Fotos: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa. – La dirigencia del transporte celebraba la puesta en marcha del estado de excepción que se instauró el pasado seis de diciembre de 2022, a través del PCM 29-2022 y que fue prolongado por 45 días más y no se habían registrado muertes de transportistas hasta que asesinaron a Osman Reinieri Luque.
El joven de 22 años laboraba en Tegucigalpa, capital de Honduras, en una unidad de transporte denominado como “buses brujitos”. Este hecho al igual que otros cinco asesinatos en san Pedro Sula, norte del país, se relacionan con el cobro de extorsión, mas conocido como “pago de impuesto de guerra”.
Este delito, utilizado por estructuras criminales, obliga a una persona propietaria de algún pequeño negocio, mediante la violencia o intimidación a realizar el pago de una cuota de dinero periódicamente.
En ese sentido uno de los rubros que más ha sentido las consecuencias, incluso mortales, de este delito, es el transporte a nivel nacional.
Nelson Fernández, dirigente del transporte en la zona norte del país, expresó “vivimos en un miedo horrible por la extorsión, todos los transportistas estamos pagando extorsión, aquí no nos escapamos”.
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PLAN PARA COMBATIR LA EXTORSIÓN NECESITA REFORZARSE
La presidenta Xiomara Castro, en noviembre de 2022 anunció la puesta en marcha de la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos y que entro en vigor por medio del PCM 29-2022.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, hasta la fecha se han registrado un total de 3 mil 954 detenciones de ciudadanos por diversos delitos.
Sin embargo, los transportistas y analistas sugieren que esta medida coercitiva sea acompañada de mecanismos y metodologías que apoyen a la policía Nacional.
En ese sentido, Fernández sugirió en entrevista con Criterio.hn, un desarme general a nivel nacional.
“En lugar vayan a montar policías en los buses lo más correcto es un desarme general” expresó Fernández, y añadió que esta medida debe ir acompañada de una modificación en la Ley de portación de armas.
El criminólogo Nery Ordoñez, enfatizó que en el combate a la criminalidad no es solo el trabajo de la Policía Nacional, sino de otros actores como Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), La Corte Suprema de Justicia, y el apoyo de Poder Ejecutivo a través de la aprobación de reformas a la ley en materia penal.
“Si hacemos un análisis, a la policía la han dejado, todos los ciudadanos tenemos los ojos encima de la policía”, enfatizó Ordoñez.
Gerardo Aguilar, dirigente de transporte en Tegucigalpa, expresó a Criterio.hn que es necesario que se realicen reformas al código procesal penal para que las detenciones sean judicializadas sin necesidad de tener una denuncia.
“Hay personas que por temor a represalias no interponen una denuncia y la mejor salida es pagar la extorsión”, apuntó Aguilar.
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ESTADO SE EXCEPCIÓN GENERÓ EXPECTATIVAS EN TRANSPORTISTAS
Con estos PCM 29-2022 y 01-2023 el gobierno de Honduras declaró una emergencia nacional en temas de Seguridad y generó incertidumbre por poner en riesgo las garantías constitucionales, pero también generó expectativas en el sector transporte.
Sim embargo, a poco de cumplir los dos meses de esta medida la dirigencia del transporte señala que el flagelo de la extorsión no se ha combatido, situación que les preocupa.
Gerardo Aguilar, dirigente de transporte en Tegucigalpa, mencionó que cuando las autoridades anunciaron el plan con el cual, de acuerdo a la presidenta hondureña, le “declaraban la guerra a la extorsión”, “nosotros nos llenamos de muchas expectativas y creímos que sería similar a El Salvador”.
El gobierno de El Salvador presidido por Nayib Bukele, de acuerdo a cifras de la Presidencia de este país centroamericano, han sacado de las a más de 60,000 criminales, entre ellos, cabecillas y colaboradores, por medio del Plan Control Territorial, mismo que ha sido cuestionado de acuerdo a defensores de derechos humanos por atentar con los derechos de las personas.
Por lo que esta medida que adoptó el estado de Honduras para Aguilar es “mediático” ya que no se han visto avances para eliminar la venta libre de chips de telefonía celular, “no se ha visto el control en los centros penales, allí es donde se controlan las acciones delincuenciales, hay libre acceso a internet y celulares” denunció el dirigente del transporte.
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MUERTES DE TRANSPORTISTAS: DESAFÍO A LA AUTORIDAD
En lo que va del año, de acuerdo a la dirigencia del transporte se han registrado por lo menos seis muertes violentas entre conductores de autobuses, taxis y ayudantes.
De acuerdo a Aguilar estas muertes violentas representan un desafío del crimen organizado a las autoridades hondureñas.
En lo que va del año se ha registrado la muerte José Adelmo Orellana, el ayudante del que no se conoció su identidad alias “Picachú, Geovany Alvarado, Roberto Antonio Pineda Gonzales, Juan Erazo propietario de varias unidades de transporte.
Sin embargo Fernández, enfatizó que no todas las muertes en el sector transporte son producto del cobro de extorsión.
“La realidad es que no toda muerte en el sector transporte es por la extorsión hay otras colaterales que hay que analizar” reconoció.
Por lo que serán los entes de investigación quienes esclarecerán estos hechos y por lo pronto queda esperar a que el gobierno desarrolle una estrategia integral de combate a criminalidad y prevención de violencia en todos los aspectos.
