Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La violación a los derechos humanos de los y las privadas de libertad siempre ha estado presente en las cárceles hondureñas, pero se ha incrementado desde que en el presente gobierno encomendó su manejo y administración a los militares.
El tema ha recobrado vigencia a raíz de una masiva denuncia interpuesta en la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público por los familiares de los mismos privados de libertad que han preferido el anonimato por temor a las represalias contra ellos mismos y contra sus familiares que son torturados y separados de sus beneficios.
Las denuncias interpuestas van desde violaciones a los más elementales derechos humanos de los privados de libertad y los vejámenes que sufren sus familiares cuando los visitan.
Las mujeres principalmente son abusadas y manoseadas por los y las guardias hasta el grado de pedirles que se desnuden, si es que quieren entrar a ver a su familiar.
Igual situación sucede con los niños y niñas quienes son maltratados verbalmente y los registran de manera inusual hasta tocándoles sus partes íntimas por parte de los guardias militares.
Otra situación que ha sido denunciada es que cuando llevan refrescos, comidas o golosinas, éstas muchas veces no llegan a los privados de libertad porque les dicen que las dejen en la guardia que ellos las harán llegar a sus destinatarios, pero se las comen y nunca llegan a las celdas.
La alimentación es precaria y la dieta está basada en arroz y frijoles y las condiciones para realizar sus necesidades fisiológicas es inhumana, denunciaron los familiares en el anonimato.
Tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Unión Europea (UE) han invertido enormes cantidades de dólares y euros para mejorar la situación del sistema carcelario ehondureño, y hasta el momento, en vez de avanzar se ha retrocedido, comentó el periodista, Andrés Molina, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de La Tortura y sus Familiares (CPTRT).
Dijo que el CPTRT trabaja muy de cerca con este tema y la experiencia que tienen es que los centros penales son un hervidero de violaciones a los derechos humanos, y los privados de libertad son tratadas como seres humanos sin ningún valor.
Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza manifestó que la actitud autoritaria y morbosa con que se trata a las personas que visitan a sus familiares privados de libertad es merecedora de una denuncia nacional e internacional porque no se ve voluntad de la institución para revisar la conducta de su personal.
Los militares al mando de los centros penales defienden que ellos actúan de acuerdo a los procedimientos establecidos, pero ninguno de los denunciantes ha mencionado que los procedimientos están malos. Lo que denuncian es a los militares que actúan al margen de los procedimientos abusando de su autoridad.
Ruelas, señaló de manera categórica que ningún civil es subalterno de ningún militar; los militares no son jefes de los civiles, no pueden seguir actuando como si mandaran a los civiles, apuntó el director de Casa Alianza.
Además, calificó como un error que hayan puesto los centros penales en manos de los militares y ese error hoy muestra las consecuencias; abusos a lo interno a lo externo y hacia los familiares. Este es un teman que tiene que denunciarse porque desafortunadamente no se ve voluntad por parte de las Fuerzas Armadas de revisar la conducta de sus elementos, dijo.
El 6 de abril de 2014, se aprobó la nueva Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que contiene 144 artículos y con la que se suponía se pondría fin al obsoleto esquema de encarcelación en Honduras, que data desde 1883, cuando se fundó la Penitenciaría Central.
Con esta ley, supuestamente, se trasladaría la administración de las prisiones de la Policía Nacional al Instituto Nacional Penitenciario (INP). Además se derogó la Ley de Rehabilitación del Delincuente, que fue por muchos años el instrumento jurídico por el que se han administrado las prisiones en el país.
Cero rehabilitación
En vez de convertirse en centros de rehabilitación, en Honduras las cárceles son talleres del crimen y la extorsión, los conflictos entre pandillas, el rechazo al bloqueo de llamadas, el hacinamiento y ahora el traslado a otros centros penales han desatado entre 2014, 2015 y lo que va del 2016 varias revueltas, algunas con resultados fatales.
Diversas enfermedades, muchas de ellas terminales, atacan a centenares de prisioneros en las cárceles de Honduras y esto debido a la falta de asistencia médica adecuada.
De acuerdo a estadísticas brindadas por la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP), de los más de 12,000 reos, hay 380 encarcelados con VIH-Sida, tuberculosis, cáncer, diabetes, epilepsia y trastornos mentales. El mal que más aqueja a los reos son las deficiencias psiquiátricas.
Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, las cárceles de Honduras tienen una capacidad para 8,625 privados de libertad, pero hay una sobrepoblación de más de 7,706 y de éstos, al menos 6,770 tienen una sentencia firme al ser vencidos en un juicio oral y público.
Hacinamiento
Los problemas más serios de hacinamiento se dan en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), que tiene una capacidad para 1,800 reos y alberga un poco más de 4,451; San Pedro Sula con más de 2,908 reos y la capacidad real es para 1,300; Puerto Cortés tiene un aproximado de 226 presos y el establecimiento es apto para 40. (Datos de marzo de 2016)
En la cárcel de la ciudad de El Progreso, en la costa norte, hay al menos 448 reos cuando solo deberían estar cien; Santa Rosa de Copán posee aparentemente 698 y la capacidad es para 300 y así otros penales.
Instituto Nacional Penitenciario fue solo promesa
La Ley, en teoría creaba el Instituto Nacional Penitenciario (INP) como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Interior y Población y le corresponderá la organización, administración y el funcionamiento de todas las cárceles de Honduras.
El supuesto Instituto Nacional Penitenciario tendría su sede en Tegucigalpa y propondría y ejecutaría la política carcelaria, poniendo énfasis en la reinserción social de las personas privadas de libertad, pero todo quedó en papel mojado.
En su momento el diputado Mario Pérez expresó que el Instituto Penitenciario velaría por la seguridad, atención, custodia, asistencia médica, educativa y laboral de las personas privadas de libertad a su cargo, en prisión preventiva o cumpliendo penas o medidas de seguridad.
Además, dicho instituto organizaría los cuerpos de seguridad que laborarán en las cárceles y se encargaría de formar y adiestrar al personal del sistema penitenciario nacional, así como promover actividades de especialización, actualización y promoción para su mejoramiento profesional.
Estaba previsto que el consejo directivo del INP estaría integrado por los secretarios del Interior y Población, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; un representante de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que trabajan a favor de la población privada de libertad y un miembro de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
En aquel entonces el hoy presidente, Juan Hernández, era el titular del Congreso Nacional y manifestaba que, “estamos creando un instituto independiente que será manejado de manera diferente y que no dependerá de la Policía para manejar los centros penales. Si no ponemos orden en los centros penales se seguirá generando delincuencia desde las cárceles”.
La verdad es que el mandatario en su afán de militarizar el país, no cumplió con la ley sino que militarizó los centros penales, y el estamento que regularía los centros privativos quedó en una promesa incumplida como muchas de las que hacen los políticos en Honduras.
