Organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos señalan que la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán ha sido ineficaz, que lejos de investigar y proteger a las víctimas, la unidad funciona como una fachada que no previene la violencia ni brinda justicia, agravando la vulnerabilidad y el riesgo para las familias campesinas en la región
Tegucigalpa, Honduras. – La región del Bajo Aguán vive uno de los años más violentos en su historia reciente. De acuerdo con la Plataforma Agraria del Aguán, solo en lo que va de 2025, al menos 14 campesinos han sido asesinados en el marco del prolongado conflicto agrario que afecta la zona. Los hechos han vuelto a encender la alarma en una región históricamente marcada por la violencia y la impunidad.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, cuestionó el accionar de la Unidad de Muertes Violentas del Valle del Aguán, entidad adscrita al Ministerio Público (MP). A juicio de Rivas, esta unidad «mantiene una enorme deuda con la ciudadanía», pues no ha logrado esclarecer los homicidios de campesinos para lo cual fue creada.
«Desafortunadamente la violencia continúa imperando en esta región del Aguán», denunció Rivas
La impunidad es todavía un factor predominante, opina Rivas, al recordar el reciente asesinato de Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Rivas, una muestra, según él, de la falta de control por parte de las autoridades en relación con la criminalidad organizada en el Aguán.
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El representante campesino también señaló la supuesta connivencia entre algunos sectores económicos y organizaciones delictivas: «Los agroindustriales y el mismo crimen organizado —algunos agroindustriales no están alejados de esas estructuras, como es el caso de la Corporación Dinant— buscan generar terror y desacreditar el trabajo del actual gobierno soltando la violencia en la región».
Para Rivas, la única vía para frenar la ola de asesinatos es la neutralización de las estructuras criminales, un proceso en el que deben involucrarse todas las instituciones: “Las autoridades, el MP, todos, tienen conocimiento de lo que se opera en el Aguán, pero deben actuar. Esto requiere cambios profundos en estructuras del Poder Judicial y Ministerio Público porque el crimen alcanza incluso a estas instituciones.”
La Plataforma Agraria insiste en que la Unidad de Muertes Violentas debe transformar su gestión. «Con todo el cambio de personal que tuvo ha estado dando una muestra diferente de trabajo, pero con una enorme deuda en cuanto a respuestas y capturas de los asesinos de nuestros compañeros y compañeras», señaló Rivas, quien exige no solo llegar a los autores materiales, sino sobre todo a los intelectuales de estos crímenes.
Con cada nuevo asesinato, la exigencia de justicia y protección para las familias campesinas se mantiene, en un contexto todavía marcado por la impunidad y la urgencia de una intervención del Estado.
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“LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ES FACHADA”
La crisis de violencia e impunidad en el Valle del Aguán no cesa. Víctor Fernández, abogado defensor de derechos humanos y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), aseguró que la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Aguán “ha sido poco más que una fachada y parte del problema”.
Para el abogado Fernández, la falla es estructural y hondamente arraigada en el desprecio estatal por la investigación criminal, sobre todo cuando las víctimas no tienen poder político ni económico. “En este país, a mayor pobreza o menor influencia de la víctima, menos interés del Estado por desarrollar investigación”, lamenta. Para él, el Estado demuestra voluntad solo ante casos de alto impacto mediático o político, mientras las muertes campesinas quedan en el olvido.
Fernández sostiene que la unidad de muertes violentas del Aguan fue creada principalmente para administrar la mala imagen del sistema de justicia en la zona, sin resolver los problemas de fondo. “Es una unidad de nombre. Una fachada. Aunque ha tenido algunos resultados aislados, no existe como estructura real: carece de infraestructura, personal suficiente y formación adecuada, más allá de su título.”
El abogado apunta: “Se crean unidades para entretener al movimiento campesino y a las víctimas, para dar la impresión de inmediatez y prioridad, pero en realidad solo sofoca la exigencia legítima de justicia”.
Señala un aspecto alarmante: la propia existencia de la unidad ha puesto en peligro a denunciantes, quienes luego de apelar a la referida unidad han sido asesinados. “Algunos funcionarios de la unidad, bajo una lógica de impunidad estructurada, han facilitado información a quienes, finalmente, ejecutan los asesinatos. No es coincidencia que varias personas recurrentes en presentar denuncias terminen siendo víctimas.”
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UN CAMBIO RADICAL ES URGENTE
Víctor Fernández enfatizó que la Unidad de Muertes Violentas del Aguán carece de una visión que ponga en el centro la protección de la vida y el derecho a la tierra de campesinos en un entorno de violencia sistemática, en la que convergen intereses agroindustriales, mineros y de grandes terratenientes. “La unidad funciona bajo la lógica del fraude a la justicia. El propio Ministerio Público sabe que lo que existe es una casa asegurada al crimen, un par de agentes y fiscales, los mismos que han sido señalados por complicidad”, denuncia.
Fernández concluye que solo una transformación profunda, que dote de independencia, capacidades materiales y credibilidad a la unidad, podría recuperar la confianza de las víctimas. “Se requiere personal nuevo, infraestructura y sobre todo, voluntad política”, remarca, y advierte: “Mientras no se cambie el guion, la impunidad seguirá reinando en el Aguán y las familias campesinas seguirán enfrentando el riesgo no solo de la violencia, sino del desamparo total”.
