Mediante millonaria demanda, inversionistas de las ZEDE buscarían desincentivar decisiones estatales que perjudiquen sus inversiones
Las ZEDE se materializaron en 2013 mediante reformas a artículos pétreos de la Constitución, generando controversias legales y sociales
Tegucigalpa, Honduras. – La madrugada del 12 de diciembre de 2012, desde el Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, se gestó un golpe técnico contra la Corte Suprema de Justicia, al destituirse a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
¿El motivo? La emisión de tres fallos de inconstitucionalidad a normativas que eran impulsadas por el entonces presidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, entre las que se encontraba el Decreto Legislativo N°283-2010 mediante el cual se creaban las Regiones Especiales de Desarrollo (RED).
Inicialmente el proyecto fue concebido bajo el nombre de “Ciudades Modelo”, pero luego mutó, al ser derogado, a las famosas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), creando una ley orgánica que se sustentó en sendas reformas a artículos pétreos de la Constitución hondureña.
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Por la destitución arbitraria de los cuatro magistrados por parte del Congreso liderado por Juan Orlando Hernández, Honduras ya fue condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras.
Como parte de las medidas de reparación, Honduras debe pagar más USD 2 millones [aproximadamente 51,046, 800 lempiras] entre los tres exmagistrados y una exmagistrada, por concepto de compensación por la imposibilidad de retornar a sus funciones, daño material e inmaterial y gastos, entre otros.
Ahora, Honduras enfrenta una demanda por USD 10,775 millones ante el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por parte de Grupo Próspera, conformado por Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company y Próspera Arbitration Center LLC, todas empresas constituidas en Estados Unidos.
El argumento inicial de la demanda es la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, por parte de la nueva administración del Congreso Nacional de Honduras, así como la supresión de los decretos legislativos que trastocaron artículos irreformables de la Constitución para incorporar la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.
DECISIONES INCONSTITUCIONALES DIERON ORIGEN A MILLONARIA DEMANDA
El abierto rechazo de la población y organizaciones de sociedad civil, sumado a la expresa prohibición de modificar artículos irreformables de la Constitución hondureña, fueron ignorados por los entonces titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo para imponer un régimen que cedé soberanía, modifica la forma de gobierno y el territorio nacional.
El desacato y obstinación de un grupo político que violentó la Constitución, hoy se materializa en una demanda contra el Estado de Honduras por cerca de 11 mil millones de dólares, interpuesta por inversionistas de la ahora inconstitucional ZEDE Próspera ante el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El punto de entrada para los inversionistas de Próspera fue la aldea de Crawfish Rock, en la costa norte de la isla, una zona clasificada como restringida por la Ley Especial de las Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía debido a su importancia ecológica, destinada a investigación científica y educación ambiental.
Las primeras acciones para instalar Próspera en la isla iniciaron en 2017, y en 2019 se realizaron las cuatro primeras incorporaciones de territorio bajo el régimen ZEDE. No obstante, no fue hasta mediados de 2020 que los pobladores de Crawsfish Rock se enteraron de que contrario a lo que se les había informado, el proyecto implicaba mucho más que desarrollo turístico y que su normativa incluía la amenaza de expropiación a través del artículo 28 de la Ley Orgánica de las ZEDE.
Luisa Connor, presidenta del patronato de la aldea de Crawfish Rock, durante cuatro años ha liderado la oposición a la instalación de Próspera ZEDE en su comunidad, y denuncia que nunca hubo una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI).
Su versión de los hechos fue confirmada tras la publicación de la investigación de Criterio.hn titulada “Una pesadilla en un paraíso”, cuando el asesor legal de Honduras Próspera Inc., Nicholas Dranias, publicó una serie de fotografías que afirmó probaban que la inversión fue acogida unánimemente por la población. Sin embargo, expertos en derechos humanos señalaron que no es mediante la recolección de firmas que se realiza una CPLI, además de que la consulta no puede ser impulsada por el Estado ni la empresa que se beneficia, sino por la comunidad.
Hasta agosto de 2023, Próspera se expandió al 3% de la isla de Roatán, Islas de la Bahía, además anexó el Puerto de Satuyé en La Ceiba, Atlántida, territorio continental, todos ubicados en el Caribe hondureño y con gran valor turístico.
LA ANGUSTIA POR UN PROYECTO INCONSULTO QUE NO DEJA DE AVANZAR
Para Luisa Connor la preocupación con respecto a Próspera no cesa, aun cuando el actual Congreso Nacional derogó las normativas de las ZEDE y la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucionalidad total y de origen o ex tunc” a todo el andamiaje legal que dio vida a las ZEDE.
En septiembre, durante la presentación del informe “Las Inversiones Mafiosas Contra Honduras: Demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño”, Connor señaló que si bien derogaron las ZEDE el proyecto ha continuado avanzado con la construcción de edificaciones y el consecuente descombro de árboles y la ladera de un cerro.
Connor comentó que, pese a la demanda interpuesta por los inversionistas de Próspera ante el CIADI, se continúa deforestando la zona, lo que a la vez ha provocado la migración de muchos animales.
“No es justo lo que estamos nosotros enfrentando en Crawfish Rock, porque no es algo que nosotros buscamos, ellos nos buscaron. No es algo que nosotros estamos haciendo, [es algo que] ellos están haciendo a nosotros. Somos una comunidad humilde, pero nos tuvimos que levantar a enfrentar esta lucha”, señaló Connor.
La presidenta del patronato de Crawfish Rock remarcó que fue el gobierno anterior el que pactó con los inversionistas sin que se informara, se buscara el consentimiento o se consultara a la comunidad.
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Connor asegura que desde la llegada de Próspera han perdido la confianza en personas foráneas a la comunidad, viven bajo estrés y han experimentado desintegración familiar. Desde su perspectiva, el proyecto y las construcciones inmobiliarias debieron ser frenadas hasta que finalizara el arbitraje ante el CIADI.
A la instalación de Próspera siguió la ZEDE Morazán, ubicada en Choloma, Cortés, propiedad de Massimo Mazzone, un empresario italiano radicado en Honduras. Mazzone también es inversionista de Próspera y el proyecto Vitalia.
A la fecha Mazzone no ha interpuesto una demanda contra el Estado de Honduras, sin embargo, no ha descartado la posibilidad. Como menciona el informe “Inversiones Mafiosas contra Honduras”, en marzo de 2024, Mazzone amenazó al gobierno hondureño diciendo: “Déjenos trabajar o ciérrenos, y enfrenten las consecuencias internacionales”.
Tras el fallo de inconstitucionalidad emitido en septiembre de 2024, la representante por la Florida, María Elvira Salazar, en un mensaje amenazante e injerencista, declaró: “Mucho cuidado con expropiar las ZEDEs en Honduras. ¡En enero habrá un nuevo Sheriff en el pueblo!”. La referencia es la investidura de Donald Trump como el 47° presidente de Estados Unidos.
De igual forma, Erick Brimen, realizó una “gira estratégica” en Washington D.C., afirmando que el resultado fue un “respaldo bipartidista”. En un video, Brimen aseguró: “Falta poco para un cambio material en la política Estado Unidos comenzará ahora en enero”.
HONDURAS BAJO PRESIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA POR LAS ZEDE
Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, explicó que un tercio de las demandas contra Honduras ante el CIADI están ligadas a la resistencia local de las comunidades. Uno de los más conocidos, señaló, son las ZEDE, en este caso específicamente se trata de tres empresas inversionistas estadounidenses las cuales demandaron a Honduras por 10,775 millones de dólares.
Spring, recordó que desde antes que existiera legislación la idea de las ZEDE causó rechazo social y nacional, “ahora estas empresas sienten que tienen derecho de usar estos sistemas para demandar al Estado y básicamente tratar de recuperar el dinero que ellos dicen que han perdido por los cambios que ha generado aquí en el país en los últimos dos años”.
Para Jen Moore, del Institute for Policiy Studies, detrás del impacto económico por medio de las demandas en foros de arbitraje supranacionales como el CIADI, también se busca provocar un efecto disuasorio que abra un espacio de negociaciones bajo coacción con el Estado o frenar las decisiones que podrían tomarse desde el Poder Judicial o incluso organos vinculados a derechos humanos.
En el informe “Inversiones mafiosas contra Honduras” se expone que la demanda por parte de los inversionistas de Próspera por cerca de USD 11 mil millones, así como la amenaza de una demanda de ZEDE Ciudad Morazán “buscan contener los esfuerzos de la actual administración [Xiomara Castro] por desmontar el andamiaje normativo que dio vida a las ZEDE”.
Otro dato que destaca el documento es que toda la normativa constitucional y legislativa relacionada a las ZEDE fue aprobada mientras Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, en un proceso de cuestionada legitimidad desde el inicio y viciado de irregularidades.
INVERSIONES BAJO LA SOMBRA DE LA NARCODICTADURA
Desde su presidencia en el Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, pavimentó el camino para su ascenso a la presidencia del Poder Ejecutivo, cargo que ostentó por dos periodos consecutivos pese a la expresa prohibición a la reelección en la Constitución de la República de Honduras. Incluso desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se señaló que Hernández habría cometido fraude en los procesos electorales de 2013 y 2017.
El 6 de junio, el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy con 56 años, fue condenado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada tras un veredicto de culpabilidad por importación de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.
El fiscal general Merrick B. Garland, tras la lectura de la sentencia afirmó: “Juan Orlando Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado donde se permitía a los violentos narcotraficantes operar con virtual impunidad, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos se vieron obligados a sufrir las consecuencias”.
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Por su parte, el expresidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa ha sido mencionado en los juicios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La última vez fue durante el juicio contra Juan Orlando Hernández, cuando Fabio Lobo, hijo del exgobernante, testificó que su padre estaba al tanto de su participación en actividades ilegales y había utilizado su poder para facilitarlas.
La demanda de Próspera contra el Estado de Honduras es una de 15 iniciadas por empresas beneficiadas tras el golpe de estado de 2009, en el periodo denominado narcodictadura, muchas de las cuales son vinculadas directa o indirectamente a redes criminales.
Durante su visita a Honduras en noviembre, Surya Deva, relator de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, remarcó que demandar al Estado por tomar decisiones políticas que protegen los derechos, el ambiente y a los pueblos indígenas, es una acción “irresponsable por parte de los inversionistas extranjeros”, quienes “deberían apoyar al gobierno”.
