Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa ¡Exprésate! en América Latina.
Texto: Breidy Hernández Colaboración especial: Selvin Euceda
Edición: Emy Padilla Portada y gráficos: Guillermo Burgos
Muchas trabajadoras sexuales están siendo cooptadas por el crimen organizado para la distribución de drogas a baja escala
En las conflictivas calles de Tegucigalpa, la historia de Carmen Montes se entreteje con la cruda realidad de las trabajadoras sexuales en Honduras. Sin protección ni derechos, estas mujeres se enfrentan a una permanente vulnerabilidad, expuestas a la violencia, la explotación y el estigma social
En un país donde la impunidad es moneda corriente, la historia de Carmen y la trágica muerte de Dilenia Vindel Aguilar son un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad extrema que enfrentan quienes buscan sobrevivir en los márgenes de la sociedad hondureña
Tegucigalpa, Honduras. – Eran las tres de la tarde, un día soleado, típico de esos días de verano—, cuando toque el portón blanco, un poco corroído y manchado por la orina de los perros que se acercan marcando territorio; al llamado salió Carmen Montes*.
–Pase, me acabo de bañar porque ya me toca ir a trabajar— saludó Carmen con una sonrisa, de inmediato ingresamos a la pequeña habitación, donde había una silla plástica llena de ropa, la que con mucha destreza Carmen apartó colocándola a un lado de la cama para que me pudiera sentar. Carmen trabaja en una de las avenidas de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa que juntas conforman la capital de Honduras. Su trabajo es estigmatizado en este país que además carece de protección jurídica para quienes lo ejercen. “Llevo diez años como trabajadora sexual”, dice en tono de resignación, esta mujer de 28 años.
En la pequeña habitación, por la que paga una renta mensual de 2,500 lempiras (USD 61.50), adornada con posters de carros, y uno que otro dibujo animado –los favoritos de su hijo de cuatro años, que juega con un carro de juguete—, tiene dividido su dormitorio y la cocina con unas sábanas que hacen de grandes cortinas.
Sobre la cama, tiene su maquillaje, una pequeña cartera y la ropa que usará ese día –un vestido verde con revuelos de encaje. Para irse a trabajar, deja a su hijo al cuidado de una vecina, en la misma cuartería, donde conviven con al menos 20 personas.
–Es duro trabajar de esto, pero no hay de otra— expresa con un fuerte suspiro, mientras remarca sus ojos con un delineador negro.
En un día de suerte, como dice ella, conoció al padre de su hijo en el transporte público. Al poco tiempo decidieron vivir juntos y a los pocos meses, quedó embarazada.
Durante los primeros dos años, esta joven mujer se dedicó al cuidado de su hijo mientras atendía un pequeño negocio, de venta de huevos, que emprendió junto a su esposo, quien a la vez laboraba como conductor de autobús de una ruta conflictiva en la capital.
Todo marchaba bien, hasta que un día, viendo un canal de la televisión local, recibió la peor noticia. “Lo mataron, estaban cobrando la extorsión y del punto de buses se habían atrasado, él era inocente”, contó Carmen, mientras recordaba con dolor ese trágico momento.
La extorsión, es uno de los delitos con mayor crecimiento en Honduras y el argumento del gobierno para que en este país centroamericano se implementara un estado de excepción desde el 06 de diciembre de 2022 y que hasta la fecha sigue vigente, pese al cuestionamiento de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos. De acuerdo con empresarios del transporte, sólo en 2023 pagaron al menos 600 millones de lempiras por extorsión (alrededor de USD 25.5 millones) al crimen organizado.
Al quedarse sola, y con su pequeño de dos años, todo fue cuesta arriba, ya no tenía para pagar el alquiler de su habitación, ni mucho menos para el sustento de su niño, contó mientras apretaba los dedos de la mano izquierda, que de inmediato hizo tronar, denotando con esta acción la ansiedad a la que se enfrenta. “No encontré otro trabajo que me permitiera darle de comer a mi hijo, darle un techo y darle tiempo”, dijo al morder sus labios para evitar que sus lágrimas recorrieran sus mejillas.
Carmen, migró de su natal San Marcos de Colón, Choluteca, al sur de Honduras, cuando tenía 15 años— fue traída para trabajar como empleada doméstica, otra población vulnerabilizada en esta nación centroamericana—, contó que en la casa donde trabajó “prácticamente era una esclava”, sin días de descanso, poca paga, y horarios extendidos.
Cansada de la explotación laboral, un día, al encontrarse sola, decidió dejar la casa donde trabajaba y, con lo poco que tenía ahorrado, fue a visitar a su familia, pero al término de una semana regresó a Tegucigalpa, con la ilusión de encontrar un nuevo trabajo, sin embargo, al no poseer estudios ni experiencia, en algo más que no fuera el trabajo doméstico —del cual confiesa, estaba cansada—, le fue imposible.
A sus 18 años, ante la falta de trabajo y la necesidad imperante de sobrevivir en una ciudad altamente demandante, tomó la decisión de desarrollar el trabajo sexual.
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MUERTE E IMPUNIDAD: EL CRUEL DESTINO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES
En su intento por llevar un poco de dinero a sus hogares, las mujeres trabajadoras sexuales se enfrentan a la violencia y a la estigmatización y de manera directa a los golpes, insultos, discriminación, humillación e incluso pierden la vida.
El 20 de mayo de 2021, Dilenia Vindel Aguilar, fue asesinada en una de las habitaciones del Motel Mediterráneo, ubicado en la carretera Panamericana, antes del desvío del municipio de Orocuina en el departamento de Choluteca, al sur del país.
Dilenia Vindel, una joven de 29 años, laboraba en una empresa camaronera, pero, sus ingresos no eran suficientes para mantener a sus tres hijos y a su madre, por lo que decidió, –al no tener otra oportunidad laboral—, desempeñar el trabajo sexual.
Durante seis años laboró en esta actividad sin ningún incidente, hasta que conoció a un cliente —que de acuerdo con testimonios de amistades— se obsesionó y no toleraba la idea que Dilenia ejerciera el comercio sexual—.
La mañana de ese jueves, vieron ingresar a la joven que se transportaba en un taxi en compañía de un hombre –de quién hasta la fecha se desconoce su nombre—.
Alrededor de las dos de la tarde, tiempo en el que se cumplieron las tres horas por las que habían pagado, los empleados del motel ingresaron a asear la habitación y encontraron a Dilenia con un disparo en su sien derecha, de inmediato informaron a las Policía a través de una llamada al Sistema de Emergencia 911.
Enrique Aguilar, madre de Dilenia, relató que ese día, su hija salió a las ocho de la mañana. “Cuando ella salió de aquí, mi corazón me avisaba que me la iban a matar. El corazón de madre no se engaña”.
Luego del asesinato de su hija, Enrique Aguilar, quedó al cuidado de sus tres nietos, una de 15 años, otra niña de 10 y un niño de siete años, quienes se suman a los más de 1,200,000 niños y niñas en Honduras excluidos del sistema educativo por diversas causas sociales.
La abuela dice que sus nietos no asisten a la escuela por falta de recursos económicos que le impide dar una contribución mensual de 50 lempiras (USD 2.00) para el pago de aseo y vigilancia, pese a que las autoridades gubernamentales aseguran que la matrícula es gratis.
Enrique Aguilar, una mujer de 60 años, se dedica a lavar y a planchar ropa para llevar el sustento a sus nietos. “Tengo que lavar para poderlos sostener, pero ya no aguanto, mis fuerzas ya no me dan”, expresa.
A casi cumplirse tres años del asesinato de Dilenia, las autoridades no han dado respuesta sobre la investigación de este caso. Las organizaciones de mujeres señalan que la impunidad en muertes violentas de mujeres y femicidios pasó de 95% a 98%, una situación cada vez más preocupante en Honduras que ocupa el primer lugar en femicidios en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con una tasa de seis muertes violentas por cada 100.000 mujeres.
En 2021, en Honduras fueron asesinadas, de acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), 342 mujeres, una de ellas Dilenia Vindel.
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POCOS DATOS
En Honduras, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en los últimos cinco años, sólo dos mujeres trabajadoras sexuales han sido asesinadas, pero estas cifras son cuestionadas por especialistas en temas de seguridad que consideran que existe un subregistro debido al estigma y discriminación hacia esta población.
“El problema es que hay pocas asociaciones de mujeres trabajadoras sexuales, por lo tanto, la muerte violenta no se registra y queda como una muerte violenta de mujer y que muchas veces puede ser un femicidio, dejando invisibilizado que dicha muerte es a razón de su trabajo”, concluyó Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).
Otra de las barreras para la investigación, es que el Ministerio Público recibe pocas denuncias de las diversas violencias contra las mujeres, porque las víctimas se abstraen de hacerlo debido a la estigmatización que sufren por parte de los operadores de justicia.
TRABAJADORAS SEXUALES VINCULADAS CON NARCOTRÁFICO
Las mujeres trabajadoras sexuales, sufren discriminación, violaciones a sus derechos humanos, múltiples violencias y, además, muchas son víctimas de cooptación del crimen organizado para distribución de drogas a baja escala.
Carmen Montes, se ha enfrentado a todas estas situaciones. Un día, cuando estaba entre la sexta y séptima calle de Comayagüela, llegó un hombre en un carro azul al que luego de llegar a un acuerdo sobre el precio a pagar por su servicio, subió, sin imaginar la pesadilla que le esperaba.
“Me golpeó, por más que gritara no paraba, ese hombre estaba poseído, me dejó la cara hinchada, moretones por todos lados”, recordó.
La causa de la golpiza que le propinó fue por haberse negado, una semana antes, a trasladar de una colonia a otra, un kilo de cocaína. “Me negué porque seré puta, pero no vendedora de coca; es tentador lo que me ofrecen pagar, pero al menos por puta no me van a llevar a la cárcel y si eso pasa mi niño no tiene con quien quedar, por eso me negué, por mi niño”, relató Carmen.
De acuerdo con la data de la Secretaría de Seguridad en Honduras, los departamentos de Francisco Morazán –al centro del país– y Cortés –al norte–, en los últimos años registraron 11 mujeres trabajadoras sexuales detenidas por delitos asociados a drogas.
ESTIGMATIZADAS
En Honduras el trabajo sexual, no está penalizado, pero es criminalizado, por tal razón no existe un ambiente seguro para las mujeres involucradas en esta actividad que les permita acceder a servicios de salud, ni la confianza para acudir a la Policía Nacional para hacer denuncias ante agresiones.
Para la mujer tras y defensora de derechos humanos, Rihanna Ferrera, el trabajo sexual en Honduras es una situación arriesgada, que las personas tanto mujeres como hombres o personas LGTBIQA+, que lo ejercen, enfrentan situaciones de violencia, criminalización, reclutamiento en algunas zonas del país y, en el peor de los casos, hasta la muerte.
Un ejemplo de ello fue el asesinato de Vicky Hernández –mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del «Colectivo Unidad Color Rosa», asesinada la noche del 28 de junio de 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
El Estado de Honduras, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), quien constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales, por consiguiente, responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de la víctima.
Pese a la sentencia, el Estado de Honduras todavía no ha cumplido con todas las medidas de reparación que demandó la Corte-IDH como la implementación del protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia. Del mismo modo no ha adoptado el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género auto percibida.
Ante el panorama de desprotección, falta de oportunidades, estigmatización y violencia de la que son objeto las personas trabajadoras sexuales, Rihanna Ferrera, señaló que muchas han tomado la determinación de emigrar del país. “La vida de una persona trabajadora sexual es tan complicada, criminalizada y estigmatizada”, apuntó la defensora de derechos humanos.
Las organizaciones o redes de trabajadoras sexuales, han solicitado al Estado de Honduras regular el trabajo sexual, mediante la adopción de medidas de seguridad y acceso al sistema de salud sin discriminación. En ese sentido, Ferrera, ve oportuno que las autoridades gubernamentales puedan generar espacios de diálogo y que además se pueda desarrollar políticas públicas a favor de este sector de la población que pasa invisibilizado.
“Es hora que el gobierno se quite la venda, porque este es un tema de agenda política y sobre todo de derechos humanos”, enfatizó Rihanna Ferrera.
En virtud de las condiciones de país, historias como la de Carmen y Dilenia, seguirán siendo invisibilizadas e incluso al margen de los recuentos oficiales por el subregistro existente.
Para este reportaje, y por razones de seguridad, nombramos a una de las fuentes con el nombre ficticio de Carmen Montes.
