Tegucigalpa.- Creado como un ente regulador de las derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) se mantiene bajo un velo de misterio, especialmente quiénes conforman o conformaron el mismo.
15 de diciembre de 2022. Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
Durante la conferencia en la que Próspera anunció su decisión de iniciar al proceso de arbitraje contra el Estado de Honduras, Criterio.hn consultó a su director ejecutivo, Erick Brimen: ¿por qué no transparentan quiénes forman parte del CAMP?
Brimen sostuvo que la principal razón es que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas es un órgano del Estado de Honduras, creado por el Congreso Nacional durante la aprobación en 2013 de la Ley Orgánica de las ZEDE.
“Es un órgano del Estado, no es un órgano de Próspera per se. Es como si usted me pidiera transparencia de todos los empleados que están, no sé, en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero ¿por qué me lo está pidiendo a mí? Yo represento la empresa privada que vino a invertir en el país bajo un régimen especial y no me corresponde, y de hecho sería inadecuado que yo me ponga a hablar como si fuese representante del Estado Honduras porque no lo soy. Esa pregunta le corresponde más bien al Estado”, argumentó Brimen.
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¿ES REALMENTE EL CAMP UN ENTE DEL ESTADO DE HONDURAS?
Si bien el director ejecutivo de Próspera señaló que el CAMP es un ente del Estado de Honduras, esto no explica por qué es financiado por las derogadas ZEDE, entre ellas Próspera.
En octubre de 2022, Criterio.hn publicó el artículo de profundidad “Desde Nicaragua Ebal Díaz sigue regulando las ZEDE y lucrándose del territorio hondureño”, donde a través de documentación publicada por Próspera se conoció que se reestructuró el presupuesto del CAMP —a petición de esta misma entidad— en un 120.5%, pasando de USD 200 mil a USD 441 mil.
Es por esto, que no transparentar quiénes conforman el CAMP arguyendo que es un ente del Estado, a la vez que son los inversores de las ZEDE quienes les financian, puede ser entendido como una contradicción.
Sobre todo cuando este incremento fue justificado aduciendo que “está fuertemente calculado para promover los intereses públicos de Próspera ZEDE en un momento de creciente compromiso público respecto a los méritos del régimen ZEDE que requiere que el CAMP esté adecuadamente financiado para cumplir con sus obligaciones”.
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En agosto de 2022, Criterio.hn realizó una solicitud de información a la Secretaría de la Presidencia de la administración Castro para conocer quiénes conforman el CAMP en la actualidad.
No obstante, esta institución estatal respondió que el único documento disponible es el publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de febrero de 2014 por el Poder Legislativo, bajo el ahora derogado decreto 368-2013. Es decir, para agosto de 2022, ni la administración Castro tenía claro quiénes formaban parte del CAMP.
Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH)
ANALISTAS RECHAZAN QUE CAMP SEA ENTE ESTATAL
Para el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, es claro que el CAMP no es parte del Estado. En primera instancia porque el CAMP ha sido presidido por personas extranjeras, en segundo lugar porque es una institución creada por inversionistas internacionales.
“El no transparentar los miembros del CAMP les da un blindaje en materia de movilidad internacional para poder seguir colocando el tema en cortes internacionales, en centros de arbitraje con inversionistas, para seguir validándose”, apuntó Castillo, quien agregó: “aún así hemos logrado conseguir nombres de quienes ahora conforman el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas”.
Por su parte, la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, señaló: “Es absurdo que cualquier persona pueda decir que es un ente del Estado y que es el Estado quien tiene que decir quiénes lo conforman [al CAMP], cuando es financiado de manera privada. Segundo, el propio Estado fue quién derogó el decreto que le dio vida —el 26 de abril de este año— tras la ratificación por parte del Ejecutivo de la derogación promulgada en el Congreso. Por lo tanto, para el Estado esta entidad, este órgano inconstitucional, nulo de origen, no solo no debió de haber existido antes sino que no existe el presente”.
¿Quiénes forman parte del CAMP? Esta pregunta continúa sin respuesta. Aunque se conoce con seguridad que al menos dos personas dejaron de conformar el CAMP: Barbara Kolm y el georgiano Kakha Bendukidze.
De la lista original de 21 personas sobreviven en el CAMP: Octavio Rubén Sánchez Barrientos, Enrique Gherzi, Ebal Jair Díaz Lupían y Ricardo Cardona, estos dos últimos nacionalizados nicaragüenses, puesto que sus nombres siguen apareciendo en documentación de ZEDE Próspera, que fue recabada por el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García Rodríguez.
De hecho, es Ebal Díaz quien aparece firmando como “presidente del CP-CAMP” en la documentación que aprueba el nombramiento del secretario técnico de Próspera, Jorge Constantino Colindres Castillo, cuya denominación habría sido aceptada en una reunión el 28 de enero de 2022 -un día después de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro-, pero cuya certificación no fue publicada hasta el 27 de abril de 2022.
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