Más de 56 personas asesinadas en todo el territorio nacional, secuestros de menores de edad y una notable alza en los femicidios e incremento al cobro de extorsión, son los datos que están demostrando, en los primeros días de este 2024, que las medidas implementadas por las autoridades para combatir la criminalidad no están teniendo efectos positivos
Tegucigalpa, Honduras.- Con más homicidios, asesinatos múltiples, secuestros e incremento al cobro de extorsión a varios rubros inició este 2024, pese a que las autoridades del gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impulsan medidas en materia de seguridad que, según analistas abordados por Criterio.hn, están lejos de dar los resultados que le den un giro a la situación del país.
“El gobierno debe sentarse y cuestionarse el por qué no están funcionando las medidas de seguridad. Estamos viendo una escalada en los homicidios, femicidios, asesinatos múltiples, mientras el caballo de batalla de las autoridades, para mantener las medidas, es la reducción de muertes en 2023”, opinó Mirna Flores, investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
Lo expuesto por Flores tiene sentido. En 2023 se registró una baja en los homicidios, gracias a algunas medidas implementadas por las autoridades de seguridad, sin embargo, de acuerdo con los índices de violencia que se están viendo en los primeros días de este año, la dinámica podría cambiar.
El primer asesinato múltiple registrado en este 2024, fue el de tres mujeres reportadas desaparecidas el domingo pasado y encontradas sin vida el nueve de enero en Roatán, en el caribe de Honduras. De igual manera, el índice de femicidios ha escalado de tal manera que, según un monitoreo de medios, una mujer está muriendo de manera violenta al día, es decir, van 11, hasta la fecha.
De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el 8 de enero, han muerto de manera violenta 56 personas, sin cortar con los registrados el 9 y 10, ya que la plataforma institucional está actualizada hasta el ocho.
En el extremo de la criminalidad el tema aparentemente va de mal en peor, pues más de 15 unidades de transporte urbano que cubre la ruta de Río Abajo- Centro, permanecen paralizadas debido al incremento a la cuota de extorsión y, según denuncian los empresarios del rubro, las autoridades no están haciendo nada al respecto.
De igual manera, la mañana de este jueves 11 de enero la Policía Nacional obtuvo su primer acierto al rescatar con vida a tres menores que habían sido secuestradas hace cuatro días en la aldea El Porvenir en Comayagua. Sin embargo, no se informó sobre la captura de ningún implicado.
“Iniciar un año con un alza en la ola de violencia y la criminalidad no es un buen mensaje. La estrategia debe de cambiar, no se está siguiendo la línea correcta, eso es evidente. Las autoridades deben establecer un plan con las instituciones de investigación y justicia, de lo contrario sólo policías y militares no resolverán problemas”, precisó Flores.
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¿CÓMO SE PODRÍA CAMBIAR LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA?
Aunque darle una vuelta a la situación en materia de seguridad que está atravesando Honduras, podría ser hasta imposible, porque el crimen organizado está inmiscuido hasta en las instituciones armadas, el director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, considera que existen factores claves para reducir la violencia.
“Se deben dejar todas las medidas implementadas de lado porque no han dado resultados. Se tiene que ejecutar un plan integral que trabaje en la prevención del delito; que trabaje en la reacción al delito y que se dote de efectivos necesarios, esto último sólo en la Policía Nacional”, planteó Madrid.
“Agregó que “y además debe trabajar fuertemente un proceso en el cual conlleva consigo, además de esos dos aspectos, una adecuada investigación por medio de una interacción de todos los agentes del Estado, inteligencia y poder determinar cómo sucede el delito, cómo se realiza, para efecto de no tener una tasa de impunidad tan elevada como sucede en la actualidad que estamos en un 96% de impunidad”.
Otra alternativa planteada por la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, es la depuración en la Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público (PMOP), ya que está dirigiendo operativos, contrario a lo que manda la Constitución de la República, Ministerio Público y hasta en el Poder Judicial, porque el crimen organizado tiene sus tentáculos en todas las instituciones y, por ese motivo, no podrían proceder operativos, investigaciones y procesos judiciales en contra de los líderes de las maras y pandillas.
Sugiere que la depuración sea efectiva, que extraiga de las instituciones a las personas ligadas al crimen organizado; a los que se han enriquecido de manera ilícita a través de sobornos, no a la que se registró hace pocos años, de la mano del expresidente Juan Orlando Hernández.
Actualmente el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ha abanderado de la reducción de homicidios de 2023, para continuar extendiendo el estado de excepción, mismo que lo han ido prolongando a través de decretos ejecutivos en consejo de ministros.
Sin embargo, este no ha sido ratificado por el Congreso Nacional hace un poco más de cinco meses, incumpliendo con lo que manda el artículo 187 de la Constitución de la República, lo que en un futuro podría desencadenar dos consecuencias.
La primera sería que el Poder Legislativo caiga en responsabilidad legal, al no conocer el decreto que le da vida al estado de excepción, ya que, el artículo antes mencionado, establece que el Congreso tiene máximo 30 días para aprobar, improbar o modificar los decretos emitidos por Ejecutivo, discutido en consejo de ministros.
Por lo tanto, la suspensión de garantías constitucionales, sólo lo puede hacer el Congreso Nacional, al aprobar, improbar o modificar el decreto de estado de excepción y, como este no es ratificado hace más de cinco meses, todas las acciones que ejecuten los efectivos policiales y militares, podrían caer en completa ilegalidad.
“Esta podría ser utilizada como una estrategia de la defensa (del acusado); los abogados le aducen al juez que ese estado de excepción no fue ratificado por el Congreso Nacional y se debe valorar cómo fue aprehendido y cómo se obtuvo la evidencia”, opinó Kenneth Madrid.
