Tegucigalpa.- A pesar que la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio contra los defensores de Guapinol, el Tribunal de Trujillo negó el sobreseimiento definitivo a los ocho ambientalistas que permanecieron 914 días en prisión ilegal.
La integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y pareja de uno de los ocho defensores judicializados, Juana Zúniga, contó a Criterio.hn que contrario al fallo definitivo que esperaban en relación con las cartas de libertad se les comunicó que las mismas fueron otorgadas provisionalmente.
Esta decisión del Tribunal de Tocoa ha provocado una preocupación generalizada de que se pretenda reabrir o manipular el caso. “Ya sabemos que han venido manipulando el proceso, que nuestros compañeros se llevaron 914 días privados de libertad y que la empresa quiere seguir fastidiando”, dijo Zúniga.
La defensora calificó la decisión del Tribunal de Trujillo como una forma de dejar las puertas abiertas para seguir criminalizando y hostigando a las comunidades que se oponen a la amenaza ambiental que pesa contra los ríos Guapinol y San Pedro y el Parque Nacional Carlos Escaleras, previamente conocido como montaña de Botaderos.
“Sabemos que hemos ganado una victoria pero que nuestro parque lo siguen despedazando y nuestra preocupación es la cancelación inmediata de ese proyecto que está dañando la zona núcleo, las comunidades a través de nuestros ríos que abastecen a nuestras comunidades” comentó.
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La defensora del territorio Juana Zúniga asistió a la presentación del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado: “Sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2021”.
El dictamen realizado por la OACNUDH especificó que durante el 2021 se perpetraron 302 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De estos, 169 fueron cometidos contra defensores del medio ambiente y territorio.
Colón es señalado como el segundo departamento que reporta mayor número de incidencias en ataques a personas defensoras de derechos humanos. Únicamente, superado por Francisco Morazán.
El informe señaló que la criminalización de los defensores de Guapinol siguió a su oposición a un proyecto minero ubicado en una zona protegida, por lo que la “OACNUDH reitera su preocupación por el uso indebido del derecho penal contra estos defensores en relación con sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos”.
Criterio.hn también conversó con la abogada del bufete Justicia para los pueblos, Kenia Oliva, quien confirmó que, en efecto, los jueces Ricardo Rodríguez Barahona, Henry Geovanny Duarte Zaldivar y Franklin Marvin Araliz Santos dieron sobreseimiento provisional pese a que el “amparo manda anular el auto de formal procesamiento y contra ese amparo no cabe ningún otro recurso”.
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La profesional del derecho que forma parte de los abogados que han representado a los ocho ambientalistas señaló que la sentencia de amparo ya está en firme y debe ser ejecutada tal cual ordena la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Sin embargo, el Tribunal continúa cometiendo ilícitos penales al dictar un sobreseimiento provisional”, por lo que siguen cometiendo prevaricato judicial. “Continuaremos fortaleciendo esa denuncia porque el Tribunal en un claro abuso de autoridad -cometiendo este delito de prevaricato- otorgó las cartas de libertad provisional cuando deben de ser definitivas”, puntualizó la abogada Oliva.
