Tegucigalpa. – El médico epidemiólogo, Fidel Barahona, dijo este lunes que pareciera que hay una decisión del gobierno de Honduras de no comprar vacunas contra la covid-19 y que nada más se está a la espera de las donaciones que efectué la cooperación internacional.
“Y los 30 millones de dólares que prestó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), exclusivamente para la compra de vacunas ¿Dónde está?, expresó el galeno en una entrevista para un canal local.
También dijo que no comprende por qué el gobierno engaña a la ciudadanía diciendo que ya tiene contratos con organizaciones o empresas encargadas de la distribución de vacunas contra la covid-19.
El gobierno ha venido informando desde finales del año pasado sobre la suscripción de contratos con farmacéuticas, pero hasta el momento la única respuesta concreta es de 53000 dosis: 48 mil de una donación del mecanismo Covax (OMS/OPS) y 5.000 del gobierno de Israel.
A finales de febrero el gobierno de Honduras aprobó la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V y anunció la compra de 4.2 millones de dosis , las que llegarían al país a finales de marzo, sin embargo, a la fecha sólo se reporta la importación de apenas 6.000 vacunas.
Otra de las promesas incumplidas es la llegada de un lote de 1.4 millones de dosis de una compra directa que el Congreso Nacional aprobó en noviembre del año pasado con la farmacéutica AstraZeneca para cubrir la demanda de 700 mil derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La inoperancia del gobierno de Honduras se evidencia con la privatización de la vacuna que ha cobrado vigencia con la firma de un convenio suscrito con la cúpula empresarial
El epidemiólogo, Fidel Barahona, reclamó al gobierno por la falta de transparencia en cuanto a la firma de supuestos contratos para la adquisición de las vacunas. A su juicio, el hecho de no publicar los contratos es lo que está generando incertidumbre sobre la fecha de la llegada de los fármacos al país.
La pandemia ha trascurrido con la denuncia de varios actos de corrupción por la compra sobrevalorada de medicamentos, insumos y equipo médico y de bioseguridad.
La corrupción sistémica mantiene en banca rota las finanzas públicas, lo que ha conllevado a que el gobierno extienda su deuda hasta para la compra de vacunas.
En marzo pasado el BCIE aprobó un crédito al gobierno de Honduras por 35 millones de dólares con el propósito de comprar 2,8 millones de dosis, para inmunizar 1,4 millones de hondureños.
Y el viernes pasado se conoció un nuevo endeudamiento por 20 millones de dólares con el Banco Mundial.
Hasta la fecha sólo se ha vacunado el 0,6% de la población hondureña, mientras el sistema de salud se enfrenta a una nueva oleada de contagios, con los triajes y hospitales sobrepasando su capacidad máxima.
Tegucigalpa. – La Secretaria de Salud de Honduras emitió el miércoles un oficio mediante el cual censura a los coordinadores de triajes para que no puedan informar a través de los medios de comunicación a la ciudadanía sobre la situación de la pandemia de Covid-19.
El oficio número 231-RISS-RSM-2021 señala que a partir del 7 de abril el vocero oficial será el médico Harry Bock Melará, siendo “la única persona autorizada para brindar declaraciones a los medios de comunicación y reportar datos estadísticos y de cualquier otra índole de estos centros (triajes)”.
Curiosamente la censura del gobierno de Juan Hernández se registra ante el cierre de 36 triajes y reiteradas denuncias a nivel de todo el país por falta de presupuesto y pago al personal de salud que está al frente de estos centros en donde se brinda atención a pacientes con Covid-19 que, ante la colapsada red hospitalaria, ha sido una respuesta limitada ante la pandemia.
El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, Carlos Umaña, expresó que valora la censura como un acto delincuencial porque nadie debe cuartar la libertad de pensamiento y expresión. “Ocultar la realidad en una pandemia, es ocultar los muertos”.
Mediante una publicación en Twitter, Umaña pidió a la Comisionada de los Derechos Humanos y a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública que investiguen a profundidad la violación a la libertad de expresión de la que están siendo objeto sus colegas que laboran en los triajes.
Pedimos a la Comisionada de derechos humanos y a los Comisionados acceso a la información hagan una investigación profunda del delito en contra de mis colegas de cortarles la libertad de expresión para dar la real situación de la pandemia. Ocultar información es delito
— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) April 8, 2021
La condena por la medida gubernamental también fue expuesta por la jefa del servicio de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras (Tórax), Suyapa Sosa, quien dijo que el personal que está en los triajes es el que trabaja con la realidad y que son las autoridades sanitarias las que están haciendo mal su trabajo.
Asimismo, que a los únicos que se les debe creer es a los pacientes que llegan y no encuentran nada en los centros de acopio.
Siempre que se señala a las autoridades directamente del mal trabajo que hacen, aplican una ley mordaza, ya que en este país no quieren que se diga la verdad, pero la verdad siempre va a salir, manifestó Sosa.
Los triajes han sido implementados en los 298 municipios de Honduras como opción ante el colapsado sistema de salud, pero en los últimos días estos centros están siendo cerrados por los gobiernos municipales por la falta de apoyo presupuestario por parte del gobierno central. La crisis ha sido más evidente durante las últimas tres semanas ante la nueva ola de contagios, atribuida a las aglomeraciones de personas durante las elecciones primarias del 14 de marzo y el feriado de Semana Santa.
Entre el 14 de marzo y los primeros días de abril se registró un promedio de 581 casos diarios de Covid-19, sin embargo, esta cifra se podría duplicar en las próximas dos semanas, de acuerdo con los cálculos de los epidemiólogos.
Hasta este jueves 8 de abril el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) registraba 192,413 contagios acumulados desde que se registraron oficialmente los primeros dos casos por el nuevo coronavirus el 11 de marzo de 2020 y 4,686 muertes.
El gobierno de Juan Hernández se ha caracterizado por ocultar la información pública, a tal extremo que a partir de 2014 entró en vigor la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que establece reserva en la información en 16 instituciones del Estado hasta 50 años.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que debería ser garante de la libertad de expresión y del derecho al acceso a la información lejos de condenar la medida gubernamental, se mostró indiferente e incluso se podría interpretar que existe cierta complacencia.
En un canal de televisión, el presidente del CPH, Osman Reyes, consideró la censura implementada por el gobierno como “algo normal” porque “cada institución está en su derecho de manejar la información como mejor le parezca».
Tegucigaalpa.-El fantasma de los fraudes electorales podría salir a relucir en las elecciones primarias del 14 de marzo. Hasta el momento todo apunta que el proceso para la contratación de la empresa que se encargará de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) será declarado desierto.
A 47 días del proceso electoral la situación es preocupante porque el pueblo hondureño aún no sabe qué empresa hará la transmisión de los resultados de las elecciones primarias de los partidos Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Liberal.
El secretario de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal, Rodolfo Zelaya, dijo a Criterio.hn que el proceso fue declarado desierto de manera extraoficial, pese a que dos de ocho empresas presentaron sus ofertas técnicas y financieras.
“Tenemos comunicación no oficial respecto al fracaso del procedimiento que estaba establecido de acuerdo con los pocos tiempos previstos para que las diferentes empresas pudieran participar en el proceso”, dijo Zelaya.
El problema se suscita en que ninguna de estas dos empresas cumplió con los requisitos mínimos, como las garantías que tenían que presentar ante el órgano eleccionario.
Un riesgo que podría correrse es que no habrá transmisión de resultados rápidos, sino que se irán conociendo a medida que avance el escrutinio el día de las elecciones, pero lo que más fuerza cobra, de acuerdo con las experiencias del pasado, es que se recurra a una contratación directa.
El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales dijo que esperan que el Consejo Nacional Electoral convoque a los representantes de las tres instituciones políticas mayoritarias porque “se anuló el proceso de contratación del TREP”.
Zelaya hizo la denuncia de manera pública el viernes, pero hasta el momento ninguno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha pronunciado.
Por otro lado, el director del Instituto Holandés para la Libertad y la Democracia, Luis Daniel León, aseveró a Criterio.hn que no es extraño que el proceso de licitación para la contratación de la empresa que transmitirá los datos el día las elecciones se haya anulado, debido al poco tiempo que tuvieron las empresas para ofertar.
El director del Instituto Holandés para la Libertad y la Democracia, Luis Daniel León, cree que los problemas en el proceso de licitación para la contratación de la empresa que se encargará de la transmisión de resultados electorales, obedece al poco tiempo del proceso.
El viernes el CNE informó que sólo dos empresas de las ocho que habían participado en la última etapa del proceso de licitación privada presentaron sus ofertas para la transmisión de los resultados electorales para las elecciones primarias.
Se detalló que los ofertantes habían sido la empresa de capital hondureño, Symbolic Sistems United (SSU) y la firma colombiana Thomas Processing and Sistems SAS (TPS).
Se precisó que la empresa hondureña entregó una oferta por 112 millones 349 mil 134 lempiras y la empresa colombiana por 215 millones 799 mil 991 lempiras.
El CNE realizó la apertura pública de sobres para la contratación del servicio de implementación del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio y Divulgación, que contó con el acompañamiento del Instituto Holándes para la Democracia Multipartidaria (NIMD). pic.twitter.com/MuVtSaE3Zh
En los últimos días trascendió que Symbolic Sistem United, cuyo capital es hondureño, fue constituida en septiembre del año pasado y la oferta de la empresa Thomas Processing Sistems, de inversión colombiana, sobrepasa el presupuesto en más de 100 millones de lempiras.
De las ocho empresas invitadas por el CNE a presentar sus ofertas se retiró la empresa de capital español, Indra, aduciendo el poco tiempo del proceso y, la otra, Excelsis, de capital paraguayo, pidió una prórroga.
A raíz de la declinación de la firma española el pleno del CNE emitió un comunicado diciendo que al estudio de mercado se habían presentado 16 empresas que hicieron una presentación individual de sus servicios y soluciones y que ese mismo día se había enviado invitación a ocho para participar en la licitación privada publicada en los portales del CNE y del ONCAE.
Criterio.hn solicitó a través de la Unidad de Transparencia del CNE el nombre de las 16 empresas que presentaron su oferta para la trasmisión de resultados y el nombre de las ocho empresas que fueron invitadas para participar en la licitación privada, pero este lunes su oficial de Transparencia, Priscila Funez Villalobos, notificó que harán uso del periodo de prórroga. Resulta extraño que los magistrados del CNE hayan pedido prórroga para entregar una simple lista de empresas oferentes.
Sin embargo, este medio de comunicación tuvo acceso de manera extraoficial a la lista de las ocho empresas que fueron invitadas a presentar ofertas para la licitación privada (Thomas Processing & Systems, Symbolic Sistems United, INDRA, Excelsis, Smartmatic, CGTS-UST, Smart Voting y MSA.
De las ocho empresas, una se retiró, la otra pidió una prórroga, cuatro no se presentaron y dos lo hicieron sin las debidas garantías financieras y técnicas para hacerse responsables del proceso de transmisión de datos durante las elecciones primarias.
¿POR QUÉ TANTA LENTITUD?
La pregunta obligada de la ciudadanía es ¿por qué no se hizo todo con tiempo?, ¿Será que hay visos de un nuevo fraude?, o ¿hay negocios sucios tras esto?
El contexto político e institucional quedó en evidencia con esta licitación que se convirtió en una más, debido a la poca preparación de los magistrados del CNE y la falta de un presupuesto.
Los magistrados del órgano electoral, integrado por los partidos Liberal, Libre y Nacional, entraron en funciones durante el último trimestre del 2019 y mientras definían como funcionarían por la falta de una Ley, el Congreso Nacional aprobó varios decretos transitorios.
Para el director de Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, lo que está pasando con el proceso de licitación era de esperarse. Recordó que desde el 2019, cuando se integró el CNE, el organismo que él representa advirtió que el presupuesto tenía que ser entregado un año antes de las elecciones para evitar tropiezos.
Ramírez dice que los responsables de todo lo que está pasando son los mismos partidos políticos que toman las decisiones desde el Congreso Nacional porque pudieron haber aprobado con tiempo el presupuesto que el órgano electoral requiere para realizar todas las compras que se demandan para el proceso electoral.
“Si hay problemas sería responsabilidad, especialmente de los tres partidos mayoritarios, entonces, no veo por qué la gente se sorprende cuando los mismos partidos políticos tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien, de asignar los recursos presupuestarios, de hacer una licitación mucho más planificada”, dijo Ramírez.
Con la presencia de la pandemia por CovID-19, Honduras al igual que los demás países del mundo sufrieron un duro impacto económico y con ello sus finanzas, producto de la recaudación fiscal, cayeron, lo que provocó que el gobierno recortara los presupuestos de las instituciones.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Finanzas en su portal digital, durante el 2020 los ingresos fueron de 133, 446.04 y los egresos fueron de 147,936.17 millones de lempiras.
En la reducción presupuestaria, se supone, entraron los entes electorales, por lo tanto, el CNE se vio afectado para avanzar en la contratación de la empresa que se encargue de la transmisión de resultados electorales.
La situación se terminó de complicar con las inundaciones y daños dejados por los huracanes Eta y Iota, a tal grado que el Poder Ejecutivo ha atrasado los desembolsos al CNE, dejando de lado la transmisión de resultados: el talón de Aquiles en las elecciones de Honduras.
Aunque las excusas del gobierno sigan siendo la pandemia y los dos huracanes, para Lester Ramírez, no es más que el resultado de las negociaciones que hacen los políticos desde las más altas esferas.
¿QUÉ PASÓ CON EL PRESUPUESTO?
En Congreso Nacional aprobó 1,760 millones de lempiras para el Consejo Nacional Electoral durante el 2021, una diferencia significativa tomando en cuenta que el año 2020, el mismo rondaba en 133, 453.1 millones de lempiras.
Este incremento se debe a que durante el presente año se realizarán las elecciones primarias y generales. Para los comicios de marzo se tienen estimados más de 400 millones de lempiras, de los cuales 100 millones serían utilizados para la contratación de la empresa que transmitirá los datos.
Observando estos números está clara la declaratoria de una licitación nula, porque la empresa que se acercaba en cifras era la hondureña que no tiene ni un año de haber sido conformada.
Sin embargo, el presupuestario no ha sido el único problema para el entrampamiento del proceso de licitación, sino que, al no haber dinero, no se han hecho los desembolsos que se requieren.
Criterio.hn buscó en reiteradas ocasiones una entrevista con la viceministra de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roxana Rodríguez, pero la funcionaria no atendió la petición, pese a que la cita se buscó con insistencia durante una semana.
El representante del Fondo Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, dice que los magistrados del CNE han mostrado una falta de visión para montar las elecciones.
“Observamos un comunicado del CNE en el que se menciona que van a tratar de hacer todo por contratación directa, lo que no da señales de transparencia. Ya sabemos lo que esto significa en nuestro país”, indicó Zepeda.
El economista del Fosdeh, Ismael Zepeda, advirtió desde el año pasado que el tema presupuestario sería el talón de Aquiles para las compras y contrataciones en el CNE y que todo obedecía a la intensión de hacer procesos directos.
Según los expertos, esto profundiza la incertidumbre electoral y la idea que se harán mal las cosas porque al final, se podría recurrir a una licitación directa y este proceso se sobrepone a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.
Ni siquiera las instituciones contraloras del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública tienen claridad respecto a las compras directas por la rapidez en la que se contrata, no hay posibilidad de una buena verificación de los contratos.
UNA INSTITUCIÓN POLÍTICA QUE DEBIÓ SER TÉCNICA
Pese a que el Consejo Nacional Electoral debe ser una institución técnica (pues así fue concebida), se convirtió en el albergue para la puja política de los tres partidos mayoritarios de Honduras: el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Cuando se conformó esta institución electoral se prometió que se haría una transición del Tribunal Supremo Electoral—una institución meramente política—al Consejo Nacional Electoral—a un ente técnico para evitar los malos sabores del pasado y que en el 2017 desembocaron en una crisis sin precedentes al haberse registrado un fraude electoral que ocasionó una crisis política sin precedentes y que dejó varios muertos.
Según el director del Instituto Holandés para la Libertad y la Democracia, Luis León, lo que le ha pasado al CNE es que primero, políticamente no se ha logrado tener un acuerdo colegiado porque obviamente hay tres fuerzas que tienen interés de gobernar.
Como la percepción ciudadana es que puede haber corrupción se ha buscado la veeduría nacional e internacional para garantizar la transparencia de todo el proceso de licitación para la contratación de la empresa que transmitirá los datos durante las elecciones primarias. En ese rol se cuenta con la participación de instituciones veedoras como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto Holandés para la Libertad y la Democracia.
Pese a todo esto, se llegó a un proceso fallido, entrampado, sin presupuesto, sin ideas y completamente politizado porque ni siquiera el marco legal se ha aprobado y la ciudadanía tendrá que conformarse con seguir las reglas de las elecciones pasadas.
CONTRATACIÓN DIRECTA
Para el miembro de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal, Rodolfo Zelaya, el hecho que no se haya podido tener un proceso competitivo y que una de las empresas haya presentado una oferta que sobrepasa los cien millones lempiras a la base de la licitación, evidencia las verdaderas intenciones.
“Lo que se anda buscando es la contratación directa para favorecer a Mapa Soluciones, que ya participaron y fracasaron en el proceso eleccionario”, dijo Zelaya.
La empresa señalada por Zelaya y contra la que pesan serias acusaciones por irregularidades cometidas en elecciones pasadas, presentó su oferta ante el CNE en octubre pasado. Sin embargo, no se presentó en la etapa final que concluyó el 21 de enero.
Mapa Soluciones ha sido la empresa encargada de transmitir los datos en los últimos siete procesos electorales, exceptuando las elecciones generales de 2017, por lo que no se descarta que al contar con la estructura y con poco tiempo por delante sea la empresa elegida en contratación directa.
Con el escenario actual no se descarta que Mapa Soluciones vuelva a ser la ungida con el contrato y no sería nada descabellado pensarlo puesto que el CNE tiene su oferta desde octubre del año pasado.
Por el momento los miembros de la Comisión Técnica del CNE trabajan contra el reloj preparando los resultados de la evaluación o si en efecto el proceso se declarará desierto y se recurrirá a una contratación directa.
Tegucigalpa. – La cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), fue calificada por séptima vez con cero por ciento por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al negarse a publicar la información financiera y administrativa del ente de pensiones de los comunicadores, escenario de desvío y despilfarro de fondos, y compras sobrevaloradas de propiedades, según investigaciones de este medio de comunicación. (Descargue aquí el informe)
Los directivos del CPH en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), están obligados a publicar la información del ente en el Portal Único de Transparencia del IAIP, debido a que han captado más de 53 millones de lempiras de fondos públicos en cumplimiento de la ley de creación de la institución de pensión de los periodistas.
Pero la cúpula de la organización gremial—que también se escuda en un decreto de impunidad que les amplió el Congreso Nacional para eludir la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el ente de pensiones, que ha operado cientos de millones de lempiras—se resiste a publicar la información violando reiteradamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el Informe de Verificación de Información en Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas del IAIP, los directivos del IPP encabezados por el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez Coello, lideran con una calificación de cero por ciento, al igual que 18 alcaldías, un partido político minoritario y el Consejo Nacional de Inversiones.
“Los directivos del CPH en el Instituto de Previsión Social del Periodista ocultan información porque temen que se ponga al descubierto los abusos y graves irregularidades en el manejo de los fondos”, dijo a Criterio.hn el periodista, Gustavo Palencia, que desde el año 2015 pide información en el ente de pensiones con poco éxito.
Una larga investigación de este medio de comunicación a través de más de 40 artículos, expusieron el blindaje otorgado por diputados nacionalistas y liberales de la facción leal al expresidente Carlos Flores Facussé, para no rendir cuentas en el ente de pensiones, el desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades y la asignación de pobres jubilaciones violando la ley del IPP.
El ente de pensiones de los periodistas, desde que empezó a operar en 1987 ha administrado cientos de millones de lempiras, sin la auditoría de la CNBS y la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH), que si han ejercido en su momento control sobre los restantes entes de previsión y fondos de pensión públicos y privados.
La nueva calificación de cero por ciento para los directivos del CPH, es la séptima desde el año 2016 en la evaluación de cumplimiento de la publicación en el Portal Único de Transparencia, y corresponde al segundo semestre de 2020.
El IAIP impuso también dos multas en 2020 de 29.000 lempiras al presidente del CPH, que también es el máximo dirigente del ente de pensiones por violar la Ley de Transparencia y de 8.000 lempiras en el 2016 al expresidente de la agrupación gremial, Eduin Natividad Romero, por la misma causa.
Romero, que fue presidente de la gremial entre 2015 y 2016, es aún miembro de la junta directiva del IPP debido a que es presidente del Tribunal de Honor del CPH.
Los periodistas directivos en el ente de pensiones libran una lucha tan tenaz para evitar publicar y compartir información de las operaciones, que han gastado más de medio millón de lempiras en el pago abogados para evitar publicar información o entregar información a afiliados.
Entre los abogados contratados por los directivos del CPH en la cruzada anti-transparencia, figuran un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un exfiscal General del Ministerio Público, un exmagistrado del Poder Judicial y un exdiputado que han ofrecido asesorías y apoyado para presentar unos ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del IAIP ordenándoles entregar información.
“Es una vergüenza que los directivos de la organización gremial de los periodistas, que debe dar ejemplo de transparencia, se opongan a ser transparentes en sus instituciones y en este caso del ente de pensiones, y hasta gastar dinero que es de los afiliados”, dijo Palencia.
Tegucigalpa. –El Gobierno de Honduras sigue acudiendo a campañas engañosas para posesionar una imagen positiva a nivel local e internacional al hacer uso de discursos que son fáciles de desmontar.
Tal es el caso del secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, quien afirmó recientemente que desde el Poder Ejecutivo se ha dado un ejemplo de cómo manejar la transparencia en la ejecución de fondos públicos.
“Estamos definiendo políticas que propicien la transparencia, se están agilizando los procesos y a través del Gobierno electrónico se genera más transparencia, la sociedad necesita tener esta respuesta del Gobierno”, dijo recientemente Ayala en una entrevista con medios locales.
El funcionario se refirió a las acciones que el Gobierno está desarrollando supuestamente para garantizar la transparencia, entre las que destacó la reciente creación de la Secretaría de Transparencia y las gestiones de la administración Hernández en el tema digital financiero.
Según el funcionario del Poder Ejecutivo el gobierno que preside, Juan Hernández, ha sido abanderado de la transparencia porque apuesta a rendir cuentas sobre cada una de sus ejecutorías
La afirmación del funcionario es falsa cuando se echa un vistazo a informes sobre la falta de transparencia del Gobierno en manejo de fondos, vigencia de leyes que penalizan la divulgación de información y valoraciones de actores políticos y sociales del país.
“El informe destaca que, durante el período de confirmación presupuestaria, en los países mencionados se aprobaron diferentes normativas para regular las adquisiciones de emergencia y la contratación de expertos; sin embargo, ha existido falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos destinados a la atención de la pandemia y las irregularidades han sido conocidas gracias a denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación”, cita el documento.
Otra conclusión a la que llegó el estudio, es que el Gobierno no creó políticas de rendición de cuentas ante los países que facilitaron créditos millonarios para el manejo de la pandemia contra la COVID-19.
“Los millonarios préstamos internacionales adquiridos por los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica no tuvieron condiciones de transparencia o rendición de cuentas a los organismos multilaterales, por lo que es indispensable continuar con el monitoreo y fiscalización de dichos fondos”, recalcó el análisis de Transparencia Internacional.
Por su parte el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en un análisis sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19 por parte del Gobierno, concluyó que no hay un compromiso estatal para rendir cuentas.
El análisis escrito por la analista del Cespad, Mirna Flores, recalcó que, los recursos no están siendo auditados y mucho menos vigilados porque no hay cumplimiento de varias entidades con las políticas de transparencia existentes.
“Por el momento, los recursos públicos que están actualmente siendo ejecutados no se están viendo reflejados en la atención sanitaria, tampoco en políticas sociales dirigidas a los sectores más afectados, y lo más grave aún, son usados con poca transparencia”, detalla el documento.
El análisis de Flores cita la postura del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh) en torno a la ejecución de fondos de emergencia: “el Fosdeh ha advertido que una cantidad extraordinaria de recursos de más de 80 mil millones de lempiras, estarán a disposición del gobierno en los próximos meses, esto a costa de un alto endeudamiento. También ha denunciado que en el tiempo que va de la emergencia, ya han aflorado acciones irregulares de cotizaciones y compras sobrevaloradas, y que la secretividad con que se ejecutan los fondos impide la transparencia”.
“Es importante que exista mayor transparencia en los contratos gubernamentales, en los presupuestos públicos y en los conflictos de intereses, y la utilización de herramientas innovadoras de las tecnologías de la información pueden ser muy útiles”, sugiere el informe.
Los señalamientos anteriores tienen lógica y su génesis se deriva de la aplicación de un marco legal creado en los últimos años, con la intención de blindar la corrupción mediante prácticas que atentan contra la rendición de cuentas y la transparencia y que han venido a desbaratar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 30 de diciembre de 2006.
Y ha sido precisamente bajo la administración de Juan Hernández que Honduras entró en un retroceso significativo en lo que respecta a la divulgación de información y rendición de cuentas en la administración pública.
El 20 de enero de 2014, en la última sesión que dirigió Hernández como presidente del Poder Legislativo, se aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que blinda la información en 16 instituciones del Estado hasta por 25 años, prorrogables por igual periodo de tiempo.
Luego de la aprobación de esta normativa, que obstaculiza la rendición de cuentas, un grupo de abogados de sociedad civil presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), e incluso la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), sugirió que se revisara y se modificara.
En febrero de 2020 un grupo de magistrados de la Corte resolvió la inconstitucionalidad parcial de la Ley, por lo que, al no obtener la unanimidad de votos a lo interno del Poder Judicial, deberá pasar al pleno para declarar una resolución definitiva, deliberación que todavía no se ha efectuado.
El exdirector del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), Edy Tábora, ha manifestado que la Ley es inconstitucional y que se convierte en una plataforma para la corrupción y la impunidad.
Asimismo, criticó que con ella se le da más poderes al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que maneja Juan Hernández y que gracias a la Ley de Secretos no rinde cuentas sobre el uso de la Tasa de Seguridad.
El incumplimiento de la Ley de Secretos Oficiales por parte de funcionarios y/o cualquier persona que difunda información que esté clasificada bajo los diferentes niveles de reserva puede traer consecuencias penales amparadas en el nuevo Código Penal.
La opacidad con la que opera el actual gobierno va más allá de la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, ya que en los últimos cinco años el Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia decretos ministeriales que han declarado en reserva la información relacionada a asuntos muy sensibles y que se prestan para fomentar los abusos y la corrupción
En el área ambiental, en el 2018 se aprobó la secretividad de las licencias ambientales y cualquier otro trámite que se presente ante la Secretaría de MiAmbiente. La medida se amparó en el Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto y publicado en el Diario La Gaceta el 17 de agosto de ese año.
El ocultamiento de información sobre trámites ambientales fue repudiado por varias organizaciones indígenas y garífunas, como la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) que calificó el hecho como otro atentado a la transparencia y libertad de los pueblos originarios, que han sido en los últimos años los principales opositores a proyectos extractivos e hidroeléctricos.
DESCONFIANZA CIUDADANA, SOCIAL Y POLÍTICA
El descredito del actual Gobierno se refleja en la desconfianza que la ciudadanía, organizaciones independientes de sociedad civil y partidos políticos tienen.
Ante los discursos de funcionarios del Gobierno, varias organizaciones de sociedad civil han salido al paso a criticar el manejo de los recursos públicos y también a denunciar actos de corrupción que van de la mano con la falta de transparencia.
En el contexto de la pandemia, precisamente cuando la administración Hernández se tambaleaba por las denuncias de corrupción, el Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Transparencia, decisión que fue calificada por varios sectores, como una estrategia del oficialismo para esconder información y seguir atentando contra la rendición de cuentas.
El director de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, expresó ante la opinión pública que la creación de esta Secretaría no generaba confianza en la sociedad hondureña.
“Quienes han administrado los fondos de la pandemia no tienen buena evaluación y por eso crearon una Secretaría con el objetivo de que esta entidad diga que todo está bien, quieren tapar la corrupción y evitar que haya una verdadera rendición de cuentas”, valoró Fernández.
Odir Fernández siguió recalcando: “acá lo que hay es un desinterés y falta de cumplimiento de la Ley porque no se crean políticas para rendir cuentas, por ejemplo, el Poder Ejecutivo debería sancionar a esas entidades que no cumplen con los procesos de rendición de cuentas”.
Analistas sociales y abogados penalistas examinaron la creación de esta nueva Secretaría y también valoraron que dentro de la misma existen varias irregularidades. Para el caso el abogado Raúl Pineda Alvarado, comentó que la “Secretaría de Transparencia nace con un gran problema”, porque su creación depende de un PCM (Decreto Ejecutivo) que extralimita la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
Por su parte el abogado penalista, Omar Menjivar, considera a la nueva instancia como “una manifestación de concentración de poder” por parte del jefe de Gobierno, Juan Hernández.
El Gobierno de Juan Hernández por ahora es reprobado en materia de transparencia y rendición de cuentas por la percepción de la comunidad internacional, ciudadanía y sociedad civil independiente.
Tegucigalpa. –El gobernante de Honduras, Juan Hernández, le ha dado una estocada más a la transparencia y rendición de cuentas, al montar una oficina paralela al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que dependerá directamente del Poder Ejecutivo.
La determinación de Hernández se consignó mediante la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) quien se encargará de “coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la implementación de la Política Nacional de Probidad, Integridad y Prevención a la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, reza el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el viernes 6 de noviembre. (Descargue aquí).
La directriz emanada por Hernández establece que la nueva institución emitirá los lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones públicas, será de carácter obligatorio, es decir, que ahora los ciudadanos que requieran cualquier información pública deberán recurrir a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia.
Criterio.hn conoció que la actual Ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros, será la ungida en el cargo de la nueva secretaría de Estado y será quien, prácticamente, asumirá el rol de los tres comisionados del IAIP.
La nueva institución del Poder Ejecutivo estará integrada por un secretario de Estado, dos subsecretarios de Estado, una Secretaría General, tres unidades de apoyo y una oficina de auditoría interna.
El artículo 9 estipula que la Secretaría de Transparencia “brindará apoyo y coordinación que se requiera por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la ley”.
Lo anterior implica una injerencia directa en una institución que, de acuerdo con la ley, goza de autonomía, aunque en la práctica no lo ha evidenciado en su totalidad, por estar integrada políticamente.
La génesis de la creación de la SDT es boicotear el trabajo que desde el IAIP se pudiera realizar para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y porque es precisamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes incumplen con la ley cuando la ciudadanía efectúa los requerimientos.
Otra de las incongruencias es que trabajará de forma coordinada y “brindará apoyo a los órganos de control superior e investigación”, entre los que se cita al Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, cuando se suponen que estas instituciones son autónomas.
Inicialmente la nueva institución funcionará con el presupuesto de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Será hasta que esté debidamente operando que contará con su presupuesto. Sin embargo, en el artículo 12 se instruye a la Secretaría de Finanzas identificar y viabilizar fondos, para que asigne los recursos necesarios, incluyéndose en el presupuesto de la Presidencia de la República de forma anual a partir del ejercicio fiscal 2020.
En el artículo 2 del decreto se establece que la Secretaría de Transparencia se encargará de auxiliar al Presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su efectiva implementación.
La intención de Hernández es blindarse aún más por los señalamientos de corrupción de su gobierno. En 2014 logró que el Congreso Nacional aprobará la “Ley de Secretos Oficiales” que le ha dado un respiro al ocultar la información pública hasta por 50 años en 16 instituciones públicas.
Como parte de sus funciones el Decreto Ejecutivo establece en su artículo 2, darle seguimiento a las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y al Mecanismo de Seguimiento a la Comisión Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción (UNCAC) y representar al país en los espacios internacionales de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.
También coordinará la implementación de instrumentos internacionales de prevención y lucha contra la corrupción, entre los que se cita a la Alianza de Gobierno Abierto, Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST) y la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y el convenio entre el gobierno de Honduras y Transparencia Internacional.
Actualmente, la ciudadanía puede solicitar la información pública a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) que coordina el IAIP con las diferentes instituciones obligadas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la nueva secretaría de Estado, se implementará el Sistema Nacional de Transparencia mediante el cual se recibirá denuncias de la ciudanía sobre supuestos actos de corrupción a través de la plataforma Programa Presidencial Línea 130 o correos electrónicos designados.
Tegucigalpa. –El gobernante de Honduras, Juan Hernández, le ha dado una estocada más a la transparencia y rendición de cuentas, al montar una oficina paralela al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que dependerá directamente del Poder Ejecutivo.
La determinación de Hernández se consignó mediante la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia (SDT) quien se encargará de “coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la implementación de la Política Nacional de Probidad, Integridad y Prevención a la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, reza el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el viernes 6 de noviembre. (Descargue aquí).
La directriz emanada por Hernández establece que la nueva institución emitirá los lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones públicas, será de carácter obligatorio, es decir, que ahora los ciudadanos que requieran cualquier información pública deberán recurrir a las oficinas de la Secretaría de la Transparencia.
Criterio.hn conoció que la actual Ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros, será la ungida en el cargo de la nueva secretaría de Estado y será quien, prácticamente, asumirá el rol de los tres comisionados del IAIP.
La nueva institución del Poder Ejecutivo estará integrada por un secretario de Estado, dos subsecretarios de Estado, una Secretaría General, tres unidades de apoyo y una oficina de auditoría interna.
El artículo 9 estipula que la Secretaría de Transparencia “brindará apoyo y coordinación que se requiera por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a efecto de coadyuvar en garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía y el cumplimiento de las instituciones obligadas a proporcionar la información pública y brindar el acompañamiento en velar por la correcta aplicación de la ley”.
Lo anterior implica una injerencia directa en una institución que, de acuerdo con la ley, goza de autonomía, aunque en la práctica no lo ha evidenciado en su totalidad, por estar integrada políticamente.
La génesis de la creación de la SDT es boicotear el trabajo que desde el IAIP se pudiera realizar para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y porque es precisamente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes incumplen con la ley cuando la ciudadanía efectúa los requerimientos.
Otra de las incongruencias es que trabajará de forma coordinada y “brindará apoyo a los órganos de control superior e investigación”, entre los que se cita al Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y Ministerio Público, cuando se suponen que estas instituciones son autónomas.
Inicialmente la nueva institución funcionará con el presupuesto de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Será hasta que esté debidamente operando que contará con su presupuesto. Sin embargo, en el artículo 12 se instruye a la Secretaría de Finanzas identificar y viabilizar fondos, para que asigne los recursos necesarios, incluyéndose en el presupuesto de la Presidencia de la República de forma anual a partir del ejercicio fiscal 2020.
En el artículo 2 del decreto se establece que la Secretaría de Transparencia se encargará de auxiliar al Presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su efectiva implementación.
La intención de Hernández es blindarse aún más por los señalamientos de corrupción de su gobierno. En 2014 logró que el Congreso Nacional aprobará la “Ley de Secretos Oficiales” que le ha dado un respiro al ocultar la información pública hasta por 50 años en 16 instituciones públicas.
Como parte de sus funciones el Decreto Ejecutivo establece en su artículo 2, darle seguimiento a las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y al Mecanismo de Seguimiento a la Comisión Interamericana de Lucha Contra la Corrupción (MESICIC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción (UNCAC) y representar al país en los espacios internacionales de fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.
También coordinará la implementación de instrumentos internacionales de prevención y lucha contra la corrupción, entre los que se cita a la Alianza de Gobierno Abierto, Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST) y la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y el convenio entre el gobierno de Honduras y Transparencia Internacional.
Actualmente, la ciudadanía puede solicitar la información pública a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) que coordina el IAIP con las diferentes instituciones obligadas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Con la nueva secretaría de Estado, se implementará el Sistema Nacional de Transparencia mediante el cual se recibirá denuncias de la ciudanía sobre supuestos actos de corrupción a través de la plataforma Programa Presidencial Línea 130 o correos electrónicos designados.
Tegucigalpa.-Hace cinco años iniciamos este sueño que hoy se ha hecho realidad. Llevamos nuestro pensamiento, contamos historias, relatamos hechos, mostramos evidencias, en fin, informamos.
Seguimos creciendo y a medida pasa el tiempo los retos y las metas, crecen también. No es ambición por fama o por obtener aplausos, reconocimientos, premios o galardones, es simplemente una misión que nos hemos trazado para dar a nuestro país un periodismo independiente, que incomode al poder.
Surcando esa ruta nos hemos encontrado con rosas, pero más con espinas, que hieren y atacan cuando se sienten afectadas al verse descubiertas y evidenciadas por su mal proceder.
Honduras y el mundo se enfrentan ahora mismo a una pandemia que le ha quitado las máscaras a muchos virulentos y corruptos, quienes por años han dilapidado los fondos públicos en detrimento de una noble población, que hoy se encuentra encerrada, llorando su desgracia y miseria, porque el hambre y la enfermedad han llegado para quedarse.
Pero, bueno, no nos vamos a detener en descifrar tantas cosas, mejor vamos a seguir dando una mirada retrospectiva de nuestro trabajo y recordar cómo el 1 de mayo del año 2015 fundamos este medio de comunicación, en medio de precariedades económicas y una avalancha de leyes de control y de bloqueos en el acceso a la información pública, que desde un inicio han sido una barrera para informar.
Pese a las vicisitudes hemos seguido firmes en nuestras convicciones y nuestros anhelos de construir un “periodismo amplio e incluyente” para darle cabida a aquellos sectores que no tienen espacio en la prensa tradicional y corporativa. Y para el dolor de pocos y satisfacción de muchos, estamos contribuyendo en abrir una ventana, una válvula de escape para conocer la otra verdad, esa que es escondida por la prensa tradicional, aquella que se acomoda porque es parte del poder.
Tenemos claro que estar de este lado, acompañando las causas justas, nos hace vulnerables y presas fáciles de los ataques y campañas de desprestigio, miedo y terror, sin embargo, escogimos este camino porque es más reconfortante y eso nos llena de satisfacciones inimaginables que van más allá de lo material.
El dinero puede comprar cosas materiales, pero jamás la dignidad, y en nuestro caso, como nuestro valor no está en venta, no existe precio que le atine a nuestra pluma y pensamiento.
Muchas «gargantas asalariadas» que actualmente se han dado a la tarea de emprender una campaña, mañana, tarde y noche, metiéndole en la cabeza a la gente que solo lo que ellos dicen es la verdad, porque son los representantes de los medios serios, con una larga trayectoria, profesionalismo, y no sé qué otras cosas más. Estos peones de los titiriteros perfumados son tan nefastos que también han emprendido una cruzada para presionar para que en el Congreso Nacional aprueben en su tercer y último debate la Ley de Ciberseguridad, con la que los corruptos sepultarán la libertad de expresión a través de las redes sociales y medios digitales, que están contando las historias que muestran sus abusos y actos de corrupción.
La alianza perversa, es perfecta y ya está alineada, cuenta con los votos de los diputados “pandoros”, el respaldo de los fiscales acomodados, y de jueces y juezas torcidos, más el aval de los medios que tranzan con el poder. Solo resta una levantadita de mano y todo estará consumado.
Sin embargo, les queremos adelantar que estarán cometiendo un craso error porque el internet no tiene fronteras, tampoco tiene dueño ni centro de control.
Además de nuestro quinto aniversario, hoy se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha en la que el movimiento obrero mundial sale a las calles a pelear por sus reivindicaciones laborales.
Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan a 1886 en Estados Unidos, para conmemorar la gesta de los Mártires de Chicago por reivindicar el derecho a una jornada laboral de ocho horas.
Hoy como periodistas y como ciudadanos extrañaremos la marcha de los trabajadores, por primera vez desde 1954 cuando se gestó la lucha bananera y los obreros hondureños lograron la aprobación del Código Laboral. Por el Covid-19 se hará una pausa a la acostumbrada caminata por las calles y avenidas en demanda por las conquistas que han sido conculcadas por un modelo neoliberal atroz y sanguinario, y que en Honduras se profundiza más por la corrupción y la entrega total de sus gobernantes al capital transnacional.
Tampoco celebraremos nuestro quinto aniversario, pero si asumiremos un nuevo compromiso y es el de ponerle más garra y colmillo a nuestra función de informar. Así que, para atrás ni para tomar impulso, vamos y seguiremos de frente, construyendo alianzas estratégicas a nivel local e internacional, porque estamos convencidos de que, si solos somos fuertes, unidos somos invencibles.
Concluimos estas líneas extrañados y extrañadas porque no sabemos porque escribimos con tanta virulencia. ¿Será por el Covid-19 o porque ya nos hartamos del virus de la hipocresía y la maldad que anda suelto atacando y matando a quien se le cruce por el camino?
Tegucigalpa. – Todos los que manejan fondos públicos tienen que ser transparentes y rendir cuentas, dijo Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, ante la pregunta de CRITERIO sobre el escudo de impunidad de que gozan los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para no rendir cuentas sobre su gestión del ente de previsión gremial.
CRITERIO entrevistó a Edison Lanza –en el marco de su visita a Honduras– para conocer su opinión sobre la posición de los directivos del Colegio de Periodistas que, sistemáticamente, rechazan la transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones financieras y administrativas del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
“Es un tema que, la verdad, no he analizado en profundidad, pero digamos, todos los que manejan fondos públicos tienen que ser transparentes y rendir cuentas de acuerdo a la ley de Acceso a la Información, incluso”, dijo Lanza a un reportero de CRITERIO en un evento el jueves en Tegucigalpa, en el que disertó sobre las repercusiones del llamado “Código Penal de la Impunidad” en la libertad de expresión en Honduras.
El Relator de nacionalidad uruguaya, respondió en esos términos a la pregunta de Criterio: “?Cómo califica que desde el poder en el Congreso Nacional se otorgue a directivos del Colegio de Periodistas de Honduras un escudo de impunidad para que no rindan cuentas sobre los dineros del Instituto de Previsión Social del Periodista?”.
El ente de previsión social del periodista ha captado desde que inició operaciones en 1987, un total de 53.2 millones de lempiras de transferencias estatales en cumplimiento de su ley de creación, de acuerdo a los estados financieros de la institución que ha operado casi 500 millones de lempiras.
El Relator Edison Lanza tampoco tiene conocimiento de que los directivos del CPH pretenden escudarse en la libertad de expresión para no rendir cuentas sobre sus operaciones administrativas y financieras en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).
Y es que el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez Coello, convocó a una asamblea el 28 de septiembre de 2019, después de que fiscales del Ministerio Público citaron a los directivos del IPP y al gerente Nelson Omar Calderón a declarar sobre denuncias de afiliadas jubiladas sobre el otorgamiento arbitrario de míseras pensiones.
En la asamblea, poco concurrida, los directivos encabezados por Rodríguez, dijeron que era “para abordar los siguientes temas: Ataque a la libertad de expresión y de la institucionalidad del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Instituto de Previsión Social del Periodista”.
Aseguraron que la reunión era para “preparar pronunciamiento y denuncia internacional ante los órganos nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión y de prensa” y Rodríguez aseguró, entonces en su twitter que “vamos a denunciar al Estado ante @RELE_CIDH y @EdisonLanza”.
Los directivos liderados por Rodríguez manipularon el hecho como si se tratara de un ataque a la libertad de expresión y de prensa, aunque se trataba realmente de responder a unas denuncias presentadas por afiliadas del ente de pensiones.
Consultado Lanza por CRITERIO sobre si se puede usar como escudo la libertad de expresión y de prensa para no rendir cuentas, dijo: “vuelvo a decirle, me entero por usted de la situación, ahora lo que digo es que quien maneja fondos públicos, siempre debe rendir cuentas sobre el manejo de esos fondos”.
Los directivos del CPH, que a su vez son dirigentes del ente de pensiones, se resisten a cumplir la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que son sujetos obligados debido a que el decreto de creación del ente establece la captación de fondos públicos.
El presidente del CPH y a su vez del IPP, Dagoberto Rodríguez, ha sido sancionado en dos ocasiones por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con tres salarios mínimos en cada ocasión, unos 29.000 lempiras actualmente, por violar la ley de Transparencia al no publicar información de las operaciones financieras y administrativas.
Rodríguez, jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, fue sancionado pecuniariamente, después de que también al ex presidente del CPH y el IPP Eduin Natividad Romero García se le impuso una multa de un salario mínimo de 8.000 lempiras, en el año 2016 por no entregar información a afiliados del ente de pensiones.
Los directivos del ente de pensiones de los periodistas fueron calificados desde 2016 en 6 ocasiones con un porcentaje de cero por ciento en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que no atienden la obligación de publicar en el Portal Único de Transparencia del IAIP la información administrativa y financiera del ente.
Los directivos de CPH se resisten también tenazmente a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, escudándose en un ilegal decreto que le reformaron y ampliaron a finales de 2019 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal de la facción leal al ex presidente Carlos Flores Facussé, que exime al IPP de la vigilancia y control de sus operaciones financieras y administrativas.
CRITERIO ha publicado casi 40 artículos sobre lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, en los que se pone al descubierto el desvío y despilfarro de fondos, compra sobrevalorada de propiedades y el cálculo arbitrario de pensiones a los afiliados.
Tegucigalpa. – Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), fueron aplazados por sexta vez por violar la ley de Transparencia al no cumplir con la publicación de la información administrativa y financiera del ente en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que a su vez son dirigentes del ente de pensiones de los comunicadores, fueron calificados por sexta vez con un cero por ciento en la evaluación de cumplimiento de publicación de información de oficio, entre las instituciones obligadas en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los resultados de la evaluación, que se practica cada seis meses, fueron revelados el miércoles en un concurrido celebrado en un hotel de Tegucigalpa.
Los directivos del ente de pensiones de los periodistas, se niegan a publicar y a entregar información a los afiliados solicitantes de las operaciones financieras y administrativas de la institución, al igual que rechazan férreamente someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Este grupo de directivos, encabezados por el periodista, Dagoberto Rodríguez Coello, lidera con una calificación del cero por ciento, una lista de 35 alcaldías y el partido minoritario Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), ahora Partido Frente Amplio, fundado por el actual embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón.
“Es vergonzoso para el gremio de periodistas, que se califique con cero por ciento a estos directivos sólo porque un grupo oculta información sobre la administración de cientos de millones de lempiras en el sistema de pensiones”, dijo a CRITERIO el periodista, Gustavo Palencia, que desde mediados del año 2015 solicita información del ente de los comunicadores con poco éxito.
Rodríguez, que se desempeña también como jefe de redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa, antes fue sancionado con una multa de más 26.000 lempiras, al igual que el ex presidente del CPH y actual presidente del Tribunal de Honor de la organización, Eduin Natividad Romero García con 8.000 lempiras por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los periodistas directivos del ente de pensiones se han gastado casi medio millón de lempiras pagando abogados para presentar al menos ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de resoluciones del IAIP, y asesorías para ejecutar acciones dirigidas a evitar entregar información y rendir cuentas.
En su último acto antitransparencia, los directivos del CPH pidieron a diputados del partido de gobierno la presentación de un proyecto de ley para ratificar y ampliar un inconstitucional decreto Legislativo, que exime al ente de pensiones de los periodistas del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas por parte de organismos como la CNBS.
En la reforma de ley presentada recientemente por el diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas, se pretende excluir el ente de pensiones de los periodistas de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que le corresponde por ser un ógano de derecho público, según su ley de creación.
Los directivos pretenden con esta reforma que las demandas judiciales contra el ente, sean conocidas en la jurisdicción civil pretendiendo prolongar y bloquear juicios en proceso en lo Contencioso Administrativo por el cálculo arbitrario del monto de pensiones a los afiliados que se han jubilado.
El resultado de este juicio pondría al descubierto el antojadizo cálculo de las pensiones de los periodistas que se jubilan, otorgando miseras cantidades que no corresponden a lo establecido por la ley del IPP.
