Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. – Bajo reserva se mantendrá el contenido del memorando de entendimiento que suscribirá el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que dará pie a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
Así lo informó, el martes, el canciller Enrique Reina. “Gobierno y ONU hemos acordado no revelar datos específicos del memorando hasta que esté suscrito y que se dé a conocer al pueblo hondureño”, declaró Reina, quien además indicó que la firma está cerca de ser estampada.
Para cumplir con ello, la presidenta Xiomara Castro viajará nuevamente a Nueva York y se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres. “Viajaremos con la presidenta, el secretario privado Héctor Zelaya y mi persona. Lo que traeremos en nuestro portafolio será el memorando firmado”, prometió el secretario de Relaciones Exteriores.
Esperando que la reunión donde finalmente se efectúe el memorando de entendimiento se celebre durante el transcurso de la semana, este representará el segundo encuentro físico entre Castro y Guterres, después de que se reunieron el 21 de septiembre de 2022, en el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El 3 de diciembre de 2022, fue el propio canciller quien confirmó que el memorando de entendimiento está listo, pero que todavía existen algunos detalles que afinar, sobre todo los relacionados con el financiamiento y los nombramientos de los funcionarios de la CICI, dos elementos que se mantendrán en secreto hasta que se firme el documento en cuestión.
GOBIERNO NO QUIERE DECIR QUIÉN FINANCIARÁ LA CICI
A su regreso de Nueva York, donde encabezó una delegación integrada además por los secretarios de Finanzas y Transparencia, Rixi Moncada y Edmundo Orellana, respectivamente, el canciller Enrique Reina evadió las preguntas de la prensa cuando se le consultó quién financiará el mecanismo.
Durante las últimas semanas, la idea de que la CICI sea financiada por el Estado hondureño ha generado innumerables críticas, sobre todo porque se argumenta que, en caso de que así ocurra, el mecanismo carecerá de independencia.
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El origen de la preocupación de los distintos sectores de la sociedad civil se generó después de que el 20 de noviembre de 2022 la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, dijera abiertamente que la CICI deberá ser financiada por el Gobierno, y que la cooperación internacional solo deberá encargarse del apoyo técnico.
Dichas declaraciones han sido interpretadas como una intención del Ejecutivo de instalar una CICI “sin dientes”. Saliendo al paso de las críticas, el pasado 2 de diciembre, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, quien redireccionó las pretensiones de la administración de Xiomara Castro, y aseguró que la intención es que existan tres vías de financiamiento: ONU, miembros de ONU y Gobierno.
FIRMA DEL MEMORANDO ES SOLO UN PASO MÁS
Aunque la suscripción del memorando de entendimiento representa un paso importante con miras a la eventual instalación de la CICI, ello no significa que será determinante. El documento habla de dos fases previas. En la primera de ellas se indica que un equipo de expertos, enviado por la ONU, realizará un diagnóstico de los instrumentos legales, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
Al mismo tiempo, brindará apoyo y asistencia técnica en relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.
La fase dos, por otra parte, iniciaría con la ratificación del acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que daría vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Desde que la presidenta Xiomara Castro asumió la presidencia, el 27 de enero de 2022, prometió abogar por la llegada de una CICI al país. Posteriormente, el Gobierno estableció los primeros contactos con la ONU. El primer borrador del memorando de entendimiento se reveló a finales de julio y un mes después, el 23 de agosto, la Cancillería publicó la contrapropuesta que efectuó el Gobierno al organismo internacional.
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Dentro de la contrapropuesta, el Gobierno mencionó que la identificación y el nombramiento de los funcionarios nacionales e internacionales lo deberá realizar el Estado hondureño, situación que ha generado un contrapeso en la ONU, y que, según fuentes de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras, ha alentado en la ciudadanía una confusión en torno al desempeño que tendrá el mecanismo.
Otro de los puntos que se discute es qué figura tendrá la CICI. Distintos analistas jurídicos han mencionado que una simple reforma al Código Procesal Penal, que le daría al mecanismo la facultad de actuar como querellante adhesivo del Ministerio Público, será suficiente para garantizarle un adecuado desempeño.
Sin embargo, desde el Congreso de la República, se ha pretendido elevar a la CICI a un rango constitucional, atrasando su instalación, incluso cuando las sugerencias de la ONU, de derogar el decreto 116-2019 y de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, no se han cumplido ante una supuesta “falta de consensos”.
