El que no exista en Honduras una ley que regule los recursos asignados para publicidad y propaganda oficial, impide determinar bajo qué tipo penal podrían estar siendo requeridos los comunicadores, dice el especialista en derecho penal, Edy Tábora
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Que Hilda Hernández, prometiera verbalmente, a más de 70 periodistas de diferentes medios de comunicación radial y televisiva ser beneficiados con cheques depositados en sus cuentas, les involucra en el último requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción, (UFERCO), dependencia del Ministerio Público, MP.
Según el ente investigador, 77 comunicadores habrían recibido montos millonarios de la empresa Servicios e Inversiones AID, para que “emitieran opiniones favorables respecto a la gestión del presidente Juan Hernández, hermano de la titular de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, Hilda Hernández, sin existir ningún vínculo con la misma”.
En una nueva línea de investigación, relacionado con el caso “Pandora”, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) adscrita a la UFERCO, identificó la existencia de la empresa ficticia, Servicios e Inversiones AID e indagó sobre los fondos manejados en la cuenta de cheques número 10111000856 de Banco Atlántida, a nombre de José Adolfo Sierra Morales.
Sierra Morales, por encargo de la subjefe de Presupuesto de la secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, se constituyó comerciante individual para “ejercer actos de comercio” bajo la citada razón social, Servicios e Inversiones AID.
Una vez que la fallecida hermana del presidente, Juan Hernández, Hilda Hernández fue nombrada en el cargo de ministra de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, se le informó al motorista José Adolfo Sierra Morales, que su empresa operaría desde la sede del Poder Ejecutivo.
En el requerimiento fiscal, la UFERCO constantemente se refiere a la cuenta de cheques 10111000856 de Banco Atlántida, de donde entre 2014 y 2017, se emitieron 2175 cheques a nombre de 95 beneficiarios, entre personas naturales y jurídicas.
Precisamente, dentro de estas personas naturales, surgen los nombres de 77 periodistas con sus respectivas cuentas de ahorro en el sistema bancario nacional, señalados como depositarios de millonarias cantidades de dinero por concepto de “publicidad y propaganda”, sin tener vínculo alguno con la empresa Servicios e Inversiones AID.
La UFERCO, además, analizó que los pagos a periodistas se empezaron a realizar de manera “sistemática” una vez que tomó posesión de la Presidencia, Juan Hernández, en el año 2014.
En ese listado, figuran reconocidos comunicadores, aspirantes a diputados por los movimientos en contienda del Partido Nacional; otros reconocidos radio-periodistas de legendarias cadenas nacionales de noticias y hasta catedráticos de la Escuela de Periodismo.
Periodistas beneficiados con los fondos de origen ilícito manejados a través de la empresa Servicios e Inversiones AID:
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CONTRATACIONES DIRECTAS Y FRACCIONAMIENTOS DE CONTRATOS
Para la UFERCO, en el proceso de contratación investigado, no se encontró documentación que evidencie que éste se haya realizado mediante licitación pública, tal como lo establecían las disposiciones generales del presupuesto vigentes para los años 2014, 2015 y 2016, ni resolución o acuerdo mediante el cual se autorizara realizar compras directas en Casa Presidencial.
Asimismo, se determinó fraccionamiento en el objeto del contrato de manera que para el año 2014 se suscribieron siete contratos, tres con vigencia trimestral y cuatro con vigencia mensual); para el año 2015 se celebraron doce (con vigencia mensual) y para el año 2016 se celebraron diez; todos suscritos bajo la modalidad de contratación directa y con el mismo objeto: «servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional a Casa Presidencial”.
La Gerencia Administrativa de Casa de Gobierno, informó que, durante dicho periodo, el procedimiento que se seguía para contratar con los proveedores de publicidad era la de contratación directa mediante la remisión de contrato y autorización de orden de pago por parte del Despacho de Comunicaciones y Estrategia.
Para el MP, a través de la UFERCO, por los montos y el objeto de los contratos, las contrataciones entre Casa Presidencial y la empresa individual Servicios e Inversiones AID/José Adolfo Sierra fueron realizadas “incumpliendo lo establecido en los artículos 23, 24, 25, 63, sección tercera, de la Ley de Contrataciones del Estado; artículo 54 de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2014, articulo 62 de las disposiciones presupuestarias del 2015 y artículo 66 de las disposiciones presupuestarias del 2016, pues, para el 2014, el monto máximo para contracción directa era de L. 470,000,01, y L. 550,000.01 para los años 2015 y 2016”.
Entre tanto, en el caso específico, de proveedores de servicios de publicidad, el procedimiento de pago se iniciaba cuando el despacho de Comunicaciones y Estrategia (Hilda Hernández) remitía el contrato y autorizaban las órdenes de pago.
La elaboración, revisión y autorización de las órdenes de pago del año 2014 al 2018 eran realizadas por los departamentos de contabilidad y administración, subraya la UFERCO, en el documento de 117 páginas, presentado ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Del 27 de enero al 7 de marzo de 2014, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, ocupó el cargo de Gerente Administrativo de Casa Presidencial; y Harvis Edulfo Herrera Carballo, lo hizo del 03 de marzo del 2014 a la fecha.
En el mismo período investigado, la contadora general, fue Lesly Mireya Funes Sierra, (3 de febrero del 2014); y la Coordinadora del Gabinete de Estrategia Presidencial y Directora de Comunicaciones de Gobierno con rango de Secretaria de Estado, entre 2014 y 2016, fue Hilda Rosario Hernández Alvarado.
El requerimiento fiscal, presentado por la UFERCO el pasado 22 de febrero, incluye los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, malversación de caudales públicos por cambio de destino, lavado de activos, entre otros, contra 11 funcionarios ligados a Casa Presidencial entre 2013 y 2018.
El abogado Santos Cruz, consultado sobre quién es el dueño de Servicios e Inversiones AID, dijo verse impedido en revelar su nombre por tratarse de “testigo protegido por el MP”, sin embargo, por el contenido del requerimiento fiscal, se deduce, es el mismo José Adolfo Sierra Morales.
La señalada empresa Servicios e Inversiones AID, se creó en 2013 exclusivamente para sustraer fondos del Estado y en su totalidad recibió 133 millones de lempiras, provenientes del Congreso Nacional y de Casa Presidencial.
Ahondó que 11 millones de lempiras ya están siendo imputados en el caso “corrupción sobre ruedas” y 122 millones de lempiras depositados en la ya desaparecida empresa Servicios e Inversiones AID, vinculados con este último requerimiento.
Que esta suma de dinero fue distribuida en pago a 77 personas dedicadas al periodismo, a la compra de vehículos y de terrenos, pago a empresas de transporte, adquisición de plantaciones de palma africana, enumeró.
Por el momento, el MP ha solicitado orden de captura contra 11 funcionarios de la administración Hernández Alvarado, sin descartar se sigan presentando solicitudes de requerimiento fiscal contra otros implicados y nuevas “líneas de investigación” que continuarán, según la UFERCO.
LA DENFENSA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS
En un comunicado, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) estableció que el requerimiento fiscal tiene como propósito hacer “escarnio público” de las figuras de algunos de sus colegas y manifestó no tener información oficial al respecto.
El requerimiento del MP presentado ante la secretaría general de la CSJ, una vez recibido, es de conocimiento público, los reporteros de la fuente judicial tienen acceso a tales documentos, de manera que el CPH, también podría acceder al mismo, sin contratiempos.
Los periodistas colegiados dicen “celebrar” la lucha por adecentar la corrupción, pero a la vez cuestionan la investigación que señala a varios de sus colegas y califican el ejercicio de la UFERCO como una acción “perversa y siniestra para generar odio, levantar cortinas de humo, obtener ganancias pírricas en la política vernácula para colocar en el paredón del linchamiento público a algunos colegas, con quienes nos solidarizamos”.
Algunos de los 77 periodistas señalados de obtener jugosas sumas de dinero por medio de la empresa Servicios e Inversiones AID integran la directiva del CPH, incluyendo el Tribunal de Honor de este; paradójicamente, otros son formadores de opinión en las aulas universitarias.
El CPH responsabiliza – sin precisar nombres – a quienes considera promotores de una campaña de odio, “de cualquier atentado atroz” que afecte a sus colegas y a sus familias.
Las autoridades del CPH aseguran que se mantendrán vigilantes para acompañar a los cerca de 80 periodistas en cuestión, pero no mencionaron que se presentarán ante la CSJ a verificar qué suscitó este novedoso escándalo de corrupción.
LA SANCIÓN QUEDARÁ EN LO MORAL
En un mar de corrupción, hay dos actores: los que corrompen y aquellos que se dejan corromper, según el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación, y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC), Joaquín Mejía.
El régimen de Juan Hernández no ha sido incomodado por los periodistas, que han dejado su obligación democrática, al falsear la verdad o encubrir la misma, violentando el derecho a la libertad de expresión del pueblo hondureño: Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación, y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC).
Participan en esta clase de hechos, actores intelectuales y materiales, en donde la prensa juega el papel de “encubridores”, continuó Mejía.
Consultado si la implicación de 77 comunicadores en el desvío de fondos a través de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID, podría enfrentarlos con la justicia, estableció que en Honduras impera una “justicia selectiva”.
En este contexto, Honduras cuenta con un Ministerio Público fraccionado en dos: el representado por la UFERCO, bajo el liderazgo de Luis Santos y el que es liderado por el Fiscal General Oscar Chinchilla, que ha cercenado la actuación de la UFERCO, con la reducción de personal, recorte de presupuesto, entre otros beneficios coartados para su funcionamiento en la lucha contra la corrupción, indicó el también profesional del derecho y experto en derechos humanos.
Según Mejía, los periodistas mencionados por la UFERCO conseguirán con seguridad una “sanción moral” por parte de la sociedad hondureña, más considera difícil que se les aplique la ley, como se demanda.
Indicó que es “autoritarismo” de los periodistas y medios influyentes aseverar que ellos sí son confiables por los años que tiene de estar en el aire, a fin de mantener desinformado al pueblo hondureño.
Atentan contra la libertad de expresión, quienes pretenden alzarse como los únicos dueños de la verdad y continuar siendo complacientes con el régimen, aseveró.
Según Mejía, “con este requerimiento, la UFERCO está indicando que estos 77 periodistas están en actos de corrupción” y lo más grave es que se trata de “moldeadores de la opinión pública”.
En opinión del co-director del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora la UFERCO no estableció claramente la participación criminosa de los periodistas en ese requerimiento fiscal; deja un vacío en la interpretación jurídica sobre qué debería proceder contra éstos.
El MP, tampoco aclara el tipo penal que podría aplicárseles, pero sí que el dinero tiene un origen ilícito y la contratación de publicidad sino tiene un sustento, ni se prueba que la misma se trasmitió, se trata de un delito.
La falta de una ley que regule la publicidad oficial permite la asignación en esta materia de manera arbitraria y el gobierno puede utilizar mecanismos de pauta publicitaria, sea que se preste o no el servicio como aparenta este caso.
Este experto en derecho penal reconoce que la acusación de la UFERCO conforme la relación de hechos y pruebas presentadas plantea la comisión de delitos, en una “trama” gestada desde la secretaría de Estrategia y Comunicación, en la que la gran ausente es Hilda Hernández.
Lo anterior, sugiere, que se busquen mecanismos de control para el discurso único, y uno de los recursos a los que acude este y muchos gobiernos, es la “pauta publicitaria”.
Honduras no cuenta con una ley de regulación de publicidad oficial, por tanto, cuando el MP presenta un caso de esta magnitud la pregunta es “qué se puede hacer”.
El entrevistado, estableció que cuando no hay regulación de publicidad oficial, hay asignación arbitraria de ésta, con el fin de implementar un discurso único, interpretadas como “censuras sutiles”, en donde no callan voces, sino que imponen una agenda mediática para replicar el discurso público.
Según el jurista, los delitos perpetrados en contra de la administración pública por los 11 funcionarios requeridos claramente están acreditados por el emplazamiento judicial y cuentan con similar metodología utilizada por Hilda Hernández -con la venia del presidente de la Republica – en el caso Pandora.
En ese caso, recordó se utilizaron empresas o fundaciones a las que se les asignaba fondos sin ningún procedimiento de contratación estatal, drenados hacia terceros: hoy fueron periodistas las personas naturales beneficiadas.
El ventilar nombres de periodistas en este último caso de corrupción, es el elemento relevante para la opinión pública, sin embargo, “hay que ser cuidadosos a nivel de discurso público, identificando quién es el mayor responsable de este hecho delictivo”, advirtió.
Para Tábora, este caso impacta en la sociedad pues cuestiona cómo se malversa el erario frente a tantas necesidades del pueblo por atender y conlleva un impacto democrático, por la necesidad de controlar el discurso público e imponerlo como “discurso único”, por quienes ostentan el poder.
Ese pretendido control mediático, genera una gran limitación a la libre difusión de las ideas e información, cuya responsabilidad recae en funcionarios públicos (Hilda Hernández).
Políticamente responsable es Juan Hernández porque fue su gobierno entre 2014 y 2018 el beneficiado; él dirige la administración y ejecución del presupuesto como titular del Poder Ejecutivo, según la Constitución de la República.
De momento es difícil establecer qué pasará con las personas que fueron beneficiadas de los fondos provenientes de un acto de corrupción, porque en el requerimiento el MP solamente establece que no hay justificación por el tema de publicidad de parte de los 77 periodistas.
En tal sentido, el defensor de derechos humanos sugiere analizar la situación de los periodistas, dado que muchos de ellos forman parte de medios de comunicación.
“Si no hay justificación para que hayan recibido esos pagos, los periodistas tienen una responsabilidad ética por la libertad de expresión; se dice que los medios de comunicación y los periodistas son muy importantes en la difusión de las ideas, en el pluralismo democrático, en la difusión y discusión de los asuntos de interés público, así que este involucramiento es meramente ético”: Edy Tábora, abogado especialista en derecho penal.
Los periodistas difunden el discurso del gobierno en vez de realizar una pauta publicitaria y eso es un asunto ético; si los periodistas recibieron fondos y no hubo a cambio una prestación de servicios de publicidad, hay un delito, asegura.
La contrapartida de una pauta publicitaria es que se difunda la publicidad: el caso de una campaña de vacunación en salud… si eso no se dio, hubo participación en un delito, arguyó.
Así, la única forma de establecer una responsabilidad penal por este acto a los periodistas es analizar la Ley de Contratación de la Administración Pública porque no existe una ley de regulación específica sobre este tema.
El MP no puede dejar solo a la interpretación los hechos ocurridos en cuanto a los periodistas, deben presentar elementos de prueba contra ese presunto ilícito, algo muy relevante para la ciudadanía.
Todavía no hay un hecho probado de la comisión del delito, sólo se prueba que los 77 periodistas recibieron los fondos de acuerdo con la acreditación de nombres, números de cuentas de cada uno de ellos, y las cantidades recibidas, fondos de origen ilícito y esto no significa que se trate de un delito.
En conclusión, los periodistas pueden alegar que no existe una normativa que regule la publicidad oficial y que el MP debe acreditar ante juzgados y ante la sociedad, la existencia o no de contratos de publicidad con los periodistas y definir el objeto de la relación contractual, de no existir éste, el MP que presente una acusación.
El caso presentado contra los 11 funcionarios está muy bien fundamentado, pero el gran problema es que los periodistas no están siendo acusados, pues ya conocemos cómo y de dónde se les generó recibir esos cuantiosos montos en moneda nacional.
Si esos fondos no tienen base contractual, es decir, un producto en este caso, una publicidad, el MP podría recurrir a la Ley de Privación de Dominio, para lo cual deberán presentarse las pruebas, caso contrario, los periodistas pueden ser llamados como testigos, explicó.
Para la recuperación de la sustracción de esos fondos, el MP también puede utilizar la Ley de Privación de Dominio, siempre acreditando que tales fondos no tienen un respaldo de contratación.
La lección aprendida para los hondureños radica en que la publicidad oficial debe ser regulada y se debe exigir a la institucionalidad que investigue la “Ley de Canje de Impuesto por Publicidad”, en la que podría presentarse un delito mayor que el caso Hermes, apuntó.
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La Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, más conocida como Ley de Canje Publicitario, entró en vigor en junio de 2013 luego de su aprobación en el Congreso Nacional cuando este poder del Estado era presidido por el actual presidente Juan Hernández.
Conocida popularmente como la Ley de Canje Publicitario, la normativa permite a los medios de comunicación ser acogidos por un régimen especial [del gobierno], que les permite canjear sus deudas concernientes al pago de impuestos y de servicios públicos y sus obligaciones presentes y futuras por dichos conceptos.
Es normal que toda persona que reciba fondos públicos rinda cuentas ante la sociedad, pues es de interés público las transacciones cuando se reciben fondos del erario nacional, dijo ante el planteamiento del CPH.
Tábora no cree que el MP esté interesado en perseguir a los periodistas, “quien los juzga es la sociedad, porque está descontenta con el enfoque de la línea editorial de los periodistas”.
En Honduras, se rompe el discurso oficial del gobierno con la existencia de medios alternativos que han venido a cambiar el panorama para la discusión de los temas de interés público, hay un antes y un después de los medios digitales, estableció.
El gran tema de imposición del discurso de la oficialidad, son los negocios entre las empresas difusoras de noticias y entretenimiento con el régimen y los periodistas están condicionados por las empresas mediáticas donde están los mayores intereses, puntualizó.
El humanista reiteró, que la UFERCO “tiene que explicarle a la sociedad más profundamente sobre el involucramiento de periodistas en el drenaje de fondos gestados desde Casa Presidencial mediante la empresa Servicios e Inversiones AID”.
El que no exista en el país una ley que regule los recursos asignados para publicidad y propaganda oficial, impide determinar bajo qué tipo penal podrían estar siendo requeridos los comunicadores.
“El MP está obligado a investigar en qué consiste la Ley de Canje del Impuesto por publicaciones, puesto que, en la ética de los periodistas, descansa la verdadera libertad de expresión”, finalizó.
