Expresidente de Transparencia Internacional hace lobby para que el Fiscal Óscar Chinchilla sea reelecto

José Ugaz

José Ugaz llegó a Honduras invitado por la APJ al denominado Foro “Por un Fiscal General 5 Estrellas”

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-En el marco de un evento patrocinado por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, exteriorizó su deseo para que el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, sea reelecto en el cargo.

Ugaz participó este martes en el Foro “Por un Fiscal General 5 Estrellas”, que se llevó a cabo en un hotel de Tegucigalpa, donde convergieron funcionarios públicos y representantes de  organizaciones afines al gobierno y en el que se hizo hincapié en que grupos criminales no deben incidir en la elección del nuevo Fiscal.

Aunque Chinchilla ha manifestado, en las redes sociales del Ministerio Público, que no desea reelegirse, la conclusión de un importante segmento de la sociedad hondureña es que debido a que el proceso tiene muchas irregularidades, al final se optará por la reelección.

La selección del nuevo Fiscal está en manos de una Junta de Proponentes, integrada por cinco representaciones que han sido acusadas de favorecer y complacer los intereses de la clase gobernante, por lo que hasta la fecha solo dos hondureños se han postulado.

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De acuerdo al expresidente de Transparencia Internacional, los requisitos básicos para la elección del Fiscal son los mismos que a nivel global se han establecido y tienen que ver con la independencia, equidad, honestidad, coraje, capacidad técnica y profesional. “Yo creo que una persona que reúna todos esos elementos está en condiciones”, para ejercer ese puesto, sentenció.

En declaraciones a la prensa, Ugaz ensalzó a Óscar Chinchilla al atribuirle acciones de combate a la corrupción porque, según él, ha puesto ante la justicia a funcionarios de alta envergadura.

Sobre la interrogante si debe continuar en el cargo Chinchilla, respondió de manera contundente: “claro, yo creo que antes, en el pasado antes de esta gestión no se había empezado a desarticular grupos de crimen organizado poderosos como se ha logrado en este caso, hay extradiciones que ya se han realizado”.

“Cuando ha habido una buena gestión no hay porqué oponerse a la reelección, obviamente, no pueden ser reelecciones indefinidas, tiene que ser una reelección limitada, pero creo que el tiempo en el que la actual gestión ha estado en el cargo, ha hecho un buen trabajo y se queda corto el tiempo para que complete una visión de lo que debería ser la lucha contra el crimen organizado y la gran corrupción en Honduras”: José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional.

El visitante dijo que “la comunidad internacional vería con buenos ojos la posibilidad de que un fiscal que ha cumplido la tarea delicada que le ha tocado, pueda permanecer al menos por un periodo más en la función”.

Apuntó que hay casos de alto impacto ejecutados por Óscar Chinchilla que vinculan a altas funcionarios incluyendo a Rosa Elena Bonilla de Lobo,  esposa del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.

Amplió que en virtud que la corrupción en Honduras y en América Latina está tan embalsada, es imposible que en una gestión de tres o cuatro años se puedan lograr resultados radicales.

José Ugaz

El foro estuvo encabezado además por el representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Jorge Padilla; el secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández;  el coordinador de Advocacy de la ASJ, Omar Rivera y por la presidenta de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (Foprideh), Amanda Madrid.

En su alocución, Omar Rivera, expresó que la “politización, corrupción e ineficiencia no pueden tener cabida en el Ministerio Público porque lo que se quiere es seleccionar a una persona que represente los intereses de la sociedad en varias materias que están ligadas al accionar penal, derechos humanos, crimen organizado y delitos como lavado de activos y narcotráfico”.

Óscar Chinchilla y encargado de negocios de EE.UU. hablan sobre corrupción y narcotráfico

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Sobre la lucha contra la corrupción y narcotráfico, habrían dialogado esta tarde el fiscal general de la República, Óscar C hinchilla y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Brian A. Nichols.

La noticia del encuentro fue dada a conocer por las redes sociales de la embajada estadounidense, que informó que en la cita se habló también del apoyo a la defensa de los derechos humanos en Honduras.

La reunión se origina en el marco de una embestida del Congreso Nacional contra las iniciativas orientadas al combate de la corrupción y la impunidad y que podrían poner en riesgo el papel de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Las acciones que alientan la corrupción contemplan reformas a la Ley de Privación de Dominio, una reforma fraudulenta a la Ley de Presupuesto y la negativa para la derogación de la Ley de Secretos y para la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.

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Ayer la embajada de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento mediante el cual expresó su preocupación por las recientes acciones para contrarrestar los esfuerzos contra la corrupción en Honduras y ratificó su apoyo y asistencia a la MACCHI y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Honduras está a las puertas de la elección del nuevo fiscal general de la República y entre los posibles candidatos se menciona a Óscar Chinchilla, cuya reelección está siendo impulsada por oenegés financiadas por los Estados Unidos.

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Como parte de la agenda estadounidense en el Triángulo Norte de Centroamérica es notable una campaña orientada a la reelección de los fiscales de Guatemala, Thelma Aldana; El Salvador, Douglas Meléndez y de Honduras, Óscar Chinchilla.

Carta abierta al señor Fiscal General del Estado, abogado Oscar Chinchilla

Por: Joaquín Mejía Rivera

Carta abierta al señor Fiscal General del Estado, abogado Oscar Chinchilla

El Progreso, Yoro

15 de marzo de 2018

Abogado Óscar Chinchilla

Fiscal General del Estado

Ministerio Público

Señor Fiscal General:

Me dirijo a usted como ciudadano preocupado por la grave crisis de derechos humanos en el país y por la falta de respuesta efectiva del Ministerio Público ante ella. Mi intención no es hacer una lista de las deudas históricas que, en mi opinión, la institución que usted rectora tiene con la sociedad hondureña en general y con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en particular.

En cuanto a estas últimas, basta decir que resulta alarmante la falta de capacidad y voluntad política del Ministerio Público para abordar los tres eventos más críticos de nuestra frágil historia democrática: la implementación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80, el golpe de Estado de 2009 y la actual crisis política generada por la reelección inconstitucional y fraudulenta del señor Juan Orlando Hernández.

Reconozco, señor Fiscal General, que se han dado algunos pasos positivos gracias al acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y el nombramiento del fiscal Luis Javier Santos al frente de esta última, quien ha demostrado con creces su compromiso con los valores democráticos, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Como usted sabe, recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó un informe especial sobre “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”. En él, este órgano internacional revela que el Ministerio Público no prestó su colaboración ni respondió a las solicitudes de reuniones a nivel superior para abordar la crisis de derechos humanos.

Indudablemente, esta posición institucional deja en entredicho una vez más la obligación que usted tiene de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales; no obstante, usted todavía tiene la oportunidad de enmendar esta postura y cumplir con su deber de investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos señaladas en dicho informe.

Para demostrarle que mi crítica es constructiva y que todavía tengo una pequeña esperanza de que usted como Fiscal General, dé los primeros pasos para que el Ministerio Público salde su deuda histórica con las víctimas de violaciones a derechos humanos, le comparto un breve análisis general sobre cómo se deben iniciar y orientar las investigaciones con el fin de detener el círculo vicioso de la impunidad.

En primer lugar, el informe de la OACNUDH le brinda una serie de elementos esenciales que constituyen una base sólida para el inicio de investigaciones, ya que demuestra lo siguiente:

  1. Que la Policía Militar y la Policía Nacional hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio, como cuando las víctimas estaban huyendo.
  2. Que al menos 16 personas murieron violentamente a causa de los disparos de policías y militares, entre ellas dos mujeres y dos niños.
  3. Que 7 víctimas murieron como consecuencia de impactos de bala en la cabeza, lo cual equivale a ejecuciones extrajudiciales.
  4. Que al menos 60 personas resultaron heridas, la mitad de ellas con municiones reales.
  5. Que se produjeron detenciones masivas, malos tratos en el momento de la detención o durante la detención, y allanamientos ilegales de viviendas.

En segundo lugar, para golpear contundentemente a la impunidad ante estas graves violaciones a derechos humanos, el Ministerio Público tiene la obligación de apuntar hacia la responsabilidad de los superiores civiles y jefes militares oficiales, la cual se extiende a los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo. En este caso, los responsables superiores son el General Fredy Santiago Díaz Zelaya, Secretario de Defensa Nacional por ley, General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad, y Coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar de Orden Público.

En tercer lugar, por las siguientes razones jurídicas estos tres jerarcas militares son responsables por los crímenes documentados por la OACNUDH en su informe:

  1. Porque tuvieron conocimiento de la comisión de estos crímenes e hicieron caso omiso deliberadamente a la información sobre los mismos.
  2. Porque estos crímenes guardan relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo.
  3. Porque no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables para evitarlos, reprimirlos o denunciarlos.

En cuarto lugar, el informe de la OACNUDH ratifica que estos tres jerarcas militares tenían conocimiento de los actos delictivos de sus subordinados, sin embargo, hicieron caso omiso a los mismos e incluso entorpecieron el trabajo de este órgano internacional, ya que:

  1. Los Ministerios de Defensa y Seguridad no le proporcionaron a la OACNUDH información sobre las órdenes que regulaban las operaciones.
  2. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) negó a la OACNUDH el acceso a los registros de las personas detenidas en la 105ª Brigada de Infantería.

En cuarto lugar, aunque estos 3 jerarcas militares no hayan impartido una orden específica de cometer estas graves violaciones a derechos humanos, son responsables aun por actos de sus subordinados que ellos no hayan conocido, pero que, dadas las circunstancias del caso, hayan debido conocer, impedir, reprimir o denunciar.

En quinto lugar, en el marco de la crisis electoral, estos crímenes documentados por la OACNUDH eran tan notorios y generalizados que es imposible argumentar que los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y el coronel Reyes Paz, no tenían conocimiento de ellos. En este sentido, resulta evidente que:

  1. Existía información de la cual resultaba claramente un riesgo significativo de que sus subordinados estaban cometiendo o se proponían cometer tales crímenes.
  2. Esa información estaba a su disposición a través de los diversos informes de organismos nacionales, tanto de sociedad civil como del propio Estado (Informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos) e internacionales como Amnistía Internacional.
  3. No se ocuparon profundamente de esa información, aunque conocían su existencia. Más aún, a través de conferencias públicas y comunicados oficiales se puede comprobar que apoyaron y consintieron la actividad criminal de sus subordinados.

Señor Fiscal General, los argumentos fácticos y jurídicos con que cuenta el Ministerio Público para orientar las investigaciones en la línea propuesta pueden ser fortalecidos con otros informes, tales como, el de Amnistía Internacional, de la Coalición contra la Impunidad, de Human Rights Watch, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) o del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Le recuerdo, además, que según la jurisprudencia interamericana –que es obligatoria en nuestro ámbito nacional- la falta de una investigación seria y diligente por parte del Ministerio Público no sólo pone en riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad e impedir la plena realización del Estado de derecho, también propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos, la total indefen­sión de las víctimas y sus familiares, y el aumento de la desconfianza ciudadana, particularmente cuando los responsables forman parte de las altas estructuras del Estado, como sucede en los casos documentados por la OACNUDH.

Sin duda alguna, hay suficiente fundamento jurídico para que el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas asuma la persecución penal de los casos documentados en el informe de la OACNUDH y de esta manera envíe a la sociedad un mensaje de su voluntad política para perseguir estos crímenes, cuyos efectos siguen vigentes, y que debido al carácter permanente de su comisión, la extensión del daño causado y la gravedad de sus consecuencias, permite exigir su castigo en forma actual y permanente.

Le garantizo que esta acción permitiría pasar del cuestionamiento de la eficacia del ius puniendi del Ministerio Público en materia de derechos humanos, a un acercamiento significativo con la sociedad y con las organizaciones de derechos humanos, lo cual abriría el camino para la construcción de espacios de coordinación y fortalecimiento mutuo, tal y como lo reclama la precaria situación de los derechos humanos que vivimos. Además, posiblemente se produciría una modificación de la percepción ciudadana que, en este momento, ve a la institución que usted lidera como deficiente, carente de independencia y sin ningún impacto significativo en la generación de cambios estructurales en la lucha contra la impunidad.

En sus manos está, abogado Chinchilla, ser recordado como el Fiscal General que cumplió con su obligación constitucional de representar los intereses generales de la sociedad y reprimir las graves violaciones a derechos humanos, o ser recordado como el Fiscal General cómplice del desprecio a la dignidad humana y corresponsable de los crímenes documentados por la OACNUDH y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. No olvide que, como lo señala Julio Scherer Ibarra, “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

Atentamente,

Dr. Joaquín A. Mejía Rivera

Organizaciones afines al gobierno piden a Óscar Chinchilla se quede un periodo más

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Un grupo de organizaciones afines al gobierno y que integran la llamada “Plataforma Ciudadana” pidió hoy al Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, que considere su reelección.

Los miembros de la Plataforma, que desde hace dos semanas han iniciado una campaña para que Chinchilla siga en el cargo para el cual fue nombrado de manera anticipada en septiembre del año 2013, se reunieron esta mañana con el número uno del Ministerio Público.

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La Constitución de la República en su artículo 233 establece que el fiscal general y el fiscal general adjunto serán electos por el Congreso Nacional para un período de cinco años con el voto favorable de la mayoría calificada, es decir 85 votos del Parlamento, de una nómina de cinco candidatos seleccionados por una Junta Proponente.

Uno de los miembros de la Plataforma, Gerardo Aguilar, dijo que Chinchilla ha logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, por lo que en el marco del encuentro le pidieron que analizara un segundo período.

Aseveró que en ningún momento el funcionario les expresó su deseo de seguir en el cargo, “pero nosotros le estamos solicitando que continúe con el trabajo en el combate al crimen organizado y la corrupción”, acotó.

Aguilar manifestó que aunque están conscientes que hay mucho por hacer, Chinchilla ha conformado un equipo de trabajo orientado al combate del crimen organizado, narcotráfico, extorsión y corrupción.

Durante la reunión, Chinchilla presentó un informe a sus visitantes, quienes manifestaron su satisfacción por que los resultados han sido avalados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

La Plataforma Ciudadana por Honduras, es una coalición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, integrada por iglesias, instituciones académicas, gremios empresariales, cooperativas y otras iniciativas del sector social de la economía, centrales obreras y campesinas, y asociaciones de pobladores y patronatos.

Oscar Fernando Chinchilla

Por: Jari Dixon Herrera

Conocí al abogado Oscar Fernando Chinchilla allá por el año de 1998, cando me desempeñaba como fiscal en la Entrada Copan, él trabajaba como abogado independiente, más que todo en la defensa de casos penales, lo recuerdo cordial y amigable, muchas veces se trasladaba con nosotros en el vehículo del Ministerio Publico para alguna Reconstrucción de Hechos en algún lugar lejano de nuestra jurisdicción; el hacía su trabajo de defensor y nosotros el nuestro de fiscal, podríamos decir  que había una relación muy profesional en la administración de justicia en aquella época.

La Entrada Copan para ese entonces ya era conocida como una zona de bastante incidencia criminal, casos de robo de vehículos, tráfico de droga, asesinatos, etc.

Para ese entonces, solo éramos dos fiscales asignados para el trabajo en diez municipios de dicha zona, la policía en ese tiempo no tenía ni patrulla, ni toda la logística con que cuentan hoy, de hecho el vehículo  de la fiscalía se convertía en muchas ocasiones  en la patrulla de la policía para poder combatir la criminalidad; pero les puedo asegurar que los resultados de aquellos dos fiscales y aquel pequeño grupo de policías preventivos era gigantesco, ahí desmantelamos bandas completas de robo de vehículos, cultivo y tráfico de drogas en fin, cuando se tiene voluntad de hacer las cosas no se necesita tanto.

El abogado Chinchilla como muchos otros abogados miraban en la Entrada Copan una buena zona para trabajar, la enorme cantidad de arrestos por diferentes delitos daba trabajo a muchos abogados.

Supe para ese tiempo que el abogado Chinchilla había sido diputado suplente por el partido Nacional, y que estaba vinculado a la familia Hernández del occidente del país; pero en aquel tiempo nunca  imaginé que llegara a ser magistrado o fiscal general, lo mismo me paso con el abogado Rolando Argueta en ese momento era el Juez de Paz en la Entrada Copan, hoy convertido en Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Es obvio que el ascenso al poder de Juan Orlando Hernández, también significó el ascenso de muchos de sus amigos, entre ellos el abogado Chinchilla.

Después me informaron que lo habían nombrado Magistrado de La Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan, en el Poder Judicial, presidido por la Abogada Vilma Morales Montalván, quien al finalizar su mandato termino de absolver al expresidente Rafael Leonardo Callejas de todos sus delitos.

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En el marco de unas de mis luchas dentro del Ministerio público, un día me llamo para felicitarme y decirme que le alegraba que no había cambiado y que estaba a la orden, y que él había presentado papeles para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia pero que por su forma de pensar no creía tener ninguna posibilidad de salir electo.

En esa elección de la nueva Corte Suprema de Justicia de enero del 2009 ,nos involucramos de lleno, el objetivo era que ninguno de los magistrados anteriores se pudiera relegir, (y en efecto lo conseguimos) acordémonos que nosotros veníamos de la huelga de hambre de fiscales del 2008 y creíamos ingenuamente que una nueva corte y un nuevo Ministerio Publico podrían surgir después de nuestra lucha; pues para mi sorpresa el abogado Oscar Fernando Chinchilla y otros conocidos del sector de occidente habían logrado salir electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bajo el esquema de negociación entre los dos partidos tradicionales en el Congreso Nacional.

La esperanza que con la nueva corte podían cambiar las cosas se esfumo rápidamente, ya para el 28 de junio del 2009 teníamos a la nueva Corte Suprema postrada ante el poder oligárquico del país y participaban activamente en la consumación de un golpe de estado, poco les importó su juramento, poco les importó la crisis política que provocaron con sus actuaciones, poco les importó  los asesinatos de los militares y policías, la nueva Corte Suprema con Oscar Chinchilla incluido escribían una nueva página oscura del país.

Ya en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, un Oscar Chinchilla miembro de la sala de lo constitucional era el único que votaba en contra de declarar inconstitucional el proyecto de ciudades modelo, recurso presentado por una organización de ex fiscales que habíamos organizado para tal efecto y apoyada por diferentes sectores, al fin se declaró inconstitucional, pero el 12 de octubre del año 2012, el presidente del Congreso de ese entonces Juan Orlando Hernández en complicidad con la bancada del partido Liberal destituían ilegalmente a cuatro magistrados de la sala constitucional, el único que no fue afectado fue precisamente el abogado Oscar Fernando Chinchilla, me imagino que como premio  a su gran lealtad al partido Nacional.

 Y es que para un Oscar Fernando Chinchilla casado con la hija del abogado Rigoberto Chan Castillo figura importante dentro el partido Nacional, no debió serle difícil acatar las órdenes de su jefe superior inmediato (JOH).

Para agosto del 2013, ya cerca de las elecciones, el Partido Nacional negocia con el Fiscal General de ese entonces el abogado Luis Alberto Rubí para que renuncie a su cargo a cambio de no perseguirlo por sus enormes actos de corrupción en esa institución y es así que se nombra como sustituto al abogado Oscar Fernando Chinchilla, quien sale electo de una junta de selección coordinada por la exrectora de la UNAH licenciada Julieta Castellanos.- Lo irregular de todo este proceso es que el abogado Oscar Fernando Chinchilla no pasó las pruebas de confianza y había sido excluido de la lista para las sigientes etapas del proceso, pero una vez que se llegó a una negociación con el Partido Liberal lo volvieron  a incluir, acto que fue denunciado por los medios de comunicación por otro nacionalista como ser el abogado Ivis Discua Barillas quien manifestó que lo habían utilizado en ese proceso para favorecer  al abogado Chinchilla.

Chinchilla debía cumplir según la ley solo el tiempo que hacía falta para que culminara el mandato de Luis Rubí, pero en el 2014 después del robo de las elecciones, ese cargo no volvió a ser sometido a elección y quedo de forma definitiva.

Algunos interesados en su reelección alegan que ha sido un Fiscal General comprometido con el combate a la corrupción, porque bajo su mandato se han presentado algunos casos de corrupción relacionado más que todo al saqueo del seguro social, un caso que fue más producto de la presión popular que despertó el escándalo de corrupción más grande en la historia del país, hecho público en su momento por los periodistas de radio y tv Globo Cesar Silva y David Romero Elhner ( este de forma más incisiva), un caso de corrupción donde el único personaje tal vez de una mediana importancia ha sido el Doctor Mario Zelaya, director de dicha institución, a quien han cargado con toda la responsabilidad y dejado libre a todos los autores intelectuales del saqueo, quienes sin temor a ser acusados confesaron públicamente haber utilizado fondos del seguro social en su campaña; sin que el Fiscal Chinchilla haya hecho absolutamente nada.- De ahí hay una señora de nombre Isis Molina  ( alias la palillona) y otros que andan prófugos y otros gozando de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Mas parece que el accionar del abogado Chinchilla en eso casos fue más que todo cumpliendo una estrategia gubernamental para bajar lo ánimos de aquellas personas que estaban protestando, esto sin mencionar que el dinero en gran parte jamás fue recuperado.

Otro dato interesante de nuestro flamante Fiscal General es haber emitido dictamen  a favor de que se derogaran artículos pétreos de la Constitución de la Republica para que el actual señor del ejecutivo pudiera reelegirse.

Pero porque no señalar su falta de voluntad para investigar el enorme acto de corrupción como lo ha sido el trans-450, un caso donde se involucra fuertemente al actual designado presidencial Ricardo Álvarez, quien ha llegado hasta burlarse de su impunidad en este caso.

Hoy dicen que al abogado Chinchilla no le tembló la mano para firmar los requerimientos fiscales contra los diputados involucrados en el denominado caso de la red de diputados de la que tanto habló la MACCIH y que al final termino en nada; pero lo que no dicen es que esa denuncia presentada por el partido Libre estuvo engavetada por casi dos años hasta que fue retomada por la MACCIH, caso que al final representó la salida del vocero de esta misión internacional el Doctor Juan Jiménez Mayor.

Para terminar habrá que preguntarle al Fiscal General, por qué no ha procedido en los diversos casos de corrupción que el Consejo Nacional anticorrupción (CNA) ha remitido al Ministerio Publico contra altos funcionarios del gobierno y donde no han hecho absolutamente nada.

Si JOH está interesado en su reelección, es porque ha encontrado en su accionar, la debida protección para sus actos ilegales, así como un instrumento de represión para todo aquel pueblo que lucha por su libertad.

Con este informe no creo seguir apoyando que reelijan a Oscar Chinchilla: Jorge Yllezcas

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- El analista nacional Jorge Yllezcas Oliva,  felicitó al Consejo Nacional Anticorrupción por dar a conocer 5 casos de redes de corrupción, sin embargo señaló que tienen 67 casos en total,  y ahí aparecen grandes figuras de la política nacional.

Agregó que es importante que el pueblo conozca quienes son sus líderes políticos y es preocupante porque la fiscalía (Ministerio Público) ha dormido todos los casos y otros no los ha presentado y de la misma manera han actuado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y el estado de Honduras ha perdido millones de dólares en estos casos.

Según su criterio esta es una oportunidad para que el pueblo hondureño despierte y se apodere de esos datos. 

Yllezcas señaló que tiene temor que el nuevo o la nueva fiscal pueda ser peor que el que tenemos, «esto por los nombres que suenan por ahí». Y la comisión de proponentes va a estar controlada totalmente por el Partido Nacional lo que significa que quien llegue irá a defender los intereses de los políticos corruptos. 

Nota relacionada Oscar Chinchilla puede ser el único que garantice seguir la política anticorrupción instalada por la MACCIH: Edmundo Orellana (vídeo)

Confesó que el ha sido de los que creen que se debe reelegir al actual Fiscal General, Oscar Chinchilla, aunque con este informe está pensándolo bien si sigue apoyándolo para que sea reelecto.

Vea la entrevista completa…

Oscar Chinchilla puede ser el único que garantice seguir la política anticorrupción instalada por la MACCIH: Edmundo Orellana (vídeo)

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- Edmundo Orellana Mercado,  no ve con optimismo la elección del Fiscal General del Estado porque el “Congreso de la Vergüenza” que terminó el pasado 18 de enero, aprobó un decreto que le confiere inmunidad a los diputados corruptos que se robaron el dinero que les otorgaron para obras sociales en sus comunidades.

Y esos diputados, son lo que hoy, en su mayoría están en el poder legislativo y lo que van a hacer es buscar un fiscal general que sea anuente o complaciente con la aplicación de ese decreto denominado Pacto por la Impunidad.

Orellana dijo que ve con preocupación y tristeza que la población no se interesa en estos temas. Y quien ha levantado la voz es la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y ninguna organización hondureña lo está haciendo, ni la denominada sociedad civil.

En torno a la posible reelección del actual Fiscal General Oscar Chinchilla, Orellana señaló que este entró por la puerta de atrás y ni siquiera pasó el examen y fue abruptamente impuesto, pero en el camino rectificó y parece que lo arrastró la dinámica que generó la presencia de la MACCIH y lo condujo a un encuentro y a una aproximación con la Misión que ha cambiado el rumbo de la lucha contra la impunidad en Honduras.

No hay duda que el Chinchilla de antes de la MACCIH, es muy diferente del Chinchilla de hoy, y hay que darle merito a esos cambios porque cuando una persona cambia para mal hay que denostarlo y destruirlo moralmente, pero cuando cambia para bien hay que estimularlo y aplaudir esa metamorfosis.

El único que nos garantiza en este momento, que puede seguir la política que se ha establecido de lucha contra la corrupción es el actual Fiscal General, Oscar Chinchilla.  

Vea la entrevista completa….

La insoportable soledad del fiscal general de Honduras: Análisis InSight Crime

(Este artículo es un análisis del sitio web especialista en crimen organizado InSight Crime)

Escrito por Steven Dudley y Felipe Puerta*

Jueves, 02 Marzo 2017

El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, fue elegido por el Congreso en septiembre de 2013, en un polémico proceso liderado en gran parte por los intereses del Partido Nacional, actualmente en el poder. Pero Chinchilla ha cambiado la agenda política y ha terminado entre poderes opuestos, que lo han llevado al aislamiento político.

El 9 de septiembre de 2016, el hijo de Luis Alonso Valle Valle fue capturado por las autoridades hondureñas y acusado de asesinar a tres personas en el departamento de Copán, en el noroeste de Honduras.

El acusado era menor de edad, de modo que su nombre debió permanecer en reserva, pero su padre, Luis Alonso, era una figura criminal bien conocida en la zona. Luis Alonso, junto con su hermano, Miguel Arnulfo, había sido extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2014 para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Su hermana, Digna, ya estaba en una cárcel de Estados Unidos, también por cargos de narcotráfico, cuando ellos llegaron.

La hija de Miguel Arnulfo, Yosari, todavía se encontraba en Copán, así como el hijo de Luis Alonso, quien, según los investigadores, telefoneó a Yosari para darle un detallado recuento del macabro asesinato de una mujer y dos de sus hermanos. Las autoridades registraron esta llamada y otras más, e iniciaron una operación que llevó a la captura del hijo de Luis Alonso.

Con las llamadas interceptadas y con el supuesto asesino adolescente bajo custodia, el Ministerio Público creyó que les había dado otro golpe a los insolentes grupos criminales de Honduras.

Desde que asumió su cargo en septiembre de 2013, el fiscal general Óscar Chinchilla ha atacado de manera habitual a estas organizaciones. Desde su dependencia, Chinchilla ayudó a capturar a los hermanos Valle Valle, así como a Carlos «El Negro» Lobo y a Héctor Emilio Fernández Rosa, alias «Don H». Todos ellos han sido extraditados para ser juzgados en Estados Unidos.

Sin embargo, los esfuerzos de Chinchilla también han encontrado obstáculos, y a menudo él ha asumido la culpa. Así ocurrió con el hijo de Luis Alonso Valle Valle. En una sorpresiva decisión, el poder judicial trasladó el caso a un juez del área que maneja casos de menores de edad.

El nuevo juez hizo caso omiso de las grabaciones telefónicas, archivó el caso y dejó en libertad al joven. El Ministerio Público objetó dicha decisión, pero su objeción fue en vano. Aunque las autoridades ya han emitido otra orden de captura, el hijo de Luis Alonso Valle Valle permanece prófugo.

Este incidente es uno de los muchos que se han presentado en el último año y que han dejado claro lo aislado que ha quedado el Ministerio Público en su lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado en Honduras.

En los últimos meses ha sido notable el acompañamiento que el fiscal general, Óscar Chinchilla, le está dando a la MACCIH.

A pesar del fuerte respaldo que les ha ofrecido la comunidad internacional, Chinchilla y sus colegas del Ministerio Público han cargado la peor parte de la batalla contra el crimen organizado y la corrupción, y han asumido la culpa cuando algo ha salido mal.

Sus críticos se encuentran sobre todo en las arraigadas élites políticas que durante años han debilitado sistemáticamente al sistema judicial y lo han utilizado para sus propios objetivos; sin embargo, los enemigos de Chinchilla no se reducen a estos únicos rivales. Varios grupos de la sociedad civil han criticado al fiscal por el manejo que le ha dado al asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, y diversos observatorios internacionales cuestionan a Chinchilla por ser una marioneta de la Presidencia.

¿Un peón presidencial?

Cuando fue elegido como fiscal general en el año 2013, los detractores de Chinchilla temían que se convertiría en un peón del presidente Juan Orlando Hernández. En efecto, Chinchilla fue el único magistrado que sobrevivió a una depuración que el Congreso adelantó en el año 2012 en la Corte Suprema, presidida por el entonces presidente del Congreso Juan Orlando Hernández.

La depuración de la corte fue un antecedente de las batallas que estaban por venir. Se concentró en administrar polígrafos y otras pruebas de «confianza» en la policía, para que los oficiales pudieran sanear su propia institución. La policía y sus aliados perdieron la lucha, así como lo hicieron también cuatro de los cinco magistrados. (Hoy en día, Chinchilla todavía discute con la policía sobre su apoyo a este tipo de pruebas.)

En ese entonces, el apoyo del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien ya estaba calentando sus motores para postularse a la Presidencia, era apenas una garantía para el éxito posterior. El 1 de septiembre de 2013, Chinchilla se aseguró el apoyo del Congreso con sólo 90 votos —71 de los cuales provenían del Partido Nacional de Hernández— sólo 4 votos más de lo que necesitaba para conseguir la mayoría y convertirse en fiscal general. Pero la votación estuvo plagada por acusaciones de manipulación política. El anterior fiscal general había sido obligado a abandonar su puesto antes de tiempo, y algunos políticos querían que Chinchilla remplazara al fiscal anterior solo durante el tiempo que le faltaba para cumplir su período.

A pesar del escepticismo, Chinchilla empezó a actuar rápidamente. El 19 de septiembre, pocas semanas después de haber asumido el cargo como fiscal general, el Ministerio Público ayudó al gobierno en la confiscación de más de US$500 millones en propiedades y bienes de la familia Rivera Maradiaga, médula del temido grupo criminal Los Cachiros.

Los Cachiros eran una poderosa familia criminal que coordinaba el tráfico de drogas desde y hacia Honduras, y cuyo poder político, económico y social tocó todos los círculos de la sociedad hondureña, incluyendo al hijo del expresidente Porfirio Lobo, antiguo líder del Partido Nacional y, posiblemente, a Ramón Lobo, hermano del expresidente.

En marzo de 2014, las autoridades arrestaron a El Negro Lobo. En agosto y septiembre de 2014, después de que Digna Valle Valle fue arrestada en Estados Unidos, los hermanos Valle Valle y varios de sus socios fueron detenidos. En octubre, Don H fue detenido.

Todos estos sospechosos fueron más tarde extraditados a Estados Unidos, y estos arrestos permitieron aumentar las incautaciones de activos en Honduras. En efecto, según el Ministerio Público, éstas aumentaron diez veces entre 2013 y 2015.

Todo esto dio lugar a intimidaciones. La familia de Chinchilla fue víctima de una serie de amenazas de muerte, como las que recibió después de que se desplegó un operativo para expropiar los activos y las propiedades de la organización narcotraficante Valle Valle. Y todas éstas no eran precisamente acciones aisladas. El exdirector de la unidad de crímenes financieros, Orlán Arturo Chávez, había sido asesinado en abril de 2013.

Chinchilla además comenzó a destruir las redes de apoyo oficial que por mucho tiempo habían protegido a estas redes de tráfico de drogas. Poco después de que asumió el cargo, reestructuró la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dentro del Ministerio Público más tarde, unidad que fue vinculada a un caso relacionado con el contrabando de millones de dólares hacia Panamá.

Más adelante, Chinchilla agregó 38 fiscales a la unidad de lucha contra la corrupción y designó a otros 24 a una recién creada unidad especial —la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)— para que trabajaran en casos de corrupción. En 2015, se había duplicado el número de casos de corrupción de empleados públicos, incluyendo los casos contra 3 jueces y 42 policías, informó el Ministerio Público.

Estos casos tuvieron enormes implicaciones políticas, pero Chinchilla parecía imperturbable y continuó criticando cada vez más a los políticos y las autoridades judiciales que facilitaban las actividades criminales.

«Los narcotraficantes a quienes nosotros hemos incautado sus bienes, que hemos llevado a prisión y otros que han sido extraditados al país, no nacieron un mes antes de que nosotros asumiéramos en la Fiscalía,» le dijo a la prensa.  «Tenían 20 años de estar en el país, entonces yo me pregunto: ¿Por qué nadie se había fijado que ellos estaban haciendo eso?».

¿Enfocado en la élite?

Hernández ganó la Presidencia en noviembre de 2013, pero el fiscal general que él había designado ya había empezado a actuar. Además de las acciones para acorralar a importantes presuntos narcotraficantes y reformar su propia dependencia en el gobierno, Chinchilla presionó para que se continuara la investigación sobre el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El IHSS es uno de los organismos más grandes del gobierno de Honduras, que maneja contratos de medicamentos, construcciones y transporte con diferentes proveedores de servicios de todo el país. El gran movimiento de dineros públicos y contratos que manejan estos institutos ha hecho de ellos presas fáciles de la corrupción en lugares como El Salvador y Guatemala.

El IHSS no era diferente a sus contrapartes en los demás países y, hacia finales de 2013, el Ministerio Público ya estaba investigando las acusaciones generalizadas de fraude, uso indebido de fondos y corrupción en el instituto. En abril de 2014, la dependencia de Chinchilla acusó a Mario Zelaya, el director del IHSS entre 2010 y 2014, junto con otras personas, de cargos de corrupción, lavado de dinero y muchos otros crímenes. Zelaya huyó, pero fue capturado en septiembre de 2014.

El presidente Hernández elogió a sus funcionarios por la captura (sobre todo a la policía militar), pero este caso se convirtió en una bomba de tiempo para él y su Partido Nacional. Zelaya, un miembro del partido que en el pasado apoyó la campaña del rival de Hernández, había trabajado con el partido desde el año 2005 y era un cercano colaborador del expresidente Porfirio Lobo.

El caso finalmente se extendió, y abarcó, además de Zelaya, a otros miembros del IHSS. Las investigaciones incluían desde el pago de comisiones y viajes no autorizados hasta contribuciones a las campañas, que supuestamente entraron a las arcas del Partido Nacional durante la campaña presidencial de 2013. En total, hay 29 casos diferentes; los diversos esquemas de malversación le costaron al gobierno unos US$330 millones.

Sin embargo, después de unas fuertes acciones iniciales, el caso ha quedado rezagado en el sistema, y han aumentado los rumores y las amenazas en torno a éste. En mayo de 2015, el fiscal principal del caso huyó del país debido a amenazas, lo que retrasó aún más las investigaciones.

Ha habido más de 15 condenas en casos relacionados con el IHSS, y Zelaya ha sido condenado por un proceso paralelo de tráfico de armas. Sin embargo, el caso relacionado con el IHSS no ha llegado todavía a las cortes, y otros procesos contra participantes de altos rangos también permanecen estancados en el sistema.

Las críticas han continuado.

En febrero del año pasado, The New York Times publicó un editorial del columnista invitado Alexander Marín titulado «La lucha contra la corrupción en Honduras es una farsa«, donde se señala que «[Chinchilla] no ha investigado ni procesado a los líderes del Partido Nacional por la desviación de los fondos de salud pública».

La purga de la policía

El caso del IHSS es sólo uno de los muchos que, según los críticos, ilustran la incapacidad de Chinchilla para terminar lo que ha empezado. Dichos críticos señalan que los casos más grandes no están ni siquiera siendo llevados por Chinchilla.

En octubre de 2015, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cuatro miembros del poderoso clan Rosenthal de lavado de dinero y de otros cargos relacionados con corrupción. Tres de los cuatro acusados se encuentran en Estados Unidos para enfrentar cargos. La oficina de Chinchilla continuó confiscando numerosos activos de los Rosenthal, pero no se ha levantado ningún cargo criminal contra el patriarca de la familia, Jaime Rosenthal, el último de los incluidos en la acusación de Estados Unidos que permanece en Honduras.

Hay otros importantes casos en desarrollo contra las élites, pero avanzan lentamente. Bajo la administración de Chinchilla, el Ministerio Público ha detenido a 12 alcaldes que están siendo investigados por crímenes como lavado de dinero, corrupción y asesinato, varios de ellos pertenecientes al Partido Nacional. Sin embargo, de los 12 solo Arnaldo Urbina Soto, el ex alcalde de Yoro, ha sido sentenciado; fue condenado por lavado de dinero el 27 de febrero del 2017. 

Algunos de los casos más sobresalientes son los de los asesinatos del zar antidrogas, Julián Arístides González, y de Alfredo Landaverde. Pero aunque el boom mediático inicial sirvió para poner en marcha una comisión especial de la policía, los casos parecen tener terribles fallas.

Los esfuerzos por depurar y enjuiciar a miembros de la policía han puesto a Chinchilla y a su ministerio en una difícil posición política, e ilustran en parte por qué él se encuentra en una situación tan complicada.

El presidente cuenta con lealtades entre los militares. Él fue educado en una escuela militar. Su hermano y asesor cercano es un coronel del ejército, y él ha ubicado a numerosos miembros del ejército en puestos tradicionalmente controlados por civiles. Y como una manera de llenar el vacío de seguridad generado por la crónica corrupción e ineptitud de la policía, el presidente Hernández decidió desplegar la policía militar. Además, intentó, en vano, establecer la policía militar en la Constitución del país.

La policía ve a Chinchilla como el perro de ataque de Hernández. Como parte del ya mencionado caso contra los exoficiales, por ejemplo, los fiscales de Chinchilla hicieron una redada a una unidad policial y examinaron sus archivos. Y la policía contraatacó: cuando Chinchilla envió fiscales a hacer una redada contra un narcotraficante en vehículos sin placas, la policía detuvo sus vehículos y justificó su decisión diciendo que los agentes estaban obligados a detener a los vehículos que andaban sin placas.

Berta Cáceres y un presupuesto ínfimo

En la tarde del 29 de septiembre de 2016, una jueza de un tribunal de apelaciones hondureño puso el expediente de Berta Cáceres en su cartera, entró en su auto y se dirigió a casa. En el trayecto, su auto fue interceptado por otro vehículo. Varios hombres la abordaron, tomaron el auto de la jueza junto con el expediente y se marcharon.

Aunque el robo del expediente fue claramente responsabilidad del sistema judicial, el sospechoso acto —que ha suscitado varias teorías conspirativas— cayó como una bomba en la oficina de Chinchilla. El caso del asesinato de Cáceres ya había afectado considerablemente el capital sustancial que el ministerio había construido bajo la dirección de Chinchilla. Después de su asesinato, los fiscales habían detenido a seis sospechosos (luego arrestaron a dos más), entre quienes se encuentran un miembro activo de las fuerzas armadas y otro retirado, así como un administrador de la empresa de energía Agua Zarca.

Pero el caso ha enturbiado las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Y algunos congresistas estadounidenses han propuesto detener la ayuda a Honduras hasta que el caso sea resuelto a satisfacción. No se sabe qué significa “a satisfacción” en este caso. Algunos grupos de la sociedad civil pretenden que el Ministerio Público acuse y detenga a los dueños de la empresa que estaba realizando la represa cuya construcción había sido bloqueada por Cáceres y otras personas como parte de sus protestas. Dichos propietarios son parte de una de las familias más adineradas del país, y además son partidarios acérrimos de Hernández y el Partido Nacional. Además, los documentos filtrados de la corte a los que recientemente accedió The Guardian muestran que el asesinato pudo haber sido planeado por especialistas en inteligencia militar que recibieron entrenamiento en los Estados Unidos.

Como ocurrió con la policía, el caso de Cáceres puso a Chinchilla en medio de numerosos poderes: en este caso, se trataba del presidente y sus poderosos partidarios, por un lado, y de Estados Unidos, los grupos de la sociedad civil y diversos activistas, por el otro. Y, aunque el fiscal general insiste en que el caso continúa a buen ritmo, un grupo de abogados internacionales ha puesto en marcha una investigación paralela.

El impacto ha sido devastador a nivel político y financiero. El presupuesto actual del Ministerio Público es de US$71 millones, el más bajo de la región. En la última década, Honduras ha asignado más de 115 mil millones de lempiras (unos US$5 mil millones) para los sistemas de seguridad y justicia del país, de los cuales el sistema judicial ha recibido el 17,3 por ciento y el Ministerio Público sólo el 9,3 por ciento. En comparación, la Secretaría de Seguridad ha recibido el 36,2 por ciento y la de Defensa el 37,2 por ciento.

El déficit también es evidente de otras maneras. Para un proyecto piloto de ATIC se asignaron 50 fiscales en San Pedro Sula y 50 en Tegucigalpa. En contraste, la recién creada Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una unidad especial creada seis meses después del ATIC, comenzó con 1.000 agentes y tuvo un desembolso inicial de 200 millones de lempiras (unos US$8,5 millones).

En 2016, Chinchilla, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, solicitó un incremento de 580 millones de lempiras (unos US$25 millones) para el presupuesto del Ministerio Público, que se destinarían a la contratación de al menos 400 nuevos fiscales, 400 agentes de investigación, 100 médicos forenses y 100 analistas de delitos financieros. Pero la Presidencia le pidió al Congreso un aumento de 29 millones de lempiras (US$1,23 millones).

Como lo señaló recientemente la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), un grupo de la sociedad civil y de organizaciones religiosas que trabajan por la reforma de la justicia, «para continuar exigiendo resultados a las diferentes fiscalías especiales, los organismos de investigación criminal, a medicina forense y a las unidades de investigación criminal, es necesario dotarlas de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros».

El actual aislamiento político de Chinchilla podría empeorar. Al parecer, el fiscal no siempre asiste a las reuniones de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de la rama ejecutiva. Y, cuando lo hace, no siempre firma su asistencia, prefiriendo quedarse como espectador.

El período de Chinchilla en su cargo va hasta 2018, pero puede que no permanezca hasta entonces. Uno de los casos más recientes de narcotráfico adelantado por el Ministerio Público implica al Cartel del Atlánticouna red que estaría vinculada a oficiales del ejército, jueces y otros funcionarios.

Ante los interrogadores estadounidenses, uno de los acusados de facilitar las actividades del cartel dijo que el hermano de presidente Hernández, un diputado por el Partido Nacional, estaba implicado. El hermano de Hernández negó esos señalamientos, pero un funcionario de la Embajada de Estados Unidos le dijo a InSight Crime que él continúa siendo una «persona de interés«.

*Este artículo hace parte de una serie sobre la reforma judicial y policial en Honduras.

Congresistas de EE.UU. piden a políticos del Triángulo Norte que no interfieran en los trabajos de los fiscales generales

Reiteran además su apoyo para que los fiscales continúen con su labor en contra de la corrupción.

Por: Redacción AGENCIAS

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Doce congresistas, entre demócratas y republicanos de los Estados Unidos, reafirmaron en las últimas horas su respaldo a los fiscales generales del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y pidieron a la clase política de esta región que permita trabajar a  los funcionarios, libres de cualquier interferencia.

El gobierno de los Estados Unidos trabaja de la mano con los fiscales generales del Triángulo Norte en el combate de la corrupción.

El llamado es por «los esfuerzos recientes en la región con el propósito de acusar o remover a los Fiscales Generales – o acortar sus términos – envían un mensaje preocupante con respecto al apoyo de los poderes Legislativo y Ejecutivo para la imparcialidad de sus oficinas», sostiene el escrito firmado por los 12 congresistas estadounidenses y que se hizo público este lunes.

 “Los esfuerzos recientes en la región con el propósito de acusar o remover a los fiscales Generales – o acortar sus términos – envían un mensaje preocupante con respecto al apoyo de los poderes legislativo y ejecutivo para la imparcialidad de sus oficinas. Aunque reconocemos que hay disposiciones constitucionales que permiten la posible remoción de los Fiscales Generales cuando se justifica. Nuestro Congreso es escéptico respecto a las recientes maniobras para remover a los Fiscales Generales que están claramente comprometidos a combatir la corrupción y el crimen organizado “, sustentan los congresistas en su carta.

El escrito  está dirigido a los fiscales Óscar Chinchilla, de Honduras; Douglas  Meléndez, de El Salvador y Thelma Aldana, de Guatemala.

 “Como fuertes defensores del Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, escribimos para expresar nuestro continuo apoyo a su excelente trabajo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

“Por favor, cuenten con nosotros para presionar para que sigan ayudando a vuestras oficinas en los próximos años, sobre todo en la lucha contra la corrupción, la transparencia y la impunidad en vuestros países”, agrega la carta.

La misiva fue firmada, entre otros congresistas, por el representante Eliot L. Engel (Demócrata por Nueva York), la miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y la Representante Ileana Ros-Lehtinen (republicana por Florida) y presidente emérito de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Asimismo por los representantes Jeff Duncan (Republicano por Carolina del Sur), Albio Sires (Demócrata por Nueva Jersey), David G. Valadao (Republicano por California), Norma J. Torres (Demócrata por California), Carlos Curbelo (Republicano de Florida), Debbie Wasserman Schultz (Demócrata de Florida), John Moolenaar (Republicano de Michigan), James P. McGovern (Demócrata de Massachussets)  Ted S. Yoho (Republicano de Florida) y Tony Cárdenas (Demócrata por California).

MACCIH diseña “ley de colaboración eficaz” para desarticular mafias corruptas y criminales

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha diseñado la “ley de colaboración eficaz” que permitirá la desarticulación de redes criminales y corruptas, que han operado y operan en Honduras.

Actualmente el borrador de la normativa se encuentra en el despacho del Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, para su la aprobación  técnica en la Fiscalía y posteriormente la MACCIH la presentará al Poder Ejecutivo para que la turne al Parlamento para su aprobación, detalló a Criterio.hn, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor.

El borrador de la "ley de colaboración eficaz" se encuentra en análisis técnico en la Fiscalía.
El borrador de la «ley de colaboración eficaz» se encuentra en análisis técnico en la Fiscalía.

“Es una ley que permitirá la desarticulación de redes criminales para llegar a aquellas personas que son las líderes de las organizaciones y que muchas veces operan en la secretividad, en la clandestinidad”, dijo el funcionario internacional.

De aprobarse la ley, en Honduras, se sabrá quién da las  órdenes y quién está detrás de estas organizaciones y quiénes las conforman y de esa manera se podría llegar a las cúpulas corruptas y criminales.

Según el vocero de la Misión de la OEA, la normativa es una herramienta muy importante para el combate a la corrupción y al crimen organizado y es similar a un marco jurídico mediante el cual se ha comenzado a hacer justicia en Brasil a través del famoso caso de la “Operación Lava Jato”.

“Es una ley muy poderosa, es una ley de delatores para entregar información y desarticular redes e impedir que se sigan cometiendo delitos”, agregó Jiménez Mayor, quien reconoció que en Honduras ya existe la “ley de asociación ilícita”, pero que limita su accionar porque deja por fuera los casos de corrupción.

La ley de colaboración eficaz es parte del nuevo diseño institucional que se requiere en Honduras y que ya comenzó a estructurarse con la nueva jurisdicción con competencia nacional y la ley de financiamiento de las campañas y partidos políticos, acotó Jiménez Mayor.

Amplió que el diseño de la nueva institucionalidad contempla además la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de Documentos Públicos, que la MACCIH ha urgido al Poder Legislativo.