El Ministerio Público (MP) atendió 14,414 denuncias por el delito de violencia doméstica de enero de 2022 a septiembre de 2023 en Honduras, en tanto, el sistema de emergencia del 911 registró 57,473 denuncias en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, pese al elevado número de denuncias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solamente ha emitido 13,217 resoluciones judiciales por dicho delito.
Defensores de derechos humanos, abordados por Criterio.hn, analizan que las resoluciones judiciales emitidas no reflejan la problemática real en el país, debido a que existe un subregistro porque muchas víctimas no se atreven a denunciar por diversos factores, como desconfianza y desconocimiento de los procesos.
Tegucigalpa, Honduras. – Miles de mujeres en Honduras sufren por violencia doméstica; a diario reciben agresiones físicas y emocionales que atentan contra su integridad personal y psicológica. El agresor es casi siempre su propia pareja sentimental.
La violencia doméstica, tipificada como delito en el Código Penal hondureño, puede tener múltiples consecuencias para las mujeres que lo sufren y para los hijos que se ven afectados por el daño psicológico que causan los actos de violencia. Los maltratos físicos pueden terminar, en el peor de los casos, en un hospital o con la muerte de la víctima si ésta no acude en busca de ayuda a tiempo y así frenar el daño.
Sobre el tema, defensores de derechos humanos, abordados por este medio de comunicación, dicen que el delito es muy frecuente en Honduras, sin embargo, es poco denunciado por múltiples factores, entre los que destacan el limitado acceso a la justicia.
Para el caso de enero de 2022 a septiembre de 2023 el Ministerio Público (MP), recibió 14,414 denuncias, mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió, en ese mismo periodo, 13, 217 resoluciones judiciales.
Los entrevistados analizan que el número de denuncias y resoluciones judiciales no representa la realidad de la problemática, debido a que en el mismo periodo de tiempo el sistema de emergencia del 911 recibió 57,473 mil denuncias de mujeres denunciado ser víctimas de violencia doméstica; los defensores aducen que las víctimas prefieren este mecanismo por la inmediatez y el anonimato.
Analizan, además, que las mujeres no se atreven a realizar el proceso que conlleva una denuncia ante los entes correspondientes por factores como: desconfianza en los procesos, falta de acceso a juzgados de violencia doméstica, temor al recibir algún tipo de represalia de parte del agresor y afectación psicológica que hace que normalicen la violencia, entre otras.
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VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Criterio.hn conoció el caso de la joven que llamaremos María, debido a que por seguridad decidió omitir su nombre real, la madre de 25 años narró a este medio de comunicación la situación que vivió durante cinco años cuando fue víctima de violencia doméstica por parte de su pareja sentimental.
Lo que alguna vez inició como un noviazgo, se convirtió en la peor pesadilla de María, los gritos constantes de su pareja, ocasionados por el alcohol pronto se trasladaron en golpes.
A su entonces pareja la conoció cuando tenía 20 años y, tras seis meses de noviazgo, descubrió que estaba embarazada, situación que la obligó a aceptar la propuesta de irse a vivir juntos.
“Al principio me trataba bien, fue hasta que empezó a beber [alcohol] cuando iniciaron las molestias hacia mí, luego vinieron los gritos e insultos diciéndome cosas, como que no servía para nada hasta que llegó a golpearme”, contó María.
Al principio —continúa — pudo ocultar los malos tratos, sin embargo, luego los moretones y marcas delataban la trágica situación que estaba viviendo; para ese entonces sus hermanas le recomendaron que denunciara, pero el miedo se apoderaba de ella y se frenaba en actuar por la falsa creencia que el padre al lado de su hijo era lo mejor.
“En ese momento lo que pasó por mi mente es que tenía que aguantar y resignarme, y cuando eran las seis de la tarde me daba ansiedad porque sabía que él iba a venir y se iba a molestar por algo que hice o que no hice”.
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SENTENCIAS NO REFLEJAN LA PROBLEMÁTICA
El Ministerio Público (MP), informó que, de enero de 2022 hasta septiembre de 2023, recibió 14, 414 denuncias por el delito de violencia doméstica e intrafamiliar, siendo Francisco Morazán, Cortés y Comayagua los departamentos con mayor incidencia.
En tanto, en el mismo periodo de tiempo, el Sistema Nacional de Emergencia 911 contabilizó 57,473 denuncias por violencia doméstica, siendo Francisco Morazán de donde mayormente procedieron las llamadas.
De enero a septiembre de 2023 se habían recibido 38,331 denuncias, mientras que en 2022 se contabilizaron 19,142, pero las cifras de este año pudieron ser mayores en virtud de que en agosto el 911 presentó algunas fallas por problemas internos que, incluso, están siendo investigados por el Ministerio Público.
Lo sorprendente es que el número de denuncias supera las resoluciones judiciales emitidas por el Juzgado de Letras de Paz en Materia de Violencia Doméstica, que en el mismo periodo de tiempo, emitió 13,217 resoluciones por este tipo de delito en todo el país, según una respuesta a la solicitud de información SOL-PJ-2105-2023 del Poder Judicial.
La abogada integrante del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), María Esther Ayala, explicó que una resolución judicial no significa que se castigue a los victimarios de las mujeres, debido a que, de estas, muchas pudieron declararse “Sin Lugar”, lo que significa que la víctima no pudo comprobar que estaba siendo víctima de violencia, por tanto, el denunciado quedó absuelto de responsabilidad.
JUZGADOS DE CORTÉS Y FM REPORTAN MÁS CASOS
De acuerdo al análisis de información realizado por este medio de comunicación, el departamento que reporta más requerimientos judiciales por este delito es Cortés con 5,266 y Francisco Morazán el segundo con 3,530.
Otros de los departamentos con el mayor número de resoluciones judiciales son: Comayagua (775), El Paraíso (494), Copán (414), Atlántida (318), La Paz (305), Colón (292).
Para el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, la cifra alta en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés se debe a que en dichos lugares existen juzgados especializados en violencia doméstica, mientras en otros departamentos no los hay.
Agrega en conversación con Criterio.hn que en estos departamentos las mujeres denuncian el delito porque existen organizaciones que realizan un trabajo constante de apoyo a las víctimas.
“Las organizaciones realizan labores de concienciación, visibilización y acompañamiento esto hace que las mujeres no se sientan solas y se atrevan a denunciar y seguir el proceso que conlleva”, apunta Acevedo.
Por su parte la integrante de la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ), Jimena García Merino, coincide con Acevedo al mencionar que la cercanía de las redes de mujeres motiva a las víctimas a no quedarse calladas, “las mujeres violentadas acuden a estas organizaciones debido a la cercanía”.
Apunta en entrevista con Criterio.hn que el grado de educación influye también, en el sentido que una mujer, al tener un cierto conocimiento del delito y que es víctima, acude a denunciar, y al no depender económicamente de la pareja tiene la posibilidad para asumir los gastos de sus hijos.
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LAS MUJERES EVITAN DENUNCIAR
Volviendo al relato de María, cuenta que en las mañanas se despertaba con los golpes y moretones más pronunciados e inflamaciones en su rostro, producto de la noche anterior, pero trataba de esconder las marcas con maquillaje, para que nadie los notara.
En el día, en medio de la tristeza, pensaba en cómo salir de esta terrible situación, meditaba opciones como buscar un trabajo y poder irse de la casa o poder emigrar rumbo a Estados Unidos junto con su hijo, de ahora cinco años.
Pero, al final todo se quedaba en ideas porque no tenía la determinación para ejecutarlas.
La posibilidad de denuncia nunca la contempló, primero porque desconocía el procedimiento y segundo porque había escuchado que para dicha acción se requería tener dinero para poder pagar un abogado.
Los departamentos con menor incidencia de resoluciones judiciales por la CSJ son: Valle que contabiliza 172, Choluteca (99), Ocotepeque (91), y el departamento de Gracias a Dios que contabiliza (39) casos.
Jimena García Merino, explica que las bajas resoluciones en dichos departamentos, no significa que haya menor incidencia con relación a los otros, sino que muchas veces las víctimas no denuncian por temor.
“Muchas veces tienen miedo porque el fiscal es un hombre, que probablemente conoce a la pareja y no interponen la denuncia porque piensan que no va a proceder, lo digo porque conozco casos de mujeres que piensan así”, apunta la defensora.
El daño psicológico, es otro de los motivos por los cuales las mujeres no denuncian, debido a que muchas, incluso, llegan a normalizar la violencia aunado al factor económico, opina la entrevistada.
De su lado la directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz dijo a Criterio.hn que la cifra alta, en algunos departamentos, se debería a factores como mayor densidad poblacional, y a la vez considera que en otro departamento sucede el delito, pero las mujeres no denuncian.
Al igual que Jimena García dice que la inacción en cuanto a la denuncia se debería a la desconfianza en los procesos, “si existe alta incidencia, pero las mujeres aún no denuncian porque la mayoría no tiene credibilidad en el sistema de justicia”.
Dice que la problemática es evidente y se refleja en la elevada cantidad de denuncias que se reciben en el sistema de emergencia 911.
“Las mujeres llaman al 911 a pedir ayuda, muchas prefieren este mecanismo por lo anónimo e inmediato, pero al dia siguiente no se atreven incluso a realizar la denuncia y muchos las juzgan diciéndoles ‘les gusta que les peguen`, pero el daño psicológico es mayor y actúan bajo el miedo”, expresa la defensora.
MEDIDAS DÉBILES PARA AGRESORES
De acuerdo al artículo 209 del Código Penal de Honduras quien ejerza violencia física o psíquica contra una mujer deberá ser castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión, y una pena de 100 a 300 días de prestación de servicios de utilidad pública.
Por su parte, artículo 7 de la Ley en Contra de la Violencia Domestica publicada en el diario oficial la gaceta en 1997 y reformada en 2006, refiere que la pena por el delito será la establecida en el Código Penal.
Agrega que si el victimario reincide en las acciones de violencia este será remitido al Ministerio Público, ente que deberá imponer la acción penal correspondiente.
Con base a su experiencia en derechos humanos, la abogada María Esther Ayala, analiza que las medidas son muy débiles para los agresores debido a que sólo se les impone medidas sancionatorias y no condenatorias.
“En el momento que se construyó la ley el cuestionamiento de las mujeres fue que si la pareja estaba presa no iban a proveer dinero para los hijos, por eso es que se quedó sólo como una ley sancionatoria”.
De acuerdo a la Ley de Violencia Doméstica una vez que se interpone una denuncia se dictan medidas de seguridad, que incluye el alejamiento.
Y, ya en audiencia se establecen las medidas precautorias las cuales impone el juez, dentro de las que destaca la remisión de la víctima y del agresor a consejerías de familias y trabajo comunitario para el denunciado.
Finalmente se aplican las medidas cautelares como el pago de pensión por alimentos, entrega de bienes, pero estas sólo tienen una vigencia de seis meses.
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LA LIBERACIÓN
La ocasión más trágica que recuerda María es una noche mientras dormía junto a su pareja y también agresor, cuando de repente empezaron a sentir olor a quemado mientras miraban cómo el humo salía de la cocina.
“Esta vez la estufa quedó prendida y un trapo que estaba cerca se estaba quemando, él se levantó al fuego, lo intentamos apagar como pudimos, pero obviamente la estufa se había arruinado”, recuerda la joven.
Y agrega: “yo lloraba de los nervios, porque sabía lo que me esperaba, esa vez me agarró del pelo, me estrelló contra la pared insultándome, porque decía que a mí no me costaban las cosas”.
Escenas como las descritas tenía que vivir María, casi a diario; cada noche esperaba que su agresor no viniera con enojo ni ira del trabajo.
El sufrimiento de María terminó un domingo, en horas de la tarde, cuando sus vecinos le informaron que su pareja había muerto en un accidente de tránsito mientras se conducía en su motocicleta con destino a su casa.
“Ese día yo sentí paz, yo pensé que Dios lo había quitado de mi camino”, cuenta la joven, en medio de una mirada de alivio al saber que no volverá a ser víctima de agresiones.
El accidente trascendió en los medios de comunicación, en la imagen se observaba cómo la motocicleta había quedado deshecha.
Meses después, María inició un negocio de golosinas, su actual sustento y de su hijo, cuenta que su pequeño también está feliz que su padre ya no esté en vida, debido a que él era testigo de los actos de violencia.
Actualmente intenta rehacer su vida, asegura que nunca ha buscado ayuda psicológica para sanar el daño sufrido durante cinco años.
Para la defensora Nohemí Durón la notoriedad del delito y pocos requerimientos judiciales se debería a que muchas mujeres dejan que caduquen los procesos, por razones como: falta de orientación en cuanto a procesos o desesperación por la demora en los trámites.
“Una mujer que denuncia violencia doméstica, muchas veces está siendo amenazada o las que denuncian les dan hasta dos meses para una cita y el Ministerio Público también engaveta muchos casos”, cuestiona Durón, a la que pide agilidad y que los casos no queden en impunidad.
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ESTADO SE DESLIGA DE LA PROBLEMÁTICA
En 2018 un grupo de mujeres organizadas entregó a diputados en el Congreso Nacional (CN), el proyecto de la Ley de Casas Refugio, cuyo principal objetivo es regular el funcionamiento de casas que sirven como lugares de acogida para mujeres víctimas de violencia.
El proyecto fue dictaminado, pero nunca entró en debate. Ante esa indiferencia el grupo de mujeres que impulsa la ley ha realizado múltiples encuentros para socializar la iniciativa, incluso entregó el proyecto de ley a la titular de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Doris García.
La petición no ha sido ajena a la agenda de la presidenta Xiomara Castro, dado a que en su plan de gobierno Honduras 2022-2023 establece, en el capítulo VII, inciso 5, denominado “GÉNERO: NADA SOBRE NOSOTRAS, SIN NOSOTRAS, “crear refugios de mujeres y niños víctimas/sobrevivientes de violencia”.
Pero, hasta la fecha la ley no se ha aprobado, ni siquiera ha entrado en discusión. Para Ana Cruz es lamentable que, tras cinco años, el proyecto siga engavetado, pese a las esperanzas que se tenían al tener la primera mujer presidenta.
“Las casas refugios son muy importantes, porque la idea es que la mujer una vez que denuncie la violencia pueda sentirse segura y acudir a las casas porque ese el principal miedo de la mujer, que al denunciar su pareja no tenga donde ir”.
Cruz considera que la deuda del gobierno en cuanto a este delito es grande porque a ello se suma la inexistencia de campañas de prevención y políticas públicas, ya que hasta el momento los esfuerzos sólo los han realizado las organizaciones de mujeres y organismos internacionales.
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Así como María son muchas las mujeres hondureñas que a diario son o han sido víctimas de violencia doméstica, sin embargo, no denuncian por factores como miedo, dependencia emocional y psicológica.
Las organizaciones de mujeres aseguran que seguirán insistiendo en la aprobación de la Ley de Casa Refugio y en la implementación de medidas condenatorias y no sólo sancionatorias para los agresores y de esta manera evitar que este tipo de violencia se sume a las 317 mujeres que han muerto de manera violenta en Honduras en 2023, según datos del Centros de Derecho de la Mujer (CDM).
