Tegucigalpa. Los últimos meses la crisis migratoria de tránsito se ha disparado en Honduras, el Instituto Nacional de Migración (INM), registra desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre del presente año a Honduras han ingresado un aproximado de 93,266 personas migrantes irregulares.

Los mismos han denunciado en reiteradas ocasiones ser víctimas de múltiples abusos por elementos de la Policía Nacional asignados a puntos fronterizos por donde obligatoriamente los migrantes tienen que transitar, sin embargo, hasta la fecha solo se conoce de la suspensión de uno de los abusadores.

Los migrantes han buscado denunciar los atropellos de diferentes formas, al no ser escuchados por las autoridades competentes, los últimos días ellos denunciaron a través de sus redes sociales a los uniformados en donde se ve que les hacen cobros ilegales e indebidos.

Esta crisis migratoria es un escenario que no se había registrado los últimos años en el país, se estima que en lo que va de 2022 han ingresado más de 120 mil personas migrantes irregulares en tránsito por Honduras, situación que ha desbordado las capacidades institucionales, y que, además, ha servido para que personas inhumanas se aprovechen de la situación que viven los migrantes en tránsito.

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A diario se ven denuncias de migrantes de diferentes nacionalidades inconformes con los cobros que les hacen en las zonas fronterizas, ellos se quejan del cobro de la sanción administrativa impuesta por el INM, también denuncian a los uniformados porque abusan y vulneran sus derechos como ciudadanos, pese a estas denuncias hasta la fecha no ha habido autoridad competente que investigue sobre dichas denuncias.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), solicitó de manera urgente a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) y al Ministerio Público para que investiguen y se proceda contra los miembros de la policía hondureña que, abusando de su autoridad, realizan cobros ilegales a las personas migrantes que transitan por territorio hondureño.

A criterio de la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Jimena García, la Didadpol debería estar al día de las investigaciones de los policías denunciados para que se les aplique la sanción que corresponde y de esta manera se eviten más abusos cometidos a la población en tránsito por elementos policiales.

En entrevista con Criterio.hn García manifestó que en la institución policial hay muchos elementos que ni siquiera conocen la Ley de Vialidad y es ahí donde se vuelve complicado que conozcan sobre los derechos de los migrantes en tránsito o de los ciudadanos como tal, agregó que debe haber elementos profesionalizados en el tema para que conozcan más sobre el respeto a los derechos humanos.

García repudió el hecho que policías y militares y diferentes “autoridades” extorsionen a los migrantes de paso, pues Honduras también es un país expulsor y como tal deberían respetarse más los derechos de las personas migrantes.

CONADEH CONDENA ACTITUD POLICIAL

El Conadeh también condenó y rechazó contundentemente la actitud de esos policías que le están cobrando a las personas migrantes ya que no solo se constituye en una violación a los derechos humanos, sino que en un delito porque están abusando de su autoridad y, de allí, la importancia que se proceda contra esas autoridades.

Según datos recopilados por el Conadeh el 77% de las personas migrantes irregulares que transitan por el municipio de Trojes son de nacionalidad cubana 17,360 y de Venezuela 10,288, mientras que el 89% de los migrantes irregulares que se registraron en Danlí, El Paraíso son de Venezuela 31,209, Cuba 13,363, Haití 3,815 y Ecuador 2,827.

También hicieron registro biométrico, en el departamento de El Paraíso, migrantes irregulares de Colombia, República Dominicana, Angola, Senegal, Brasil, India, Afganistán y Bangladés.

Los migrantes en tránsito han denunciado que, aunque viajen con su boleta de excepción de la sanción administrativa, por ingreso irregular, muchas veces elementos policiales también les cobran por permitirles el ingreso, situación que se convierte en abuso de autoridad y en un delito cometido por los elementos policiales fronterizos por el cual deberían enfrentar cargos y aplicarles la sanción que corresponde.

Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía no sirve de mucho que el Instituto Técnico Policial (ITP), cuente con una buena currícula y a que esta se haya reformado con un enfoque de derechos humanos y con enfoque de Policía Comunitaria si al egresar los elementos policiales se encuentran con una policía corrupta y que no respeta los derechos de las personas.

Mejía manifestó a Criterio.hn que se le está enseñando a los policías egresados del ITP a colaborar en acciones salvajes y militarizadas y que, además, la institución es una policía vertical y vinculada en actos ilícitos.

Los migrantes en tránsito han vivido en carne propia los abusos de muchos hondureños, por los elementos de “seguridad del Estado”, oficiales de migración y encima de esto también el sector transporte se está aprovechando de ellos, el Conadeh también recomendó al Instituto Nacional del Transporte, (INT), que cuando una persona migrante aborde el transporte sea tratada con el debido respeto inherente a sus derechos humanos.

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Por su parte el delegado departamental del Conadeh en el departamento de El Paraíso en entrevista con Criterio.hn Willian Yánez manifestó que le están dando seguimiento a cada una de las denuncias interpuestas, tanto a las que involucran a empleados del INM como a elementos de la policía y a oficiales de frontera.

Yánez mencionó que ellos solicitaron como institución el relevo de algunos elementos delegados y empleados de migración en el municipio de Trojes porque habían sido denunciados por diferentes migrantes y el cambio ya se hizo efectivo.

 “Esperamos que la Secretaría de Seguridad haga las investigaciones correspondientes de las denuncias que ha remitido el Conadeh y otras organizaciones y que suspendan a los elementos infractores y aparte que el Ministerio Público abra un expediente con requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad”.

El equipo de Criterio.hn solicitó entrevista con las autoridades de la Policía Nacional, sin embargo, dicha petición no tuvo éxito. Es importante mencionar que esta negación es reiterativa por parte de miembros encargados de la oficina de comunicaciones de esta institución.

De igual forma se requirió entrevista con la directora de la Didadpol Marcela Amaya, a través de la oficina de comunicaciones, sin embargo, al cierre de esta nota la entrevista no fue concretada.