Las y los diputados han gestionado 181 proyectos de infraestructura [vial, sanitaria, escolar y espacios públicos]. La lista la encabezan Rafael Sarmiento con 15 proyectos gestionados; Hugo Noé Pino con 12 y Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, con nueve (9)
El manejo del Fondo de Administración Solidaria generó respuestas contradictorias del FHIS: primero negó haber ejecutado proyectos bajo dicho artículo, y luego admitió la existencia de 92 obras, sin dar detalles
Esta falta de transparencia fue contrastada por información pública divulgada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, quien identificó a 42 diputados implicados
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de cuestionamientos por el uso proselitista de recursos públicos, entre 2023 y 2024, los diputados de los partidos Libre, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) gestionaron 181 proyectos de infraestructura menor a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con un costo total de 359,857,473.94 lempiras.
Esta gestión se realizó mediante el Fondo de Administración Solidaria, contemplado en el artículo 349 del Presupuesto General de la República 2024, que ha sido incluida por el Congreso Nacional desde 2023 bajo la justificación de apoyar obras sociales solicitadas por comunidades, patronatos y alcaldías.
Los proyectos abarcan desde infraestructura vial y escolar, hasta cajas puentes, vados, sistemas sanitarios y espacios públicos, revelando una práctica creciente de los legisladores de intervenir directamente en la ejecución de obras, a pesar de que su función constitucional es eminentemente legislativa.
Criterio.hn logró identificar que al menos 42 diputados, entre propietarios y suplentes, de las bancadas de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Salvador de Honduras (PSH) gestionaron proyectos de infraestructura vial, cajas puentes, vados, escolar, sanitaria y espacios públicos.
De acuerdo a datos recabados por este medio digital, Rafael Sarmiento, Carlos Zelaya Rosales, Luis Ortega, Hugo Noé Pino, Isis Carolina Cuéllar y Ronald Panchamé son los diputados que más “gestiones” han realizado, aglutinando L96,626,545.17 entre los seis, para la construcción de obras.
El escándalo por el uso de dinero para proselitismo político del oficialismo, a través de recursos destinados al Fondo de Administración Solidaria, salpicó a los diputados y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.
La legalidad y transparencia de estas gestiones ha sido ampliamente cuestionada, por el uso de estos recursos para fines proselitistas.
Los diputados gestionan recursos a través del Fondo de Administración Solidaria, mismas que están contempladas en el artículo 349 de la aprobación del presupuesto de 2025, que autoriza la asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras “para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros”.
En dicha disposición se incluyen, además, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
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INCONSISTENCIAS Y VERSIONES CRUZADAS DEL FHIS
Criterio.hn consultó al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) el número de proyectos gestionado por diputados a través del Fondo de Administración Social, establecido en el artículo 349 de la aprobación del presupuesto de 2025, que autoriza la asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras “para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros”.
La respuesta a la solicitud (SOL-FHIS-220-2025), dejó más dudas que respuestas. En la primera resolución, enviada el 7 de julio a Criterio.hn, afirmaron que “no han ejecutado proyectos con fondos gestionados de ese artículo”.
No obstante, dos días después y bajo la misma solicitud de información, la Unidad de Transparencia del FHIS contradijo esa afirmación y admitió la ejecución de 92 proyectos, aunque sin detallar montos ni nombres de legisladores involucrados.
Este desfase en las versiones del FHIS choca frontalmente con la información divulgada el pasado 3 de julio de 2025, por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Dicha documentación detalla que 42 diputados y diputadas (propietarios y suplentes) de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Salvador de Honduras (PSH) gestionaron más de 181 proyectos de infraestructura.
De acuerdo a los documentos compartidos por Redondo, entre 2023 y 2024, al menos 36 de los 42 diputados, que gestionaron fondos, pertenecen al oficialista Partido Libre.
También, aparecen los diputados liberales Raymond Cherrington, José Rosario Tejeda [vicepresidente alterno del Congreso], Kathia Crivelli y Ericka Urtecho, y el congresista Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras (PSH) [vicepresidente alterno del Congreso].
Durante una conferencia de prensa, brindada el 4 de julio, el Partido Libre anunció la cancelación del Fondo de Administración Solidaria y del decreto que lo creó. Está decisión fue tomada tras el escándalo por el uso de recursos públicos de Sedesol para fines proselitistas.
MÁS DE 359 MILLONES DE LEMPIRAS HAN GESTIONADO DIPUTADOS
Los diputados de Libre, han sido los que más han sacado provecho de estos fondos. Por ejemplo: entre 2023 y 2024, el congresista y jefe de la bancada oficialista, Rafael Sarmiento, gestionó L22,385,517.33 por concepto de obras de infraestructura. El segundo legislador que más gestionó proyectos fue el exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya Rosales, quien solicitó L21,581,248.25 al FHIS para la construcción de nueve (9) obras.
Mientras que Isis Carolina Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, quien ha estado en el ojo público desde la filtración del video, gestionó ante el FHIS, más 16,876,907.22 de lempiras para obras de infraestructura en el departamento de Copán.
Este medio digital buscó información sobre los proyectos de infraestructura que las y los diputados han gestionado, y encontró en la cuenta oficial en X de la Bancada del Partido Libre que la diputada y vicepresidente del Congreso Nacional, Scherly Arriaga, gestionó la pavimentación con concreto hidráulico de 110 metros lineales en el pasaje Los Amigos, en el departamento de Cortés.
Mientras que el legislador Ronald Panchamé gestionó la construcción del puente, que unirá la calle 21 de Agosto con la colonia El Mandarinal, en Siguatepeque, Comayagua a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
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FOSODE Y SAG, NO DAN INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Criterio.hn consultó al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode), por medio de una solicitud de información a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el número de congresistas que han solicitado o gestionado la instalación,la reparación de alumbrado eléctrico o entrega de lámparas para alumbrado público, sin embargo, la respuesta fue que “Fosode no ha recibido fondos provenientes del artículo 349 del Presupuesto”.
Pero en una búsqueda rápida en redes sociales, este medio digital encontró que el diputado oficialista Anael Méndez, gestionó con la estatal eléctrica el proceso de instalación de postes de alumbrado público en la comunidad de El Zapote, en Jutiapa, Atlántida.
En tanto, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) respondió: “sugerimos hacer su consulta a la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), dependencia de la SAG, quién es el encargado de brindar esta información”.
En ese sentido, Criterio.hn realizó la solicitud de información a la DICTA, pero al 14 de julio, fecha en la que venció el plazo que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma no ha sido respondida.
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CON INTERPRETACIÓN ANTOJADIZA DE LA CONSTITUCIÓN, DIPUTADOS GESTIONAN FONDOS
Los diputados se escudan en el numeral 37 del artículo 205 de la Constitución de la República, que les faculta a “establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones”. No obstante, dicha norma no les permite gestionar directamente fondos del Poder Ejecutivo.
El artículo en mención dice textualmente que corresponde al Congreso Nacional, “establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social”.
Luis Urbina, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), explicó que la Constitución faculta al Congreso a establecer los casos de subsidios mediante ley, pero no a ejecutar o gestionar fondos.
En una entrevista brindada semanas atrás a este medio digital precisó que las disposiciones del Presupuesto General de la República detallan cuáles son los parámetros para que las instituciones ejecuten ayudas y que, “en ningún momento se autoriza a que estas instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que deban tener alguna autorización por parte del Congreso Nacional o que sean los diputados quienes gestionen las ayudas”.
Según Urbina, estas prácticas transgreden los límites legales entre poderes y abren espacio al uso discrecional de recursos públicos, socavando principios de transparencia, control y rendición de cuentas.
El caso de la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, revela cómo el manejo político de ayudas sociales se ha convertido en un mecanismo para beneficiar a estructuras partidarias.
La incorporación del artículo 349 al Presupuesto ha legalizado este tipo de prácticas, creando un esquema paralelo de asignación de recursos que debilita los controles tradicionales de ejecución del gasto público.
De este modo, bajo el pretexto de “obras sociales”, se han creado canales difusos de financiamiento público en los que se diluyen las responsabilidades institucionales, se reproducen las redes clientelares y se favorecen intereses partidarios.
Aunque el diseño legal establece que la ejecución de ayudas sociales corresponde a las secretarías de Estado, los diputados han asumido un rol que no les compete, abriendo las puertas a posibles usos proselitistas de fondos públicos.
El caso de la diputada Isis Cuéllar y el ministro José Carlos Cardona confirma que, bajo el manto de la ayuda social, se canalizan recursos hacia estructuras partidarias, contraviniendo principios de transparencia y legalidad.
A través de un artículo agregado al presupuesto general, el Congreso Nacional ha legalizado la entrega y gestión de este tipo de ayudas, creando un nuevo canal de subvenciones sin controles claros ni delimitación de responsabilidades entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, replicando los vicios del pasado.
Este modelo, lejos de fortalecer la inversión social, revive los esquemas de discrecionalidad que en el pasado dieron lugar a escándalos de corrupción como el caso “Red de Diputados” o “Pandora”.
El patrón se repite: diputados gestionando fondos, instituciones del Ejecutivo ejecutando obras sin transparencia, y las comunidades se convierten en escenario del uso electoral del erario público.
