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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), exige sanción para los policías y militares agresores de quienes defendieron la democracia ante fraude electoral de 2017.

El 27 de julio del año 2018, el Ministerio Público (MP) presentó acusación contra el Sub Comisionado de Policía, Raúl Martínez Alvarado, por el delito de abuso de autoridad y torturas en perjuicio de los periodistas Rony Jonathan Martínez, Cesar Omar Silva y el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera.

Después de seis meses de presentada la acusación, este viernes 18 de enero, se llevará a cabo la Audiencia Inicial. En el requerimiento fiscal, se le acusa al Sub Comisionado por las agresiones contra las personas que se manifestaban ante el fraude electoral, frente a casa presidencial el 12 de enero de 2018.

Este caso debe juzgarse a la luz de la doctrina penal del “dominio del hecho a través de aparatos organizados de poder”, pues las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son una organización que entraña una estructura de poder que se caracteriza por tener una jerarquía consolidada (aparato organizado de poder) y por la disposición de sus miembros a seguir los objetivos de la institución.

El poder de decisión radica en los mandos jerárquicos y un casi automatismo de los miembros de la escala inferior en el cumplimiento de las órdenes. Los jefes policiales y militares, entre ellos el Sub Comisionado de la Policía Raúl Martínez Alvarado, tienen responsabilidad penal, ya sea por haber girado la orden para reprimir a los manifestantes o porque una vez en marcha, no hicieron nada para impedir la consumación de los resultados delictivos que se produjeron.

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En el expediente, se han presentado las pruebas necesarias que establecen que el sub comisionado de la Policía, Raúl Martínez Alvarado, era unos de los encargados del operativo que reprimió violentamente a los manifestantes.

C-Libre valora positivamente la acusación, sin embargo, considera que en este caso existen los elementos probatorios para acusar a otros funcionarios policiales y militares que participaron en las agresiones a las víctimas mencionadas como en el ataque general a la manifestación pacífica.

La investigación también estableció que en ese operativo también estaban al mando, otros agentes del Estado, en diferentes anillos de seguridad, el General de Brigada Ronald David Rivera Rivera (jefe de la Guardia de Honor Presidencial), el Teniente Coronel de Caballería José Amenofis Murillo Aguilar y el Capitán de Infantería Elvin Noé Marroquín Mazariegos, quienes no fueron incluidos en la acusación.

Denuncian la doble moral del sistema de justicia penal en Honduras sobre lo acontecido el 12 de enero de 2018. El Ministerio Público acusó de daños a la propiedad e incendio a los ahora presos políticos Edwin Rovelo Espinal y a Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez y el Poder Judicial los recluyó en una cárcel de máxima tortura conocida como “La Tolva”, en el departamento de El Paraíso, hace un año.

Desde C-Libre exigen:

1. A la Fiscalía de Derechos Humanos, que actúe de manera diligente en la audiencia inicial aportando toda la prueba con la que cuenta para solicitar un auto de formal procesamiento contra el Sub Comisionado de la Policía Raúl Martínez Alvarado.
2. Al Poder Judicial, que garantice el derecho al acceso a la justicia de la sociedad hondureña y de las miles de víctimas de la represión estatal en el marco del fraude electoral de 2017.
3. A los organismos internacionales de derechos humanos que estén vigilantes por la posible impunidad judicial que se dé para proteger a este oficial de la policía, como ha sucedido en otros casos recientes.
4. Que en definitiva amplíe la investigación y acusación contra otros funcionarios de seguridad que participaron en la represión a los manifestantes.