Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional; Juan Alberto Barahona, de Libre; y Mario Segura, de Liberal, entre otros legisladores, buscan ser reelectos en el Congreso Nacional. Sin embargo, su trayectoria deja más dudas que certezas sobre su desempeño. El 2025 marca un nuevo ciclo electoral en Honduras y, con él, la oportunidad de renovación en el Legislativo. ¿Qué han hecho en estos años para justificar su permanencia? La respuesta no parece estar en sus propuestas, sino en los acuerdos que han tejido con sectores políticos y económicos para asegurar su continuidad
Tegucigalpa.- De cara a las elecciones primarias programadas para el 9 de marzo de 2025, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) , varios diputados con varios períodos en el Congreso Nacional buscan ser reelectos para el período 2026–2030. Aunque han tenido participaciones diversas en iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción y la impunidad, muchos de ellos han sido promotores de prácticas cuestionables que han afectado negativamente la institucionalidad del país.
Por ejemplo, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y aspirante a mantenerse en el Legislativo con el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), ha sido un caso de estudio en la política hondureña. Su trayectoria comenzó con un discurso inquebrantable contra la corrupción, un emblema que ondeó con fervor durante su primer período legislativo (2018-2022) bajo la bandera del extinto Partido Anticorrupción (PAC).
Desde el curul, no escatimó en denuncias sobre las irregularidades en la gestión pública. Y no era para menos: en ese entonces, el Congreso, bajo la dirección del exdiputado Mauricio Oliva, se convirtió en un laboratorio legislativo donde se fraguaron y consolidaron diversos pactos de impunidad, que hoy en día algunos siguen en vigencia. Redondo, en su rol de opositor, alzó la voz con la vehemencia de un fiscal sin toga, señalando sin titubeos cada maniobra que favorecía el blindaje de la élite política, lo que le permitió ganarse el favor de la norteña población de Cortés y varios sectores de sociedad civil que lo acuerpaban.
Sin embargo, su actual gestión ha sido objeto de cuestionamientos debido a la implementación de mecanismos legislativos que replican prácticas de administraciones previas, incluyendo la falta de avances concretos en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un instrumento clave en la lucha contra la corrupción, ha generado dudas sobre la coherencia de su discurso frente a su ejercicio en el poder.
En paralelo, su administración ha sido señalada por mantener esquemas que refuerzan el clientelismo político dentro del Congreso Nacional. Uno de los puntos más cuestionables es la entrega de subvenciones entre los legisladores, con el argumento de atender necesidades comunitarias, lo que para algunos sectores representa la continuidad de un modelo que históricamente ha sido utilizado para consolidar redes de influencia.
En febrero de 2022, bajo la administración de Redondo, se aprobó el Decreto 04-2022, conocido como la «Ley de Amnistía Política«. La normativa, en teoría, buscaba extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Sin embargo, el decreto trascendió su propósito inicial y terminó beneficiando a individuos procesados por corrupción, como Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza. Para algunos sectores, este fue un nuevo pacto de impunidad que, lejos de reparar injusticias, sirvió para exonerar a figuras con antecedentes cuestionables.
A esto se suma la opacidad en la gestión legislativa. Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023, el Congreso hondureño se ubica entre los más cerrados de la región en términos de acceso a la información y rendición de cuentas, algo que Criterio.hn ha puesto en evidencia en reiteradas ocasiones debido a la negativa en responder peticiones de información y no subir datos precisos de gastos al Portal de Transparencia.
Por otro lado, el diputado y precandidato a mantenerse en el Congreso Tomás Zambrano, del Partido Nacional. Su trayectoria legislativa ha estado marcada por episodios que, lejos de la retórica institucionalista, han sido señalados como maniobras para consolidar la impunidad dentro del aparato estatal.
Durante administraciones anteriores, Zambrano no solo ocupó cargos influyentes en el Congreso, sino que fue un actor clave en decisiones que debilitaron los mecanismos de rendición de cuentas. Entre sus antecedentes destaca su respaldo a la expulsión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y su participación en la juramentación irregular de Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general para un segundo período en 2018.
Artículo sugerido: Óscar Fernando Chinchilla: el único abogado que se sentó dos veces en la silla del fiscal general y trabajó sujeto al poder
El caso de Chinchilla que, tras haber ejercido como fiscal general de 2013 a 2018, su reelección fue ampliamente cuestionada por no haberse realizado bajo los procedimientos constitucionales establecidos. En ese proceso, Zambrano formó parte del grupo legislativo que, con un procedimiento exprés, validó su continuidad en el cargo. La maniobra permitió que Chinchilla permaneciera como titular del Ministerio Público hasta 2023, en un período caracterizado por la inacción ante los grandes casos de corrupción que sacudieron al país.
Pero la participación de Zambrano en episodios de manipulación legislativa no terminó ahí. Su implicación en el caso «Fe de Erratas» lo llevó al escrutinio judicial. En 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), con el respaldo de la MACCIH, presentó un requerimiento fiscal en su contra por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. La acusación se originó en la alteración de un decreto ya aprobado por el Congreso Nacional, mediante la inclusión de un artículo que limitaba la capacidad del Ministerio Público para investigar a diputados y otros funcionarios sin una auditoría previa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
A pesar de la solidez de la denuncia, en junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dirigida en ese entonces por un aliado de los nacionalistas, dictó un sobreseimiento definitivo a su favor, cerrando cualquier posibilidad de que enfrentara consecuencias legales. La decisión, predecible dentro de un sistema judicial permeado por influencias políticas, le permitió continuar ejerciendo como legislador sin impedimentos.
A pesar de estas controversias, estos y otros legisladores que han reducido su paso por el Congreso a una mera formalidad—sin iniciativas tangibles en beneficio de la ciudadanía, pero con una disposición inquebrantable para respaldar proyectos de dudosa legalidad—buscan prolongar su permanencia en la legislatura por un periodo más.
En este panorama, el Congreso ha sido objeto de reproches por su inactividad. Entre enero y agosto de 2023, los diputados acumularon apenas 146 horas en 45 sesiones, una cifra que contrasta de manera abismal con los casi 52 millones de lempiras mensuales destinados a sueldos, viáticos y gastos operativos. La desproporción entre los recursos erogados y la escasa producción legislativa ha avivado el escepticismo sobre la utilidad de este Poder del Estado y la pertinencia de sus actuales integrantes.
Cada diputado propietario percibe un salario mensual de 90,892.42 lempiras, lo que equivale a más de 1.09 millones de lempiras en cuatro años. Sin embargo, la inercia legislativa y la falta de avances en materia de transparencia han alimentado el desencanto ciudadano, exponiendo un Congreso más preocupado por su propia continuidad que por responder a las urgencias del país.
Con las elecciones primarias en el horizonte, la ciudadanía enfrenta la disyuntiva de mantener en el poder a quienes han reducido la labor legislativa a un ejercicio simbólico o decantarse por opciones que desafíen la inercia parlamentaria. En un escenario donde la credibilidad institucional se erosiona con cada omisión deliberada, el voto se convierte en el último recurso para redefinir la naturaleza del Congreso: un pilar legislativo o un club de intereses perpetuos.
Tras el análisis de los registros legislativos, Criterio.hn expone a un grupo de diputados que, pese a su prolongada trayectoria en el Congreso Nacional, han respaldado decretos que favorecen la impunidad o han obstaculizado iniciativas clave en la lucha contra la corrupción. Aun así, buscan prolongar su permanencia en el poder en las próximas elecciones, apelando estrategias que diluyen su historial legislativo ante una ciudadanía que enfrenta un panorama electoral dominado por las tres principales fuerzas políticas que definirán el rumbo del país en el período 2026-2030.
Gabriela Blen, integrante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), cuestiona el papel del Congreso y la permanencia de diputados que han convertido ese poder del Estado en un centro de acuerdos políticos al margen del interés ciudadano.
«Ser diputado en Honduras se ha convertido en una oportunidad para salir de la pobreza para algunos, y para otros, en un medio para beneficiar al crimen organizado», dijo Blen en conversaciones con Criterio.hn.
Lo expuesto por Blen se complementa con la realidad. Ejemplo de ello es Fredy Nájera, quien fue diputado por el Partido Liberal en el período 2006-2010 y condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión por conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas.
También está Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández y diputado del Partido Nacional entre 2014 y 2018, fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico, porte ilegal de armas y otros delitos.
Artículo sugerido: ¿Dónde está la coca?: Cifras de incautación de cocaína no cuadran en Honduras
Midence Oquelí Martínez Turcios, exdiputado del Partido Liberal por Colón, fue extraditado en 2023 y se declaró culpable de conspiración para traficar drogas. De acuerdo con la información, recibió más de un millón de dólares del narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias «El Cachiro«, para financiar sus campañas políticas.
Y, entre los que no estuvieron vinculados con narcotráfico y crimen organizado, pero que no contribuyeron desde el Legislativo al pueblo hondureño, está José «El Alero» Villanueva, electo diputado por el Partido Nacional para el período 2018-2022. Entre sus pocas iniciativas estuvieron la creación de una policía cibernética, recreación para la tercera edad, propuestas que no se materializaron.
El listado de ejemplos podría extenderse aún más, pero lo relevante es la advertencia de Blen de cara a las contiendas electorales, que definirán si el país toma un rumbo distinto o permanece en la misma senda. Considera que la ciudadanía tiene la responsabilidad de cuestionar y analizar a quienes son estos diputados que buscan la reelección. «Si el Congreso no cambia, la corrupción seguirá intacta y la situación del país se deteriorará aún más», advierte.
