Tegucigalpa.- El lunes culminó la audiencia de conclusiones en el juicio contra el suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia, quien rindió su declaración previo a que el Ministerio Público realizará sus conclusiones.
El militar Saravia es acusado por tentativa de homicidio contra Allan García, quien recibió múltiples heridas de bala, durante una movilización en julio de 2013 contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la que fue asesinado su padre el líder lenca Tomás García.
El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Lestter Castro, manifestó a Criterio.hn que en su testimonio, Saravia indicó que él formaba parte de “una misión por parte del Batallón de Ingenieros en la comunidad de Río Blanco”, cuya “misión específica […] era dar protección a las instalaciones de Sinohydro y las personas que estaban trabajando en el plantel”.
TESTIMONIO DE ACUSADO EXHIBE VIOLENCIA CONTRA POBLACIÓN LENCA
El pelotón, según indicó Saravia en su declaración, estaba integrado por 20 militares. Agregó que el día de los hechos se realizó una manifestación de unas 400 personas, que de acuerdo al militar, estaban realizando actos violentos
“Él indicó que siguió el protocolo que establece las Fuerzas Armadas para controlar este tipo de situaciones […], que él había hecho algunos disparos de advertencia a las personas que estaban participando y que luego algunas personas se abalanzaron contra él y que disparó en contra de Tomás y que estas mismas balas que le disparó al compañero Tomás García hirieron a su hijo Allan”, recordó el abogado.
Sin embargo, al finalizar su testimonio, la acusación privada representada por el bufete Estudios para la Dignidad, realizó preguntas al acusado sobre el uso proporcional de la fuerza en este tipo de movilizaciones, a las que no pudo dar respuesta. Tampoco pudo contestar sobre qué tipos de cursos recibió sobre el manejo de este tipo de protestas.
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Castro remarcó como elemento importante que Saravia narró que comenzó a disparar cuando las personas ingresaron a lo que él refirió como propiedad privada, indicando que las personas estaban hablando con un integrante de la Policía Nacional, quien estaba a cargo de los demás y pese al diálogo que estaban sosteniendo, él procedió a disparar y se movió al lugar donde ocurrieron los hechos.
“No existe ninguna justificación para que él haya utilizado en primer lugar su arma para realizar disparos de advertencia o para disuadir la manifestación”, remarcó el abogado.
Agregó que a partir de los testimonios se evidenciaron las diferentes agresiones que las fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, realizaron contra la comunidad de Río Blanco, entre las que se incluyeron persecución física y vigilancia contra los liderazgos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Un ejemplo de estas acciones violentas contra los pobladores de Río Blanco que se oponían al proyecto, era llegar al punto de reunión del Roble y tras agredir a las personas, botaban los alimentos que la población había preparado para alimentarse. “Es algo muy sensible para ellos, una zona empobrecida y llegan militares y policías a tirarles la comida”, refirió Castro.
RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS Y TESTIMONIO DE ALLAN GARCÍA
Previo a las conclusiones, el viernes 3 de febrero, se desarrolló la reconstrucción de los hechos del 15 de julio de 2013, en los que Allan García estuvo a punto de perder la vida a causa de las heridas de bala que recibió en el área del tórax por parte del suboficial Saravia en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
El abogado Lestter Castro expresó que durante la misma, los testigos pudieron ubicar a todos los actores en los hechos, y los diferentes lugares en los que se encontraban, entre ellos el líder lenca asesinado, Tomás García, en relación a su hijo y otros declarantes, cuyos testimonios coincidieron con la reconstrucción de los hechos realizada.
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No obstante, la tesis de la defensa de Saravia sostiene que Allan resultó herido a consecuencia de que caminaba detrás de su padre, por lo que los disparos dirigidos a Tomás impactaron en el entonces adolescente.
Castro señaló que esta versión es incongruente a los resultados de las pruebas científicas sustentadas por el peritaje balístico y el dictamen de Medicina Forense en relación a las heridas que recibió Allan ese día. Sumado al hecho que Allan se encontraba a tres metros de distancia y en una superficie a desnivel con respecto al militar, por lo que él no representaba una amenaza que repeler con un fusil de guerra de alto nivel destructivo.
Sumado a esto, el abogado de la acusación privada sostiene que Saravia sí quería cometer el homicidio de Allan, pues en el testimonio de la víctima, este afirmó que antes de dispararle y tras haber asesinado a su padre, el militar le dijo que matarlo era como matar a un perro.
Durante su testimonio Allan García contó: «Nosotros íbamos a dialogar con los dueños de la empresa para que pararan la destrucción en la comunidad, pero no pudimos porque los militares y policías nos atacaron; la policía y los militares llegaron a la comunidad a desalojar bruscamente a la gente que estábamos defendiendo el río».
Agregó: “antes de dispararme el militar me dijo que matarme a mí era como matar a un perro… yo iba muerto al hospital, estuve internado tres días en el hospital”.
Este caso es parte de la violencia que se desató tras la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual era gerenciada por Roberto Castillo, quien fue encontrado culpable y sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por su coautoría en el asesinato de la lideresa lenca y coordinadora del Copinh, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.
