Vigencia del decreto 116-2019 mantiene en duda llegada de la CICIH a Honduras

Analistas y sociedad civil advierten que vigencia de decreto 116-2019 puede poner en riesgo llegada de la CICI a Honduras

Por: Luis Escalante  

Tegucigalpa.- El 23 de agosto, el Gobierno de Honduras hizo públicos los cambios propuestos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con relación al borrador del memorando de entendimiento que daría paso a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICI). En la actualización del documento, al igual que desde un inicio, se mantiene el compromiso de las autoridades hondureñas por derogar el decreto legislativo 116-2019.

Sin embargo, en la práctica, en el Congreso Nacional continúa sin agendarse la derogatoria de este polémico decreto que, entre otros asuntos, permite a las diputadas y los diputados, a las corporaciones municipales, a las instituciones públicas y descentralizadas, y a las oenegés recibir fondos del Poder Ejecutivo, violentando la independencia de poderes y obstaculizando al Ministerio Público a realizar requerimientos contras estos entes.

El nocivo decreto ha maniatado a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) que, a raíz de esa ley, ha perdido varios casos como Pacto de Impunidad y Arca Abierta, investigados en conjunto con la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), al igual que otros emblemáticos escándalos de corrupción como Red de Diputados y Pandora.

El 1 de septiembre perdió el último. Después de que la Uferco presentó requerimientos por fraude y lavado de activos contra un diputado y cuatro exdiputados que, a través del Fondo Departamental, drenaron fondos mediante oenegés, una jueza se amparó en el decreto en cuestión y otorgó sobreseimientos definitivos a las cinco personas. Se trató del actual diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani, y de los excongresistas por ese instituto político, Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz y Rodimiro Mejía y Vicente León.

PRACTICAS SIMILARES

Aunque el Congreso que preside Luis Redondo prometió eliminar la figura del «Fondo Departamental», ello no ha ocurrido y, en cambio, se contempla la creación de una figura casi idéntica denominada «Fondo Social», que de igual forma permitiría a los legisladores ser gestores de proyectos sociales. 

Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia (ACTJ), asegura que en el actual Congreso tampoco existe voluntad de eliminar ese andamiaje de corrupción e impunidad, que la propia ONU ha sugerido al Estado hondureño.

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«Que los diputados puedan recibir y administrar fondos procedentes del Poder Ejecutivo es inconstitucional, porque violenta la independencia de poderes. Si este Congreso realmente tuviera la voluntad política de eliminar ese artículo, ya lo habría hecho», indicó Blen a Criterio.hn.

La exdirigente del Movimiento Oposición Indignada también expresó que el Legislativo continúa dándole largas a la Ley de Colaboración Eficaz, una normativa que, de ser aprobada, permitiría a miembros de redes de corrupción ofrecer información a las autoridades sobre otros integrantes de la estructura, a cambio de negociar reducción en las penas, y con lo cual el desmantelamiento de las redes sería más efectivo.

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A mediados de agosto, el presidente de la comisión dictaminadora y diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, anunció que entre el 19 y el 23 de agosto, el dictamen podría estar listo. Sin embargo, de momento, el dictamen no ha sido presentado al pleno de diputados.

«Vamos a esperar el dictamen. Si es igual o mejor al que recomendó la Maccih, habrá que apoyarlo. De lo contrario, el Congreso dará la señal de que se quiere seguir apoyando la corrupción y la impunidad en Honduras», advirtió.

URGE QUE CONGRESO ESCUCHE A UFERCO Y A LA ONU

El exdiputado nacionalista y analista político Raúl Pineda Alvarado asegura que hay que demandar del Congreso una respuesta de lo que pidió la Uferco y la ONU, el primera para tener independencia en sus labores y el segundo para para iniciar su trabajo como colaborador en la lucha contra la corrupción.

«De otra manera irá desapareciendo la posibilidad de que venga una comisión internacional que coadyuve en la lucha contra la corrupción», dijo a Criterio.hn.

Instó a los legisladores, sobre todo al presidente Luis Redondo, a promover inmediatamente la derogación del decreto 116-2019. «Solo así se pondrá en evidencia quiénes son los que están en contra de la corrupción y quiénes de su lado», explicó.

El decreto 116-2019, que requiere de 86 votos para ser derogado, ha sido cuestionado desde sus inicios por las autoridades del Ministerio Público, al obligarlo a depender del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como único órgano que determina indicios de responsabilidad penal por parte de los imputados, como ocurrió con el caso Pandora, un caso que fue engavetado no por falta de pruebas, sino porque se necesitaba conocer los informes del TSC, que tiene hasta tres años para realizarlo. 

«El problema», dice Pineda, es que no se está haciendo nada «ni por el lado de los que dicen hacer lo correcto, ni por los que son señalados de corruptos».

El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, también señaló que, por un lado, el Congreso le otorgó supuestos «superpoderes» a esa unidad fiscal, pero, por el otro, no parece ayudarle con la derogación del decreto 116-2019, al igual que otros decretos que interrumpen su independencia, como el 57-2020 y el 93-2021, que también somete a la Fiscalía a la voluntad de jueces en el secuestro de medios probatorios y que le impide obtener información financiera en el marco de investigaciones por lavado de activos.

«Si no se revisan el Código Penal y el Código Procesal Penal, en cuanto al procedimientos para (investigar) a altos funcionarios, y no se derogan los decretos 057-2020 y 093-2021, será muy difícil o imposible que la CICIH que se instale logre el éxito que se la ciudadanía espera», dijo Santos, jefe de Uferco, en su Twitter.

Mientras que, en entrevista con Criterio.hn, señaló que el problema es que «muchos se ponen la bandera de la lucha contra la corrupción, pero únicamente se hace con intereses políticos» y que en la práctica «Uferco continúa maniatada».

Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo a Criterio.hn que, aunque hay intereses para frenar la llegada de la CICI a Honduras, sin especificar de parte de quiénes, es necesario continuar confiando en el Gobierno y en el Congreso para que esas leyes sean revisadas.

«No me quiero adelantar y especular que no hay voluntad política. Creo que todos los diputados y funcionarios gubernamentales están conscientes de que es imperativo que en este país haya justicia. No diré lo contrario sin tener verdaderos indicios de una falta de voluntad política», declaró.

Honduras está a las puertas de un nuevo proceso de nominación y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes a partir del 27 de enero de 2023 sustituirán a la actualmente controvertida Corte que preside el nacionalista Rolando Argueta. Los sectores de sociedad civil apuntan a que la elección de una Corte independiente será vital y crucial en una eventual llegada de la CICIH al país.