Conozca las irregularidades y actos reñidos con la ley realizados por Coalianza en el corredor turístico

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ), presentó este lunes un informe donde desnuda los actos reñidos con la ley por parte de Coalianza en el corredor turístico, los que van desde la iniciación del proyecto sin estudios técnicos, pasando por la participación de la banca  privada, hasta la realización de pagos con fondos del Estado sin contar con la autorización del Congreso Nacional.

Criterio.hn te presenta las 14 irregularidades encontradas en el análisis realizado por ASJ y la representación nacional de Transparencia Internacional (TI).

  1. Se autorizó el inicio del proyecto sin estudios técnicos. El Estado, a través de la COALIANZA, inició el diseño y estructuración del proyecto como una Alianza Público Privada (APP) sin haber realizado los estudios técnicos que permitieran proyectar los ingresos esperados, riesgos financieros, estudios de tráfico (demanda) considerando altas y bajas de tráfico y otros factores asociados, beneficiarios, análisis costo beneficio y otros estudios que permitieran analizar las probabilidades de realizar el proyecto en las mejores condiciones para las partes involucradas, especialmente para el Estado y la ciudadanía. Sin estos estudios no era posible garantizar que el proyecto era viable para todos los actores y rentable para el privado, dificultando la participación de empresas que requieren estos: 1 Puesta a punto: Serie de actividades de mantenimiento menores que se realizan para ajustar una carretera a sus condiciones básicas y óptimas para su funcionamiento y que esta sea transitable. Incluye: mantenimiento de puentes, limpieza de cunetas y drenajes, señalización y reemplazo de losas donde sea necesario, etc. 2 Según cronograma publicado en SISOCS http://www.coalianza.net:81/mapas/pdf/04/CRONOGRAMA_Obras%20de%20 Ampliacion_Tramo_LB-EP%2005-14%20V-2003.pdf 3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO DE HONDURAS estudios para preparar una oferta técnica fundamentada y factible y la decisión de inversión por parte de los bancos o financiadores. La convocatoria al concurso se publicó el 9 de diciembre de 2011 por parte de José Antonio Pineda Cano, secretario ejecutivo de COALIANZA en esa fecha.

  1. El contrato se adjudicó a aquel que ofrecía más obras adicionales sin importar el costo de las mismas. El factor determinante en la selección de la oferta ganadora eran las obras adicionales ofrecidas por los participantes en el concurso, sin considerar el valor de las obras. Al adjudicar el contrato con base en este criterio, el Estado se comprometía a pagar por las obras ofrecidas y priorizadas por el privado. Bajo los principios de la administración pública y las buenas prácticas, el Estado debió poner un monto máximo como límite a la oferta. Al no establecerlo, los participantes pudieron ofertar sin ningún tipo de límite del valor del proyecto ni control del Estado para verificarlo.

  1. El costo del proyecto aumentó a dos o tres veces su valor referencial inicial. Las obras adicionales ofrecidas por CASH, el consorcio ganador, ocasionaron un incremento de dos a tres veces el valor original estimado para el proyecto. Según COALIANZA, la inversión inicial por las obras obligatorias o solicitadas en los pliegos de licitación era de USD 98,202,923. Sin embargo, con las obras adicionales el monto contratado ascendió a USD 162,536,499.95 según COALIANZA y a USD 268,860,190 de acuerdo a la información publicada por SAPP en su portal. No es posible determinar con estos datos disponibles si se duplicó o triplicó el valor original, solamente se pudo constatar que CASH ofreció adicionalmente un 62% de obras de ampliación y un 83% de obras de puesta a punto que las obligatorias, lo que debió haber implicado un aumento de las garantías del Contrato de Concesión, pero los pliegos no lo consideraron.

  1. El Estado no identificó claramente los beneficiarios directos e indirectos del estudio. Al no contar con estudios técnicos como fundamento para el diseño del proyecto, el Estado no estaba en capacidad de definir con claridad los beneficiarios directos e indirectos del proyecto y el retorno social de la inversión. No era posible cuantificar los beneficios para el país, para los bancos y para la empresa. Se conocía que era un proyecto destinado a promover el turismo; sin embargo, COALIANZA solamente identifica en su portal y perfil de proyecto, como beneficiarios directos a los habitantes de la zona en donde se realizaría la construcción, sin cuantificar el retorno de una inversión de una magnitud de USD 268 millones.

  1. El Estado delega la generación de los principales estudios técnicos. El Estado determinó que ADASA, la empresa constituida para ejecutar el contrato, realizara los estudios técnicos: análisis costo beneficio, análisis de riesgos, estudios financieros y ambientales, después de firmado el contrato. Este hecho, además de representar un claro conflicto de interés, también ubica al Estado en una posición débil y en desventaja para negociar, ya que al no contar con información propia queda sujeto a las opiniones y solicitudes del privado. 4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO DE HONDURAS.
Pese a que el pueblo se ha opuesto al pago del peaje, la respuesta ha sido incrementar las tarifas
  1. Los ingresos garantizados por el Estado a la empresa se cambiaron tres veces en la etapa de selección del ganador del proyecto. Los ingresos mínimos que el Estado garantiza a la empresa por cada año de cobro de peaje, para pagar la construcción de las obras y su mantenimiento, fueron modificados tres veces en forma desproporcionada en los pliegos de condiciones del proceso de selección del consorcio o empresa ganadora del proyecto, sin dejar evidencia de los fundamentos técnicos para esas variaciones. La inexistencia de estudios técnicos iniciales e independientes constituye una seria debilidad en el diseño y estructuración del proyecto, propiciando la presentación de ofertas especulativas y el compromiso fiscal de los pagos del Estado por valores que difieren desproporcionalmente uno del otro. IMAG inicial IMAG en pliegos de condiciones No se conoce Modificación 1 USD 308, 518,257 15 años Modificación 2 USD 835,968,024 30 años Modificación 3 USD 750,482,377 30 años Las modificaciones a estos valores en la etapa de selección fueron aprobadas por COALIANZA el comisionado José Antonio Pineda Cano, por Soptravi (ahora conocida como Insep) el secretario de Estado Miguel Ángel Gámez y no hubo evidencia de la participación de SAPP.

  1. ADASA solicitó ampliar el plazo para asegurar el financiamiento (cierre financiero) y el Estado aceptó extenderlo de nueve a 27 meses. A petición de la empresa, el Estado le concedió en tres ocasiones ampliaciones al plazo para asegurar el financiamiento de la obra valorada en USD 268 millones, según SAPP. Este hecho evitaba la posible terminación anticipada del contrato por incumplimiento de esa condición de cierre financiero en el plazo acordado. El contrato establecía que el financiamiento del proyecto debía estar asegurado a los nueve meses de su aprobación en el Congreso Nacional; sin embargo, ADASA obtuvo en la última modificación al contrato una ampliación del plazo a 27 meses, evidenciando con ello dificultades en asegurar el financiamiento del proyecto. El Estado se expone también con estas modificaciones a posibles demandas de otros postores en el concurso, por cambiar las reglas del pliego de condiciones iniciales en relación al cierre financiero. Las modificaciones a estos valores en la etapa de selección fueron aprobadas por COALIANZA por el comisionado José Antonio Pineda Cano, por Soptravi (ahora conocida como Insep) el secretario de Estado Miguel Ángel Gámez y por la SAPP, por omisión. 3 IMAG: El IMAG garantiza que la empresa recibirá esa cantidad de dinero anualmente durante la etapa de cobro de tarifa de peaje, como un mecanismo que asegura el pago por la construcción de las obras y su mantenimiento. El IMAG implica que el Estado se compromete a pagar a la empresa la diferencia o faltante cuando esta no llegue a recaudar la cantidad de dinero acordada por el peaje de las casetas puestas en la carretera. 5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO DE HONDURAS

  1. A solicitud de los bancos, el Estado asumió el compromiso de pagarles la deuda para que la empresa obtuviera el financiamiento. Durante las ampliaciones al plazo del cierre financiero, el Estado accedió a firmar un acuerdo (Acuerdo Directo) con los bancos acreedores para garantizar el pago de la deuda adquirida por ADASA. Esta solicitud adicional de parte de los bancos demuestra sus reservas de invertir en el mismo, ya que el proyecto es de alto riesgo al no contar con el sustento técnico (estudios) del beneficio económico esperado y el pago de la deuda, y revela el interés de los bancos de prestar el monto de la inversión con esta garantía adicional. Al firmar este acuerdo, el Estado asume completamente los riesgos del proyecto y pierde la oportunidad de dar por terminado el contrato en legal y debida forma a su favor, considerando el indicio de alto riesgo del proyecto revelado con esta acción de los bancos. El Acuerdo Directo fue firmado por: Roberto Ordóñez, secretario de Estado de Insep; Erasmo Virgilio Padilla Carías, comisionado presidente de COALIANZA; Armín Ricardo García Acuña, gerente general de ADASA y Rosybel Georgina Bueso, delegado fiduciario de los acreedores.

  1. En la etapa de construcción de las obras, el Estado modificó nuevamente a solicitud de ADASA los ingresos garantizados en la etapa de cobro de tarifa de peaje. La falta de estudios de demanda (tráfico vehicular y factores asociados) por parte del Estado da lugar a la aceptación de un nuevo cambio en los ingresos garantizados a ADASA por el cobro de la tarifa del peaje (IMAG), con base en los estudios realizados por la firma Louis Berger para el concesionario. Este estudio además de ser realizado extemporáneamente en el año 2013 durante la etapa de construcción de la obra, contempló el conteo de los vehículos que transitan en los tramos del proyecto durante una semana. Para un contrato de 30 años, las buenas prácticas recomiendan estudios de tráfico de seis meses a un año o más, que analicen períodos de altas y bajas en el tráfico vehicular, motivos del viaje, incremento de combustibles, etc. Al aceptar esta modificación, el Estado garantiza a ADASA un IMAG o ingreso de USD 512,015,081 distribuidos en 15 años, en vez de USD 750,482,377 distribuidos en 30 años, como estaba originalmente en el contrato. Esta garantía hace al Estado responsable de pagar la diferencia entre los ingresos del IMAG acordado y el valor recuperado mediante el cobro de la tarifa de peaje, para que la empresa pueda cubrir los costos de operación, mantenimiento y pago de la deuda. La cuarta modificación al contrato, que incluye el cambio señalado al IMAG, fue firmada por Carlos Alejandro Pineda Pinel, comisionado presidente de COALIANZA; Miguel Ángel Gámez, secretario de Estado de Soptravi/Insep; William Chong Wong, secretario de Estado de la Secretaría de Finanzas (Sefin). La gráfica siguiente muestra el comportamiento de los ingresos mínimos garantizados (IMAG) del contrato y la modificación No. 4, evidenciando el aumento en la proyección de los ingresos esperados en los primeros 15 años del contrato y aumentando el riesgo de que el Estado pague a la empresa el déficit en los ingresos esperados para alcanzar el ingreso mínimo garantizado. 6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO DE HONDURAS

 

  1. Se comprometieron pagos del Estado sin consultar al Congreso Nacional. Al reducir el período del IMAG a 15 años (50%) se incrementa la proyección de ingresos esperados, según la Secretaría de Finanzas el nuevo IMAG garantiza el 91.5% de los ingresos esperados. Este impacto fiscal o compromiso de pago por parte del Estado en esos 15 años se aceptó sin haber obtenido la autorización del Congreso Nacional, el cual había aprobado el contrato original estableciendo condiciones diferentes.

  1. ADASA solicitó adelantar el período de inicio de cobro de peaje sin obras terminadas. El contrato original establecía que el cobro de tarifas de peaje (etapa de explotación) iniciaba después de construidas las obras. Sin embargo, en la misma (cuarta) modificación al contrato el Estado aceptó la solicitud de ADASA de adelantar el inicio del cobro mucho antes de la fecha de terminación completa de las obras. Con solo 10% de avance de la construcción de la obra, ADASA instala las casetas de peaje4 e inicia el cobro de la tarifa el 7 de octubre de 2016, de acuerdo a datos de la SAPP. Este hecho además de generar malestar entre los usuarios de la carretera al no percibir el beneficio por el que debían pagar peaje, activa la garantía de pago de los ingresos mínimos garantizados a la empresa Autopistas del Atlántico S.A. (ADASA), es decir que le da derecho a la empresa a recibir del Estado el pago del IMAG a partir de esa fecha y no hasta después de construidas las obras completamente.

  1. El inicio del cobro de peaje sin obras terminadas aumenta la compensación a la empresa, en caso de cancelación temprana del contrato. En estas nuevas condiciones, aceptadas por el Estado en la cuarta modificación al contrato, la posible compensación al concesionario ADASA en caso de terminación temprana 4 De acuerdo a entrevista a personal del Estado que no autorizó dar su fuente al informe. 7 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO DE HONDURAS del contrato contempla no solo lo invertido en la obra a la fecha, sino también la proyección de ingresos esperados en la etapa de operación o cobro de peaje. Es decir, si no se hubiera adelantado el período de operación, la compensación del Estado sería aproximadamente USD 42 millones, que representa el valor de la obra ejecutada a junio de 2018. Sin embargo, con las casetas de peaje instaladas la compensación puede elevarse a aproximadamente USD 110 millones según datos proporcionados por fuentes oficiales, ya que el Estado debe pagar la inversión en la obra realizada más el ingreso mínimo garantizado.

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  1. Responsabilidad compartida por los bancos. Los bancos financiadores del proyecto, con su experiencia, capacidad técnica y financiera, deberían haber detectado los mismos hallazgos expuestos anteriormente y en lugar de requerir estudios serios y contundentes para asegurar un proyecto que beneficie al país, buscaron asegurar su inversión a través de una garantía adicional del Gobierno de Honduras, evidenciada en el Acuerdo Directo suscrito a solicitud de ellos. Especialmente, el Banco Mundial que tiene como misión trabajar “para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo”, se espera sea también un filtro para evitar proyectos en detrimento de los Estados. Sin embargo, en este caso el Banco Mundial a través de la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) emitió la garantía del riesgo político, cuando debió observar las debilidades del proyecto y posiblemente desistir de participar en el mismo. Los bancos responsables son: JP Morgan Chase, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) del Banco Mundial, FICOHSA y como representante de ellos desde 2015: BAC Honduras (Rosybel G. Bueso A.).
  1. Responsabilidad de la empresa ADASA. Además de los incumplimientos precitados (cierre financiero por falta de financiamiento del proyecto, cambiar los plazos de obras, adelantar el derecho del cobro del IMAG, etc.) ADASA: a. Debió mencionar que era socio en otros proyectos con dos miembros del consorcio Autopistas del Valle, S.A., con quien compitió en la oferta económica. En República Dominicana con ODINSA desde el año 2009 y en Colombia con FCC Construcción6. b. No debió: i. Solicitar la ampliación del cierre financiero en repetidas ocasiones si sabía que no iba a poder cumplir en los plazos solicitados (cambió de nueve a 27 meses) ii. Basar su oferta en un estudio de una semana de tráfico, por ser insuficiente. iii.Pedir al Estado los cambios en el IMAG ni las otras modificaciones. Debió informar al Estado que no iba a poder cumplir. iv. Adelantar el peaje con solo el 10% de la obra hecha y con el fin de obtener 5 https://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2011-10-25/apoyo-a-carreteras-en-republica-dominicana%2C9637.html 6 https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte-por-carretera/adjudican-a-consorcio-participado-por-fcc-construccion-de-via-bogota-llanos_D15P2W4Q0v56hP3wOsMcI6/ 8 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO DE HONDURAS pagos del Estado al no recaudar mediante el cobro del peaje el ingreso mínimo garantizado por el Estado en el IMAG. v. Pedir USD 130 millones por trabajos que están valorados por la SAPP en USD 44 millones.

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Por: Redacción CRITERIO

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*Costo del proyecto del Corredor Turístico aumentó hasta tres veces su valor referencial debido a que fue realizado sin estudios técnicos ni financieros.

* Trato preferencial y condescendiente a la empresa Autopistas del Atlántico, S.A. (ADASA), incluyó incremento a ingresos garantizados y autorización para efectuar la recaudación con apenas el 10% de ejecución de la obra.

Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este lunes el informe “Análisis de la Estructuración, Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión del Corredor Turístico de Honduras”, el cual señala una serie de irregularidades entre las que incluye trato preferencial a la empresa concesionaria, así como opacidad y negligencia de las instituciones del Estado a cargo de la gestión de los proyectos en la modalidad Alianza Público-Privada (APP).

Las personas pasaron con sus vehículos sin pagar el importe del peaje

El informe señala que sobre el sector infraestructura en general y sobre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) en particular, han existido una serie de denuncias en torno a la falta de transparencia en la gestión, la poca cultura en la rendición de cuentas, la obstrucción al acceso a la información pública y la supuesta comisión de actos ilícitos en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de las concesiones y contratos que adjudica.

Un caso emblemático que apunta el documento se relaciona con la opacidad y negligencia con la que actúa el Estado en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de concesiones de obras de infraestructura atinente al Corredor Turístico de Honduras, que ha puesto al desnudo la falta de transparencia e irresponsabilidad de las instituciones encargadas –de acuerdo a su mandato- de gestionar este tipo de contratos, tal es el caso de la COALIANZA, la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) y la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La concesión del Corredor Turístico de Honduras que abarca de El Progreso a Tela y tramos de San Pedro Sula a El Progreso y La Barca a El Progreso, se adjudicó sin estudios previos, lo que provocó el encarecimiento del mismo, según menciona el análisis realizado por ASJ.

El informe pormenoriza que se autorizó el inicio de la concesión sin estudios técnicos y financieros pertinentes, adjudicándolo a la empresa que ofrecía más obras adicionales sin importar el costo de las mismas, lo que evitó proyectar fehacientemente los beneficios y perjuicios en contra las partes involucradas, tal es el caso del Estado, empresas privadas, bancos y población beneficiarias, lo que provocó por ejemplo que el costo del proyecto aumentara hasta tres veces su valor referencial inicial. Y es que los pliegos de licitación reportan un costo original de USD 98.2 millones; sin embargo, con las obras adicionales el monto contratado ascendió a USD 162.5 millones según COALIANZA y a USD 268.9 de acuerdo a la SAPP.

Del mismo modo, la obra no ha podido ser concluida a pesar que según el contrato original suscrito el 14 de diciembre de 2012, debió finalizar el 3 de abril de 2017. Dicha obra se ha ejecutado en apenas un 26.38%, según informe de la SAPP del mes de julio de 2018, lo que representa una inversión de USD 42.8 millones. No obstante, existe una negociación de pago de la empresa concesionaria y los financiadores por USD 110 millones adicionales a los USD 23 millones ya pagados, es decir, un total de USD 133 millones, especifica el reporte redactado por la ASJ.

Asimismo, denuncia el trato preferencial e indulgente que el Estado ha otorgado a la empresa concesionaria Autopistas del Atlántico, S.A. (ADASA) y que incluye: aumentos a los ingresos garantizados para pagar la construcción de las obras, concesión de ampliaciones de plazos de nueve a 27 meses y que el mismo Estado asumiera el compromiso de pago de deuda a los bancos para que ADASA obtuviera financiamiento.

La organización no gubernamental, que representa a Transparencia Internacional (TI) en Honduras, señala que el Estado se abstuvo de proceder en contra de la empresa concesionaria a pesar de existir suficientes causales a la terminación anticipada del contrato por incumplimiento del mismo. Desde el concurso, la empresa concesionaria evidencia incumplimientos a no declarar que era socia de sus competidores en otros países y al presentar oferta sin contar con los estudios soportes para las proyecciones de ingresos, entre otras, cita el estudio que se hizo público en un hotel capitalino ante la presencia de representantes de la sociedad civil, cooperación internacional, empresarios, funcionarios públicos y medios de comunicación.

También subraya que los bancos privados y organismos multilaterales que financiaron el proyecto tienen responsabilidad al haber avalado la ejecución de una iniciativa que no contaba con estudios serios y contundentes de viabilidad, rentabilidad e impacto en población beneficiaria, mostrando que solamente les interesaba el negocio y la inversión a realizar. Destaca la inadecuada actuación del Banco Mundial (BM), que tiene como misión trabajar “para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo”, y del cual se esperaría no apoyar proyectos que vayan en detrimento de los Estados y la población.

Finalmente, la ASJ urge a las autoridades del Estado a tomar medidas urgentes respecto a la forma en la que la COALIANZA estructura, contrata y ejecuta contratos de concesión en el país.

Entre las recomendaciones realizadas destacan:

1) Realizar investigaciones profundas a los 11 proyectos de Alianza Público Privadas (APP) aprobados y en ejecución a la fecha, para evitar la réplica de los resultados encontrados.

2) Derivar las responsabilidades a los funcionarios del Estado involucrados en la estructuración, manejo y supervisión de la concesión. Actualmente existen: a. 11 proyectos APP en fase de ejecución con una inversión referencial de USD 1,725 millones, según la SAPP. b. 15 proyectos en etapa de estructuración por un valor que está por definirse, todos estos proyectos siendo administrados por COALIANZA y fiscalizados por SAPP.

3) Poner en pausa los proyectos que están en estructuración y licitación, mientras se investiga. (De aquellos procesos que no generen ningún tipo de obligaciones del Estado con terceros).

4) Después de revisar los proyectos en ejecución y en proceso, se debe analizar el rol y desempeño de las instituciones involucradas en los proyectos APP (COALIANZA, SAPP, Sefin, instituciones concedentes, etc.) y replantear el marco legal y la institucionalidad responsable de estos proyectos, tomando las acciones necesarias para su fortalecimiento y cumplimiento de su mandato, de manera que asegure el desarrollo de proyectos que beneficien a todas las partes involucradas.

 5) Instar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP) para que proceda de inmediato a determinar si los funcionarios de las instituciones públicas vinculadas a los procesos de concesión de proyectos en el marco de las APP han incurrido en responsabilidad administrativa, civil o criminal, y actuar conforme a Ley.

Paro de Transportistas de carga continúa en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Tal como lo anunciaron durante el fin de semana, los transportistas de carga pesada han paralizado sus camiones desde el pasado lunes  en la aldea de Amarateca, a la altura de Siguatepeque y otros puntos de la carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula como una forma de protestar por el reciente incremento a la tarifa del peaje.

El peaje de la ciudad de Siguatepeque en el departamento de Comayagua ha sido cerrado ante el fuerte paro que están desarrollando los transportistas de carga, se ha informado a través de las redes sociales. 

La medida se ha tomado a raíz del incremento del peaje y se dio a conocer a través de las redes sociales una convocatoria de protesta que inició ayer lunes.

El aumento decretado al pago del peaje en todo el país va desde los 2 hasta los 18 lempiras, transportistas y ciudadanos realizaron una convocatoria a protesta por medio de las redes sociales, ya que muchos conductores deberán pagar más de L1,200 diarios en sus recorridos.

El aumento a las tarifas del peaje está ocasionado pérdidas a los transportistas unitarios y no así a los de las grandes empresas que tienen como defenderse o simplemente lo cargan al consumidor final.

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Las nuevas tarifas de peajes son: El vehículo liviano: antes pagaba 19 lempiras, pero ahora deberá pagar 21. Vehículo de dos ejes: antes pagaba 76 lempiras, ahora serán 82 lempiras. Vehículo de tres ejes: antes 114 lempiras y ahora tendrá que pagar 123 lempiras.

Mientras los vehículos de cuatro ejes: antes pagaban 153 lempiras, pero ahora pagarán 165 lempiras.

El Vehículo de cinco ejes: antes 191 lempiras exactos, mientras que ahora erogarán 206 lempiras. Los de seis ejes: antes 229 lempiras, ahora deberán pagar 247 lempiras.

Con caravana ciudadana hondureños ejercen soberanía vial en los peajes

Por: Redacción CRITERIO

Redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Este sábado desde temprana horas de la mañana el pueblo se desplazó en una caravana que salió desde diferentes puntos de la zona central y de la zona norte para protestar por el peaje en la ciudad de Siguatepeque en el central departamento de Comayagua.

Las personas pasaron con sus vehículos sin pagar el importe del peaje
Las personas pasaron con sus vehículos sin pagar el importe del peaje

Desde la noche de ayer y en la madrugada de hoy sábado, centenares de policías y militares llegaron a resguardar las casetas de peaje ubicadas en ese sector, llevando consigo tanquetas de agua y cargados con bombas lacrimógenas en caso de reprimir a los manifestantes.

Los pobladores en sus vehículos llegaron al lugar y comenzaron a ubicarse frente a las trancas o “plumas” de las casetas exigiendo que los dejaran pasar sin pagar porque la constitución garantiza la libre locomoción

El articulo número 81 de la Constitución de Honduras reza: “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional” y ese derecho se está violando por parte de las autoridades del presente gobierno.

El regimen de Juan Hernandez que se caracteriza por la represion, desplazo centenares de policias y militares a resguardar las casetas de peaje
      El régimen de Juan Hernández que se caracteriza por la                   represión, desplazo centenares de policías y militares a                   resguardar las casetas de peaje

Además el artículo  617 del Código Civil establece “Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales”

Y el artículo 627 del mismo código reza que, “Nadie podrá construir, sin permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional”.

La caravana fue convocada por el Padre Ismael Moreno, más conocido como “Padre Melo”, para protestar  contra la violación del derecho constitucional a la libre circulación y por el alto costo en el pago de los peajes.

En su invitación el Padre Melo manifestó que cualquier persona podría sumarse a la caravana y a las diferentes manifestaciones en contra de este abuso que se está cometiendo en contra de los hondureños.

COVI que es la empresa multinacional a quien el actual gobierno le otorgó la concesión de las carreteras, ha establecido varios peajes en las carreteras del país, sobre todo en la carretera CA- 5 que comunica a Tegucigalpa con el norte del País.

Padre Melo advierte que supuesto acuerdo podría ser para criminalizar y reprimir la lucha contra el peaje

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, ha advertido que los supuestos acuerdos alcanzados este fin de semana entre algunos sectores de la ciudad de El Progreso,  Yoro y el gobierno podrían ser la antesala y una campaña de criminalización y represión en contra de la lucha por la defensa de la libre locomoción violentada por la instalación de peajes.

Para el padre Melo, como cariñosamente le llaman sus seguidores, los supuestos acuerdos no pueden tener legitimidad porque fueron concebidos en ausencia de los sectores que han liderado y lideran la lucha contra el modelo de peajes.

El padre Melo denunció la semanada pasada a la empresa COVI violentar su derecho a la libre locomoción.
El padre Melo denunció la semana  antepasada a la empresa COVI por violentar su derecho a la libre locomoción.

“Se advierte el peligro que estos supuestos acuerdos sean la antesala de una fuerte represión y campaña de criminalización y desprestigio hacia los sectores que lideran la lucha contra el modelo de peajes”, advirtió Moreno en su cuenta de Facebook.

En virtud de lo antes señalado, el religioso hace un llamado para que  en nombre de la soberanía vial y nacional se mantenga firme la posición de no pagar el canon en las casetas instaladas en el municipio de San Manuel, Cortés y se fortalezcan las ideas en torno a la “Caravana soberanía vial” convocada por él para el próximo sábado  5 de noviembre.

A juicio de Moreno, quien es el director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión y Comunicación (Eric), “los acuerdos que no sean el resultado de un gran diálogo nacional por un modelo vial que respete la soberanía nacional en las carreteras, solo buscan desviar la atención, confundir a la sociedad y justificar represiones y descrédito a las personas y organizaciones que soberanamente luchan por el bien común”.

Hay que estar atentos a las contraofensivas de los grandes poderes: Padre Ismael Moreno

Melo ha propuesto que la “Caravana soberanía vial” parta de manera simultánea a las 7:00 de la mañana de Tegucigalpa,  San Pedro Sula y El  Progreso y converja en la ciudad de Siguatepeque, para que en bloque la gente proteste contra el cobro del canon impuesto por el gobierno, mediante una concesión otorgada a la empresa ecuatoriana Concesionaria Vial, S.A. de C.V. (COVI).

Por resistirse a no pagar peaje, el sacerdote fue retenido en días pasados  en las casetas de Siguatepeque, razón por la cual posteriormente interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de COVI por violentarle el derecho a la libre locomoción.

Durante la caravana, los convocados exigirán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por pobladores de la ciudad de El Progreso en contra del cobro del peaje.

Padre Melo organiza caravana para protestar en contra del peaje

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El padre jesuita, Ismael Moreno, está organizando la caravana denominada “Por la Soberanía Vial” para protestar contra el cobro del peaje por el uso de las carreteras.

El padre Melo, como es conocido el religioso, propone que la caravana se realice el jueves 3 de noviembre y que parta simultáneamente de Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, para converger en la caseta instalada en Siguatepeque.

“Me atrevo a Lanzar la siguiente propuesta. Una caravana vehicular para ejercer nuestro derecho soberano en nuestras carreteras para el día jueves 3 de noviembre, saliendo de El Progreso y de San Pedro Sula, simultáneamente, a las siete de la mañana rumbo a Siguatepeque. Y de la capital saliendo a la misma hora”, escribió en su cuenta de Facebook.

El también director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), denunció el martes ante el Ministerio Público (MP) a la Concesionaria Vial S.A. (COVI) por violentarse su derecho a la libre locomoción al retenerlo en una  caseta ubicada en la ciudad de Siguatepeque por resistirse a pagar el canon.

El padre Melo denunció la semanada pasada a la empresa COVI violentar su derecho a la libre locomoción.
El padre Melo denunció la semana pasada ante el Ministerio Público a la empresa COVI por violentar su derecho a la libre locomoción.

Durante la caravana del próximo 3 de noviembre, Melo sugiere que se exija a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado recientemente por pobladores de la ciudad de El Progreso, Yoro.

Asimismo para exigir al gobierno un diálogo nacional en busca de un  modelo de sostenibilidad de las carreteras de Honduras, que garantice que estos bienes seguirán siendo públicos.

Esta convocatoria deberá ser abierta e incluyente para que toda la gente, sin distingos de colores o credos quepa, siempre que estemos de acuerdo en nuestra firme oposición al actual modelo de peaje, expone el director de Radio Progreso.

Finalmente el religioso lanza las siguientes preguntas:

¿Qué opina de esta propuesta?

 ¿La impulsamos?

¿Usted se sumaría?

El Péndulo de la ignominia

 

PATRICIA MURILLO

Por: Patricia Murillo Gutiérrez

La moralidad de este régimen surgido de toda ilegalidad, es una ficción más grande que  buscar los cuernos de la luna.  Sus acciones  se manejan en un péndulo que en un extremo presenta una caricatura de país, creyendo que nos engañan con el cambio y  hacia la otra punta del mismo, se refleja un total desprecio a la vida humana, manifestado en las represiones cada día más salvajes, que sufren quienes ejercen pacíficamente su  derecho constitucional a la protesta.

Por tanto, si los hondureños y hondureñas nos descuidamos, veremos que en un suspiro este régimen se habrá entronizado por varios años y dejara para mucho después   su despedida del poder.

Para ello se vale de las más sucias argucias, que van desde la tramposa vida mejor, un producto mediático basado en las estrategias de la manipulación  que heredó Joseph Goebles, hace muchas décadas, hasta  la compra de conciencias regalando eco fogones, poniendo pisos y dándole un barniz efímero a la vida de los más pobres del país.

La leyenda de "Servir y Proteger" es solo eso una leyenda, porque lo que reparten son golpes y bombas lacrimógenas
La leyenda de «Servir y Proteger» es solo eso una leyenda, porque lo que reparten son golpes y bombas lacrimógenas

Ello sin dejar por fuera el mecanismo represor que tiene muchas aristas, entre ellas gasear a las personas, romperle la cabeza a los protestantes, perseguir encarnizadamente al que replica  las mentiras de la dictadura y en el último extremo, hacerse de la vista gorda ante la imparable limpieza social, ante las crecientes masacres y ante  la cavernaria militarización del país.

Un gobernante que se mueve entre mandar a los uniformados que actúan como energúmenos, a darle garrotazos a las cabezas de sus “ enemigos”, de emplear los gases más asfixiantes y utilizar las tanquetas “ fumigadoras” para darles muerte lenta a los niños y niñas vecinos de las casetas de paje colocadas a la brava en entre El Progreso y San Manuel.

Pensamos que los campos de exterminio diseñados por Adolfo Hitler tienen aquí   sus sucesores, con el agravante que es todo el país que han convertido en un rastro, un matadero que le ofrece las mil y unas formas de morir.

Sino veamos: Víctor y Daniela son jóvenes estudiantes cuyo “delito” fue cuestionar las casetas de peaje, acompañar al pueblo de El Progreso en su lucha contra las mismas, que como bien lo aclaro  Arturo Castro, alcalde de San Manuel, no tienen permiso de construcción autorizado por esa Comuna.

Danelia Menjíivar

victor

Y que  les importa a los dueños de la empresa que usurpan las carreteras de la Patria, el pasar encima de las leyes y del pueblo, con tal de seguirlo esquilmando. Investigue que motiva la brutal represión a los que están atrás o adentro del negocio de ganar las concesiones carreteras.

A Daniela un policía de Los Cobras que como el resto, cobardemente ocultaba su fichero, en el más criminal acto le dio con una filosa piedra en su cabeza, en tanto que a Víctor lo golpearon con un objeto punzante en su testa,  por lo que tuvieron que ser suturados de emergencia en el Hospital de El Progreso.

A nuestro alumno de Periodismo en la UNAH en el Valle de Sula, Inmer Gerardo Chevez le dieron una brutal paliza cuando cumplía con su deber informativo para Radio Progreso, las incidencias de la movilización contra los peajes y la  subsecuente represión.

El periodista de Radio Progreso, Gerardo Chévez.
El periodista de Radio Progreso, Gerardo Chévez.

Días antes, otra estudiante, Leslie Benegas Frazier también de la heroica Radio Progreso,  soportó los gases cada vez más contaminantes, que fueron lanzados contra  pueblo que se expresa contra este nuevo asalto a la economía de nuestra gente.

El temor de esta dictadura a la libre expresión pública, lo lleva a criminalizarla, sea en los predios  de la UNAH,  en las calles y carreteras o en cualquier  entramado social hondureño.

Se olvidan que la sustancia de la democracia, esta erigida en un libre y sano régimen de opinión pública. Por ello tienen como objetivo de caza mayor, el hostigar, cerrar y si es posible desaparecer a Medios de Comunicación y periodistas, fotógrafos y camarógrafos, que no han podido entrar al corral dorado de las chequeras o de otros favores de Hilda Hernández  “descarterada”  ministra y sus asesores.

Policía reprime con gases y toletes a manifestantes en contra del peaje en San Manuel, Cortés

Por: Redacción CRITERIO

redacción@criterio.hn

Tegucigalpa.- Nuevamente la policía hondureña vuelve a mostrar su brutalidad y el excesivo uso de la fuerza al reprimir a los manifestantes contra el peaje en San Manuel, departamento de Cortés.

peajes

Los pobladores de esa zona del país al igual que los de Tegucigalpa, Comayagua y Siguatepeque, están en contra de los peajes porque lo consideran un asalto al pueblo y la compañía COVI que es quien cobra en las casetas no ha invertido nada en la construcción de esas carreteras.

Preliminarmente se informó que ya hay personas que han resultado heridas y lesionadas debido a la brutalidad con que han actuado los uniformados, repartiendo golpes a “diestra y siniestra” y  lanzando bombas de gas lacrimógeno.

El periodista y diputado Edgardo “Chele” Castro manifestó que el oficial que dio la orden de atacar a los manifestantes es el comisionado de policía,  José Maldonado.  

Por su parte la joven, Martha Jackie Mejía, miembra del grupo “300 Con Dignidad” escribió en su cuenta de Facebook,   “Han reprimido a las personas que se manifestaban en las casetas de El Progreso. Lanzaron gas lacrimógeno, gas pimienta y no dejan que la gente se retire”.

“Una muestra más del abuso de poder de este gobierno, por favor denuncien en las redes, no dejan circular vehículos y hasta personas embarazadas hay en espera de cruzar ese peaje”.

Mientras tanto, Miguel Briceño,  de “Honduras, Indignados somos todos” escribió  también en su página de facebook “Periodistas de Radio Progreso están siendo reprimidos, la policía está lanzando piedras increíble, la policía tirando piedras, un llamado urgente por favor, urgente,  urgente ayuda por favor