Tegucigalpa, Honduras. – Los traslados realizados en los últimos meses en el país podrían presentar irregularidades, ya que se consideran decisiones unilaterales y no colegiadas.
De igual manera, las restricciones a las visitas de los privados de libertad podrían enfrentar problemas similares si se vuelven permanentes en lugar de temporales, según explicaron abogados consultados por Criterio.hn.
En este contexto, se señaló que la prohibición de visitas viola los principios de protección de derechos humanos de los privados de libertad. Además, indicaron que, si hay denuncias recurrentes de privados sobre tratos crueles y procedimientos fuera de la ley, el Estado podría enfrentar futuras demandas por no seguir las recomendaciones emitidas por organismos internacionales sobre el manejo del sistema penitenciario.
PROHIBICIÓN DE VISITAS
La prohibición de las visitas a los privados de libertad en cuatro centros penales de Honduras ha suscitado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según un comunicado emitido recientemente por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la medida abarca a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, la Penitenciaría Nacional Femenina de Asistencia Social (PNFAS), el Pozo I en Ilama, Santa Bárbara, y la Tolva en Morocelí, departamento de El Paraíso.
Tras la determinación el presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Ramiro Fernando Muñoz, explicó que la decisión se tomó debido a que, a través de las visitas, los miembros de estructuras criminales han estado enviando órdenes a los integrantes que están en libertad.
De igual forma, en una reciente entrevista con un medio de comunicación, el coronel afirmó que si se vuelven a permitir las visitas en estos centros, se reportará nuevamente el ingreso de teléfonos y drogas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Sobre este tema el abogado y director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, explicó que el principio 19 de la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad establece es un derecho que los internos puedan ser visitados por sus familiares.
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TRASLADOS IRREGULARES
Del mismo modo, otro proceso que ha generado controversia es el de los traslados de privados de libertad. En 2024 se han llevado a cabo tres procesos distintos en centros penitenciarios de Honduras.
El más reciente ocurrió los días 8 y 9 de julio, cuando se trasladó a 3,095 internos desde El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, hasta La Tolva en Morocelí, El Paraíso y viceversa.
Las autoridades, a través del vocero de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), José Coello, explicaron que estos movimientos no eran simples traslados, sino rotaciones de internos, destacando que solo se movilizó a aquellos considerados de alta peligrosidad.
Sin embargo, los familiares de algunos internos denunciaron que sus parientes, quienes no pertenecen a ninguna estructura criminal, también fueron trasladados, lo que generó gran preocupación.
Esta inquietud se intensificó ya que días antes (6 de junio) se reportó el asesinato de un privado de liberad declarado culpable de ser uno de los responsables del asesinato múltiple en el que murió el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, hecho que, ocurrido en El Pozo I, en Ilama, Santa Bárbara.
Los familiares afirmaron que los traslados se realizaron de manera rápida y sorpresiva, sin previo aviso. Según el abogado Javier Acevedo, estos traslados presentaron irregularidades.
El profesional del derecho subrayó que estos deben seguir procedimientos específicos, con decisiones colegiadas por un comité compuesto por el director del centro penal, un abogado, un psicólogo y un trabajador social, y dicho proceso puede tomar entre 20 y 30 días, y se debe notificar al interno para que tenga la oportunidad de apelar la decisión. Dicho proceso no fue notorio en estos últimos traslados mencionados.
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INCURRIR EN MEDIDAS LEGALES
Con respecto a los traslados y la medida más reciente de prohibición de visitas que se está aplicando actualmente, el abogado defensor de derechos humanos Carlos del Cid, dijo en una entrevista con Criterio.hn que la ley del sistema penitenciario permite presentar apartados o quejas por parte de los familiares de los privados de libertad.
En estos recursos, los privados de libertad pueden argumentar que ciertas medidas son violatorias de sus derechos y después de varios casos similares, incluso se puede llegar a una corte internacional, como ocurrió en el caso de Nery Sanabria alias Magdaleno Meza, donde el Estado falló en su deber de proteger la vida del privado, violando su derecho a la vida.
“Cuando suceden estos casos, se pueden llevar al plano internacional, y si se comprueba la violación y la falta de seguimiento a las recomendaciones, los responsables pueden ser sentenciados”, expresó el entrevistado.
Ya que mencionó que no se puede actuar de manera arbitraria; debido a que debe haber restricciones claras, como que las medidas deben ser temporales y se les debe informar a los familiares.
En este sentido mencionó que para asegurar que estas medidas se cumplan adecuadamente, debe haber una supervisión por parte del Comité Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), quienes velan y verifican que las medidas no impliquen actos de tortura.
Es preciso mencionar que además de estos aspectos, también la construcción de la cárcel de Islas del Cisne puede ser objeto de una demanda a Honduras por ser una área protegida y violatoria de convenios internacionales a los que está suscrito Honduras, según han explicado profesionales del derecho de Honduras.
