Víctimas de estafa de Koriun exigen frente a Casa Presidencial la devolución de su dinero

Entre avances en la investigación judicial y el incumplimiento de compromisos gubernamentales, la desesperación y la presión de los afectados por Koriun Inversiones se intensifican, exigiendo que las autoridades respondan y garanticen la devolución de los fondos perdidos

Tegucigalpa, Honduras. – Desde la zona norte de Honduras decenas de ciudadanos, que se reconocen como víctimas de la estafa conocida como “Koriun Inversiones”, mantienen una protesta frente a Casa Presidencial, exigiendo a la presidenta Xiomara Castro cumplir la promesa de gestionar la devolución del dinero que invirtieron en la empresa fachada.

“Estamos decididos a quedarnos aquí hasta recibir una respuesta concreta. Han jugado con nuestro dinero y con la esperanza de miles de familias”, expresó un vocero de los afectados, quienes denuncian haber perdido sus ahorros de toda la vida tras ser atraídos con promesas de altos y rápidos rendimientos por Koriun Inversiones. 

Los manifestantes, originarios de Choloma, otras regiones de Cortés, Olancho, Copán y diversos departamentos del país, con la advertencia de que no se marcharían del lugar hasta ser recibidos personalmente por la mandataria o una comisión oficial que les ofrezca una solución. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Santiago Palma, quien formó parte de la comisión que ingresó a dialogar a la Casa Presidencia, señaló que no tuvieron respuestas positivas tras la reunión sostenida como una comisión especial por parte del gobierno.

De acuerdo con Palma, les informaron que se esta llevando a cabo el proceso de investigación. “No fue una reunión de respuestas contundentes que venga a favorecer a esta ciudadanía que ha sido afectada por este caso emblemático”, refirió. 

Santiago Palma, vocero de los estafados por Korium. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Informó además que, que el gobierno se comprometió a sostener una reunión en Consejo de ministros para revisar de qué manera iban a ayudar a las personas más vulnerables.

 Aunque la reunión no brindó las respuestas esperadas, se acordó programar un nuevo encuentro para el próximo 26 de agosto. En esa fecha, los afectados de Koriun esperan recibir una propuesta concreta sobre cómo se devolverá el dinero.

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AMPLÍAN REQUERIMIENTO FISCAL

En paralelo a la protesta, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), amplió este 31 de julio el requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra los administradores de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos. Ambos ya enfrentaban acusaciones previas de asociación para delinquir.

La Fiscalía señala que Gómez Guevara no ha justificado la procedencia lícita de más de 7.3 millones de lempiras, mientras que García Ríos presenta irregularidades por más de 1.5 millones. Esta acción se suma a la ampliación de cargos presentada el pasado 27 de junio por los delitos de asociación para delinquir y lavado de activos contra el gerente nacional de la empresa, Iván Abad Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y Marco Abel Villeda Galdámez, así como otros responsables en sucursales de La Entrada, Copán; Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso.

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UN FRAUDE PIRAMIDAL QUE IMPACTÓ A MILES

Las investigaciones, de acuerdo con el Ministerio Público, confirman que Koriun Inversiones, utilizando técnicas propias de los esquemas Ponzi, captó de forma ilegal fondos de aproximadamente 34,000 personas a nivel nacional, prometiendo rentabilidades semanales del 5%, equivalentes hasta al 20% mensual. Estas rentas nunca tuvieron respaldo financiero real.

Hasta la fecha, permanece una enorme incertidumbre sobre el paradero del dinero incautado a Koriun Inversiones y los fondos que fueron retirados de varias entidades bancarias en operativos especiales, donde destacaron los vehículos blindados Black Mamba de la Policía Nacional.

Aunque en su momento se reportó la intervención y aseguramiento de más de 358 millones de lempiras en efectivo, así como el retiro y traslado de al menos 69 millones de cuentas bancarias, ninguna autoridad ha dado una rendición clara ni pública sobre el destino final de esos recursos. Tampoco existe constancia de que los montos hayan sido realmente entregados a los afectados, lo que alimenta la desconfianza y el reclamo social.

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