Aunque el estado de excepción fue anunciado como una medida que reduciría los índices de violencia y criminalidad en el país, los resultados, a casi un año de su implementación, todavía no están siendo visibles y, muestra de ello, es que el número de víctimas en asesinatos múltiples ya superó al de 2022
Tegucigalpa, Honduras.- Las víctimas de los distintos homicidios múltiples hasta octubre de 2023 ya superaron a las de 2022 en un 38%, lo que refleja, según analistas, la ineficacia del estado de excepción que estará vigente hasta el 17 de noviembre del corriente año.
Durante 2023 se han contabilizado 39 asesinatos múltiples en diferentes partes de Honduras, que han dejado un saldo de 192 víctimas, mientras que, en 2022, se registró el mismo número de muertes múltiples, pero con 139 decesos, según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Esas cifras muestran que las víctimas en masacres han crecido en 38% (53 en cifras individuales) hasta el 26 de octubre de 2023 en comparación con el año anterior.
En 2023, los departamentos en los que más se registran asesinatos múltiples son Cortés, con 8, y Francisco Morazán, con la misma cantidad. Sin embargo, el número de víctimas, comparado entre ambos, se dispara, ya que en el centro del país se han contabilizado 74, mientras en el extremo norte sólo 40.
De acuerdo con la información, la mayoría de los asesinatos múltiples son orquestados y ejecutados por integrantes de las distintas maras y pandillas que mantienen su gobernanza en Honduras, mientras el resto sería por pleitos entre los integrantes de una misma familia.
“En el tema de estos homicidios múltiples no sólo es de estos grupos de crimen organizado, sino que muchas veces tienen que ver con riñas entre familias que provocan que se maten más de tres”, mencionó la coordinadora de OV-UNAH Migdonia Ayestas en pláticas con Criterion.hn.
Los números son alarmantes en función que, en Honduras, desde el 6 de diciembre de 2022, se aplicó un estado de excepción y, en el primer trimestre de este 2023, se implementó el plan “Solución Contra el Crimen” que ha ido adoptando nuevas medidas como la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en siete departamentos y en todos los centros penitenciarios del país.
Precisamente el estado de excepción, medida cuestionada porque violenta los derechos humanos de la población al suspender varias garantías constitucionales, se implementó para combatir la criminalidad y la violencia, pero hasta la fecha no se ha logrado conseguir ese objetivo.
“Esto genera miedo entre la población y muchas veces manda un mensaje a las autoridades que, a pesar de cualquier estrategia que se esté desarrollando en materia de seguridad, las actividades criminales se mantendrán, y las bandas criminales, maras y pandillas siguen y seguirán operando”, opinó Ayestas.
“Analizar las estrategias del Estado es complicado porque, si bien es cierto, se ha reducido la violencia homicida, pero hay otros delitos que se vuelven un problema, como es la delincuencia común, que obviamente se presentan día con día y no se denuncian”, agregó.
De acuerdo con los datos del Sistema Policial en Línea (Sepol), hasta el 19 de octubre de 2023, se han registrado 2, 349 asesinatos, en distintos puntos del país, 613 menos que los 2, 692 que se contabilizaron en 2022.
Por lo anterior, las autoridades de la Secretaría de Seguridad que dirige Gustavo Sánchez, quien desde junio tomó las riendas del ente armado, alardean que, gracias al estado de excepción, el índice de muertos disminuyó en un 20%, en comparación al 2022, pero analistas continúan sosteniendo que esa no es la alternativa, ya que la criminalidad continúa campante en el país.
Sin embargo, desde la implementación de estas medidas en materia de seguridad, la criminalidad se ha mantenido o hasta incrementado, precisamente en el rubro del transporte, ya que sigue siendo golpeado por el cobro de extorsión y, para combatir ese delito, fue que se implementó el estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022.
Y, aunque esta medida es constantemente cuestionada por defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones de sociedad civil, no sólo por vulnerar a la sociedad, sino por los pocos resultados, las autoridades de Seguridad mantienen la postura de seguir extendiéndolo por periodos de 45 días.
Respecto a mantener extendiendo el estado, el portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid argumentó que: “algo que se practique y tenga efectividad no debe ser cambiado. Los únicos que están contrarrestando las actividades de seguridad son los delincuentes”.
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FALLA DESCUBIERTA EN EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Después de analizar datos de la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP), Criterio.hn descubrió que en los primeros seis meses de vigencia del estado de excepción el 81% de los posibles criminales arrestados, fueron liberados porque no tenían pruebas en su contra, algo que pone en duda el método de ejecución de esta medida.
Desde el 6 de diciembre de 2022, hasta el 31 de mayo de 2023, la Policía Nacional arrestó a 4, 033 posibles criminales, pero de ese número 3, 280 fueron puestas en libertad, mientras sólo el 19% (753) fueron requeridos por el ente investigador para llevarlo a los tribunales del Poder Judicial.
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También se descubrió que elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público han sido denunciados ante el Ministerio Público en este 2023 por distintos hechos, como el uso de la fuerza para capturar a una persona, delito que posiblemente cometen amparados en las facultades que les otorga el estado de excepción.
Con el estado de excepción se levantan las garantías establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República. En pocas palabras con esta rigurosa medida, los uniformados están facultados para hacer capturas y allanamientos sin tener una orden previa emitida por un juez.
