Interponen recurso de habeas corpus porque autoridades del Instituto Nacional Penitenciario no acatan dos resoluciones judiciales que ordenan su traslado a cárcel de Olanchito
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –Defensores de derechos humanos advirtieron este lunes que la vida de los ambientalistas de la comunidad de Guapinol, del municipio de Tocoa, Colón—que están privados de su libertad en una cárcel de máxima seguridad—está en riesgo.
Los líderes comunitarios se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad, conocida como “La Tolva”, en el municipio Morocelí, El Paraíso, pese a que existen dos resoluciones judiciales que exige su traslado a la cárcel de Olanchito, en el departamento de Yoro.
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A raíz del incumplimiento, la defensa de los ambientalistas interpuso este lunes un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) cumpla una resolución de un juez de ejecución de Danlí, El Paraíso, que el pasado 13 de septiembre ratificó la decisión de la jueza de jurisdicción nacional, Lizeth Vallecillo, que el 1 de septiembre pasado ordenó el traslado de los privados de libertad a la cárcel de Olanchito.
Pese a la determinación judicial, las autoridades del INP han advertido a la defensa de los ambientalistas que no acatarán lo dispuesto porque la ley las ampara para determinar el centro penitenciario donde deben ser enviados los procesados.
El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y miembro de la defensa de los ambientalistas, Edy Tábora, dijo a CRITERIO que desafortunadamente el INP está actuando de manera arbitraria y discrecional.
Añadió que la institución penitenciaria goza de una serie de facultades que le ha otorgado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, las que invocan sus autoridades para no acatar las resoluciones judiciales.
Tábora apuntó que en un Estado de derecho los jueces son los encargados de determinar el lugar dónde se deben cumplir las penas, hacer traslados o determinar otras circunstancias relacionadas al estado procesal de los privados de libertad.
Los apoderados legales de los ambientalistas de Guapinol acudieron al Poder Judicial alarmados por el asesinato dentro de la cárcel de máxima seguridad, conocida como El Pozo, de Nery Orlando López Sanabria, quien se identificaba como Magdaleno Meza Funez, un supuesto socio del narcotraficante, Juan Antonio, alias “Tony” Hernández.
El director de C-Libre apuntó que la presentación del recurso de habeas es para denunciar públicamente sobre lo que les puede ocurrir a los defensores del medio ambiente de Guapinol, porque actualmente en Honduras existe un “narco-gobierno” y eso genera inseguridad.
Los ambientalistas se oponen a la construcción del proyecto minero ASP y ASP 1, concesionado a la empresa Los Pinares, propiedad de del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé.
En septiembre pasado, durante la audiencia inicial, la jueza Lizeth Vallecillo, decretó auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva contra: José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnol Javier Alemán Soriano, por suponerlos responsables de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad, en perjuicio de Santos Hernández Corea y por el delito de incendio agravado en perjuicio de la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V.
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Ten Cuidado, Edy.