La liberación de Jarol Perdomo, condenado por el asesinato de Keyla Martínez, desencadena una ola de críticas y denuncias sobre la falta de protección a las mujeres en Honduras y devela de lado de quién está la justicia hondureña
Tegucigalpa, Honduras. – Un acto que ha desencadenado indignación en Honduras, es la decisión controvertida del Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, quien determinó dejar en libertad a Jarol Rolando Perdomo, el único enjuiciado en el femicidio de Keyla Martínez. La joven de 26 años que fue encontrada sin vida en una celda policial en la ciudad de La Esperanza, Intibucá en febrero de 2021.
En ese sentido, las organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos humanos han expresado su repudio ante esta determinación judicial, calificada como un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género en Honduras.
“Es indignante cómo se burlan del dolor de la familia y como instrumentalizan todo a favor de los asesinos”, dijo a Criterio.hn, Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
Por su parte, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil, expresó “una vez más se demuestra que la justicia hondureña deja en ridículo la justicia para las mujeres, especialmente el tema de los femicidios”.
El 15 de febrero, se conoció la sentencia de Jarol Perdomo, que, de acuerdo con el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, purgaría una sentencia de cinco años de cárcel, inhabilitación por cuatro años, trabajo social y una multa por L 7,750 ($314).
En ese sentido, el imputado, cumpliría su condena en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Tamara, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, sin embargo, el 28 de febrero fue puesto en libertad.
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PERPETUAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La liberación de Perdomo, ha sido interpretada como un mensaje que perpetúa la impunidad y la falta de responsabilidad ante los crímenes de violencia contra las mujeres.
Para Cristina Alvarado, El femicidio de Keyla Martínez y el proceso judicial –que permitió que se degradara el delito de femicidio a homicidio imprudencial— “pone en evidencia la efectiva complicidad de la institucionalidad para perpetuar este tipo de crímenes en el país y además que queden sin castigo”.
La muerte de Keyla Martínez, ha sido uno de los casos más emblemáticos de feminicidio en el país centroamericano que registra la tasa más alta de femicidios a nivel de Latinoamérica. La investigación sobre su muerte ha estado marcada por irregularidades y cuestionamientos, lo que ha generado un profundo escepticismo en la sociedad hondureña sobre la imparcialidad del sistema de justicia.
Alvarado, señaló que el caso en particular es ejemplificante de cómo la institucionalidad y cómo el sistema operador de justicia favoreció a uno de los asesinos de Keyla. “Entendemos que esto ocurre porque hay de trasfondo una institucionalidad que se supone que debe servir y proteger a la población, sin embargo, en este momento es fiel y leal a proteger –aunque sea a un asesino— a uno de los miembros de la policía”, repudió Cristina Alvarado.
En ese sentido, las organizaciones de mujeres exigen que se revisen a fondo las circunstancias que llevaron a la liberación de Perdomo y se garantice una justicia transparente y equitativa para Keyla Martínez y todas las mujeres víctimas de violencia en Honduras
En este contexto, se espera que el caso de Keyla Martínez continúe siendo un llamado de atención sobre la urgencia de abordar de manera efectiva la violencia de género en el país, así como la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la seguridad de todas las personas, especialmente de las mujeres y las niñas.
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FAMILIA REQUIERE PROTECCIÓN
El repudio de las organizaciones de mujeres y la sociedad en general ante la liberación del único implicado en el femicidio de Keyla Martínez refleja el clamor por una justicia verdadera y un compromiso firme en la erradicación de la violencia de género en Honduras.
“Es una burla total, no sólo porque lo dejan en libertad, sino porque sólo él fue el único acusado del caso del femicidio de Keyla Martínez”, recriminó Jessica Sánchez.
Además, la defensora de derechos humanos recalcó que en el país centroamericano se carece de estrategias integrales de prevención de la violencia contra mujeres y niñas. “Vemos que tampoco hay acciones preventivas, ni acciones de reparación, porque uno es el acceso a la justicia y lo otro son las acciones de reparación que, de parte de la justicia, no se ha hecho ninguna”, lamentó Jessica Sánchez.
Del mismo modo, manifestó la urgencia que la familia de Keyla Martínez, reciba medidas de protección, ya que, al estar pidiendo justicia de manera incansable –Especialmente Norma Rodríguez— se convierte en una defensora de derechos humanos. “Aquí debería estar la Secretaría de Derechos Humanos protegiendo, ya que el caso es en contra de la policía (…), es necesario fortalecer las medidas de seguridad en el núcleo familiar de Keyla Martínez”, recalcó.
Luego del femicidio de Keyla Martínez, la familia en reiteradas ocasiones ha denunciado que ha sido víctima de intimidación y amenazas por estar constantemente señalando a los responsables.
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MAS REACCIONES
Luego de conocerse la decisión del Poder Judicial de dejar en libertad a Jarol Perdomo, organismos de derechos humanos y defensores, alzaron su voz exigiendo justicia par Keyla Martínez.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnud), expresó su preocupación por el otorgamiento de libertad al agente policial.
De mismo modo, Gabriela Blen de la Articulación ciudadana remarcó que “todo el sistema cerró filas para proteger a los responsables de este crimen”
