Las organizaciones: Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hacen un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres.
Tegucigalpa. – La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato.
El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso.
Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca. La represa es un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras.
El pasado 24 de mayo, organizaciones internacionales elevaron su voz instando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras que de celeridad a los recursos de casación en favor de las personas vinculadas como autores materiales e intermedios en el asesinato de la ambientalista Lenca Berta Cáceres.
En una carta dirigida a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, la Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) instó a resolver los recursos interpuestos por la defensa de los siete autores materiales del crimen, quienes fueron condenados el 2 de diciembre de 2019, así como de Roberto David Castillo, condenado en el grado de coautor el 20 de junio de 2022.
Sonia Mara, integrante de la coordinación internacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAR), también manifesto su preocupación en el proceso de justicia en el asesinato de Berta Cáceres, quien formó parte del MAR. “Sabemos que esto nos da un marco legal de la justicia y que se pare de condenar las protestas y asesinar a las personas que quieren la vida común de su pueblo”.
Además el director ejecutivo de la Fundación Ambiental Goldman, Michael Sutton en una carta enviada a los tres magistrados: Nelson Mairena Franco, Walter Miranda Sabio y Mario Díaz Flores, que conocen el caso de la muerte de la ambientalista y líder lenca, Berta Cáceres Flores, solicitando que confirmen las sentencias para los responsables de su asesinato.
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El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario).
Cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen.
Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión. Los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.
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El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio.
Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras.
