36 postulantes continúan pendientes de resolver la situación relacionada con sus denuncias y tachas
Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 36 postulantes a ser candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia deberán presentar pruebas de descargo en un lapso de cinco días, a partir de este miércoles 4 de enero de 2023, si pretenden continuar en carrera por llegar al máximo tribunal de justicia hondureño.
Hasta el 3 de enero de 2023, 18 de las 54 personas postulantes denunciadas o tachadas habían solventado su situación, debido a que varias de ellas fueron inadmitidas a trámite por la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos.
Sin embargo, todavía hay mas de una treintena que tiene un camino cuesta arriba, incluso hay muchos de ellos que cuentan hasta con 11 denuncias y tachas, tal es el caso del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña.
Los otros cinco magistrados que buscan su reelección también deberán comprobar, en cinco días, que las acusaciones en su contra no son suficiente motivo para evitar que vuelvan a otro período constitucional en la Corte.
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Para el caso, los otros dos magistrados constitucionales que pretenden reelegirse, Edwin Francisco Ortez Cruz y Jorge Abilio Serrano Villanueva, cuentan con 10 y 9 denuncias o tachas activas, respectivamente.
Por su lado, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Edgardo Cáceres Castellanos, tiene cinco, y su compañera de circuito, María Fernanda Castro Mendoza, seis. En tanto, el segundo magistrado de la Sala de lo Penal, Rafael Bustillo Romero, cuenta con ocho denuncias o tachas en su contra.
JUECES Y MAGISTRADOS, CON SITUACIÓN COMPLEJA
Con un alto número de denuncias y tachas a falta de resolución figuran también la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, Ingrid Ebelinda Monzón López, con ocho, y la inspectora general de tribunales, Anny Belinda Ochoa Medrano, con nueve.
En el proceso de nominación y elección correspondiente a 2015-2016, la Junta Nominadora incluyó a Ochoa Medrano dentro de la lista de 45 candidatas y candidatos a integrar la actual Corte Suprema de Justicia, sin embargo, no recibió el respaldo de las bancadas del Congreso Nacional.
Con siete denuncias o tachas aparece el también magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, Conan Rafael Argueta Bourdett; mientras que la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, y el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Fredis Alonso Cerrato Valladares, tienen cinco los dos.
Contra el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián Bueso, se han presentado cuatro denuncias o tachas, y contra la persona que ocupó ese cargo entre 2004 y 2005, Yuri Fernando Melara Berlioz, tres. La misma cantidad de tachas o denuncias tienen el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), José Tomás Guillén Williams, y Norman Enrique Mejía Orozco.
Además de ellos, tres acusaciones tienen en su contra Yimy Daniel Chirinos Orellana, exmagistrado de la Corte de Apelaciones de La Ceiba; el actual magistrado de ese tribunal, Garín Enoc Urquía Castro; y Nelson Omar Madrid Chinchilla, juez de letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés). La mayoría de estos postulantes fueron denunciados o tachados por la Coalición contra la Impunidad y por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Las siguientes personas postulantes tienen activas dos denuncias o tachas en contra suyo: Miguel Fernando Ruiz Rápalo, Edin Yobany de La O Ramos, Danelia Ferrera Turcios, Rubén Rivera Flores, Nery Mauricio Miranda Sanabria, Marlene Suyapa Pérez Valle, Roxana Liceth Morales Toro, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marco Tulio Barahona Valle, Pablo Emilio Reyes Theodore y Lester Ilich Mejía Flores.
ASÍ SE ESTÁ DESARROLLANDO RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS Y TACHAS
La Junta Nominadora informó que, a partir del miércoles 4 de enero de 2023, los 36 postulantes tachados o denunciados contarán con el derecho a presentar, en un lapso que no supere los cincos días, las pruebas de descargo que les permitan refutar las acusaciones en su contra, como manda la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
A todas las personas postulantes tachadas o denunciadas se les entregaron todas las objeciones, impugnaciones o cuestionamientos que se presentaron durante la etapa de denuncias y tachas, que concluyó el 27 de diciembre de 2022.
Además de ello, se les permitirá comparecer en audiencias de descargo, y como fecha límite para emitir resoluciones “con lugar” o “sin lugar” a denuncias y las tachas, la junta Nominadora fijo el 12 o 13 de enero de 2023. Si una resolución es “con lugar”, indica la legislación, la persona postulante será excluida del proceso.
No obstante, algunos sectores de la sociedad civil han cuestionado el poco tiempo que fija la ley y que le delega a la Junta Nominadora, en virtud de la resolución de denuncias y tachas, cuyo número se acercó a las doscientas.
“Considero que un punto a reformar son los tiempos, tiene que brindársele más tiempo a la Junta Nominadora para que realice todas estas actividades, porque la carga de trabajo es grande. Necesitamos un grupo capacitado y con conocimiento del proceso, personas con mayor experiencia de manejo de procesos como similares, crear una capacidad instalada para esta labor de resolución de denuncias y tachas”, consideró, en entrevista con Criterio.hn, el exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, quien, durante su paso por el Legislativo, denunció compra de voluntades a lo interno del Congreso Nacional cuando se eligió a las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del período 2016-2023.
En simultáneo con la resolución de las denuncias y las tachas, la Junta Nominadora trabaja en atención a las audiencias públicas, que iniciaron este miércoles 4 de enero y que concluirán, en una primera etapa, el próximo sábado 7 de enero de 2023.
EMBROLLO EN ELEMENTO DE GÉNERO
Otro de los embrollos con que se ha encontrado la Junta Nominadora en esta instancia del proceso de nominación y elección ha sido la dificultad para alcanzar las 23 mujeres que, cómo mínimo, deberá incluir en la nómina que se remitirá al Congreso Nacional, a más tardar el 23 de enero de 2023.
Actualmente, son 24 las mujeres que están aptas para someterse a la fase de audiencias públicas y, posteriormente, a la entrevista final. Sin embargo, el bajo número de mujeres postulantes estaría obligando a incluir en la nómina final a las únicas mujeres que continúan activas en el proceso, sin que necesariamente sean las más idóneas.
La exdirectora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Reina Rivera Joya, considera que el origen de este problema al que se enfrenta la Junta Nominadora deriva del requisito que únicamente permite a notarias y notarios poder aspirar a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, algo que considera excluyente.
“Es necesaria la reforma constitucional para eliminar el requisito del notariado, que no está relacionado con la función jurisdiccional, pensando en procesos de elección y nominación venideros. Se tiene que hacer, porque si no dentro de siete años volveremos a esta discusión, que me parece innecesaria. La baja participación de mujeres en el proceso se debe a eso, porque el notariado se ha manejado como algo muy selectivo, una oportunidad a la que tiene mayor acceso el hombre que la mujer, porque es un tema de relaciones de poder. Si ese obstáculo no se remueve, continuaremos con este obstáculo, de no poder conseguir candidatas mujeres en suficiente número.
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De las 101 personas que continúan activas en la carrera por llegar al Supremo hondureño durante el período constitucional 2023-2030, 67 son hombres y 34 son mujeres. No obstante, 26 de ellos deben resolver sus denuncias y sus tachas, y, en el caso de las mujeres, son 10 las que están en la misma situación. La ley obliga a la Junta Nominadora a elaborar un listado con 45 candidatas y candidatos, entre los 23 deberán ser del sexo femenino y 22 del sexo masculino.
LISTADO FINAL
A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora deberá remitir al Congreso Nacional un listado con no menos de 45 candidatas y candidatos, mismo que será sometido a votación de los 128 legisladores que representan a seis partidos políticos distintos, en una elección que se efectuará el 25 de enero de 2023.
El pleno de 15 magistradas y magistrados del Supremo hondureño, como mínimo, deberá contar con siete mujeres. La magistrada o magistrado que resulte presidente de la Corte, elegirá a los cinco togadas y togadas que integrarán la Sala de lo Constitucional, mientras que el resto de las salas, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, contarán con tres magistradas y magistrados, cada una. Las cuatro salas tendrán un magistrado o una magistrada presidente.
Las funciones de la próxima Corte Suprema de Justicia se ejercerán entre el 27 de enero de 2023 y el 27 de enero de 2030.
