Interponen nuevo recurso de inconstitucionalidad contra decreto que dio vida a proyecto minero en Guapinol

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Pobladores de los municipios de Sabá, Trujillo y Tocoa, Colón, interpusieron hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 252-2013 que redujo la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botadores, para la construcción del proyecto minero ASP1 y ASP2 de Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

proyecto minero en Guapinol

Con la aprobación del decreto se creó las condiciones para que se otorgara la concesión a la empresa Los Pinares sobre la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botadores, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras.

Los pobladores sustentaron el recurso en una acción de dolo consumada en el Congreso Nacional en diciembre del año 2013 con la aprobación del Decreto 252-2013 introducido por Ricardo Antonio Díaz Aceituno, diputado suplente de la ex vicepresidenta del Poder Legislativo, Lena Gutiérrez.

El apoderado legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa, Allan Alvarenga, comentó que el decreto legislativo permitió que se entregará la concesión del proyecto minero en una zona de reserva.

proyecto minero en Guapinol
Allan Alvarenga

Alvarenga señaló que en el ilícito participaron varias instituciones del Estado entre las que mencionó al Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Corporación Munucipal de Tocoa, Colón.

En diciembre de 2013, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos.

El recurso de inconstitucionalidad presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se suma a otro presentado el 26 de febrero por la Coalición Contra la Impunidad (CCI).

Hasta el momento el Poder Judicial no ha notificado a los recurrentes sobre la resolución del recurso.

proyecto minero en Guapinol

Este día la Corte Suprema de Justicia fue cerrada para impedir el ingreso de al menos 300 pobladores del departamento de Colón que llegaron a eso de las 9:00 de la mañana para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El edificio del Poder Judicial fue custodiado por policías y fue hasta después de dos horas que se les permitió el ingreso pero en bloques de diez personas.

 

El conflicto minero ha dejado hasta el momento seis personas asesinadas y la criminalización de 31 personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 13 personas fueron encarceladas y liberadas a las dos semanas—acusadas por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.

Exdiputados interpondrán recurso de inconstitucionalidad contra decreto de creación de la MACCIH

Los parlamentarios se quejarán además ante el Conadeh, IAIP, y ante la embajadora de la OEA porque se sienten agraviados

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los cinco exdiputados al Congreso Nacional y tres miembros de una ONG, que fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de malversación de caudales públicos, interpondrán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de creación de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH).

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Según la radioemisora HRN, los parlamentarios, Augusto Cruz Asensio, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez, Denis Sánchez y Hector Padilla y los miembros de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barros y Colonias de Honduras (ANPIBCH) Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade y José Napoléón Panchamé Banegas, estarían interponiendo el recurso de inconstitucionalidad a través de su defensa legal.

Según el argumento del recurso de inconstitucionalidad, el convenio entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Honduras, limita el papel de la MACCIH al de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad y la Misión ha suplantado el accionar de la persecución pública en Honduras, misma que corresponde según Ley Orgánica al Ministerio Público.

También señala que el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor,  ha desprestigiado a los congresistas y miembros de la ONG, violentándoles los preceptos constitucionales relacionados al principio de inocencia, de la defensa y de un justo y debido proceso.

OTRAS ACCIONES DE LOS EXDIPUTADOS

El representante legal de los diputados y de los miembros de la ONG, Juan Sánchez Cantillano, presentó además un recurso de apelación ante la jueza natural, Alma Guzmán, para que les extienda las cartas de libertad definitiva de sus defendidos.

También acudirán a interponer quejas en contra de la MACCIH al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y ante la representante de la OEA, Claudia Barrientos,  por violación a la imagen, honor e intimidad familiar.

PACTO DE IMPUNIDAD

Luego de una investigación de la MACCIH, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) interpuso un requerimiento fiscal contra los parlamentarios acusándoles de apropiarse de fondos públicos los que fueron drenados a través de una ONG. Sin embargo su caso ha sido archivado por una jueza natural nombrada para que conociera del caso, quien se fundamentó en una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que impide la investigación penal sobre la ejecución de fondos del Estado por parte de diputados y funcionarios del Estado.

La reforma publicada en el diario Oficial La Gaceta, es diferente a lo aprobado por el pleno de diputados, por lo que la MACCIH  la ha denominado  como “Pacto por la Impunidad”.

El jueves anterior el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló que esa instancia ha iniciado un proceso de investigación penal contra el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y 60 diputados más, por drenar fondos públicos a través de ONG’s.

Jiménez Mayor denunció que a raíz de haber iniciado las investigaciones, la MACCIH y sus funcionarios están siendo objeto de una campaña sucia a través de las redes sociales. Asimismo que los corruptos de Honduras, han contratado una firma internacional, la que está siendo pagada con los “fondos corruptos” para que investigue su vida.

Jiménez Mayor se encuentra desde ayer en Washington atendiendo un llamado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien mediante un tuit publicado el jueves anterior manifestó su respaldo a la MACCIH.

Admiten recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Tarjetas de Crédito

Por: Redacción CRITERIO

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La Sala de lo Constitucional admitió la acción legal interpuesta contra la ley que ha sido una de las banderas políticas de JOH

Tegucigalpa.-La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad presentando en contra de la Ley de Tarjetas de Crédito, una de las banderas políticas del presidente, Juan Hernández.

El recurso número SCO-0081-2017 fue interpuesto vía excepción por el abogado Wilfredo René Paiz Roque, quien actuó en su condición de apoderado legal del señor Wilson Rigoberto Cálix Antúnez, contra el contenido de los artículos 53 del Decreto número  106-2006, publicado el 31 de agosto del 2016, que contiene la Ley de Tarjetas de Crédito y 166 del Decreto no. 129-2004, publicado el 22 de septiembre del 2004, correspondiente a la Ley del Sistema Financiero.

En cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado contenida en el mismo, la Sala de lo Constitucional lo declaró “sin lugar”. También omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y ordenó “conceder el traslado de los autos al Fiscal del Despacho por el término de seis días para que emita el correspondiente dictamen en el presente amparo”.

La admisión del recurso de inconstitucionalidad contiene la firma del presidente de la Sala de lo Constitucional, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña y los magistrados, Edwin Francisco Ortez Cruz, Reina Auxiliadora Hércules Rosa, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Lidia Álvarez y el sello del secretario de la Sala, Carlos Alberto Almendarez Cálix.

El recurso fue admitido mediante un  auto del 27 de febrero  de 2017, pero fue notificado en la tabla de avisos de Poder Judicial el 21de marzo de 2017.

La notificación del recurso de inconstitucionalidad: