Actualmente, la normativa no tiene la capacidad de fiscalizar el origen de los fondos con que los políticos financian sus campañas electorales
Tegucigalpa, Honduras.- El venidero proceso electoral plantea la necesidad de proponer dentro del Congreso Nacional varias reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos.
Entre el 29 de abril y el 2 de mayo, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos convocó a los tres precandidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, Jorge Cálix y Rasel Tomé; y a los tres del Partido Nacional, Nasry Asfura, Ana García y Jorge Zelaya, para que informaran acerca de sus actividades proselitistas de su movimiento en formación.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos establece que los movimientos políticos pasan por una etapa de movimiento en formación y otra de movimiento interno.
A falta de menos de cuatro meses de la convocatoria a elecciones primarias, que efectuará el Consejo Nacional Electoral (CNE) el próximo 8 de septiembre de 2024, los partidos políticos y sus movimientos se encuentran en la primera fase y están obligados a presentar informes que detallen sus actividades proselitistas previas al periodo electoral.
Sin embargo, hasta el lunes 20 de mayo, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos no había registrado la recepción de este tipo de informes de ninguno de los precandidatos presidenciales.
Posteriormente, cuando transcurran 60 días después de la convocatoria a elecciones primarias, los movimientos internos deberán rendir otro informe conteniendo el balance general y el estado de resultados certificados y auditados de los ingresos y egresos con el detalle del origen y destino de los fondos administrados.
De igual forma, 20 días después de las elecciones primarias, deberán presentar un informe financiero con el desglose del origen y destino de los recursos y copia de los documentos de respaldo al partido político correspondiente. Además, una copia del informe financiero, sin los documentos de respaldo, debe ser enviada simultáneamente al CNE.
ES EL MOMENTO DE REFORMAS
A consideración del director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, este es el momento propicio para que se reforme la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos.
«Hay reformas urgentes que necesita esa ley de política limpia. Existe la institución, tiene autoridades, una ley y funcionamiento, pero el punto de quiebre está en el seguimiento y en las sanciones, porque no tienen capacidad coercitiva para obligar a los políticos a presentar estos informes», declaró Aguilar en entrevista con Criterio.hn.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos ha regido dos procesos electorales primarios y dos generales, en 2017 y 2021.
Sin embargo, su efectividad ha sido escasa, por ejemplo, para identificar financiamientos ilícitos. Durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), el antiguo líder del clan Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, confesó haber entregado entre 2012 y 2013 aportes a Hernández, al excandidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda, y al actual secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales.
«No es una coincidencia que en los juicios en Nueva York se desvele cómo las campañas políticas han sido financiadas por dinero del narcotráfico. Parte del sistema electoral corrupto que tenemos es gracias a que no existe transparencia», manifestó Aguilar.
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A consideración del analista consultado, la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos Políticos debe ser reformada en cuanto a medidas coercitivas destinadas a incluso inhabilitar a los candidatos que no cumplen con la presentación de los informes que manda la normativa.
«Lo que se necesita es que el político que no presente estos informes sea inhabilitado para aspirar a cargos de elección popular, porque si desde candidato no está comprometido a ser transparente, ¿qué podemos esperar si resulta electo?», cerró Aguilar.
Las elecciones primarias se efectuarán el 9 de marzo de 2025, mientras que las elecciones generales el 30 de noviembre de ese año. Las y los hondureños elegirán un presidente, las 298 corporaciones municipales y los 128 diputados al Congreso Nacional para el período constitucional 2026-2030.
