El pasado 30 de abril finalizó el plazo para presentar actualización de declaración jurada de ingresos activos y pasivos para funcionarios. Aunque autoridades esperaban 60,000 declaraciones, solo se efectuaron poco más de 49,000
Tegucigalpa, Honduras.- Servidores públicos continúan incumpliendo la presentación de la declaración jurada de ingresos activos y pasivos ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al vencerse el pasado 30 de abril el plazo para presentarla.
Según informó el TSC, hasta esa fecha, 49,042 servidores públicos habían efectuado la actualización de su declaración jurada, cuando se esperaba que lo realizaran, en promedio, 60,000 funcionarios del Estado.
Los servidores públicos están obligados a presentar una declaración jurada de ingresos activos y pasivos durante los 30 días hábiles después de iniciar o cesar funciones.
De igual modo, los servidores públicos están obligados a efectuar una declaración por actualización anual, que debe realizarse entre el 1 de enero y el 30 de abril, según lo establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del TSC.
La base salarial establecida es de L40,000 mensuales y, por lo tanto, todo funcionario que devengue un salario superior a ese, o administre o maneje fondos o bienes del Estado, está obligado.
La presentación de la declaración jurada de ingresos activos y pasivos permite al TSC establecer cómo evoluciona el patrimonio del servidor público antes de obtener el cargo y después de dejarlo.
En caso de que un servidor público no efectúe la declaración jurada de ingresos o activos, el TSC está obligado a ordenar investigaciones para obtener estados financieros del obligado; además, la ley contempla la imposición de una multa de L5,000.
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La obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos activos y pasivos tiene como objetivo prevenir el enriquecimiento ilícito o el lavado de activos dentro de los servidores públicos.
Sin embargo, la información relacionada con las declaraciones de este tipo se mantiene en reserva y, en muchos casos, las autoridades del TSC no emiten investigaciones contra los obligados que reflejan crecimientos anómalos en sus patrimonios, tal como quedó evidenciado con el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), ahora condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
En 2022, una investigación de datos elaborada por Criterio.hn evidenció que durante ese año seis secretarios de Estado del Gobierno de Xiomara Castro y 29 diputados del Congreso Nacional no efectuaron la declaración jurada de ingresos activos y pasivos.
SE REQUIEREN MAYORES SANCIONES
A consideración del director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, el incumplimiento por parte de servidores públicos pasa por la falta de sanciones que impone el TSC.
«Es necesario establecer una normativa que permita imponer sanciones desde el TSC a todas aquellas personas que no han cumplido con lo que establece la ley y con los procesos de rendición de cuentas», declaró Aguilar a Criterio.hn.
El analista agregó que la importancia de la declaración jurada de ingresos activos y pasivos radica en que permite al TSC identificar si pueden existir acciones de enriquecimiento ilícito y trasladar los expedientes al Ministerio Público, pero que, para ello, se requiere fortalecer la institucionalidad.
PARTIDIZACIÓN DEL TSC, PRINCIPAL OBSTÁCULO
Uno de los principales problemas del TSC radica en su partidización desde el más alto nivel, es decir, el pleno de magistrados, hasta los niveles intermedios, donde la mayoría de los funcionarios están designados en cumplimiento de cuotas partidarias, lo que convierte a los funcionarios de esa institución en una especie de «mandaderos» del poder político.
El pasado 1 de abril, el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra los exmagistrados del TSC, Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda, así como contra otros tres funcionarios del ente contralor del Estado, por delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios.
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Los requerimientos fiscales se emitieron en una investigación sobre fondos de reembolso de fideicomiso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central durante la administración de Nasry Asfura (2017-2018).
La Fiscalía presentó evidencia de que el expresidente del TSC, José Juan Pineda, ordenó la entrega de un informe de auditoría firmado por una supervisora. Sin embargo, las firmas desaparecieron antes de ser decomisadas por el Ministerio Público.
De igual modo, el 28 de febrero, el Congreso Nacional, en una repartición de cuotas políticas, designó a los tres magistrados del TSC para el período 2024-2031, Itzel Palacios, Jorge Medina y Ricardo Montes.
