Por: Breidy Hernández
Tegucigalpa. – Luego de recibir un documento en PDF, titulado “propiedades de Silvia Ayala”, el pasado 3 de enero, mismo que circula en las redes sociales, la diputa del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Silvia Ayala, inició una corroboración en el Sistema del Instituto de la Propiedad (IP).
Por lo que, en una comparecencia pública, la congresista denunció que unas 98 propiedades de bienes inmuebles, ubicados en las Islas de la Bahía, aparecen a su nombre en los registros del Instituto de la Propiedad.
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“Ni tengo la capacidad económica, ni siquiera sumando todo el año de salario del Congreso, podría haber comprado uno tan solo de esos inmuebles”, señaló.
Ante esto, Ayala solicitó al Ministerio Público y de las autoridades de investigación, realizar una investigación exhaustiva.
“NO ES HOMÓNIMO”
La diputada por el departamento de Cortes, aclaró que no se trata de un homónimo, ya que, al hacer la verificación en la página web del IP, aparecen su nombre, numero de identidad y la dirección donde reside actualmente en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
“Me estoy poniendo a disposición del Ministerio Público, como de la Policía Nacional y cualquier otro ente investigativo de nuestro país”, señaló Ayala.
De igual manera dio a conocer que se presentó ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
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Mencionó que se solicitó una constancia de revisión en físico en las oficinas del IP en las Islas de la Bahía, donde se puede constatar que no posee dichos inmuebles, sin embargo, en el sistema en línea aun aparecen las propiedades a su nombre.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
En la comparecía pública, Ayala no descartó que estos hechos se deban a una acción para desacreditar su imagen ante la sociedad.
La congresista recordó que el año pasado, al formar parte de la Comisión de Extradición, ella junto con su familia fueron objeto de intimidación, persecución y amenazas a muerte.
Ayala exigió al Ministerio Público, requerir al IP para que se revise e identifique a la persona que ingreso electrónicamente sus datos en el sistema, para que se proceda a presentar los requerimientos fiscales por los delitos que se pudieron haber cometido.
Este hecho, deja entrever la vulneración del sistema informático de esta oficina estatal y se extiende la preocupación que se despoje a los ciudadanos de sus bienes inmuebles ante la adulteración de registros públicos.
