Hernández advierte que policías y militares capturarán a quien salga sin mascarilla a las calles

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Todo aquel hondureño que salga a las calles sin mascarilla será detenido por las fuerzas de seguridad, advirtió el jefe de gobierno, Juan Hernández.

“De ahora en adelante el que salga sin mascarilla, cuando le toque salir, si sale sin mascarilla, la policía y las fuerzas de seguridad no le van a permitir transitar, lo van a detener”, dijo Hernández el jueves en una conferencia de prensa virtual, transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

Hernández ha salido en los últimos días a los medios de comunicación a preparar un ambiente favorable para que se reactive la economía y se suspenda la medida de confinamiento, puesta en vigencia desde el 15 de marzo.

Pese a que Honduras reporta la tasa de letalidad más alta de América Latina con 9.19 %, Hernández dijo ayer que los hondureños han sido disciplinados para enfrentar la pandemia razón por la cual, según él, hoy se “reportan números aceptables”.

Con una población de 9.85 millones de habitantes, Honduras tenía hasta el 16 de abril una tasa de 203 pruebas realizadas por millón de habitantes. Es decir, 2,012 pruebas desde inicios de marzo. Aunque  la sugerencia es practicar 6,000 pruebas por millón de habitantes, según un comunicado de prensa del 2 de abril firmado por 258 expertos internacionales en demografía y salud.

La semana pasada Hernández anunció la fabricación de nueve millones de mascarillas por parte de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hernández dijo que las mascarillas tienen un químico que mata el virus del Covid-19 y que estaban certificadas por el FDA. Sin embargo, su versión fue desmentida por médicos y científicos hondureños, que aseveraron que no es cierto que exista un químico que mate el virus y que tampoco la FDA ha certificado mascarillas en ninguna parte del mundo.

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El gobierno de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria desde el 10 de febrero, aprobando inicialmente 110 millones de lempiras para compras y contrataciones directas para hacerle frente a los efectos de la pandemia.

Los fondos aprobados a la fecha para atenuar el impacto del Covid-19, superan los 80, 640.71 millones de lempiras y todavía, el personal de salud se queja y sigue protestando por la falta de equipo de bioseguridad.

Exigen sanción para policías y militares agresores de protestantes por el fraude electoral

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), exige sanción para los policías y militares agresores de quienes defendieron la democracia ante fraude electoral de 2017.

El 27 de julio del año 2018, el Ministerio Público (MP) presentó acusación contra el Sub Comisionado de Policía, Raúl Martínez Alvarado, por el delito de abuso de autoridad y torturas en perjuicio de los periodistas Rony Jonathan Martínez, Cesar Omar Silva y el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera.

Después de seis meses de presentada la acusación, este viernes 18 de enero, se llevará a cabo la Audiencia Inicial. En el requerimiento fiscal, se le acusa al Sub Comisionado por las agresiones contra las personas que se manifestaban ante el fraude electoral, frente a casa presidencial el 12 de enero de 2018.

Este caso debe juzgarse a la luz de la doctrina penal del “dominio del hecho a través de aparatos organizados de poder”, pues las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son una organización que entraña una estructura de poder que se caracteriza por tener una jerarquía consolidada (aparato organizado de poder) y por la disposición de sus miembros a seguir los objetivos de la institución.

El poder de decisión radica en los mandos jerárquicos y un casi automatismo de los miembros de la escala inferior en el cumplimiento de las órdenes. Los jefes policiales y militares, entre ellos el Sub Comisionado de la Policía Raúl Martínez Alvarado, tienen responsabilidad penal, ya sea por haber girado la orden para reprimir a los manifestantes o porque una vez en marcha, no hicieron nada para impedir la consumación de los resultados delictivos que se produjeron.

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En el expediente, se han presentado las pruebas necesarias que establecen que el sub comisionado de la Policía, Raúl Martínez Alvarado, era unos de los encargados del operativo que reprimió violentamente a los manifestantes.

C-Libre valora positivamente la acusación, sin embargo, considera que en este caso existen los elementos probatorios para acusar a otros funcionarios policiales y militares que participaron en las agresiones a las víctimas mencionadas como en el ataque general a la manifestación pacífica.

La investigación también estableció que en ese operativo también estaban al mando, otros agentes del Estado, en diferentes anillos de seguridad, el General de Brigada Ronald David Rivera Rivera (jefe de la Guardia de Honor Presidencial), el Teniente Coronel de Caballería José Amenofis Murillo Aguilar y el Capitán de Infantería Elvin Noé Marroquín Mazariegos, quienes no fueron incluidos en la acusación.

Denuncian la doble moral del sistema de justicia penal en Honduras sobre lo acontecido el 12 de enero de 2018. El Ministerio Público acusó de daños a la propiedad e incendio a los ahora presos políticos Edwin Rovelo Espinal y a Raúl Eduardo Álvarez Ordoñez y el Poder Judicial los recluyó en una cárcel de máxima tortura conocida como “La Tolva”, en el departamento de El Paraíso, hace un año.

Desde C-Libre exigen:

  1. A la Fiscalía de Derechos Humanos, que actúe de manera diligente en la audiencia inicial aportando toda la prueba con la que cuenta para solicitar un auto de formal procesamiento contra el Sub Comisionado de la Policía Raúl Martínez Alvarado.
  2. Al Poder Judicial, que garantice el derecho al acceso a la justicia de la sociedad hondureña y de las miles de víctimas de la represión estatal en el marco del fraude electoral de 2017.
  3. A los organismos internacionales de derechos humanos que estén vigilantes por la posible impunidad judicial que se dé para proteger a este oficial de la policía, como ha sucedido en otros casos recientes.
  4. Que en definitiva amplíe la investigación y acusación contra otros funcionarios de seguridad que participaron en la represión a los manifestantes. 

Burla a la justicia: Policías y militares que capturaron a Ramón Mata reciben condena irrisoria

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La justicia hondureña condenó a tres años de prisión a los policías y militares que el 7 de abril de 1988 capturaron al narcotraficante, Ramón Mata, para que éste fuera extraditado de manera ilegal hacia los Estados Unidos.

La condena fue dictada por un Tribunal de Sentencia que conoció la causa e involucra al entonces Director de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) Policía Nacional, Julio César Chávez Aguilar; al coronel Mario Roberto Peña Figueroa y Óscar Fuentes Salgado (QEDD) por haber participado en la captura de Mata, informó esta mañana radio Globo.

Los antes señalados fueron condenados a cumplir una condena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Nacional Marco Aurelio de Támara, Francisco Morazán, por el delito de detención ilegal cometidos por los funcionarios contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución de la República, detención ilegal cometidos por los funcionarios en perjuicio de la administración pública la libertad y seguridad interior del Estado y de Juan Ramón Mata.

La condena establece además una multa de mil lempiras y penas accesorias de inhabilitación especial, interdicción civil a trabajar dentro del centro penal durante el tiempo que dure la pena.

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La sentencia dictada por la jueza Mildra Castillo, involucra además al entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Humberto Regalado Hernández (Q.E.D.D);  coronel Juan Leonel Aquiles Riera Lunatti; al director de la Fusep, Julio César Chávez Aguilar, al titular de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), coronel Humberto Ursina Reyes; y a los oficiales de las Fuerzas Armadas, Mario Roberto Peña Figueroa;  Oscar Fuentes Salgado (QEDD), René Consuelo,  Joselin Sierra Leva,  David Abraham Mendoza, (Q.E.DD) Guillermo Espinoza y Juan Pablo Núñez

Los antes señalados fueron encausados por los delitos de vejámenes, detención ilegal, conducción de un nacional fuera de las fronteras para someterlo a gobierno extranjero, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos.

La condena contra los policías y militares es de tres años y penas accesorias de inhabilitación especial, por el doble del tiempo que dure la reclusión e interdicción civil a trabajar dentro del centro penal durante el tiempo que dure la pena.

En virtud que la condena es menor a cinco años, los policías y militares pueden conmutar la pena y evitar ir a reclusión.

Tras la petición ilegal del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Honduras presidido en aquel entonces por el Liberal, Roberto Suazo Córdova, extraditó hacia la nación del norte a Ramón Mata, quien era acusado de ser parte de una mafia de narcotraficantes internacionales.

La extradición de hondureños fue aprobada mediante una reforma constitucional al artículo 102, que entró en vigencia el 7 de abril de 2014, tras la firma de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, nación con la que está vigente la extradición. Antes de esta fecha era ilegal cualquier decisión al respecto.

La extradición está vigente para los delitos  de tráfico  de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada