempo después, la Junta Nominadora, constató que, en la Supervisión General del Poder Judicial, se hallan 25 denuncias en su contra, de las cuales ocho tienen mérito. La Junta Nominadora calificó que su postulación contenía información con irregularidades.
Otro postulante contra el cual se hallaron denuncias en el Ministerio Público es Conan Rafael Argueta Bourdett, actual magistrado de la Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. La Junta Nominadora encontró que tiene tres denuncias activas en la Fiscalía y diez en la Supervisión General del Poder Judicial.
PERPETRADORES DEL GOLPE TÉCNICO A LA CSJ PRETENDIERON CAMUFLARSE
Otros de los expedientes con actuaciones cuestionables involucran a Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, Garin Enoc Urquía Castro y Marlene Suyapa Pérez Valle. A estas personas se les cuestionó por su participación y visto bueno al quebrantamiento del Estado constitucional de derecho debido a que, entre 2012 y 2013, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, los designó como magistrados integrantes del máximo tribunal hondureño, con el propósito de conocer los recursos de amparo que presentaron los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que, ilegalmente, destituyó el Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, el 12 de diciembre de 2012.
Los magistrados, destituidos ilegalmente por haber declarado inconstitucionales la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo y la Ley Especial de Reforma Policial, fueron José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira.
Tras su defenestración, los cuatro magistrados depuestos presentaron un recurso de amparo y entre los encargados de conocer dichos amparos, en condición de magistrados integrantes, figuraron Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, Garin Enoc Urquía Castro y Marlene Suyapa Pérez Valle. Los tres votaron en contra y avalaron, de ese modo, el quebrantamiento del Estado constitucional del derecho al respaldar un golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia. Barahona Rodríguez argumentó que el recurso de amparo no era la vía adecuada y Pérez Valle declaró que la destitución se trataba de un hecho consumado.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fijó para el próximo 6 de febrero de 2023 el inicio del juicio por el Caso Gutiérrez Navas vs. Estado de Honduras, el cual sometería al estamento hondureño, en caso de perder el litigio, a demandas y a cumplir con medidas de reparo para estos cuatro exmagistrados constitucionales que arbitrariamente fueron destituidos por el Congreso hondureño.
CRIMINALIZADORES DE LA LUCHA POR EL RIO GUAPINOL
Este ejercicio periodístico encontró que algunos de los postulantes, que quedaron en la sombra, tienen antejuicios en el Ministerio Público y otros retardaron la justicia con el propósito de criminalizar a los defensores del río Guapinol, en Tocoa, Colón. También se expuso el caso de una magistrada de la Corte de Apelaciones de La Ceiba señalada por haber engavetado el caso del asesinato de la ambientalista hondureña Jeanette Kawas.
La Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, en su artículo 20, establece que, si la Junta Nominadora encontrase indicios de delito en los expedientes, deberá notificárselo al fiscal general de la República, Óscar Chinchilla. No obstante, Criterio.hn constató que ningún expediente fue remitido al Ministerio Público, cuando le consultó a María Elena Sabillón, quien se desempeñó como secretaria general de la Junta Nominadora en el último proceso.
Adicionalmente, Tomás Andino, quien representó a las organizaciones de sociedad civil dentro de la Junta, declaró a este medio digital lo siguiente: “No nos dio tiempo para organizar material destinado al Ministerio Público. Lo que sí ocurrió fue que descubrimos que varios de los candidatos que tenían tachas, han sido o están siendo investigados por el Ministerio Público desde años atrás y no han tenido consecuencias mayores, lo que indica que, al menos de esta Fiscalía, no cabe esperar acciones de persecución penal, aunque se les pidiera”.
Aunque estas personas quedaron sin ninguna posibilidad de ocupar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, sí es preocupante que, aún con todos estos indicios que se presentaron en la etapa de denuncias y tachas, la mayoría estén habilitadas para continuar en la función judicial, y que se estén desempeñando actualmente.
Por ejemplo, Conan Rafael Argueta Bourdett, es magistrado de la Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán; Nancy Marlene Pérez Valle y Garin Enoc Urquía Castro, son magistrados de la Corte de Apelaciones de La Ceiba; Nelson Omar Madrid Chinchilla, es juez de letras de lo Civil de San Pedro Sula; Yimy Daniel Chirinos Orellana, es director de la Carrera de Personal del Poder Judicial.
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Mientras que Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, actual magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, se desempeñaba como magistrada de la Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán al momento en que cometió las acciones por las cuales fue objeto de acusaciones y, por su lado, Lester Ilich Mejía Flores lo hacía como juez de letras de Francisco Morazán.
AHORA LE TOCA A LA INSTITUCIONALIDAD
En conversación con Criterio.hn, el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera, aclaró que la Junta Nominadora únicamente tenía la facultad de concluir si la persona postulante cumplía con el perfil de magistrado, pero no para determinar la inocencia o culpabilidad de estas personas que aspiraron a integrar la Corte Suprema de Justicia.
“Si estas personas tienen denuncias en el Poder Judicial, hay una Inspectoría General que, por ley, tiene que realizar esta investigación, y si encuentran que hay elementos para determinar que estas personas deben ser sancionadas, lo debe hacer. Igual, si hay denuncias presentes en el Ministerio Público pues hay un procedimiento interno. Entonces, obviamente lo primero es que mientras no haya una resolución del órgano investigativo dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público que diga que han cometido una falta o un delito, y que ello implique que tengan que salir de Poder Judicial, siguen siendo inocentes”, declaró.
La representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Jimena García, coincidió con Joaquín Mejía Rivera al declarar que debe ser la institucionalidad constituida la llamada a determinar si estas personas postulantes, que fueron descartadas por la Junta Nominadora, son aptas para seguir como jueces o magistrados de Corte de Apelaciones.
Sin embargo, declaró que, el simple hecho de una denuncia o tacha documentada es suficiente motivo para iniciar una investigación en contra de estos funcionarios judiciales que fueron señalados por su falta de idoneidad para impartir y administrar justicia al más alto nivel.
“Yo entiendo que muchas de estas denuncias iban acompañadas, de algún expediente donde se encontraba el supuesto ilícito, sea en el Ministerio Público o en la Inspectoría General, entonces creo que estos órganos deberían tener conocimiento de estas acciones por parte de los funcionarios judiciales que fueron señalados”, declaró Jimena García a Criterio.hn.
LA FALTA DE UN ENTE INDEPENDIENTE EN EL PODER JUDICIAL
Uno de los principales defectos del sistema judicial radica en la debilidad institucional dirigida a la investigación de faltas cometidas por los funcionarios y las funcionarias judiciales. Existe una débil Inspectoría General de Tribunales, en este momento, a cargo de Anny Belinda Ochoa Medrano, quien, incluso, recibió nueve denuncias y tachas en este proceso de nominación y elección, pero que, sorpresivamente, logró refutarlas todas. Está entre las y los 45 mejor evaluados para ocupar el cargo de magistrada y magistrado del Supremo hondureño.
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“En el Poder Judicial debería existir un ente separado destinado a resolver estos conflictos donde un juez está siendo investigado por alguien inferior dentro del escalafón, cuando este debería ser un ente separado. Ese es el problema, que no hay un tribunal independiente que investigue faltas y que no existe un Consejo de la Judicatura. Ningún juez o magistrado está exento de cometer ilícitos”, añadió García.
El 25 de noviembre de 2011, el Congreso Nacional aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que derogó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y que otorgó labores administrativas a un nuevo ente, que inició sus funciones el 6 de septiembre de 2013, y que se encargaba de organizar y dirigir la administración y las finanzas del Poder Judicial. Sin embargo, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue cuestionada desde su aprobación en el Legislativo, hasta que el 15 de abril de 2016 la recién investida Sala Constitucional la declaró inconstitucional.
Además, la gestión de quienes estuvieron al frente Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue caracterizada por la corrupción. El expresidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, quien presidió el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial entre 2013 y 2016, fue acusado por delitos de corrupción y encarcelado.
El 9 de abril de 2018, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra Rivera Avilés y otros cinco exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, quienes fueron acusados por más de 600 delitos de malversación de caudales públicos. Los demás imputados fueron Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Teodoro Bonilla. A pesar de ello, el 2 de noviembre de 2021, un juzgado de letras penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo para los seis involucrados en este caso.
CUANDO EL RÍO SUENA…
Más allá de lo anterior, y de que se debe respetar la presunción de inocencia de los jueces y magistrados de apelaciones que aspiraron a ser magistrados supremos, Criterio.hn ha considerado pertinente evidenciar en qué consistían las denuncias y tachas por las cuales la Junta Nominadora, a través de resoluciones de exclusión, determinó apartar a estos funcionarios y exfuncionarios judiciales del proceso de nominación y elección.
CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT
En el caso de este magistrado de la Corte de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, se encontró que tiene tres denuncias activas en el Ministerio Público y diez en la Supervisión General del Poder Judicial, una con mérito. Además, la Junta Nominadora determinó que Conan Rafael Argueta Bourdett mintió con la información patrimonial que presentó cuando se postuló, porque no concordaba con la que figuró durante fase de investigación socioeconómica, cuando se hizo la validación con la información que proveyeron las instituciones financieras.
Una de las denuncias que se presentaron contra este funcionario judicial manifiesta que, en su actuar como magistrado de la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán, ratificó la vulneración del derecho de acceso a los tribunales, derecho a la defensa y al debido proceso. Se le señaló por haber inadmitido un recurso de amparo y haber quebrantado, de ese modo, el orden constitucional.
La Junta Nominadora, sobre esta denuncia, declaró que su actuar repercutió en un perjuicio para el Estado de Honduras.
La otra denuncia indica que Conan Rafael Argueta Bourdett no se excusó de conocer dos recursos de apelación presentados en la Corte Segunda de Apelaciones Civil, incluso cuando él mismo había denunciado a la parte procesal recurrente ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia, en el contexto de un asunto gremial relacionado con una elección de junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
La Junta Nominadora resolvió que la labor judicial de Argueta Bourdett sí se vio afectada al no haberse excusado de un caso en el que debió tener la debida diligencia de verificar que la parte procesal que interpuso dos recursos de apelación era una persona contra la cual él había ejercido una acción legal.
LESTER ILICH MEJÍA FLORES
A Lester Ilich Mejía Flores se le denunció ante la Junta Nominadora en virtud de que, en su condición de juez de letras de familia de Francisco Morazán, ocasionó daños y perjuicios a una de las partes procesales durante un caso judicial, dejándola en indefensión y violentando, de ese modo, la Constitución y las leyes.
La Inspectoría General de Tribunales abrió una investigación y le canceló su cargo como juez de letras de familia de Francisco Morazán.
También se encontraron dos denuncias en el Ministerio Público por violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y prevaricato, investigaciones que se mantienen abiertas, y veinticinco denuncias registradas en la Supervisión General del Poder Judicial, ocho de ellas con mérito.
Esta persona, además, presentó información irregular ante la Junta Nominadora, porque presentó supuestas constancias que acreditan aparentemente la inexistencia de procedimientos o denuncias en su contra. Sin embargo, la Junta Nominadora encontró irregularidades en la información que él presentó.
MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRÍGUEZ
A Miriam Suyapa Barahona Rodríguez se le denunció por su actuar como magistrada integrante de la Corte Suprema de Justicia, después de la destitución ilegal y arbitraria de cuatro magistrados constitucionales, el 12 de diciembre de 2012, en una acción orquestada desde el Congreso Nacional que presidía Juan Orlando Hernández (2010-2014).
Las denuncias que dejaron fuera del proceso de nominación y elección fueron dos. Como se indicó en el párrafo anterior y en la introducción, se le reprochó su actuar cuando se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia dos recursos de amparo contra el accionar que tomó el Congreso Nacional, al destituir a estos magistrados de la Sala de lo Constitucional, que habían declarado inconstitucionales la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) y la Ley Especial de Depuración Policial.
Su accionar como funcionaria judicial en ese contexto, indicó la denuncia, fue con desprecio a los principios y los valores democráticos esenciales del Estado Constitucional, tales como la independencia de los poderes y, por lo tanto, comprometió su independencia judicial al avalar, con su actuar, la ruptura del Estado constitucional.
En su defensa, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez declaró que el recurso de amparo no era la vía procesal adecuada y que también existía imperativo de inadmisión enmarcado en la Ley sobre Justicia Constitucional.
GARIN ENOC URQUÍA CASTRO
A Garín Enoc Urquía Castro se le señaló debido a que tuvo participación en el retardo de justicia, criminalización y uso indiscriminado de la prisión preventiva en contra de los defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón.
El 10 de febrero de 2022, después de haber pasado 29 meses recluidos en prisión, Kelvin Aguirre Romero, José Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahum Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz recuperaron su libertad.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que se violentó el debido proceso y, aun así, Urquía Castro pretendió convertirse en magistrado del más alto tribunal de justicia hondureño.
A esta persona también se le cuestionó por haber sido parte del proceso de destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, debido a que formó parte de los magistrados integrantes que designó el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, para conocer los recursos de amparo que presentaron las personas afectadas. Votó en contra junto a otros tres magistrados.
La otra denuncia que salpicó a Garin Enoc Urquía Castro está relacionada con otra designación como magistrado integrante de la Corte Suprema de Justicia, en esa ocasión a solicitud de Rolando Argueta, quien, ante la ausencia de magistrados, lo incorporó cuando se aprobó la creación de una jurisdicción especial para las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), en 2021.
El expostulante a la Corte Suprema aseguró que únicamente atendió el llamado del presidente Rolando Argueta y que la resolución habla por sí misma, porque, en ese momento, las ZEDE se encontraban presentes en el marco normativo hondureño y, por lo tanto, ameritaba un dictado por parte de la sala que él integró.
MARLENE SUYAPA PÉREZ VALLE
Al igual que Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Garín Enoc Urquía Castro, a Marlene Suyapa Pérez Valle se le cuestionó por su participación como magistrada integrante de la Corte Suprema de Justicia después de que se destituyeron a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional el 12 de diciembre de 2012.
Igualmente, se le reprochó por haber votado en contra de un recurso de amparo en favor de los magistrados destituidos, a lo que ella respondió que lo hizo de esa forma debido a que se trataba de un hecho consumado.
Sin embargo, el señalamiento más grave contra Perez Valle es por haber mantenido inactivo, como jueza, el caso del asesinato de la ambientalista Jeanette Kawas y haber adoptado, además de ello, medidas encaminadas a intimidar a testigos del caso.
Existe también, en el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, una demanda de repetición en su contra, junto a otros 15 operadores de justicia, por el caso de Jeanette Kawas, aunque ella aseguró que no existe denuncia en su contra por violación a derechos humanos en ese caso, ni ninguna resolución.
YIMI DANIEL CHIRINOS ORELLANA
A Yimi Daniel Chirinos Orellana se le descalificó por haber sido denunciado por mala praxis judicial o negligencia en sus actuaciones judiciales, con lo cual perjudicó gravemente los derechos humanos de Kelvin Aguirre Romero, José Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahum Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz. Estas personas fueron criminalizadas por la defensa del río Guapinol, en Tocoa, Colón.
En su defensa, argumentó que dicha denuncia es un irrespeto a la independencia judicial y declaró que es subjetiva.
NELSON OMAR MADRID CHINCHILLA
A Nelson Omar Madrid Chinchilla se le señaló debido a que tiene incoado, en el Ministerio Público, un antejuicio por el delito de prevaricato, en su condición de juez de letras de lo Civil de San Pedro Sula. Por este caso, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula dictó sin lugar el antejuicio, pero también la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de apelación, dando lugar a la solicitud de antejuicio que se presentó en su contra.
Además de lo anterior, se le señaló porque tiene otro antejuicio por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
La Junta Nominadora también constató que Nelson Madrid posee ocho denuncias en el Ministerio Público y veintiún más en la Supervisión General del Poder Judicial, de las cuales seis han sido declaradas con mérito.
OTROS EXCLUIDOS
Tras la resolución de las denuncias y las tachas, la Junta Nominadora también dejó sin posibilidades de reelegirse a seis magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia: Edwin Francisco Ortez Cruz, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza, Edgardo Cáceres Castellanos y Rafael Bustillo Romero. Tres de ellos habían sido denunciados por el delito de prevaricato por parte del jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
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Aunque a estos seis magistrados actuales se les apartó de la posibilidad de ser reelectos, es igual de preocupante que otros funcionarios judiciales, de menor rango, continúen activos dentro del sistema judicial, cuando algunos de ellos, incluso, poseen denuncias activas en el Ministerio Público.
