Por: Redacción CRITERIO
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Los ministros de Relaciones Exteriores y delegados del Grupo de Lima, formado por 14 países, instaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a no asumir su nuevo mandato, que no reconocerán por «ilegítimo».
Los Estados miembros del Grupo de Lima instaron a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
«La declaración adoptada por el Grupo de Lima tiene un mensaje político contundente, donde el principal es el rechazo a la ilegitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano», apuntó el canciller peruano, Néstor Popolizio, quien encabezó la reunión.
La Declaración de Lima fue firmada por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, porque, según ellos, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro asumirá un periodo ilegal (2019-2025) en Venezuela. México y Uruguay se deslindaron del acuerdo.
Elecciones del 20 de mayo de 2017
En la Declaración difundida denunciaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela «carece de legitimidad» porque no contó con la participación de todos los actores políticos, ni con la presencia de los observadores internacionales independientes.
Por lo tanto, aseguraron que dicho proceso electoral no contó con «las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente». Asimismo, ratificaron su «pleno respaldo y reconocimiento» a la Asamblea Nacional venezolana, que dirige la oposición y de la que dijeron fue elegida «legítimamente» el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional.
Condena a la «ruptura constitucional” de Venezuela
El Grupo de Lima subrayó la importancia del «respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia», así como ratificó su «inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela».
En esa línea, apuntaron que «solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos» se podrán atender las crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. El grupo manifestó también que «la solución a la crisis política de Venezuela corresponde a los venezolanos», por lo que reiteraron que «apoyarán las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional».
Asimismo, anotaron que continuarán impulsando las iniciativas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), «para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela».
Paradójicamente el gobierno de Honduras es suscriptor de la posición del Grupo de Lima, pese a que en noviembre de 2017 las elecciones en este país fueron rechazadas por la ciudadanía por fuertes indicios de un fraude electoral, constatado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que en virtud que los resultados no eran creíbles, sugirió la repetición de los comicios. Juan Hernández, logró reelegirse en dichas condiciones pese a que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial.
El Grupo de Lima, cuyas posturas obedecen a los intereses de los Estados Unidos, no emitió ninguna postura frente a la crisis poselectoral en Honduras.
(Con información de DW.com)
