Partes afectadas piden a la CIDH que requiera al Estado de Honduras impulsar la instalación de la mesa interinstitucional e instar al ICF investigar Plan de Manejo Forestal otorgado
Tegucigalpa, Honduras.- La instalación de la empresa minera Lachansa en territorio indígena tolupán recrudeció las agresiones en contra de integrantes de la tribu de San Francisco de Locomapa, específicamente en la comunidad de Lagunita, en el municipio de Yoro, en la zona norte de Honduras.
La situación de riesgo fue expuesta esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).
A través de un comunicado, CEJIL señaló que desde el inicio de operaciones de la minera, las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) enfrentan campañas de desprestigio, intimidación e incluso amenazas a muerte. Mientras que las mujeres y niñas afrontan hostigamientos de carácter sexual y se ha registrado desplazamiento forzado ante el contexto de riesgo en la comunidad.
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También informaron que en agosto, personas contratadas por Lachansa, incluyendo a miembros del Consejo Directivo de la Tribu, con armas de fuego y machetes, bloquearon un punto de acceso de la comunidad de Lagunita para evitar el ingreso de integrantes del MADJ y autoridades del Estado a la mina.
Como consecuencia de esta acción de bloqueo, las personas de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa en la comunidad de Lagunita no tienen acceso a trabajar sus parcelas ni puedan acceder a alimentos y medicinas necesarias para su vida y salud.
Mientras que el 1 de diciembre, empleados de la empresa maderera INMARE agredieron físicamente a dos personas de la tribu.
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CEJIL reportó que desde la instalación de Lachansa en enero de 2022, las comunidades y el MADJ han denunciado que la empresa está operando sin consentimiento de la tribu, tampoco cuenta con permiso o licencia otorgada por el Estado de Honduras.
Relataron que el 30 de agosto de este año se denunció ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minas (Serna) las actividades de explotación minera ilegal en el territorio de la tribu de Locomapa. De igual forma presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Etnias en Tegucigalpa contra la minera, sin embargo, no han obtenido respuestas por parte del Estado.
Sumado a esto, pese a contar con medidas de protección dictadas por la CIDH desde 2013, las medidas brindadas por el Mecanismo de Protección de Honduras no son idóneas para garantizar la seguridad de las personas, y aún están pendientes medidas que aborden el origen del riesgo y garanticen los derechos a la vida e integridad de las personas beneficiarias de las medidas de protección.
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Expusieron que la mesa interinstitucional no se ha reunido desde 2020 por lo que no han podido abordar la problemática de la tribu y tampoco se ha avanzado en la investigación de los asesinatos cometidos en las comunidades, dejando estas y otras graves agresiones en la impunidad.
Ante la CIDH, los afectados afirmaron que: “Es sumamente preocupante que un ente del Estado, cuyo rol es la protección inmediata de la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo de daño urgente e irreparable, no cuente con herramientas céleres y efectivas para dar respuesta a las situaciones de riesgo que conoce”.
Solicitaron a la CIDH que requiera al Estado de Honduras impulsar la instalación de la mesa interinstitucional para abordar el conflicto con Serna, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Conservación Forestal y Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural.
Así como instar al Instituto de Conservación Forestal (ICF) a investigar los planes operativos otorgados dentro del Plan de Manejo Forestal perteneciente a la Tribu San Francisco de Locomapa, y de comprobarse las irregularidades e inconsistencias, que el ICF proceda a denegar y suspender los planes operativos en curso o autorizados; y llevar a cabo las investigaciones necesarias por todos los hechos de riesgo cometidos.
Concluyeron, remarcando que los ataques y asesinatos de los que han sido víctimas quienes integran el Movimiento Amplio y forman parte de la tribu de San Francisco de Locomapa se vinculan directamente con la explotación de sus territorios por empresas extractivas, que se instalaron de forma inconsulta en el territorio por lo que demandan la acción estatal inmediata para desactivar el origen del riesgo por el que están expuestas.
