Por traición a la patria y otros delitos diputados opositores denuncian al jefe de las FF.AA.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Diputados que conforman la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, denunciaron este martes ante el Ministerio Público al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Isaías Álvarez, por traición a la patria y otros delitos, al no cumplir con su mandato constitucional de garantizar la alternancia en el poder, que les delega la Constitución de la República.

Francisco Isaías Álvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Noticia Relacionada: Diputados de Libre presentan recurso de nulidad contra la reelección

Los congresistas acudieron  a las oficinas principales de la Fiscalía en Tegucigalpa en compañía del abogado y exfiscal especial de Defensa de la Constitución, René Adán Tomé, quien mediante un oficio legal notificó la denuncia por los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, traición a la patria, contra la seguridad interior del Estado, contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, denegación y retardo de la justicia, y contra la administración pública.

El parlamentario Luis Redondo dijo que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. no ha cumplido con el deber de defender la Constitución de la República al permitir la candidatura del presidente, Juan Hernández, quien de acuerdo a la Carta Magna no puede aspirar a otro mandato.

“Es un deber constitucional de las Fuerzas Armadas, no permitir la reelección y garantizar la alternabilidad en el poder”, expresó Redondo.

Artículo 272 de la Constitución de la República 

Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se Instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Hernández sustenta su proceso reeleccionista en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inaplicabilidad del artículo pétreo 239 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial.

Lo que dice el artículo 239

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.

El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Redondo Recordó que ya en el pasado reciente él y otros diputados de los partidos Libre, PINU y los que fueron electos bajo las filas del PAC, interpusieron otra denuncia en el Ministerio Público contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la falta de cumplimiento y por el retardo malicioso en la aplicación de la justicia.

Estos hechos son los que están poniendo en evidencia la conspiración manifiesta al no hacer que se cumpla la ley de los actores que deben defender la Constitución y garantizar que no se siga con la reelección”, expresó el diputado.

Amplió que han acudido al Ministerio Público conscientes que únicamente es para registrar el hecho, porque saben que en esa instancia del Estado sus autoridades no harán nada, pero “si el Ministerio Público no le da el trámite respectivo también podremos actuar contra los responsables del Ministerio Público para que le den el trámite respectivo”, advirtió.

Redondo recordó además que hace unos meses 32 diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la reelección ante la Corte Suprema de Justicia  y hasta la fecha este poder del Estado no se ha pronunciado.

Adelantó que pese a no recibir respuesta las acciones contra la reelección continuarán en el Congreso Nacional y otras instituciones del Estado.

Nuevo Código Penal elimina el delito de traición a la patria para los promotores de la reelección

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Un plan bien orquestado para evitar ser castigados por haber promovido la reelección presidencial, aun cuando ésta sigue siendo prohibida por la Constitución de la República, han gestado los líderes políticos del Partido Nacional, al eliminar el delito de traición a la patria del proyecto de ley del nuevo Código Penal.

Lo anterior ha sido denunciado en las últimas horas por el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera, quien en virtud de ser abogado y exfiscal de Ministerio Público, se ha dado a la tarea de analizar el contenido del proyecto de la ley que el Partido Nacional les ha entregado para su posterior aprobación.

Reelección
                                         El diputado por Libre, Jari Dixon Herrera

El parlamentario indicó además que el nuevo código hace referencia al delito de “traición”, pero no al de “traición a la patria” porque sólo va relacionado al tema ya existente y que tiene que ver con el territorio y cuando militares sirven de espías a países enemigos en tiempos de guerra.

Pero “el tema que nos preocupa y que me preocupa a mí—no sé si le está preocupando a otras personas— es que el delito de traición a la patria en el tema de reelección ya no existe”, cuando es el fundamento del delito cometido por la Sala de lo Constitucional por haber declarado inconstitucional los artículos de la Constitución de la República que hablan de la reelección, lamentó.

Herrera apuntó que al aprobarse el proyecto de ley así como está concebido, “entonces nosotros estaremos legitimando la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.

“Yo creo que la oposición debería ser clara, nosotros no podemos a apoyar un nuevo Código Penal que en el futuro va a ser fuente jurídica para procesar a los que traicionaron a la patria al casi derogar el artículo 239 de la Constitución de la República y declarar inconstitucional el artículo 330 del Código Penal”, expuso.

El diputado insistió que quien sea enjuiciado en el futuro por los actos de traición a la patria, por haber apoyado la reelección y haber derogado el  artículo  de la Carta Magna que habla sobre la reelección, será blindado por el nuevo Código Penal.

Recordó además que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorece al reo y “la ley que le va a ser favorable a los que violentaron la Constitución de la República, va a ser el Código Penal del 2017”, sentenció.

Noticia Relacionada: La cosa juzgada y la sentencia reeleccionista del 239 constitucional

MARCO LEGAL Y LOS TRAIDORES A LA PATRIA

En abril del 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República que refiere que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.

El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

Actualmente el artículo 330 del Código Penal establece que será sancionado con reclusión de seis a diez años quien habiendo ejercido a cualquier título la Presidencia de la República, promoviere o ejecutare actos violatorios del artículo constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente la Presidencia de la República o desempeñar de nuevo dicho cargo bajo cualquier título.

En la misma pena incurrirán quienes lo apoyaren directamente o propusieren reformar dicho artículo. Cuando los autores de esos delitos fueren funcionarios serán sancionados además con inhabilitación absoluta por diez años contados desde la fecha de la violación o de su intento de reforma.

En diciembre de 2014,  16 diputados, la mayoría del Partido Nacional, presentaron ante  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso orientado a impugnar el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución de la República, para que la reelección fuera validada legalmente.

Posteriormente en marzo del 2015, el expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), quien se encuentra bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos acusado por actos de corrupción por el manejo irregular de fondos de la FIFA, pidió a la Corte Suprema de Justicia que aprobará la reelección presidencial, arguyendo el respeto a los derechos humanos porque, según él, se le estaba violentado el derecho a ser electo.

Expertos en derecho constitucional argumental que la reelección presidencial sigue siendo prohibida por la Constitución porque la derogación o modificación de los artículos pétreos es una facultad exclusiva de una Asamblea Nacional Constituyente o bajo el mecanismo del plebiscito.

Denuncian por traición a la patria a presidente argentino

El presidente Mauricio Macri es acusado de emitir deuda

Por: Redacción AGENCIAS

redaccion@criterio.hn

La denuncia señala la autorización que hizo el gobierno para emitir deuda por 20 millones de dólares y la renuncia a la inmunidad soberana ante Estados Unidos y Reino Unido.

La justicia federal recibió este viernes una denuncia contra el presidente de la Nación Mauricio Macri por el delito de traición a la patria por el dictado del decreto 29/2017 por el que el Gobierno autorizó meses atrás la emisión de deuda por hasta 20 mil millones de dólares y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales de Nueva York y Londres, renunciando a «oponer la defensa de inmunidad soberana».

Nota Relacionada: Los sectores en los que más empleo se destruyó durante el primer año de Macri

La denuncia fue realizada ante la Cámara Federal y recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres con la intervención del fiscal del fuero Patricio Evers.

En la denuncia se solicita que «a fin de resguardar todo aquello que afecte la soberanía de la República Argentina hasta que el texto del decreto del PEN sea debidamente analizado por la Justicia y se finalice con la investigación preliminar penal se «suspendan los efectos del Decreto Nº 29/2017 Publicado en el BO» en enero pasado.

Para el denunciante Fernando Miguez, «pasando por alto al Congreso, a la Constitución y a los intereses de la Patria, Macri firmó un Decreto que rescinde la Soberanía argentina para poder adquirir nueva deuda, a medida de los Fondos Buitre».

«Macri le permitió a Luis Caputo (ministro de Finanzas) emitir bonos por 20.000 millones de dólares con legislación extranjera. Podría repetirse la historia holdout», dice la denuncia presentada.

Según el texto debe investigarse si hay delito porque Macri firmó el decreto 29/2017 que habilita al gobierno a endeudarse renunciando a la jurisdicción nacional a favor de tribunales extranjeros en EE.UU. e Inglaterra y que dispone la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.

«Esto habilita, frente a un futuro default y reestructuración de deuda, nada descabellado dado el ritmo frenético de endeudamiento que lleva adelante el actual gobierno, que los Fondos Buitre vuelvan a adquirir bonos para luego reclamarlos en tribunales internacionales afines a sus intereses, obligando nuevamente a la Argentina a pagar bonos en condiciones totalmente usurarias», advirtió el denunciante.

Se destacó además que el decreto «se opone también a la resolución de la ONU promovida por la Argentina en 2015, cuyo principio 6to sostiene: El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva», dice la presentación.