Tegucigalpa.- Más 76 mil personas afectadas, 16,254 de ellas evacuadas, en 742 comunidades de 161 municipios, dejó la tormenta tropical Julia tras su paso por Honduras, según datos proporcionados por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).
En Honduras se vive en eterna vulnerabilidad sin que se ejecuten planes de rehabilitación y prevención a largo plazo, únicamente diseñando proyectos que no son construidos o haciendo obras que intentan tapar una gotera, cuando el techo entero tiene filtraciones.
El huracán Mitch en 1998, las tormentas Eta y Iota en 2020, son los principales fenómenos meteorológicos que vienen a la mente cuando se piensa en la vulnerabilidad del país, pero entre el Mitch y Eta pasaron más de veinte años sin que realmente se aborde la fragilidad del país ante eventos climáticos que han provocado cientos de inundaciones y deslizamientos.
Previo a que entrara a Honduras la tormenta Julia, el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya Castro, posteó un tuit en el que publicitaba su visita de supervisión de obras de mitigación en el Valle de Sula, acompañado por el asesor presidencial y padre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, específicamente la reparación de bordos. No obstante, reparar bordos en medio de la temporada de lluvias es poco efectivo.
Claro, el problema no es de este año, sino que es una preocupación ciudadana heredada de más dos décadas en las que han pasado administraciones del Partido Nacional y Partido Liberal, sin que nada se resuelva y con la esperanza de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) sea diferente.
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Sin especificar nombres, el integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), el padre Ismael Moreno, publicó una reflexión en su cuenta de Twitter en la que hace un llamado sobre el propósito y la viabilidad de construir bordos en medio de la temporada lluviosa.
TRABAJAR A LARGO PLAZO EN PREVENCIÓN PARA REDUCIR VULNERABILIDAD
En conversación con Criterio.hn, el padre Ismael Moreno especificó que se debe trabajar en un plan que responda en primer lugar a las necesidades urgentes de la ciudadanía afectada, seguida por un periodo de rehabilitación a mediano tiempo y finalmente, a largo plazo, la preparación de cara a futuros temporales de lluvia de forma que cada año se vayan reduciendo las afectaciones.
Moreno señaló que el gobierno actualmente está haciendo los esfuerzos para responder al primer punto, “atender a las poblaciones que han sido víctimas inmediatas de las inundaciones, dentro del marco de un plan de emergencia que, de respuestas a las necesidades de alimentación, de salud, de albergues, de aguas”.
No obstante, advirtió que se requieren más acciones a mediano y largo plazo. Un segundo escalón en el plan sería que gobiernos, municipalidades y diversos actores que integran la sociedad se preocupen por la etapa de rehabilitación.
“No nos quedemos en el alboroto de la emergencia, sino que avancemos a dar respuestas a la rehabilitación que viene inmediatamente después de la emergencia y puede llevar los siguientes seis meses”, comentó el sacerdote jesuita, conocido popularmente como padre Melo.
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Indicó que, de ser ejecutado, este proceso podría llevar lo queda del año y probablemente extenderse al primer trimestre del año 2023. Esta etapa, sí tiene que ver “con la construcción de bordos, detener las amenazas en las cuencas de los ríos, especialmente del río Ulúa y del río Chamelecón en el Valle de Sula, para mitigar las amenazas”.
La tercera fase, que detalló es sumamente importante, implica preparar un plan de prevención que de respuestas a largo plazo frente a los temporales del 2023 y próximos años. De forma que “la población esté con más capacidad para resistir a los embates de la naturaleza” y que cada año se avance en tener más prevención y menos damnificados.
La consigna manifestó debe ser: “menos damnificados cada año y más obras de prevención que contribuyan a que haya menos daños […] y se capitalice, incluso, las lluvias para hacer más fuerte la capacidad de impulsar los procesos de transformación, especialmente en zonas donde está la amenaza de los ríos después o inmediatamente después de huracanes y de tormentas”.
ANTECEDENTES
El 24 de septiembre de este año, se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-24 2022, mediante el cual la presidenta Xiomara Castro en consejo de ministros declaró en estado de emergencia todo el territorio nacional por un periodo de noventa días, que se estima durará la temporada ciclónica en los 18 departamentos de Honduras.
Mediante este decreto, en el artículo 4 se autorizan “las contrataciones directas de obras, bienes, y servicios necesarios para atender la presente emergencia” a las Secretarías de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, conocida como Copeco; la Secretaría de de Infraestructura y Transporte (SIT); el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS); y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
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Teniendo en cuenta que las contrataciones directas han sido un canal recurrente en cuanto a corrupción se refiere, queda por ver la transparencia con la que se está trabajando para atender las necesidades de la población vulnerabilizada por los temporales de lluvias y décadas de ausencia en planificación municipal y estatal.
Si bien el gobierno ha dirigido la mirada a la construcción de las represas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos, en respuesta a las recurrentes inundaciones del Valle de Sula, de acuerdo a expertos la construcción de estos proyectos podría tardar un mínimo de cinco años, sin tomar en cuenta las afectaciones ambientales que podrían provocar.
