Tegucigalpa, Honduras.- En pleno control de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), los centros penitenciarios continúan siendo escenarios de violencia orquestada por privados de libertad que, en la mayoría de los casos, forman parte de estructuras criminales.
El antecedente más reciente que demuestra el poderío que todavía tienen los privados de libertad, fue el jueves 10 de agosto de 2023, en el centro penal ubicado en Comayagua, donde se suscitó un amotinamiento e incendio que dejó como consecuencias a tres privados de libertad heridos.
De igual manera, el pasado 15 de julio de 2023, en el centro penal ubicado en Danlí, El Paraíso, se desató un amotinamiento con intento de fuga que dejó como consecuencia un privado de libertad de 42 años muerto y dos heridos.
Los militares volvieron a tomar el control de los centros penales del país desde el 20 de junio de 2023, fecha que se registró la peor masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que 46 privadas de libertad fueron asesinadas.
El control militar fue por el mandato que giró la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con el objetivo de que los centros penales se conviertan en lugares de reinserción social, no de “escuelas de crimen” en las que se terminan perdiendo vidas por la violencia.
Aunque esta no es la primera vez que las militares toman control de las cárceles, ya que en los gobiernos nacionalistas anteriores (Porfirio Lobo Sosa 2010-2014 y Juan Orlando Hernández 2014-2022) eran los brazos principales en materia de seguridad y prácticamente eran los encargados de tener el centro de los centros penales.
Lo paradójico del caso es que Xiomara Castro en su campaña proselitista prometió desmilitarizar la sociedad porque históricamente la Policía Militar ha sido denunciada por violentar los derechos humanos de la población, pero en la práctica, sus acciones son totalmente distintas.
Nota relacionada: Gobierno de Honduras retorna a militarización de los centros penales
“SON COSAS NORMALES QUE SEGUIRÁN PASANDO”
El director de la Policía Militar del Orden Público y presidente de la intervención de las cárceles, coronel Ramiro Muñoz, aseguró que los amotinamientos o reyertas se continuarán viendo en los centros penales porque es la alternativa que utilizan las maras y pandillas para pedir los beneficios que obtenían de manera ilegal y se les quitaron.
“Ese amotinamiento que miramos en la cárcel de Comayagua es normal y son cosas normales que seguirán pasando, ¿por qué lo hacen a través de la violencia?, porque desde que iniciamos la intervención en las cárceles les quitamos los lujos en los que estaban viviendo”, contó a medios de comunicación el coronel.
Agregó que “como el director y la Policía Militar no se prestan a concederles lo que quieren, por eso es que hacen esas niñerías. Se pueden revolver las veces que quieran y los vamos a poner en orden. A los 20 (privados de libertad) que se encargaron de sembrar el caos en Comayagua, en la madrugada los mandamos para Támara y ese es el pago de sus consecuencias”.
Según Muñoz, los familiares de los privados de libertad y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, de las que no dio el nombre, son parte del crimen organizado y se prestan para introducir drogas, armas y dinero a los centros penales.
“A ninguna institución u organización que quiera apoyar de manera incorrecta a organizaciones criminales se los vamos a permitir, defensores de derechos humanos entran a las cárceles y salen con notas extorsivas, ¿cómo es posible eso? y no lo hacen por amenazas; lo hacen por dinero y voluntad propia”, aseguró.
“Los familiares en las visitas de los fines de semana llegan con comida para su familiar privado de libertad, que no está mal, pero en el fondo de la bandeja llevan media libra de marihuana, 60 puntas de cocaína y hasta granadas de mano, entonces ¿por qué se quejan por los decomisos sí es ilegal?”, añadió.
Lea: Tras militarización se reportan tres muertes en centros penitenciarios y una en posta policial
DENUNCIAN ABUSO DE PODER
El pasado 7 de agosto varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Asociación de Familiares de Privados de Libertad de Honduras (ASOCIDEH), denunciaron que la Policía Militar utiliza diferentes formas para torturar y, de esa manera, quitarle la vida a los privados de libertad que se encuentran en cárceles de máxima seguridad.
De acuerdo con las denuncias, los militares, de manera literal, meten la cabeza de los privados de libertad en el interior de los inodoros, arrancan las uñas y hasta colocan dispositivos las bocas (de los privados de libertad) para proporcionales descargas eléctricas.
“En el centro penal de Ilama, Santa Bárbara (El Pozo), los militares mataron a privado de libertad de la tercera edad, ellos se paraban en él; lo golpeaban y, por su condición, no resistió ese tipo de torturas”, contó Delma Ordoñez, presidenta de ASOCIDEH.
En consecuencia, el coronel Muñoz, invitó a los familiares y defensores de los derechos humanos a que se presenten a hacer una investigación, acompañados de las autoridades del Ministerio Público, para determinar si esas acusaciones contra la fuerza militar, tienen sustento.
“Los invito, yo les formo a todos los privados de libertad para que los revisemos uno por uno y, sí se encuentra que han sido torturados hasta con choques eléctricos, yo despido al director de ese centro penal y lo pongo a la orden de las autoridades competentes porque claramente violentaron los derechos humanos y eso va en contra de las leyes”, precisó el coronel.
Añadió “pero les voy a poner una condición, que es parte de nuestras medidas que hemos estado adoptando: por favor tienen que pasar por el escáner de revisión antes de entrar, porque esa es la manera que podemos verificar que esa no es una trampa para meter drogas, armas o dinero a los centros penales”.
MILITARES NO ESTÁN PARA DIRIGIR CÁRCELES
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la intervención penitenciaria, de la mano de la Policía Militar, no es la alternativa por la que tenía que escoger el gobierno, ya que no están capacitados para dirigir cárceles ni para convivir con la población.
“Los militares no pueden estar en la dirección de las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones como las que se están viviendo (amotinamientos y reyertas)”, detalló.
El abogado Mejía trajo a memoria la sentencia del caso Pacheco Teurel vs. Honduras, llevado a cabo en 2012, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el que se pide a la nación centroamericana prevenir situaciones que pongan en riesgos a los privados de libertad, como ser incendios y también cumplir con sus necesidades básicas.
Además, Mejía planteó que Honduras implemente una carrera penitenciaria que capacite personal en materia penal, derechos humanos y dirección de cárceles, para, de esa manera, evitar utilizar fuerza policial y militar que, como consecuencia, terminan siendo parte de la corrupción que impera en los centros penales.
Desde las Fuerzas Armadas, alardean que, entre las medidas que están implementando, capacitaron a unos mil policías penitenciarios para que se encarguen la seguridad en el interior de los centros penales, para así erradicar la gobernanza.
