Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Según el director de Servicios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) Alejandro Rosales, la OEA sugirió a Honduras en el año de 2015 la aprobación de una ley que protegiera el ciberespacio por considerar que el país se encuentra vulnerable y desprotegido en esa materia.
La OEA nos dijo que “nos van a acompañar, que formáramos el Comité Interinstitucional para que nos acompañaran a elaborar esta ley de ciberseguridad, de estrategia nacional. Si esto fuera censurar, la OEA no nos va a acompañar jamás”, dijo Rosales, dando por sentado un supuesto apoyo del organismo continental a una normativa cuyo contenido establece censura previa y violenta tratados y acuerdos internacionales sobre libertad de expresión y el derecho humano al acceso al internet.
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El funcionario que habló del tema en un foro televisivo el domingo, tampoco detalló que la OEA conozca el contenido de la ley, que ha sido rechazada por más de 50 organizaciones internacionales que trabajan en materia de derecho digital y libertad de expresión y por varias instancias nacionales e incluso hasta por la empresa privada.
El artículo 1 de la ley establece la creación del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, integrado por 19 instituciones del Estado y que se encargará de formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el que de acuerdo al director de servicios de Conatel, recibirá el acompañamiento de la OEA.
La ley se fundamenta de manera subjetiva en los contenidos que, supuestamente, incitan al odio y la discriminación, de contenido ilegal y de las figuras delictivas de injuria, calumnia, ciberterrorismo o terrorismo electrónico e incluso establece el bullying cibernético.
Habla de la creación del Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, que se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de internet. Las denuncias podrán ser interpuestas tanto por la víctima directamente ofendida o afectada como por un tercero que justifique interés directo por considerar que el contenido ilegal de una población hecha en un sitio web le perjudique.
Para el director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre) Edy Tábora, la normativa lleva implícita la afectación contra periódicos digitales independientes, ya que se establece que las personas “afectadas por un contenido ilícito, podrán denunciar a los administradores de sitios web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas”.
SANCIONES
En cuanto a las sanciones se señala como autoridad administrativa competente para este propósito a la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad y especifica multas desde 50 mil hasta un millón de lempiras y el bloqueo del sitio web.
