Distrito Central: vulnerabilidad, corrupción e indiferencia

Texto: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Portada: Reynaldo López

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Tegucigalpa. -La casita de adobe en la que Giliana Mendoza vivía con sus hijos en la capitalina colonia Cataluña, salida al departamento de Olancho, no resistió el embate del huracán Eta. Antes de que el ciclón saliera del país el 6 de noviembre como depresión tropical, una de las paredes se había derrumbado y el agua y lodo cubrían sus pertenencias.

Llamó a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero nadie llegó; entonces, pidió ayuda a un canal de televisión.

La llevaron al albergue de la escuela Hernán Herrera en la colonia Los Pinos, en la parte oriental de Tegucigalpa, pero también se estaba derrumbando por lo que a los quince días fue trasladada por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) al macroalbergue en el gimnasio José Simón Azcona, donde lleva ya alrededor de 45 días.

De la antigua casa en la que vivió los últimos siete años, gracias a la generosidad del propietario que se la prestó al ver que ella no podía pagar un cuarto que alquilaba, lo único que pudo sacar fueron “tres mudaditas del niño y los papeles”.

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Corrupción Honduras
Giliana Mendoza espera que la municipalidad o el gobierno central la reubiquen en una zona donde pueda vivir tranquila junto a sus dos hijos. En la imagen muestra, con satisfacción, un juguete que le regalaron en Navidad para uno de sus hijos, quien fue diagnosticado con autismo.

Giliana es madre soltera y trabajaba lavando ropa para sostener a sus hijos de 13 y 20 años, cuyos padres se desmarcaron por completo de su responsabilidad. El mayor no trabaja y el menor es autista, con retraso psicomotor y epilepsia, lo que para ella ha significado mayores penurias para conseguirle sus medicamentos o llevarlo a terapia a la Teletón.

Es la segunda vez que queda damnificada, en octubre de 1998 debido al peligro de deslizamientos de tierra, el huracán Mitch la obligó a salir de la casa que rentaba en la colonia Campo Cielo, una zona de alto riesgo al noroeste de la capital.

Entonces no tenía hijos, vendía frutas y verduras y hacía no mucho había emigrado a la capital desde la zona sur, específicamente del municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, frontera con Nicaragua.

El ciclón tropical impactó en aproximadamente el 90 % del territorio hondureño y expuso a décadas de abandono y crecimiento desordenado al país, sobre todo a la capital hondureña.

Los muertos, 5,657 según cifras oficiales, y la enorme destrucción que dejó abrieron una válvula de recursos sin precedentes. Para mayo de1999, los compromisos de la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción, sobre todo de Honduras y Nicaragua, ascendían a 12 mil millones de dólares en donaciones, créditos blandos y alivio de la deuda.

El gobierno de Honduras anunció el Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), cuya “meta esencial” era “edificar un nuevo país”. Mencionaba entre sus objetivos el combate a la pobreza, la generación de empleo, el desarrollo humano integral, la reducción de la vulnerabilidad y el uso eficiente y transparente de recursos destinados a la reconstrucción.

Giliana recibió tres mil lempiras (unos $ 215 al cambio de la época) después de responder muchas preguntas a personas que “tomaban datos y datos”, dejó la casa que alquilaba por 700 lempiras (unos $ 50 de entonces) cerca de un gran abismo y durante las dos décadas siguientes logró estar a salvo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Hasta ahora, cuando la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión vuelven a juntarse y la obligan a empezar de cero.

Esta vez, Giliana espera algo más que una dádiva, “lo que necesito más que todo es una vivienda… que me cedieran un terrenito” y ella vería cómo levantar su casa. “Saliendo de aquí (del albergue) nosotros no tenemos dónde vivir”, dice esta madre de 40 años.

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La falta de acceso a las tecnologías ha impedido que los niños de las familias afectadas por los huracanes Eta y Iota, tengan acceso a las clases virtuales.

CULPABLES DEL DESORDEN

El paso de los huracanes Eta e Iota es el segundo peor desastre natural en la historia de Honduras después del Mitch, con más de 45 mil millones de lempiras en pérdidas, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Y dejaron al menos 95 muertos -según Copeco- y un “escenario catastrófico”, señala un reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras.

En el Distrito Central más de 50 casas fueron dañadas, “la mayoría son covachas” a orillas de los ríos o que fueron impactadas por rodamientos de piedra, dijo el gerente del Codem, Mario Reyes.

Una de esas “covachas” está ubicada en la colonia Altos de El Edén, a poca distancia del barrio La Leona, y es el hogar de Denia Mejía, su pareja y sus hijos de 16, 8, 3 y 2 años. Ellos son parte de las 2,900 personas que según el funcionario del Codem fueron evacuadas y distribuidas en unos 45 albergues en la capital hondureña.

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Esta es la casa de Denia en la colonia Altos de El Edén, en Tegucigalpa, donde las grietas son visibles en varias casas.

Denia (32) trabajaba de mesera, pero está desempleada desde marzo debido a la pandemia por la Covid-19; su compañero de hogar, motorista, tampoco tiene trabajo. Las lluvias provocaron desprendimientos de piedras y el agrietamiento del suelo de su casa, ubicada en uno de los sectores por donde pasa la falla geológica de El Bambú y donde ella ha vivido toda su vida.

Tiene claro que, si no hay otra opción, volverá a su casa, “aunque no nos guste la condición en la que esté”.

En estas condiciones vive Denia con su esposo y sus cuatro hijos.

El gerente del Codem dijo que las casas evacuadas por “riesgo latente” serán inspeccionadas para determinar si son habitables y si no sus residentes serán alojados en un solo albergue; después, Sedis (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social), Copeco y la Alcaldía evaluarán la situación para “ver la reubicación cómo la hacemos en conjunto”.

Pero es claro al decir que a Giliana o a Denia “yo no le puedo solucionar como alcaldía municipal”.

Las autoridades, dice, no son culpables de la situación de riesgo en que se encuentran muchos habitantes, sino de ellos por instalarse en zonas vulnerables.

“Si usted no quiere respetar las leyes no las va a respetar ni así le pongan un policía por persona”.

Cuestiona que en la colonia El Reparto, por ejemplo, “los vecinos tienen casas de más de dos pisos sabiendo que están ubicadas en una falla”.

Este crecimiento desordenado es resultado “de un actuar permisivo de las autoridades anteriores”, justifica el funcionario.

Desde 1986, con excepción del período 1994-1998 cuando el alcalde era liberal, las autoridades municipales de la capital han sido nacionalistas.

Reyes aseguró que hay varios proyectos en marcha con el patrocinio de la cooperación internacional y recursos propios de la Alcaldía y el Gobierno central. Cuando se le preguntó a qué proyectos se refería, explicó que “primero son las evaluaciones técnicas serias” y luego las obras de protección y mitigación.

La destrucción de Eta e Iota
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Población y riesgos naturales en la capital de Honduras
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POLITIZACIÓN Y CORRUPCIÓN

Hasta 2009, cuando fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), las situaciones de emergencia y desastre nacional eran reguladas por la Ley de Contingencias Nacionales -aprobada en 1990 y con la que se creó Copeco.

Con el huracán Mitch fue evidente su obsolescencia y los vacíos que presentaba.

La diputada pinuista Doris Gutiérrez trabajó en la elaboración de la nueva ley, con la que Copeco dejó de ser el único ente en la atención de desastres al crear un comité coordinador nacional en el que participan diferentes instituciones “para atender de manera integrada una emergencia o desastre natural”.

Otro aspecto importante “es que también define la participación comunitaria” así como de los comités de emergencia local, municipal, departamental y hasta regional. Sin dejar de ser perfectible, la ley es “modelo para otros países porque es muy buena”, asegura.

Junto con la Ley de Municipalidades (1990) y la Ley de Ordenamiento Territorial (2003) forman parte del marco legal para la gestión de riesgos en Honduras.

El problema es que la ley “no se aplica como debería de aplicarse” y faltan políticas públicas concretas para el manejo de emergencias tanto en el Distrito Central como a nivel nacional, reflexiona la congresista.

Doris Gutiérrez
La diputada Doris Gutiérrez fue regidora de la Municipalidad del Distrito Central en el periodo 2010-2014 y, antes, 2006-2010 presidió la Comisión de Desastres del Congreso Nacional.

En consecuencia, las instituciones no desarrollan acciones de prevención, sino que son reactivas. Esta falta de estrategias tiene que ver en parte con la politización y corrupción que existen a todo nivel.

Gutiérrez, entonces diputada por Unificación Democrática, recuerda que cuando presidió la Comisión de Desastres del Congreso Nacional se vio limitada porque le ponían gente (de otros partidos) que no se interesaba en el trabajo de ese comité. Tampoco contaba con presupuesto ni personal ni oficina.

Como presidenta de la Comisión asistía a las reuniones del Sinager, hasta que el presidente del Legislativo, Roberto Micheletti, le quitó la designación para poner a un liberal e impedir que ella “tuviera una acción relevante”.

Cuando llegó a la Corporación Municipal por un movimiento independiente, tenía una fuerte experiencia en el tema de desastres y aspiró a coordinar el comité de gestión de riesgos, pero ni siquiera llegó a integrarlo. Quedó, dice Gutiérrez, un regidor “que no conocía nada de la ley”, pero pertenecía al partido de gobierno. Estas decisiones siguen manejándose igual, como quedó evidenciado con el nombramiento del nuevo titular de Copeco, “que ni siquiera, creo yo, tiene idea de lo que es atender una situación de emergencia nacional”.

Recuerda que se hicieron obras de mitigación en los cerros El Bambú, El Reparto y El Berrinche con la ayuda de la cooperación japonesa, pero “daba pena que los funcionarios nacionales no actuaban correctamente” y muchas veces quedó al descubierto que “sustraían algunos productos”.

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Así lucía el Gimnasio “José Simón Azcona del Hoyo” en diciembre. Los afectados por los fenómenos naturales no cumplían con las medidas de bioseguridad, convirtiendo este lugar en un foco de propagación de la Covid-19.

Otra irregularidad es la falta de controles y la aprobación de permisos de construcción para quedar bien con empresarios y políticos sin pensar en las consecuencias.

La diputada menciona el caso del centro comercial Las Cascadas, en el bulevar Fuerzas Armadas, y el estacionamiento de la Iglesia Vida Abundante, en la colonia Las Colinas, por los que pasa una quebrada. El primero ha registrado inundaciones y hasta la formación de un enorme agujero en su estacionamiento en época de lluvias. El segundo, según Gutiérrez, ha provocado inundaciones en las casas vecinas.

“Aprobamos una ley precisamente para todo este tema de las construcciones” en zonas vulnerables “y de nada sirvió” porque hay intereses muy grandes.

El tema de los permisos de construcción, o su incumplimiento, ocurre también con los proyectos de vivienda. Para el caso, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor cuenta con 11 denuncias en el Distrito Central contra constructoras por hundimiento de terrenos, alta amenaza por deslizamiento y proyectos en zona con amenaza alta a inundaciones, entre otros.

Según dato del Gremio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (GIAH), los costos de mitigación son de dos a cuatro veces menores que los costos de desastres.

Doris Gutiérrez añade que la etapa de recuperación es un asunto delicado, requiere de muchos fondos que son concentrados por el Gobierno Central y no se distribuyen de forma correcta porque se politizan y, casi siempre, se atienden personas o situaciones que favorecen al partido en el poder.

La rendición de cuentas es uno de los puntos torales en la gestión de emergencias, ya que la misma Ley de Contratación del Estado establece las compras directas que son una fuente de corrupción, como quedó evidenciado con la emergencia de la COVID-19.

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Dos de militares demuelen una casa que se vino abajo con las tormentas ocasionadas por Eta en el barrio El Reparto de Tegucigalpa.

FALTA ACCIÓN

En 2002 y a solicitud del gobierno hondureño, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) elaboró un estudio sobre el control de inundaciones y prevención de deslizamientos en la capital que proponía un plan maestro para la mitigación de desastres.

Otros estudios y planes de acción se fueron sumando en los años siguientes, entre ellos el que elaboró el BID junto a la Alcaldía del Distrito Central en 2018 bajo la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES),  el Plan Acción Local para la Reducción de Riesgos de Desastres y Resiliencia (2019) y el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático (2020) que sirven de referencia para la planificación de obras de prevención y mitigación, según la AMDC.

Pero el problema de la vulnerabilidad en la capital hondureña, y del país en general, no es la ausencia de estudios, que son solo “un gasto que se ha hecho”, sino la falta de acción, dijo el arquitecto Dino Rietti.

Tampoco es de falta de leyes. “La ley de dejar libre las riberas de ríos y quebradas después de Mitch no se cumple”, entonces para qué hacen leyes, cuestionó.

Después del Mitch “debimos haber hecho mucho más de lo que se hizo” para disminuir la vulnerabilidad del Distrito Central y aumentar la resiliencia ante estos fenómenos, dijo por su parte la arquitecta Alejandra Padilla.

“Tenemos medido hasta qué zona se inunda, qué zonas tienen deslizamiento, cuáles son los tipos de fallas”, pero falta inversión pública, un plan específico de gestión de riesgos y de seguimiento porque “cada cierto tiempo se botan los planes anteriores y se comienzan unos nuevos”.

Padilla menciona también la falta de alternativas para que las personas que emigran a la capital no sigan instalándose en zonas de riesgo.

En 2014 fue creada la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) como respuesta al problema de vivienda social, desarrollo urbano y reubicación de la población en zonas de alto riesgo.

Uno de sus programas es el Bono Habitacional para el Reasentamiento por causas de vulnerabilidad (Borea), sin embargo, no se aplica en el Distrito Central.

Criterio.hn consultó a través del Instituto de Acceso a la Información Pública cuántas familias ha reubicado Convivienda dentro de los planes de reasentamiento o reubicación para la población que habita en zonas de alto riesgo y la respuesta fue que “en el Distrito Central no se ha trabajado con población que habita en zonas de alto riesgo”.

Lo anterior refleja la ausencia de una política de reasentamiento para las familias que habitan en zonas de riesgo en la capital y que todos los años se enfrentan a la misma problemática, especialmente en la época de lluvias, debido a deslizamientos e inundaciones ocasionadas por quebradas y el embravecido río Choluteca.

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En esta ladera descansan las estructuras de muchas casas en la colonia Altos de El Edén de Tegucigalpa. El peligro de derrumbes es inminente.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

“En el Distrito Central hay un problema que a mi punto de vista sería lo que ha agravado la situación, es la falta de ordenamiento territorial”, dijo a Criterio.hn la analista de riesgo ambiental Inti Alvarado.

Como resultado, hay muchos asentamientos humanos en zonas que son de alto riesgo, lo que además ha provocado degradación del suelo, acceso limitado al agua y deforestación.

“Todo eso va sumando hasta generar un Distrito Central con alto riesgo”, pero además está la contaminación de residuos sólidos que tienen colapsados todos los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial que en época de lluvias no funcionan “y ahí vienen las inundaciones”, agregó.

En esa misma línea, el geógrafo Carlos Sabillón recordó que la Ley de Ordenamiento Territorial fue aprobada en respuesta a los estragos del Mitch.

De los 298 municipios de Honduras, aproximadamente 250 cuentan con su estudio de ordenamiento territorial, de los cuales, según Sabillón, 150 están ya aprobados.

Pero ninguno se aplica rigurosamente “y esto nos lleva al otro punto, si ya existen los planes de ordenamiento territorial, si existe una ley, ¿entonces por qué no se aplica? Bueno, aquí viene la respuesta: la maldita corrupción”, apunta el geógrafo.

A juicio de Sabillón la Ley de Ordenamiento Territorial es la herramienta principal que las alcaldías municipales tienen para ordenar el uso del territorio.

Desde 2014, Tegucigalpa cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial que debe ser retomado, señala un estudio del BID y de la Alcaldía.     

Pero mientras en algunos lugares del país hay una urbanización desmedida, otros se están despoblando, dijo Sabillón, quien recomendó erigir ciudades satélites en los valles de Támara, a unos 10 km al norte de la capital, e Ilamapa, a unos 40 kilómetros al oriente de la capital en la carretera a Olancho, e incluso en el de Comayagua, en el departamento del mismo nombre, para reducir la presión que hay en la capital por la tierra y el agua.

Esa distribución de la población debe hacerse en zonas que no sean agrícolas porque la mayoría del territorio es de vocación forestal y hay que pensar dónde van a cultivar sus alimentos las generaciones futuras.

Además, señaló la necesidad de elaborar una estrategia para reasentar a la población que vive en zonas de riesgo y que pueda construir con seguridad sus viviendas.

Sabillón advierte que si no se empieza a respetar el ordenamiento territorial “vamos a seguir teniendo la destrucción que hemos tenido y de repente, a futuro, con mayores consecuencias”.

Covid-19 desnuda vulnerabilidad de niñez y juventud de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –En el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19) los organismos internacionales, que protegen los derechos de la niñez y la adolescencia, instan a los Estados adoptar medidas de protección para esta población. Pero, en Honduras la situación de riesgo y vulnerabilidad se acrecienta.

El pasado 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó la resolución 1-2020, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en la que pide a los Estados de la región reforzar la protección de niños, niñas y adolescente (NNA), ante la pandemia del Codiv-19

De acuerdo con la CIDH, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en la clasificación de grupos en situación de especial vulnerabilidad, por lo tanto, las medias de emergencia y contención implementadas deben aplicar perspectivas intersecciones y prestar especial atención a las necesidades en materia de derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo.

Lea además: Honduras: Interponen amparo para proteger del Covid-19 a niñez que sobrevive en la calle

La sección de niños, niñas y adolescentes, consta de cinco enunciados los cuales se detallan a continuación:

  1. Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, en la medida de lo posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios.
  2. En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegurar, que las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles.
  3. Adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas.
  4. Respecto de las instituciones de cuidado residenciales, los Estados deben revisar las medidas especiales de protección vigentes promoviendo la re-vinculación familiar de los niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y siempre que esta medida no sea contraria a su interés superior. Además, se debe asegurar acciones de prevención del contagio en estas unidades, además de establecer protocolos de emergencia orientadores para los equipos y personas que tengan niños a su cargo.
  5. Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas y sociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación.

Población eternamente vulnerada

En el año 2019, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden)—una plataforma de incidencia política en materia de promoción, protección y defensa de derechos de la niñez, adolescencia y juventud en Honduras—publicó el informe “Una Mirada Crítica a la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia”.

El documento plantea que la inversión en niñez y adolescencia debe facilitar el acceso a una educación y salud de calidad, de manera que los incentivos para asistir a un centro educativo sean mayores que los que ofrezca el trabajo infantil.

Además detalla que los altos índices de pobreza y su relación con los problemas que afecta a la niñez y adolescencia en Honduras plantean la necesidad de revisar y readecuar las prioridades del  Estado, atender a la juventud y niñez que es afectada por la incidencia de la pobreza y  canalizar mejor los recursos a fin de promover el crecimiento y desarrollo económico, así como el bienestar social.

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los niños, niñas y adolescentes representaban para el año 2018, casi el 50 % de la población hondureña, es decir personas menores de 17 años.

Acceso al derecho a la educación

Al respecto la Encuesta Permanente de Hogares del INE, en lo referente al nivel educativo, asistencia a centros educativos, estado y condición de trabajo y acceso a internet, detalla que, en el año 2015, la población entre 5 y 18 años que asistía a un centro educativo fue de 1,509,505 (1,129,500 con edades entre 5-12 años y 380,006 entre 13-18 años).

En cuanto a los años promedio de estudio fueron de 7.7 (8tvo grado), teniendo una tasa de cobertura de 58.2 %, lo que significa que seis de cada 10 personas menores de 17 años asistieron a un centro educativo.

A partir del viernes 13 de marzo, el gobierno de Honduras ordenó el cierre de las escuelas públicas y privadas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus en el país.

Ante la suspensión de las clases presenciales, el secretario de Educación Arnaldo Bueso instruyó a los docentes para que se conectarán con sus estudiantes a través de la tecnología y de esa manera continuar el proceso de aprendizaje.

Es decir que los educandos deberán tener a su disposición, mínimamente un teléfono celular con tecnología Androi, tablets o computadora y desde luego con acceso a internet.

Al respecto la misma encuesta Permanente de Hogares del INE, señala que un total de 326,246 personas dentro del rango de la población de NNA, es decir menores de 17 años, no tienen acceso a internet.

De igual manera la encuesta indica que el 16.2% de la población no tiene acceso al servicio de energía eléctrica en Honduras. La energía eléctrica es una característica predominante del área urbana, pues en el área rural el 7.6 por ciento de los hogares aún se alumbra con candil o lámpara de gas y un 6.3 por ciento lo hace con ocote.

Niños en riesgo histórico

Según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), en el año 2018 un total de 475 mil menores de edad trabajan en las calles limpiando vidrios de carros bajo los semáforos, vendiendo dulces en las calles, siendo usados para la mendicidad forzada, realizando piruetas para recibir limosna.

También laboran en el sector de la construcción en ciudades con mayor movimiento y, en el peor de los casos, son explotados al ser usados para la prostitución o pornografía infantil. De igual manera en el área rural la mayoría de los menores de edad son expuestos al trabajo de la agricultura y ganadería.

Sumado a ello el 23% de los niños y niñas menores de cinco años sufre de desnutrición crónica en la zona urbana y un 28.8% en zona rural, pero las cifras se duplican en departamentos de predominio indígena como Intibucá con un 48.2% y en Lempira con 47.6%.

Niños en la calle

Ante el peligro que representa la actual pandemia del Covid-19, el pasado 13 de abril un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo a favor 15 mil menores de edad que viven en las calles. La acción legal busca proteger a la niñez y juventud, que vive en la calle, del coronavirus por considerar que corren riesgo de morir.

El recurso fue presentado por Casa Alianza, Coiproden, el Bufete de Derechos Humanos, Fundambiente y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Las organizaciones, siguiendo las recomendaciones de la CIDH, demandaron que la Corte ordene 10 medidas cautelares urgentes de protección a los menores, entre estas, que se habiliten de manera inmediata albergues para los niños que viven en las calles a nivel nacional y se les apliquen pruebas rápidas para detectar contagios.

Hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado y su silencio se conjuga con la crisis económica originada por el Covid-19, que en los últimos días ha incrementado el número de hondureños que viven en las calles.

Niñez de Honduras vive en una situación de extrema vulnerabilidad

Por: Redacción CRITERIO

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La niñez en Honduras vive en una “situación de vulnerabilidad” frente a la violencia, la pobreza y el abuso sexual, dijo en una entrevista con Acan-Efe el director de World Vision en Tegucigalpa, Jorge Galeano. 

Galeano manifestó que el 70 por ciento de los hondureños sufrió al menos una experiencia adversa en la infancia (EAI), como maltrato físico o la separación de los padres. Destacó que el Estado no ha dado realmente la prioridad que merece el combate de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, lo que sumado a la falta de oportunidades contribuye a que los menores migren del país, aunque reconoció que Honduras registra una bajada en la cifra de homicidios. “Cuesta ver en la lista de prioridades donde están los niños y las niñas, no es que no están, pero quizás están en un nivel de prioridad que no está permitiendo tener los resultados que necesitamos”, enfatizó.

El experto, quien desde hace un año está al frente de World Vision en Honduras, lamentó que el presupuesto asignado a atender a la niñez vulnerable “es cada vez menor”, por lo que instó al Estado a “invertir más” en la infancia que vive en “una situación de vulnerabilidad cada vez mayor”.

Apuntó  que los niños también son víctimas del trabajo infantil en Honduras, donde unos 400.000 menores deben trabajar, y muchos son reclutados por el crimen organizado y las pandillas. Alrededor del 90 por ciento de los jóvenes reclutados por bandas del crimen organizado y las pandillas “fueron abusados cuando eran niños”, añadió.

Las pandillas ofrecen a los jóvenes “lo que no tienen en sus hogares: sentido de familia, protección (…), cosas básicas”, indicó el experto. Dijo, además, que el Gobierno hondureño debe invertir más en la atención a la infancia y la prevención de la violencia y el abuso sexual que les afecta, así como crear espacios seguros para este sector. “La niñez está sufriendo un nivel de vulnerabilidad bastante elevado”, señaló el ejecutivo de World Vision, quien dijo que el abuso sexual infantil, muchos de ellos por familiares, es otro de los temas pocos tratados en Honduras, aunque no precisó cifras.

Ante tal situación, Galeano indicó que uno de los grandes desafíos del país es “concientizar” a los padres de familia para mejorar la relación en el hogar y que el Estado coordine un trabajo con la sociedad, las iglesias evangélica y católica, el sector justicia y educación. Cifras oficiales dan cuenta que cada día se registran tres denuncias por abuso sexual infantil. Galeano exhortó al Gobierno a implementar programas de atención a las familias más vulnerables de Honduras, donde el 67 por ciento de los 9 millones de habitantes son pobres, de las cuales el 48 por ciento viven en pobreza extrema.

“Hay que focalizar un poco más los programas a estas familias vulnerables, destinar más presupuesto para la atención en riesgo”, explicó el experto. Destacó que los niños deben ser educados “no con golpes, no con maltrato, no con palabras duras, sino a través de ternura, ya que las palabras hieren, los golpes dañan y el amor transforma”. El director de World Vision resaltó el “rol fundamental” que juegan los medios de comunicación en la forma en que se percibe la violencia hacia la infancia.

“Los niños y niñas nos están viendo a los adultos pelearnos, nos están viendo maltratarnos y ellos replican lo que ven (…) debemos reflexionar sobre qué tipo de sociedad le estamos mostrando a los niños y lo que esperamos de ellos en el futuro”, enfatizó. El experto insistió en que los menores en Honduras “están en una situación de vulnerabilidad y es preocupante”, por lo que pidió a la sociedad ser “consciente y poder atender a este sector” dijo a EFE. (Con información de EFE)