_{Los líderes de los partidos políticos comienzan a perfilar a la persona que presidirá la Corte Suprema de Justicia, aun cuando no se ha remitido al Congreso Nacional el listado de candidatas y candidatos por parte de la Junta Nominadora}

Analista considera que lo más importante en este momento es cuestionar cómo se están gestando las negociaciones, qué criterios y qué valoraciones hay alrededor del tema

Tegucigalpa.- A pesar de que la Junta Nominadora todavía no ha remitido al Congreso Nacional la nómina de 45 candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, los líderes de los partidos políticos han dejado entrever que la elección del presidente de ese poder del Estado, aunque se efectuará a lo interno del pleno, derivará de una negociación sobre la mesa.

El 25 de enero de 2023, las diputadas y los diputados del Legislativo elegirán, en una votación de segundo grado, a las 15 personas que ocuparán las magistraturas del Supremo hondureño. Una vez que asuman sus funciones, el 27 de enero de 2023, con al menos ocho votos las magistradas y los magistrados elegirán a la persona que ocupará la presidencia de la Corte. Este cargo será ratificado, en un lapso no superior a las 24 horas, por la Junta Directiva del Congreso.

Aunque históricamente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha recaído en un magistrado o una magistrada que representa los intereses del partido gobernante, voces disonantes, sobre todo de la oposición, han comenzado a sugerir que sea alguien afín al Partido Liberal o al Partido Salvador de Honduras (PSH).

La complejidad radica en la actual conformación del Congreso Nacional, donde, incluso, lograr la mayoría simple es altamente complejo. Libertad y Refundación (Libre), que gobierna en el Ejecutivo, posee 50 escaños. Por su lado, Partido Nacional tiene 44 y el Partido Liberal 22, mientras que el PSH ostenta 10 curules, y Democracia Cristiana y Partido Anticorrupción se distribuyen una, cada uno.

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La elección de las 15 magistradas y magistrados requiere de la mayoría calificada de 86 votos, por lo que, aunado a cómo quedó aprobada la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora de la Corte, el panorama deja abierta la posibilidad de que la elección de magistradas y magistrados contenga un ingrediente típico de la costumbre legislativa: la repartición de cuotas de poder.

“En este escenario la distribución política partidaria debe ir orientada, más allá de números de partidos, a personas capaces de reformar la impartición de justicia. Estas personas evidentemente serán representantes de los tres o cuatro partidos políticos principales, pero, más allá de ello, deberán procurar que los pesos y contrapesos se den dentro de la Corte, asignando la presidencia a uno de los partidos”, analizó en entrevista con Criterio.hn el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés), Luis León.

El analista político aseguró que, aunque es normal que los dueños o presidentes de los partidos políticos comiencen a cabildear quién ostentará la presidencia de la Corte Suprema de Justicia antes de tiempo, es más importante cuestionar quién y cómo se están gestando las negociaciones, qué criterios y qué valoraciones.

“Aquí la pregunta es por qué y para qué el presidente de la Corte deberá estar afiliado a un partido político. A nivel del Congreso, lo que sí esperaría es que la elección se dé conforme a capacidades y no a presiones políticas”, añadió Luis León.

PARTIDO LIBERAL NO QUIERE PERDER SUS CUOTAS

Históricamente, el bipartidismo ejercido por el Partido Nacional y el Partido Liberal se repartía la Corte Suprema de Justicia de la siguiente forma: ocho versus siete. La mayoría y el presidente le correspondía al partido en el poder. En 2002, gobernaba el Partido Nacional y la presidencia recayó en Vilma Morales Montalván. En 2009, gobernaba el Partido Liberal y se eligió como presidente a Jorge Rivera Avilés. En 2016, gobernaba el Partido Nacional y Rolando Argueta resultó presidente del Supremo.

Ahora, que Libre consiguió el poder tras su contundente triunfo en las elecciones presidenciales de 2021, la distribución podría cambiar. Por un lado, se habla de ocho (Libre), cuatro (Partido Liberal) y tres (Partido Nacional), y, por el otro, de seis (Libre), cuatro (Partido Liberal), tres (Partido Nacional) y dos (PSH).

En ambos escenarios, Libre podría respaldarse en el Partido Liberal, tomándose en cuenta que su origen está en ese instituto político. Así lo expresó el analista político Omar García Calderón, quien, en conversación con Criterio.hn, pronosticó una alianza entre Libre y Partido Liberal dentro de la conformación del pleno de magistradas y magistrados.

“Ya comienza a vislumbrarse cuál es la cantidad de magistrados que está exigiendo el Partido Liberal a fin de acompañar a Libre en la elección. Es una cuota importante y, por lo tanto, considero que una alianza entre Libre y Partido Liberal fácilmente podría alcanzar 10 magistrados dentro del pleno, más incluso de lo que se requiere para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que son ocho. A partir de ahí podríamos decir bajo qué compromisos se va a escoger internamente, sin necesidad que sea desde afuera, a la persona que presidirá la Corte”, dijo García Calderón a este medio digital.

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Cuando se eligió a la actual Corte Suprema de Justicia, en 2016, la bancada de Libertad y Refundación, a pesar de ser la segunda más fuerte dentro del Congreso Nacional, con 37 diputadas y diputados, no consiguió un solo magistrado o magistrada en la Corte. Por su lado, el Partido Liberal, que solo tenía 26 legisladores, sí logró siete cargos dentro del más alto nivel e impartición y administración de justicia.

“Es difícil explicar cómo un partido con tan pocos diputados y diputadas, como lo es actualmente el Partido Liberal, podría tener esa cuota tan alta dentro de la Corte. Es más que evidente una negociación entre Yani Rosenthal y Manuel Zelaya”, añadió Garcia Calderón.

ELECCIÓN

Después de realizar las audiencias públicas, concluir con la matriz de evaluación técnica y efectuar la entrevista final a las y los postulantes, la Junta Nominadora elaborará una nómina con al menos 45 candidatas y candidatos, con 23 mujeres y 22 hombres. Esta lista se remitirá a la Comisión Permanente del Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023.

Posteriormente, el 25 de enero de 2023, las y los 128 legisladores elegirán, con al menos 86 votos, a las 15 personas que integrarán la Corte Suprema de Justicia durante el período constitucional 2023-2030.

El pleno de magistradas y magistrados, a su vez, elegirá a un presidente o una presidenta. Una vez juramentada por el Congreso Nacional, esta persona seleccionará a los cinco magistrados que integrarán la Sala de lo Constitucional, mientras que las otras salas, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, tendrán tres togadas y togados, cada una. Las cuatro salas tendrán un magistrado o una magistrada presidente.