Portada: Dramatización de extorisión. Foto: Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – El estado de excepción en Honduras fue implementado para combatir de manera frontal la extorsión orquestada por diversas estructuras criminales que se han logrado infiltrar tanto en varios rubros como en instituciones estatales. Sin embargo, paradójicamente, este delito en 2023 no predominó entre las denuncias y, al contrario de lo prometido por las autoridades, continuó acorralando los comercios hondureños.
Según un informe presentado por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), el Ministerio Público (MP) en 2023 recibió solo 912 denuncias relacionadas con el delito de extorsión, 1,010 menos que las presentadas en 2021. En ese año aún no estaba vigente el estado de excepción, y este delito estaba mutando debido a las secuelas que dejó la pandemia de Covid-19 en Honduras. Esto obligó al crimen organizado a innovar nuevas alternativas para delinquir.
Durante 2023, la Policía Nacional intensificó la campaña en contra del delito de extorsión, dotando a la institución de armas e incluso comenzaron a mencionar la adquisición de 11 vehículos Black Mamba Sandcat. Además, anunciaron sobre líneas telefónicas para denunciar e incluso revelaron algunas maneras en las que se realiza el cobro de extorsión. Sin embargo, estas, entre otras medidas, no lograron despertar la confianza en la población víctima de este delito para denunciarlo.
Además, Criterio.hn realizó un trabajo de investigación y recopilación de datos en 2023, en el que detectó que la institución armada realizó numerosas capturas amparadas en el estado de excepción. Sin embargo, la mayoría de estas no llegaban ante los tribunales de la Corte Suprema de Justicia debido a la falta de denuncias presentadas. Esto se debe a que la ley actual establece que, si un arrestado no tiene ninguna denuncia, seis días después de su captura debe ser puesto en completa libertad.
De hecho, la Policía Nacional mandó ese año un proyecto de ley al Congreso Nacional para reformar el decreto que penaliza a los extorsionadores. En pocas palabras, la institución armada busca que la evidencia compruebe la culpabilidad de las personas que se dediquen a cometer este ilícito. Pero la iniciativa se mantiene archivada en las gavetas del presidente Luis Redondo, al igual que otras leyes importantes.
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¿A QUÉ SE DEBE LA FALTA DE DENUNCIA?
Para el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas Cadillo, la falta de denuncias se origina en la desconfianza hacia las autoridades. Señaló que, por ejemplo, en 2021 se presentaron más denuncias porque antes el ente encargado de combatir la criminalidad y la extorsión era la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP). Sin embargo, se creó una fuerza policial, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
La FNAMP estaba integrada por los mejores elementos de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación del Estado y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el apoyo técnico de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público. Sin embargo, fue eliminada en 2022 debido a que se encontraron indicios de que sus miembros tenían vínculos directos con el crimen organizado.
El cambio de autoridades de una fuerza armada a una fuerza policial, según Cabañas, impactó significativamente en la percepción de la ciudadanía sobre la efectividad en la lucha contra la extorsión. Sin embargo, reconoce que la transición necesitaba ser más rápida para minimizar cualquier impacto negativo en las operaciones. “Es crucial capacitar al personal sobre la tipología del delito, las técnicas de investigación y la presentación de casos ante los fiscales y el órgano judicial”, añade.
Cabañas reconoce que las circunstancias que afectan la lucha contra la extorsión a menudo escapan del control de los operadores de justicia. Factores como la logística, el presupuesto y la capacitación son elementos fundamentales que deben abordarse para fortalecer la eficacia en la persecución de este delito. “Son desafíos que deben ser enfrentados con determinación y coordinación entre todas las instituciones involucradas”, concluye.
Este análisis del Fiscal General Adjunto del Ministerio Público resalta la complejidad y los obstáculos en la lucha contra la extorsión en Honduras, al tiempo que subraya la importancia de una respuesta integral que aborde tanto las cuestiones operativas como las estructurales para lograr resultados efectivos en la prevención y persecución de este delito.
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IMPUNIDAD Y COMPLEJIDAD DE LAS REDES CRIMINALES: OBSTÁCULOS
Julissa Aguilar, magistrada de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, señala que además del cambio de autoridad, otro motivo importante detrás de la falta de denuncias por extorsión es la percepción de ineficacia en el sistema judicial. “La población percibió que en algún momento su denuncia no tenía efectividad, en el sentido de que no había un juicio, no había procesamiento”, afirma.
Aguilar explica que, aunque la Policía realiza detenciones, estas suelen ser solo de los individuos que realizan el cobro directo de extorsión, mientras que las redes criminales son mucho más complejas y están conformadas por múltiples miembros. “Es como quitar una hebra de lana: se retira al cobrador, pero emergen dos más“, describe.
Para abordar eficazmente la extorsión, Aguilar subraya la importancia de llevar a cabo investigaciones que aborden la estructura criminal en su totalidad. “Necesitamos una investigación de estructura criminal, que es lo que inicialmente Dipampco comenzó a realizar”, indica.
Sin embargo, destaca que, en su experiencia de seis años como magistrada, estas investigaciones suelen centrarse más en los ejecutores directos de la extorsión que en los líderes de las organizaciones criminales. “No encontré un análisis de estructura criminal o una imputación de los jefes de las organizaciones criminales”, lamenta.
Esta falta de enfoque en las estructuras criminales principales tiene un efecto negativo en la confianza de la población en el sistema judicial. “Las personas decían: ‘¿Para qué voy a denunciar al cobrador si a las dos semanas está otro cobrando?‘”, comenta Aguilar. Esta percepción de impunidad alimenta la desconfianza y desalienta a las víctimas de denunciar los casos de extorsión.
Para combatir eficazmente la extorsión, Aguilar valora la necesidad de investigaciones más exhaustivas que se centren en desmantelar las estructuras criminales subyacentes. Sin embargo, reconoce que este proceso lleva tiempo y requiere un compromiso continuo por parte de las autoridades judiciales y de seguridad.
