Wilson Paz admite falta de claridad en ejecución y fondos del acuerdo migratorio con EE.UU.

El convenio firmado posiciona a Honduras como país receptor para solicitantes rechazados en EE.UU., mientras sus propios ciudadanos lideran las solicitudes de refugio en México; una paradoja migratoria que evidencia brechas en garantía de derechos y capacidad estatal

Mientras el texto hondureño precisa cuotas y procedimientos, la versión estadounidense evita detallar compromisos numéricos y operativos, abriendo preguntas sobre la implementación real y las garantías para el país centroamericano

Tegucigalpa, Honduras. – En marzo de 2025, Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio –publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de junio— que ha generado más dudas que certezas. Se trata de un “Acuerdo de cooperación en el examen de solicitudes de protección”, cuyo alcance plantea un importante desafío tanto político como práctico para el país centroamericano. 

Tras la publicación de una verificación en la sección El Mirón de Criterio.hn sobre el acuerdo bilateral entre Honduras y Estados Unidos —verificación que el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, calificó de “tendenciosa”—, este medio enfatizó que su labor se fundamenta en hechos y evidencias con el objetivo de informar con rigor y respeto. En respuesta a la controversia generada y con el fin de profundizar en los detalles del convenio, Wilson Paz ofreció una entrevista exclusiva, cuyas declaraciones y aclaraciones constituyen la base para el desarrollo de este nuevo artículo.

La premisa oficial es clara: Según la explicación de Wilson Paz, titular del Instituto Nacional de Migración, el acuerdo establece que Estados Unidos podrá transferir a Honduras hasta 10 personas al mes –personas que, tras haber solicitado asilo en EE.UU., reciban una negativa y deseen continuar su proceso en un tercer país seguro. Esto, subraya Paz, es un compromiso solicitado desde hace tiempo y que se fue negociando durante meses.

Sin embargo, el texto del  Acuerdo Ejecutivo No. 13-DGAJTC-2025, principalmenteen su plan conjunto de implementación, sección 2 inciso e, deja entrever cláusulas de flexibilidad y discrecionalidad que podrían abrir la puerta a cambios sustanciales, generando alarma en sectores sociales y especialistas en migración.

“Si yo no cierro la válvula, nos pueden mandar hasta 10 mil personas en un mes, y claramente no podemos con esa carga”, aseguró el funcionario en una entrevista exclusiva con Criterio.hn.  A diferencia de otros países donde estos límites no quedaron claros, como Panamá, Paz insiste en que la clave fue transparentar los “candados” y restricciones tanto en anexos del acuerdo como en la práctica administrativa.

Aunque, Paz acepta que el los dispuesto en el acuerdo bilateral “No está escrito en piedra, un futuro gobierno podría negociar otros números, pero nuestra gestión dejó claro el límite”.

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ACUERDO BILATERAL SOBRE ASILO: ¿LA MISMA ESENCIA, PERO POLÍTICAS Y ALCANCES OPUESTOS?

Criterio.hn tuvo acceso al documento oficial publicado por el Gobierno de Estados Unidos sobre el acuerdo de cooperación migratoria con Honduras. Tras su revisión, se constató notables diferencias entre los documentos oficiales emitidos por ambos países, el texto difundido por las autoridades estadounidenses resulta considerablemente más reducido en su alcance y detalles en comparación con el acuerdo publicado por el gobierno hondureño.

Un análisis comparativo entre la notificación del acuerdo en el Federal Register de Estados Unidos y la versión oficial publicada en La Gaceta de Honduras revela que —pese a compartir el mismo texto base— la ejecución y regulación en cada país difieren de manera sustancial.

La versión estadounidense se limita a la notificación legal del acuerdo y su enmienda, sin revelar la operatividad ni las instituciones involucradas más allá del DHS. En contraste, Honduras incluye el plan conjunto de implementación, el plan de acción y detalla paso a paso los procedimientos, cuotas, documentación y controles internos.

Uno de los hallazgos principales al comparar ambos documentos oficiales radica en la falta de transparencia del acuerdo divulgado por Estados Unidos respecto al número de personas que Honduras aceptará bajo este convenio. El texto estadounidense no especifica límites numéricos ni cuotas sobre las transferencias de solicitantes de protección, omitiendo así un dato clave para evaluar el alcance y la operatividad del acuerdo.

Por el contrario, el documento publicado por Honduras establece de manera explícita que solo recibirá hasta diez personas transferidas al mes —es decir, un máximo de 240 en los primeros dos años— y delimita rigurosamente las condiciones de elegibilidad para los trasladados.

Esta disparidad abre espacio a incertidumbre: ¿cómo se garantiza la aplicación equitativa y evaluable del acuerdo si sólo una de las partes publica el «cómo» y el «cuánto»?

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RECURSOS: EL TALÓN DE AQUILES DEL CONVENIO

Pese a su firma y ratificación, el acuerdo aún no ha iniciado. El principal obstáculo es la falta de recursos económicos y de apoyo internacional: “No hay claridad todavía sobre cómo vamos a asegurar medios de vida para quienes lleguen”, expresó Paz.

El director del Instituto Nacional de Migración subrayó durante la entrevista con criterio.hn que “la forma de aplicar el acuerdo depende mucho del tema del recurso económico. Bajo ese contexto, todavía hasta el momento no tenemos claridad del recurso económico” y enfatizó que, hasta no contar con el apoyo necesario, el convenio no puede entrar en funcionamiento efectivo.

Paz admitió que el INM se encuentra en conversaciones constantes con representantes de Estados Unidos y organismos internacionales para resolver este vacío, pero la incertidumbre persiste.

Paz detalló que, en el pasado, las agencias internacionales como ACNUR –la Agencia de la ONU para los Refugiados— y el Consejo Noruego de Refugiados contaban con fondos para apoyar a los solicitantes de refugio, facilitando alquiler y manutención durante los primeros tres meses. Ante la falta de este respaldo, Honduras enfrenta dificultades adicionales para proveer condiciones dignas a quienes eventualmente lleguen bajo el acuerdo.

Por ello, el funcionario aseguró que ha insistido en la necesidad de asegurar financiamiento antes de poner en marcha el convenio. “Yo les he dicho a ellos (EE. UU.) que hasta el momento no podemos iniciar si no le damos vida a esta parte”, señaló en referencia a la cobertura económica para los que lleguen al país centroamericano.

Paz recalcó que la petición de fondos no implica transferencias directas al Estado hondureño, sino que deben canalizarse a través de la cooperación internacional: “El fondo que hemos solicitado es un fondo que se le transfiere desde Estados Unidos a la cooperación, exactamente a la ACNUR. Nosotros no vamos a tocar absolutamente nada. A mí lo que me compete es que una de esas personas tenga un destino a la llegada aquí al país. Eso es todo.”

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HONDURAS EN EL RADAR MIGRATORIO DE ESTADOS UNIDOS: UNA PARADOJA A DOS ORILLAS

Durante la entrevista con Wilson Paz, la pregunta clave fue: ¿por qué Honduras aparece en el radar como país receptor en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, cuando históricamente ha sido un país expulsor de población que busca asilo? Paz argumentó que Honduras ha “jugado un rol fundamental en el tránsito de personas” y que la política de “trato digno” hacia los migrantes le ha dado un perfil atractivo ante Washington. Remarcó, además, que Honduras se ha vuelto “una especie de frontera avanzada para Estados Unidos”, capaz de ofrecer datos y colaboración en materia migratoria.

Sin embargo, esta visión contrasta abruptamente con la realidad. Honduras sigue siendo uno de los principales países que solicitan refugio en otros países, especialmente en México, lo cual evidencia el carácter forzoso y masivo de la migración hondureña.

La paradoja es notoria: mientras el Gobierno de Honduras negocia recibir a personas migrantes rechazados por EE.UU., sus propios ciudadanos encabezan las estadísticas de solicitudes de asilo en la región.

Las cifras oficiales lo confirman. Según el reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), durante 2024 Honduras fue nuevamente el principal país de origen de solicitudes de asilo en México, con 27,888 registros entre enero y diciembre. Esta tendencia se mantiene constante y coloca a Honduras a la cabeza del flujo regional, muy por delante de otras nacionalidades centroamericanas.

Esta contradicción invita a preguntar si Honduras está en condiciones de garantizar seguridad, integración y protección a terceros países, cuando ni siquiera puede ofrecerlo plenamente a su propia población migrante.

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