Ivonne Ardón, comisionada de Unidad de Política Limpia, reconoce que existen desafíos para rastrear el financiamiento de dinero en efectivo proveniente de narcotraficantes a las campañas electorales.
El desfile de testigos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, detallaron cómo el narcotráfico y el crimen organizado han venido financiando a los políticos a cambio de protección e información para los cargamentos de cocaína hacia suelo estadounidense.
Tegucigalpa, Honduras. –La comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), Ivonne Ardón, admitió que resulta prácticamente imposible rastrear el flujo de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico y del crimen organizado hacia las campañas electorales.
Aunque en Honduras, no es algo nuevo que narcotraficantes han financiado a varios candidatos a cargos de elección popular. Durante el histórico juicio contra el expresidente, Juan Orlando Hernández, narcotraficantes hondureños y extranjeros, presos en Estados Unidos, revelaron cómo financiaron las campañas políticas de varios políticos hondureños.
Estas declaraciones dejaron un total de 28 hondureños –políticos, exfuncionarios y empresarios—, señalados de estar vinculados con el narcotráfico, varios de ellos recibiendo dinero para impulsar sus carreras políticas.
Entre los nombres más destacados, se encuentran los de los expresidentes, José Manuel Zelaya (2006-2009), Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) y el mismo Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), este último declarado culpable por delitos relacionados a la narcoactividad.
Retomando las declaraciones de la comisionada de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, quien admitió que “es difícil” identificar si un precandidato está recibiendo dinero en efectivo del narcotráfico.
Además, habló sobre la importancia de implementar reformas legislativas para fortalecer los mecanismos de supervisión y control en el financiamiento político. Sin embargo, también subrayó la necesidad de crear conciencia tanto en los partidos políticos como en los ciudadanos sobre la importancia de la transparencia en el proceso electoral.
Destacó la importancia del trabajo conjunto con las comunidades para obtener información relevante sobre posibles irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas.
“Este no es un trabajo que pueda ser realizado únicamente por una institución. Requiere la colaboración de todas las instituciones pertinentes, así como el compromiso activo de la sociedad”, manifestó.
En cuanto al proceso de bancarización, la comisionada señaló que este aspecto es fundamental para el seguimiento del flujo de fondos en las campañas electorales. Sin embargo, reconoció que, si el sistema financiero no facilita la apertura de cuentas bancarias para los candidatos, el rastreo de los fondos ilícitos se vuelve aún más difícil.
“Si ese brazo de la sociedad, no acompaña todos estos procedimientos difícilmente vamos a lograr identificar el origen de los recursos con el que se financian las campañas electorales”, expresó la comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón.
Las declaraciones de la comisionada han reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento político, así como de promover una mayor participación y vigilancia por parte de la sociedad civil en los procesos electorales. En este sentido, se espera que estas revelaciones impulsen acciones concretas para garantizar la integridad y legitimidad de los procesos electorales en el país.
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DEBILIDAD LEGAL E INSTITUCIONAL
A juicio de analistas esta declaración se puede tomar como falta de capacidad legal o institucional por parte de la Unidad de Política Limpia, ya que no deja de ser cierta que la detección de dinero en efectivo, que proviene del crimen organizado es destinada a financiar las actividades políticas de ciertos precandidatos a cargos de elección popular, es un tema complicad.
El abogado y analista político, Henry Salinas, dijo estar parcialmente de acuerdo con la comisionada Ivonne Ardón, pero no es excusa para no cumplir con la función primordial de esa institución, la cual consiste en la fiscalización de fondos para campañas electorales.
Asimismo, se refirió a la debilidad de la normativa y la poca independencia de la Unidad de Política Limpia, contribuyen a la poca efectividad a la hora de fiscalizar las aportaciones financieras de los diferentes candidatos a cargos de elección popular.
“El tema de las sanciones que exclusivamente esta ley prevé nada más sanciones pecuniarias, y pues al final a estas personas que reciben dinero proveniente de actividades del crimen organizado en campañas electorales, le sale más barato pagar una multa que dar una declaración de cuántos millones se manejó en su campaña”, manifestó el jurista.
En conversación con este medio digital el profesional del derecho señaló que la Unidad de Política Limpia tienen que buscar alianzas o colaboraciones con otras instituciones fiscalizadoras y electorales, para que puedan garantizar un rol más beligerante y preponderante a la hora de actuar.
Entre tanto, el analista político y abogado, Lester Ramírez, opinó que, aunque es complicado el rastreo de dinero ilícito en efectivo es complicado, lo ideal es prevenir que este ingrese a las campañas electorales.
“Lo que se suele hacer en estos casos por eso la unidad política limpia debe focalizarse en la parte preventiva, pero ¿cómo prevenir? Un ejemplo sería analizar los antecedentes de los candidatos que se inscriben en los procesos de elecciones primarias. Además, se debe ver el tipo de campañas que hizo y ver de qué municipio son”, puntualizó.
Añadió que estos elementos pueden ser disparadores que el dinero del crimen organizado se ha infiltrado, ya que hay municipios que viven en pobreza extrema y no es acorde a las millonarias campañas electorales de los candidatos a alcaldes o diputados.
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NARCOS HONDUREÑOS, COLOMBIANOS Y MEXICANOS FINANCIARON CARRERA POLÍTICA DE JOH
El sexto testigo presentado por la Fiscalía, el colombiano de seudónimo «Luis Pérez», un narcotraficante con vínculos con el cártel de Sinaloa, declaró el pasado 26 de febrero de 2024, que entregó 2.4 millones de dólares a Juan Orlando Hernández como financiamiento para su campaña previa a las elecciones generales de noviembre de 2013.
Durante el interrogatorio liderado por la fiscal Elinor Tarlow, Pérez, quien se trataría de Alexander Monroy Murillo, según informó el periodista Jeff Ernst, confesó haber contribuido con pagos para la campaña de Hernández. «Sí, en 2013. Pagué 2.4 millones de dólares», admitió.
El narcotraficante colombiano, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2015, declarándose culpable y siendo sentenciado a 75 meses, aseguró que el contacto con el alto funcionario hondureño se lo facilitó el exdiputado del Partido Liberal, Fredy Nájera, y Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa.
Asimismo, en octubre de 2019, el exalcalde de El Florido, Copán, Amílcar Alexander Chande Ardón, declaró ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el juicio al exdiputado nacionalista Juan Antonio Tony Hernández, haber financiado la campaña política del expresidente Juan Orlando Hernández.
Ardón también fue acusado y declarado culpable por traficar droga hacia Estados Unidos, precisó que pagó sobornos al expresidente hondureño para garantizar su reelección en noviembre de 2017. Para dicho propósito reveló que aportó USD 500.000 para financiar la campaña de Hernández en el departamento de Lempira
