Tegucigalpa, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público informó que han iniciado el proceso de investigación sobre denuncia por los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a lo interno del sistema penitenciario.
A esta investigación que se desarrolla en el Centro Penitenciario de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, al Oriente del país, se suma la Unidad Fiscal adscrita a la Fuerza de Tarea Contra el Crimen.
Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, señaló en entrevista con Criterio.hn que las primeras diligencias –que consisten en la toma de declaraciones, inspecciones a libros de control y extracción de videos de vigilancia— pasaran a un proceso de análisis para “determinar si ha habido algún abuso por parte del equipo militar que hizo las requisas”.
La investigación del Ministerio Público surge luego de la denuncia interpuesta por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), luego de las requisas una vez que la PMOP tomó el control del sistema penitenciario tras una acelerada decisión de la presidenta Xiomara Castro.
Además, Galindo señaló que, de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación en el centro penitenciario de Morocelí, pese a no tener certeza, “no se descarta que vaya a extenderse a otros centros penales en los que en esos mismos días ocurrieron situaciones similares”.
De interés: Investigación de muertes de privados y capacitación a custodios penitenciarios pide CPTRT
RECOMENDACIONES DE CONAPREV
El control penitenciario a manos de la policía militar surgió luego de la masacre al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social en donde perdieron la vida de manera violenta 46 mujeres privadas de libertad.
La abogada Melissa Escoto, MNP-CONAPREV refirió en entrevista con Criterio.hn que dicha denuncia se generó en el marco del control penitenciario donde verificaron el uso excesivo de la fuerza, porque “son actos constitutivos de torturas y es necesario que se investigue”.
El 26 de junio, la Policía Militar, por medio de la operación “Fe y Esperanza” el control penitenciario a nivel nacional, con la que de acuerdo con las autoridades de los entes armados del Estado se daría solución al Crimen.
En las imágenes difundidas por la policía Militar, se observaba a los privados de libertad en el área de canchas sentados uno detrás de otro, sin camisa pegando su cabeza en la espalda del otro, dichas imágenes eran fácil de confundir con las del hermano país, El Salvador, al momento de presentar a los privados de libertad.
A inicio de julio circuló a través de las redes sociales, videos e imágenes donde mostraban a presuntos privados de libertad con golpes en su cuerpo, producto de torturas.
En ese sentido, el MNP-CONAPREV a través de un pronunciamiento instó a las Fuerzas Armadas a abstenerse de utilizar excesivamente la fuerza, al tiempo que reconoció que el procedimiento de requisas era indispensable pero apegados a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Ante los cuestionamientos sobre la intervención de las cárceles de Honduras y la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos, coronel Fernando Muñoz director de la PMOP, señaló a medios de comunicación que dicha intervención “se está haciendo con respeto a los derechos humanos de los reclusos”.
DEBE IMPERAR LA LEGALIDAD Y NO LAS TORTURAS
En septiembre de 2023 Organizaciones de sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, denunciaron la persistencia de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sistema penitenciario –controlado por la Policía Militar Del Orden Público (PMOP).
En ese sentido, la comisionada del MNP-CONAPREV, Melissa Escoto, refirió que en el control penitenciario se debe regir por los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad, “entendemos que deben recuperar el orden, pero no puede ser como regla general el uso indiscriminado de la fuerza ni tampoco se debe utilizar la tortura –que es el medio mas barato para sacar información y obtener confesiones”, expresó en entrevista con Criertio.hn
Para la abogada defensora de derechos humanos de las personas privadas de libertad, “debe imperar la legalidad” en todo procedimiento de requisa, al tiempo que señaló que los excesos de fuerza en los que incurra la PMOP “no podemos tolerarlos”.
Honduras es signatario de convenciones y tratados sobre la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, en ese sentido Melissa Escoto recordó que la nación centroamericana “está obligada a respetar y a garantizar la dignidad que les asiste a las personas privadas de libertad”.
Sobre las denuncias en el sistema penitenciario, el informe: Persistencia de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en la actual gestión penitenciaria por parte de la PMOP, señala la existencia de 549 denuncias, que constituyen torturas, actos crueles e inhumanos o degradantes en contra de privados de libertad, abogados privados, defensores de derechos humanos y familiares en los diferentes centros penitenciarios del país.
