Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.-Un juez de Letras Designado por la Corte Suprema de Justicia declaró este jueves con lugar la solicitud planteada por un asunto de competencia y remitió que las diligencias del caso Pandora sean conocidas ahora por un juzgado penal en materia de corrupción para continuar con el proceso en contra del exsecretario de Agricultura Jacobo Regalado Jacobo Regalado, Norma Montes, Velkys Hernández Laura Arita y Josué Fernando Suárez Ramírez.
El caso había sido llevado por la juez natural y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Lidia Álvarez Sagastume, quien fue nombrada para conocer este caso que, en su momento, fue de alto impacto, pues se había acusado a varios funcionarios y exfuncionarios del Estado.
En agosto de 2020, la justicia de Honduras otorgó un sobreseimiento definitivo a favor de 22 involucrados en el caso denominado Pandora, algo que fue catalogado por organismos de sociedad civil como una deshonra para el Estado de Derecho y un golpe para la institucionalidad.
Inicialmente, por este hecho delictivo fueron acusadas 38 personas entre diputados, dirigentes de tres partidos políticos y personas particulares, que a través de las ONG di Battista y Todos Somos Honduras, fueron acusados por el desvío para la campaña electoral de 2013 del Partido Nacional, el Partido Liberal y el FAPER, más de 282 millones de lempiras de fondos públicos, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería tenía que invertir en proyectos agrícolas para madres jóvenes en diferentes partes del país.
Criterio.hn conversó en septiembre pasado con el abogado Omar Menjívar, apoderado legal de Josué Suárez, quien manifestó que su defendido es el único imputado que reconoció haber participado en una enorme red de corrupción que llegaba incluso a Casa Presidencial y denunció que el Ministerio Público se ha ensañado contra su cliente.
Suárez se entregó a la justicia hondureña el 23 de noviembre de 2018, por estar involucrado en el saqueo de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que la suprimida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bautizó como caso Pandora.
En diciembre de 2018, Menjívar contó que su cliente había confesado en los tribunales de justicia y ante el Ministerio Público que había formado parte de una estructura criminal constituida para saquear varias instituciones del Estado y que dicha estructura era dirigida por la Hilda Hernández, por delegación y conocimiento de su hermano, el jefe de gobierno, Juan Hernández.
A dos años de esa entrega, el abogado Menjívar expuso ante los medios de comunicación que el Ministerio Público ha actuado con deslealtad en relación con su defendido y expresa que no es posible que la única persona que arriesgó su vida y la de su familia, y que se dispuso a colaborar con la fiscalía, por una cuestión de redención personal, de arrepentimiento genuino, y conciencia, esté siendo acusado por delitos que ni siquiera le corresponden de acuerdo con su categoría.
Menjívar dijo que la fiscalía deberá buscar otro delito para su cliente, ya que evidentemente se cometió un delito, pero tiene que buscar la calificación correcta, porque, según el profesional del derecho, Fernando ha aceptado la responsabilidad de los hechos, pero como defensa exige que se le califiquen los hechos de acuerdo con la correcta aplicación de la ley, y no bajo señalamientos de delitos de lavado de activos o insistiendo en el delito de asociación ilícita, cuando a todos los demás ya se les sobreseyó y están en libertad absoluta.
