Las víctimas que huyen en silencio, dejando una huella de dolor

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La angustia, la desesperanza, el miedo y otros sentimientos de dolor las obligan a huir. No saben si regresarán, o peor aún, no saben si lo harán con vida o si su destino final será un cementerio.

No es una alarma, es la realidad a la que se enfrentan miles de mujeres en Honduras que se ven obligadas a desplazarse internamente o a migrar a otras naciones como una opción para salvar sus vidas.

La única salida es esconderse de sus agresores, ya que si son descubiertas, el peligro de perder la vida es aún mayor. Mirian, vivía en Tegucigalpa, se enamoró de un hombre que le prometió respetarla, amarla y sobre todo acompañarla en las buenas y en las malas. Sin embargo, nunca se imaginó que ese miembro de la Mara Salvatrucha (MS) iba a ser su tragedia. Inmediatamente que comenzó a convivir con él, comenzó a golpearla físicamente y a herir sus sentimientos. Posteriormente, la justicia le pasó factura a su agresor, no por maltratarla a ella, sino por otros crímenes que había cometido.

Miriam se sintió aliviada y pensó que su triste historia había terminado. Fue así como decidió irse hacia a España, migró de manera irregular a este país europeo, donde al poco tiempo recibió una llamada desde el centro penal donde se encontraba su verdugo. Era él que la llamaba para exigirle que se regresara a Honduras y lo fuera a visitar al centro penal, de lo contrario—le advirtió—iba a mandar a matar a sus dos hijas que ella había dejado en Tegucigalpa y que antes de conocerlo había procreado de una relación anterior.

Mirian decidió venirse a Honduras, y con el poco dinero que traía montó un negocio de ropa usada, pero nunca imaginó que su desventura se iba a complicar, dado que a los pocos días apareció nuevamente el hombre que le estaba causando daño y esta vez, además, de exigirle le hiciera visitas conyugales a la cárcel, le demandó una pensión semanal.

Siguió trabajando duramente en su negocio y cumpliendo con su obligación de llevarle el dinero y a cambio recibía agresiones físicas y sexuales dentro de la prisión, ante la mirada complaciente de los custodios que nunca la auxiliaban. Un día de los tantos, Mirian fue salvajemente golpeada e incluso su vida estuvo en alto riesgo. Fue mediante ese episodio que el director del centro penal, en vez de reportar el hecho violento a la justicia, le prohibió su visita conyugal. Algo que puede sonar incongruente ante los ojos de cualquier persona, pero esto fue celebrado por Mirian porque ya no tenía que verle la cara nunca más a su victimario.

Pareciera que esta narración es una película de suspenso, o una exageración de dolor, pero no es así. Mirian curó sus heridas físicas y siguió trabajando en su pequeño negocio, mas esta vez acudió a una organización de mujeres en busca de apoyo. Mientras recibía acompañamiento emocional, su caso fue analizado por una abogada de la organización, que se dirigió al Ministerio Público, MP, a pedir que al miembro de la MS se le imputara el delito de extorsión, que de acuerdo al Código Penal, tiene una pena de 15 a 20 años de prisión.

Lamentablemente la fiscal que la atendió orientó el delito al de ¨violencia intrafamiliar¨ al alegar absurdamente que entre parejas no se cumple dicho tipo penal. Por este delito la pena máxima es de apenas cinco años, es decir, un delito de bagatela, como le llaman de manera peyorativa los abogados a estos actos delictivos cuyas penas son menores.

Mirian tiene miedo de denunciar a su agresor ante las autoridades correspondientes, ya que ha sido testigo de la complicidad de la policía y del Ministerio Público, porque pese a que fue agredida en un centro de reclusión no existió ninguna denuncia contra el criminal que la aturde y porque en la Fiscalía, en vez de ayudarla, están favoreciendo a un convicto que tiene a sus espaldas una condena por asesinato, pero que ya cumplió la mitad de la condena y le podrían atribuir el criterio de oportunidades mediante el “buen comportamiento” para dejarlo pronto en libertad. Desde ya este hombre le ha exigido a su víctima que al salir del presidio le ponga a su disposición una casa donde vivir.

Actualmente, el caso de Mirian está siendo evaluado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para tramitarle un refugio permanente o asilo político por violencia, ya sea en los Estados Unidos, Canadá o Uruguay.

Las víctimas que huyen en silencio
La lista de las víctimas por el desplazamiento forzado la encabezan las amas de casa y las propietarias de pequeños negocios. Las primeras son víctimas de sus parejas y las segundas de las maras y pandillas que las extorsionan. (Foto: Delmer Membreño)

LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES

Un Estudio del Grupo Sociedad Civil refiere que teniendo por entendido que el 67.4 % de la población de Honduras vive en pobreza y que la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo, se debe señalar que el desplazamiento se encuentra indefectiblemente unido a la violencia generalizada, violencia contra la mujer, muertes en la Comunidad LGTBI y de defensores/as de derechos humanos.

Asimismo, que las personas desplazadas internamente son por sí mismas poblaciones vulnerables, debido a la ausencia de casas refugio, desigualdad social, violencia intrafamiliar y discriminación.

De acuerdo al estudio, las principales variables para el desplazamiento son la violencia de género, la violencia sexual, la violencia provocada por el crimen organizado, la violencia contra defensores/as de derechos humanos y otras poblaciones históricamente vulnerables.

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), una organización de sociedad civil que trabaja el tema del desplazamiento forzado, tiene denuncias que algunas mujeres son desplazadas hasta cuatro veces internamente en Honduras, al ser descubiertas en sus nuevos domicilios por sus agresores. En la mayoría de estos casos los instigadores son elementos de las fuerzas de seguridad del Estado que se alían con criminales.

Ante dicho escenario, las mujeres se ven obligadas a migrar de manera forzosa a otros países en busca de protección internacional. Uno de esos casos es el de una anciana que partió desesperada de su casa en compañía de sus dos nietos porque un grupo criminal, después de matar a su hija y a su yerno—los padres de los menores—la estaba extorsionando mediante el cobro de una cantidad de dinero todos los meses.

La anciana se fue de Honduras en la caravana que partió el 13 de octubre del año pasado. En el grupo iban otras mujeres huyendo con sus hijas adolescentes porque en sus casas las habían violado sexualmente sus mismos padres, padrastros y pandilleros o porque habían quedado viudas: a sus esposos los habían matado los grupos criminales.

En el éxodo también se encuentran mujeres transexuales, que son discriminadas y violentadas por su identidad de género, e incluso, muchas por miedo a ser víctimas de crímenes de odio.

Un caso impactante, entre tantos, es el de una adolescente que fue abusada sexualmente por un Policía Militar de Orden Público, PMOP. La joven dio a luz y se fue, porque su violador le advirtió que si lo denunciaba ante la justicia, la iba a matar. Tampoco abortó, porque si lo hacía corría el riesgo de ir a la cárcel, ya que en Honduras el aborto no está permitido bajo ninguna causal.

(Esta narrativa fue elaborada con base a entrevistas a defensores de derechos humanos que recogieron denuncias de las víctimas en la ruta de la caravana de migrantes).

Las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que al menos el 50 % de los migrantes que partieron en el éxodo masivo del año pasado son mujeres, entre adultas y niñas. En tanto, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, de la secretaría de Relaciones Exteriores, refiere que del 15 de octubre al 13 de diciembre de 2018, habían retornado a Honduras de manera voluntaria 7,208 personas, de las cuales 1,734 pertenecen a niñas y mujeres y 5,474 hombres y niños.

La migración masiva en Honduras continuó este 14 de enero con la formación de una nueva caravana que partió en horas de la noche de la norteña ciudad de San Pedro Sula con rumbo a los Estados Unidos.

LAS VÍCTIMAS NO SON CONTADAS

Las mujeres que son atormentadas por el desplazamiento forzado no denuncian a sus victimarios, porque este fenómeno en la mayoría de los casos se da por relaciones de poder, ejercidas por miembros de maras y pandillas y otros criminales ligados al narcotráfico, que tienen la colaboración de la policía y los militares.

La directora del Grupo Sociedad Civil, Jessica Sánchez, manifestó que la mayoría de las víctimas no se atreven a interponer las denuncias por miedo a perder la vida y la de sus hijos. “En el estudio nos dimos cuenta, y eso hace difícil el seguimiento, que las mujeres se desplazan en silencio y con su núcleo familiar, no le cuentan a nadie que se van a ir. De repente ya no están y ya no están sus hijos”, anotó Sánchez.

Las víctimas que huyen en silencio
Jessica Sánchez, directora de Grupo Sociedad Civil.

Las mujeres no denuncian, unas por miedo y otras por vergüenza ante el juicio social.

El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, trabaja con víctimas del desplazamiento forzado desde hace seis años, dando acompañamiento sicológico y legal a las víctimas. La abogada de esta organización Dalila Flores, apunta que muchas víctimas no se atreven a denunciar porque dentro de la misma policía o el MP hay filtración de información.

Flores relata que el primer paso es escuchar a la víctima, saber qué demanda y establecer el riesgo de interponer la denuncia ante la Fiscalía. Precisó que el 90% de las mujeres que acuden en auxilio no quiere interponer la denuncia por miedo a represalias.

“Las mujeres dicen: el delincuente y la policía, son los mismos”: Dalila Flores, abogada del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”. 

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Dalila Flores, abogada del Movimiento por la Paz «Visitación Padilla».

La profesional del derecho cuestionó que la mayoría de los casos por desplazamiento forzado estén siendo atendidos por organizaciones de mujeres, derechos humanos e instancias internacionales, quienes están cumpliendo un rol que le corresponde al Estado.

Dalila nos citó como una muestra de la inoperancia del Estado, el caso de una mujer que estaba siendo amenazada a muerte y que acudió a interponer la denuncia al Ministerio Público. Sin embargo, esta institución del Estado remitió a la víctima a un mecanismo de protección, ocho meses después de haber sido asesinada.

Del total de los casos atendidos por “Visitación Padilla” el 70 % corresponde a agresiones de pareja y el 30 % restante a maras y pandillas y otros.

MIEDO Y DOLOR

Además de las trampas legales y la inoperancia del Estado, las víctimas sufren del síndrome de estrés postraumático causado por el dolor implantado por sus agresores. En ese sentido “Visitación Padilla” les da acompañamiento emocional.

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Cristina Alvarado, trabajadora social del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla»

La trabajadora social de esta organización, Cristina Alvarado, brinda a diario terapias a estas mujeres y otras que sufren por las diferentes violencias.

Cristina tiene en su mente decenas de casos traumáticos donde el trabajo por vencer el miedo y curar el dolor, no es nada fácil y de esto no se escapan las mujeres de estratos sociales medio o alto. A su oficina llegó una extranjera, esposa de un alto funcionario del gobierno hondureño, que por la violencia ejercida por su cónyuge tuvo que irse a su país de origen, lamentado la impunidad persistente en la justicia.

DATOS Y PROYECCIONES

En Honduras no existen datos oficiales recientes sobre el desplazamiento forzado. La última proyección de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) data del año 2014, cuando se estableció un desplazamiento tentativo de 174.000 personas en 20 municipios de 12 departamentos, entre los años 2004 y 2014. Este estudio se hizo con base a una muestra que podría ser tres veces mayor.

El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) han reportado que hay 190,000 personas desplazadas. Sin embargo un informe estadístico de la organización Cristo Sal Honduras, establece que las organizaciones: Pastoral de Movilidad Humana, Casa Alianza Honduras, Red Contra la Violencia Sindical y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), reportan que al primer semestre de 2018 habían atendido alrededor de 264,481 casos.

Actualmente, la ACNUR está recopilando un nuevo informe para la actualización de datos cuantitativos hasta el 2018 y se prevé una proyección de al menos 250 mil personas desplazadas.

Los nuevos datos ubican a las mujeres entre las principales víctimas del desplazamiento (tentativamente 57%), porque la violencia contra las personas del sexo femenino ha evolucionado en los últimos años, debido a las mismas condiciones de vulnerabilidad de éstas.

Las mujeres se encuentran entre las personas con mayor predisposición a ser pobres, a carecer de acceso a los bienes de primera necesidad, a la educación, la salud y otros servicios esenciales para vivir con dignidad. Todo lo anterior debido a la violencia, discriminación y opresión ejercida por el hombre.

El jefe de la oficina nacional de la ACNUR en Honduras, Andrés Celis, considera que el fenómeno del desplazamiento forzado es confundido en la región del Triángulo Norte de Centroamérica con la migración. En ese sentido, explicó que la migración tiene un sentido voluntario, movido por una aspiración de mejores condiciones de vida, mientras que el desplazamiento obedece a la violencia o la persecución.

FIRMÓ SU SENTENCIA DE MUERTE

Carmen vive siempre con miedo en una ciudad de la zona norte de Honduras, porque una estructura criminal la tiene amenazada junto a su familia. Su tortuosa historia comenzó cuando una pandilla raptó a uno de sus hijos, con el propósito de ejecutarlo porque lo acusaban de ser de la pandilla contraria. El joven permaneció dos horas en peligro de muerte, pero afortunadamente logró escaparse.

Este caso fue reportado a la policía, se acusó directamente a sus captores. Supuestamente, para protegerle la identidad fue declarado como testigo protegido, pero extrañamente los pandilleros se dieron cuenta que existía una denuncia en su contra y supieron quién la había interpuesto, por lo que el muchacho al verse amenazado y perseguido tuvo que migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos de donde fue deportado el año pasado.

Ahora la situación de Carmen se ha tornado insoportable, ya que al poco tiempo de haberse marchado de su casa fue descubierta y su hijo nuevamente amenazado de muerte. Su hijo se marchó. “Hay días que lo miro, hay días que va a visitarme, hay días que duerme conmigo o duerme en un hotel”, expresa con dolor la joven mujer que tiene casi diez hijos y que junto a su compañero de hogar, planean cambiar otra vez de domicilio porque la pandilla los amenaza de manera constante.

Entre tanto, el joven tiene proyectado irse nuevamente a los Estados Unidos, porque los pandilleros ya le advirtieron que al haber interpuesto la denuncia en su contra, “firmó su sentencia de muerte”. Mientras huye internamente de los delincuentes, sueña cruzar la frontera y luego llevarse uno a uno a sus familiares, porque cree que aquí los van a matar a todos.

Escuche el relato de Carmen en la siguiente publicación: 

 

LOS PERFILES

Un estudio presentado en 2018 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)  estableció que el primer perfil de las mujeres que son víctimas del desplazamiento son comerciantes, dueñas de pequeños negocios,  seguidas de las amas de casa, especialmente las que son jefes de hogar o madres solteras.

Los principales agresores son miembros de las maras y pandillas (Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18). Las víctimas de la MS son extorsionadas mediante el cobro de una determinada cuantía de dinero logrado a través de las actividades comerciales, y la “18”, las amenaza con el reclutamiento de sus hijos e hijas para que ingresen a estas estructuras criminales.

En los sectores dominados por la Pandilla 18, se registran menos muertes violentas de mujeres, porque esta estructura criminal tiene un elemento de misoginia en su concepción, contrario a los territorios ocupados por la MS donde la mujer es asesinada a discreción. En ambos territorios, se registra el desplazamiento forzado porque en el primer caso las mujeres huyen cuando sus parejas son asesinadas por los pandilleros, y en el segundo caso, las mujeres son objeto de extorsión y de amenazas a muerte.

Las víctimas que huyen en silencio
Esta mujer junto a sus hijos, anda huyendo de los pandilleros que asesinaron a su esposo. (Foto: Delmer Membreño)

FEMINICIDIOS

Se establece como feminicidio cuando se da muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer. Durante el año pasado, en Honduras se reportaron al menos 300 casos, acumulando alrededor de 6.000 entre los años 2002 al 2018.

Durante los primeros seis días del 2019, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) había registrado siete casos.

El Código Penal de Honduras no establece el delito como feminicidio sino como femicidio, en su artículo 118-A, reformado.

LAS DENUNCIAS

El Conadeh comenzó a abordar el tema del desplazamiento forzado a partir del año 2016, iniciando para ese entonces con 750 denuncias, mientras que en el 2017 recibió 681 y hasta el 20 de diciembre de 2018, había recibido 861, lo que implica un incremento de 220 nuevos casos.

De las 861 denuncias recibidas en el 2018, 375 pertenecen a mujeres y 486 a hombres, procedentes de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Choluteca, Colón, Santa Bárbara, Copán y Lempira. Las edades de los denunciantes oscilan entre 31 a 59 años.

El Grupo Sociedad Civil, refiere en un estudio que las principales ciudades expulsoras de mujeres son el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y Choloma, seguidas de Comayagua, Tocoa, Siguatepeque y El Progreso.

Estas mujeres están siendo atendidas en casas refugios que funcionan en varias ciudades de Honduras, con el propósito de resguardar sus vidas y las de sus hijos. En estos lugares, que funcionan con fondos de la cooperación internacional, se brinda atención sicológica para las víctimas y sus hijos menores de doce años.

Paradójicamente, entre las víctimas hay defensoras de derechos humanos que se desplazan internamente por violencia y agresiones, debido a que tenían su residencia en barrios y colonias de alto conflicto de maras y pandillas.

En Honduras se presenta un complejo contexto de violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, líderes comunitarios, transportistas y comerciantes; quienes muchas veces  se ven obligados a huir de sus hogares en busca de protección y asistencia humanitaria: ACNUR

ESTIGMATIZACIÓN

La noche del 2 de septiembre de 2018, las mujeres organizadas se sintieron estigmatizadas e insultadas, cuando el director de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fanamp), Amílcar Hernández, dijo en un programa de televisión que la mayoría de las muertes violentas contra mujeres se registraban porque éstas eran integrantes de maras y pandillas.

“Con algunas exenciones, la gran mayoría son personas que desgraciadamente ellas han decidido involucrarse en este tema de las maras y pandillas; las utilizan para vender drogas, para recolectar dinero de la extorsión”, manifestó el funcionario, frente a una tasa de impunidad de feminicidios que supera el 90 % y pese a que un estudio del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refirió hace tres años que solo el 3 % de las muertes violentas de mujeres tenía relación con las estructuras del crimen organizado.

Lea además las aseveraciones de Amilcar Hernández 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

El Instituto Universitario Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), califica la migración forzada como un déficit de democracia, desarrollo y como el resultado de la exclusión y la corrupción.

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO

El desplazamiento forzado en Honduras se ha convertido en un fenómeno social que está íntimamente relacionado a la violencia y que comenzó a tener notoriedad a partir del año 2007, según el análisis de la ACNUR.

En esa dinámica de violencia se creó en el año 2010 la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para Personas Desplazadas. Esta red está integrada por el Ciprodeh, la Pastoral de Movilidad Humana, la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras, (APUVIMEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih), el Consejo Noruego para los Refugiados, Médicos del Mundo, la Comisión de Acción Social Menonita (CAMS), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Cristo Sal Honduras, Colectivo Unidad Rosa, Casa Alianza Honduras, Asociación Paz de Superación por Honduras (Asopaz), Somos Trans y la  Asociación Cozumel Trans.

Pese a que al cúmulo de casos se presentó entre los años 2011-2013, precisamente con el ascenso de los homicidios, fue hasta en el año 2013 que el gobierno aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-053-2013 e inició en Honduras un trabajo institucional tendiente a reconocer que en el país, aún después del conflicto armado de 1907 y de 1969, persisten fenómenos de desplazamiento forzado, violencia y dinámicas de despojo de tierras, territorios y viviendas. Incluso en una intensidad mayor y bajo mecanismos más difíciles de identificar, puesto que se asocian a actividades del agro, del turismo, de la minería y por supuesto a las dinámicas del narcotráfico y de la delincuencia organizada que tienen entre sus estrategias el desplazamiento y el despojo.

El trabajo de incidencia de la red de organizaciones instó en el 2013 al gobierno para que hiciera trabajo de incidencia y atendiera a las víctimas del desplazamiento y fue así como se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), presidida por la Secretaría de Derechos Humanos e integradas por el ACNUR, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Secretaría de Gobernación, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf),  Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Noruego para los Refugiados y cuatro organizaciones de la Red de Organizaciones de Sociedad Civil para Personas Desplazadas.

NO HAY UNA POLÍTICA DE ESTADO

De acuerdo a las valoraciones de la encargada de la oficina de Desplazamiento Humano del Ciprodeh, Miroslava Cerpas, la comisión interinstitucional no ha experimentado avances sustanciales porque su fin era la adopción de políticas públicas o legislación a favor de la población desplazada y hasta el momento no se ha tenido ningún resultado al respecto, más que la creación de la Dirección de Protección a Personas Desplazadas a lo interno de la Secretaría de Derechos Humanos.

crisis humanitaria
Miroslava Cerpas, defensora de derechos humanos/Ciprodeh

“Hasta el momento no hay una ley y nosotros hemos trabajado en la construcción de la misma, hemos venido impulsando esa ley pero no hay avances, debido a que no hay un interés político”, dijo Cerpas al señalar que el argumento del gobierno ha sido que de momento no hay un presupuesto que respalde la ejecución de la normativa.

La defensora de derechos humanos señaló que en virtud que el desplazamiento forzado se ha venido desbordando en los últimos años, siendo una muestra de ello la recepción de hasta 18 denuncias en un solo día en sus oficinas, el Ciprodeh interpeló en octubre del año pasado al Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se reconozca otras causales del fenómeno, porque ahora ¨hasta el mismo Estado se ha convertido en expulsor de seres humanos”, dijo.

Durante el periodo legislativo 2014-2017, el Congreso Nacional inició la discusión del nuevo Código Penal, que incluye el delito de desplazamiento forzado. En tanto, la CIPPDV, ha propuesto la Ley Contra Desplazamiento Forzado Interno, que se supone está en proceso de revisión y aprobación por parte del Poder Ejecutivo. 

Pese a que existe una Fiscalía Especial de la Mujer en el Ministerio Público y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Estado carece de una política definida a través de estas dos instituciones con el fin de coordinar acciones tendientes a atender a las víctimas del desplazamiento forzado. Ambas instancias fueron consultadas y respondieron que su limitación es de carácter presupuestario.

La Fiscalía Especial de la Mujer se limita a recibir las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar y el INAM a canalizar algunas acciones dentro de la Comisión Interinstitucional para la Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia, donde recientemente se incorporó.

En el Ministerio Público las denuncias por desplazamiento forzado son atendidas en las oficinas del Modelo de Atención Integral Especializado (MAIE) y en la Unidad de Testigos Protegidos.

Mientras el gobierno argumenta su falta de atención al fenómeno del desplazamiento forzado por falta de recursos económicos, existe una línea presupuestaria dentro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para atender a los grupos vulnerables, sin embargo no se sabe el destino de dichos fondos y tampoco se ha establecido, como política de Estado, qué o quiénes son grupos vulnerables.

Las víctimas que huyen en silencio
Estas mujeres viven en zozobra después de haber sido desplazadas. (Foto: Delmer Membreño)

REFUGIADOS

Un informe del Conadeh establece que el 32.7% de los casos atendidos por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de esta institución durante el 2017, los interesados solicitaron la constancia con la intención de salir del país en busca de protección internacional o porque uno o varios familiares se encontraban en los procesos de solicitud de la condición de refugiado. En relación con lo anterior, el 18% de los peticionarios en situación de riesgo o desplazamiento que solicitaron la constancia para salir del país, indicaron que solicitarían protección internacional en países como Estados Unidos de América (40.5%), España (23.8%), México (16.7%) y Canadá (7.1%). En menor cantidad, Costa Rica, Guatemala, Belice, Inglaterra y Suecia, estos cinco con el 2.4% cada uno.

Vea también el foto reportaje que acompaña esta publicación:

https://criterio.hn/2019/01/15/imagenes-y-relatos-que-plasman-la-expulsion-de-la-mujer-en-honduras/

Los nombres de las víctimas referidas en esta publicación no corresponden a sus verdaderas identidades, en virtud de su situación de alto riesgo.

Imágenes y relatos que plasman la expulsión de la mujer en Honduras

 mujer en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Doña Filomena, vecina de un barrio de la ciudad de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras, relata el asesinato de dos de sus hijos y su yerno a manos de una pandilla al no querer formar parte de ella.

Hoy ella y sus otros hijos han tenido que huir de su casa hacia otras ciudades para evitar ser asesinados por estas bandas criminales, que mantienen en zozobra a los pobladores de las principales ciudades de Honduras donde se han apropiado de sus territorios para ejercer distintas actividades delincuenciales y criminales, como venta de drogas, extorsión y sicariato.

Filomena llora la pérdida de sus seres queridos y además derrama sus lágrimas de impotencia al saber que no tiene a quien acudir por justicia porque ha comprobado que la misma policía es parte de la criminalidad organizada existente en este país centroamericano.

Actualmente, doña Filomena vive como ermitaña, se niega a las amistades y a la cercanía con sus familiares, todo esto lo hace para evitar ponerlos en peligro.

Escuche el relato de doña Filomena en la siguiente publicación:

Vea también reportaje que acompaña esta entrega: Las víctimas que huyen en silencio, dejando una huella de dolor

Las historias de mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Honduras son numerosas e impactantes, siendo el grupo más vulnerable de este flagelo, que en los últimos años ha tenido un repunte, junto a los feminicidios y muertes violentas de las personas del sexo femenino.

Las desplazadas no denuncian a sus victimarios porque este fenómeno, en la mayoría de los casos, se da por relaciones de poder, ejercidas por miembros de maras y pandillas y otros criminales ligados al narcotráfico, que tienen la colaboración de la policía y los militares, según los relatos recopilados en el presente trabajo a profundidad realizado por CRITERIO.

Durante los meses de noviembre y diciembre, CRITERIO auscultó en esta temática, logrando dialogar con varias mujeres que viven en carne propia el sufrimiento, no solo de perder a sus seres queridos, sino de angustia por saber si los que viven lograrán sobrevivir. Entre el miedo y el dolor las víctimas  se  atrevieron a contar las siguientes historias:

Galería fotográfica (Fotos: Delmer Membreño)

La extorsión y venta de drogas, la pesadilla de Ana

 mujer en Honduras
Ana cuenta la historia de cómo fue desplazada y luego emigró a los EE. UU. Narra además cómo después de su deportación se las ingenió para sobrevivir en la ciudad de San Pedro Sula. Puso un negocio que al poco tiempo cerró debido a la extorsión. Ella confesó que miembros de una pandilla vinieron a su negocio de alimentos para obligarla a pagar una cantidad semanal de dinero y vender drogas. (Foto: Delmer Membreño)
 mujer en Honduras
Luego de salir de clases, Yesenia, hija de Ana ingresa a su habitación en la casa-refugio donde vive. (Foto: Delmer Membreño)
 mujer en Honduras
Ana fue obligada a abandonar su casa ante su negativa de vender droga para una pandilla, por lo que migró de manera irregular a EE.UU., siendo deportada en menos de un mes. A partir de entonces ha tenido que sobrevivir en la ciudad de San Pedro Sula, que años anteriores fue catalogada como la tercera ciudad más peligrosa del mundo.(Foto: Delmer Membreño)

Galería fotográfica (Fotos: Delmer Membreño)

Vivir bajo amenazas

 mujer en Honduras
Susan, con cinco meses de embarazo realiza tareas domésticas en el hogar, mientras su esposo, Manuel, viaja diariamente a San Pedro Sula para trabajar en un pequeño kiosko reparando relojes, con la esperanza de resolver su situación de seguridad, ante las amenazas de una pandilla que opera en la ciudad. Son apoyados por el Comité Internacional de la Cruz Roja que ejecuta un programa para personas que han experimentado desplazamientos internos.(Foto: Delmer Membreño)
 mujer en Honduras
La hija de Susan y Manuel hace la tarea, luego de dejar la escuela cerca de su casa en el departamento de Cortés. En el año 2017, ella, su hermano y su madre hicieron la ruta migratoria llegando a Denver, Colorado. Fueron arrestados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y deportados, aunque solicitaron protección internacional debido a las amenazas que les hicieron presuntos miembros de la pandilla «Barrio 18». (Foto: Delmer Membreño).

 La extorsión y la muerte

 mujer en Honduras
Elena permanece de pie en la entrada de una casa en una zona  rural de Comayagua, sector central de Honduras. Su esposo, que era conductor de transporte de carga en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, fue asesinado frente a ella y sus hijos, porque se negó a pagar la extorsión. Elena y sus hijos tuvieron que huir a otra zona del país.(Foto: Delmer Membreño)
 mujer en Honduras
Detalle de un teléfono móvil con las llamadas extorsivas que aún recibe Elena, pese a que procura estar lo menos vinculada al contexto en el cual su cónyuge fue asesinado. Según el relato de esta joven mujer, viuda y madre de tres pequeños, su esposo era conductor de transporte de carga y en algún momento, miembros de una pandilla en San Pedro Sula, comenzaron a pedirle impuesto de guerra o que hiciera algunos trabajos para ellos, pero ante su negativa fue asesinado frente a Elena, por lo que tuvo que migrar a otra zona del país. (Foto: Delmer Membreño)
 mujer en Honduras
La hija mayor de Elena ayuda a su madre en el quehacer doméstico. (Foto: Delmer Membreño)

Galería fotográfica (Fotos: Delmer Membreño)

 mujer en Honduras

Vivir en zozobra

 mujer en Honduras
Luna realiza labores domésticas en un refugio en Tegucigalpa, Honduras. Después de vivir tranquila de las ganancias que le dejaba su negocio, hoy pasa sus días errante, escondiéndose y bajo la zozobra si hoy o mañana será su último día. Las maras, en menos de una semana, le arrebataron la vida a uno de sus hijos y a su madre, al tiempo que la emplazaron para que en cuestión de horas abandonara su casa o de lo contrario la mataban a ella y al resto de sus vástagos. (Foto: Delmer Membreño)

 mujer en Honduras

Prosperar con el negocio fue su desgracia

 mujer en Honduras
Emily y Bryan se abrazan en la terraza de un refugio en Tegucigalpa, Honduras. «Mi hijo pregunta por qué no podemos ir al centro comercial a comer helado o al parque a andar en bicicleta», dice Bryan, mientras observa la ciudad y agacha la cabeza, toca su frente y sus ojos se llenan de lágrimas. En 2009, la madre de Bryan abrió una tienda de comestibles. Bryan comenzó a vender autos usados. La prosperidad económica era notoria y eso no pasó desapercibido por la pandilla que «controla» el vecindario de la capital donde se ubicaba el negocio y la casa de la familia, incluso pagaban hasta 20 mil lempiras por semana (aproximadamente US $ 850).(Foto: Delmer Membreño)

El desplazamiento interno forzado en Honduras es una realidad poco visible pero de gran impacto para las miles de personas que se han visto obligadas a abandonar su lugar de origen. El despojo de viviendas y tierras se encuentra dentro de las múltiples causas que generan desplazamiento interno en el país. Si existen debilidades en los sistemas de registro de derechos sobre los bienes inmuebles, habrá incentivos para forzar la salida de personas o para aprovechar su huida con el propósito de apoderarse de sus bienes: Andrés Celis, jefe de la Oficina Nacional ACNUR – Honduras.

Andrés Celis, Jefe Oficina Nacional ACNUR – Honduras.

 mujer en Honduras

 mujer en Honduras

Los nombres de las víctimas referidas en esta publicación no corresponden a sus verdaderas identidades, en virtud de su situación de alto riesgo.

Hacen un llamado para ponerle fin a la violencia contra las mujeres en la política

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Este miércoles se llevó a cabo el Foro denominado “Violencia contra las mujeres en la política: un problema de derechos Humanos” desde donde se lanzó un llamado para ponerle fin a la violencia que sufren las mujeres en la política

La violencia contra las mujeres en la política se manifiesta por medio de una diversidad de prácticas consideradas “naturales” en el ámbito político y de la contienda por el poder. Si bien, tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar la violencia en la política, esos actos hacia las mujeres se basan en desigualdades y discriminaciones en razón de construcciones socioculturales que llevan a prácticas de violencia que amenazan, afectan, restringen o impiden su participación política.

El goce de los derechos políticos por las mujeres significa su plena participación en el ejercicio efectivo del poder político y en el proceso de toma de decisiones, en todas las esferas de la vida pública y política, en igualdad de condiciones con los hombres, sin ningún tipo de discriminación y de violencia.

Desde el 2016 el NDI lanzó el Llamado a la Acción “NoEsElCosto: Alto a la violencia contra las mujeres en la política” como una forma de visibilizar esta problemática y ponerle un alto. El llamado a la acción refleja la necesidad de hacer que todos los actores involucrados tomen medidas hoy para que la violencia contra las mujeres políticamente activas sea tan inaceptable como cualquier otra forma de violencia contra las mujeres.

El foro estuvo dirigido a partidos políticos, autoridades estatales, sociedad civil organizada y medios de comunicación, con el fin de llamar la atención respecto a que la violencia no es el costo que las mujeres deben asumir por participar en la política y en la vida pública. Se construyó como una instancia de análisis e intercambio que permitiera identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas y los obstáculos que persisten en el abordaje del problema de violencia contra las mujeres en la política, así como plantear acciones desde las instituciones públicas y los partidos políticos.

Durante el foro, la experta Isabel Torres García, especialista en derechos humanos e igualdad de género, hizo una conceptualización de sus manifestaciones y consecuencias. Además, se contó con la participación de Katia Uriona, ex magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, quien compartió la experiencia y desafíos en la aplicación de una ley específica que tienen en ese país y Alejandra Chávez; magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, compartió la experiencia de México en la aplicación efectiva de la paridad en las elecciones de 2018 y las acciones prácticas implementadas para atender, prevenir y sancionar la violencia en la política contra las mujeres en la contienda electoral reciente.

El foro se hizo en el marco de la conmemoración en noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

 El foro estuvo organizado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

Honduras: Paraíso de Femicidios

Por: Glenn Flores

El pasado domingo se conmemoró  el día de la no violencia contra las mujeres.  Hubo manifestaciones en lo largo y ancho del país por las mujeres organizadas. ¿Pero por qué se conmemora ese día? Debido a que en  República Dominicana se registró el asesinato de las tres hermanas Mirabal, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Las Naciones Unidas  define la violencia contra la mujer como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.”

La escalada de los femicidios en nuestro país tiene que parar. Hay bastantes denuncias sobre el tema, pero no basta eso, hay que dar propuestas y soluciones ante este flagelo. El Centro  de Estudios para La Democracia CESPAD en su sitio web sugiere seis  acciones a tomar para  reducir esta epidemia de salud y seguridad a corto y mediano plazo. Pensamos que este aporte es un excelente comienzo. Compartimos estas sugerencias con nuestro análisis y conclusión de cada una de ellas.

  • Reforzamiento de la investigación en casos de femicidios, con aumento de presupuesto, y personal técnico.

Al reforzar la investigación sobre esta epidemia se resolverían más casos de mujeres afectadas así se solucionaría la mayoría de estos crímenes ya que hoy en día la mayoría permanecen en la oscuridad. Toda investigación con lleva a que sea apoyada de personal técnico y así maximizar los resultados, para realizar lo anterior es necesario aumentar el presupuesto de investigación criminal,  y con estos recursos capacitar de manera científica al personal encargado y así sabrán los que cometen estos actos que más  temprano que tarde le estarán rindiendo cuentas a la sociedad.

  • Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de formulación de los requerimientos fiscales del Ministerio Publico.

Esta sugerencia se refiere a que la fiscalía lleve bien fundamentada sus demandas basadas en derecho para poder argumentar sus posiciones y que estas no sean desechadas de los juzgados o que esta fiscalía pierda sus casos en los juicios por falta de evidencio o prueba. Claro, para tener  evidencias sólidas que respalden a la fiscalía es imperativo tener una excelente capacidad investigativa.

  • Establecimiento de un nuevo tipo de juzgados, especializados en administrar justicia en casos de muertes de mujeres de manera violenta.

En el país  operan sólo tres juzgados (Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba) especializados contra la violencia.  Hay una enorme necesidad de abrir más juzgados especializados en el tema de la mujer en otras zonas de Honduras, especialmente en donde se reconoce una alta tasa de ataques, injusticias y parricidios contra las mujeres.

Un juzgado Unificado que sólo se dedique a la mujer ayudaría a combatir la impunidad reduciendo la mora judicial. Este juzgado trataría los delitos de estupro, violación sexual, femicidio y todos los delitos que tienen que ver con la violencia de género.

  • Establecimiento de efectivas medidas para controlar la portación y el uso de armas de fuego en Honduras.

Es preciso un desarme en nuestro país, no puede ser posible que en Honduras, no existan regulaciones para portar armas y las pocas que existen son violadas. En la actualidad nuestra nación  sobresale como el único estado en Centro América donde cada ciudadano tiene el derecho a portar hasta cinco armas de fuego. Esto quiere decir que una pareja en un hogar puede tener 10 armas. Dudo que  tal derecho nos haya hecho una sociedad más segura.

  • Reforzamiento de las penas de cárcel contra personas que cometan femicidios.

Sería interesante saber si aumentando las penas se logra disuadir este crimen. En Honduras se le aumentado las penas al narcotráfico, y a varios delitos y no se a efectuado una disminución de los mismos. Hay una creencia popularizada donde se  dice que una pena dura tiene un efecto disuasivo, pero la realidad nos aleja de este criterio.

  • Implementación de campañas nacionales de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.

De todas las medidas que sugiere la CESPAD esta es la más eficaz, pero debido a que vivimos en una sociedad  de corto alcance y de pensamiento limitado aquí es donde menos recursos y esfuerzos se invierten.  Aquí añado que no sólo es necesario que se orienten las campañas hacia la mujer y las niñas sino que también a los niños y hombres ya que son estos los que cometen los crímenes. Sería oportuno observar campañas contra el machismo enfocadas en cada etapa del desarrollo de un varón.

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Conclusión

El estado de violencia terrible hacia la mujer en el que se encuentra el país es la derivación de muchos factores entre ellos: la sociedad patriarcal que nos a llevado a una cultura machista, la explosión demográfica, la facilidad con la que circulan las armas en Honduras, el culto hacia los valores narcos, y el consumismo que nos lleva a la epidemia del dinero fácil. Todos estos temas los abordaré en futuras columnas.  Estas observaciones de la CESPAD son, como dije al principio de este trabajo, un excelente aporte  y un gran paso para poner sobre el relieve lo que sufren nuestras mujeres.

*Columnista libre

El cuerpo de las mujeres no debería ser un campo de batalla

Por: Amy Goodman y Denis Moynihan

En Estados Unidos, las crecientes acusaciones de agresión sexual que pesan sobre el juez Brett Kavanaugh, candidato a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, ameritan una investigación exhaustiva del FBI y no un juicio apresurado. Hasta la fecha, tres mujeres han presentado acusaciones graves sobre el comportamiento abusivo y potencialmente criminal de Kavanaugh.

El periódico The Washington Post fue el primero en publicar la denuncia de la primera mujer, la Dra. Christine Blasey Ford. La nota decía textualmente: “Kavanaugh la inmovilizó en una cama y la manoseó por encima de la ropa, apretando su cuerpo contra el de ella mientras intentaba quitarle el traje de baño de una pieza y la ropa que llevaba encima de eso. Cuando Blasey Ford trató de gritar, ella afirma que Kavanaugh le tapó la boca con la mano. ‘Pensé que podría matarme sin darse cuenta’, declaró la mujer”.

La Dra. Christine Blasey Ford describió públicamente los hechos el jueves, en una histórica audiencia del Comité Judicial del Senado en la que ella y el juez Kavanaugh testificaron bajo juramento: “Había música en el cuarto, que fue puesta a mayor volumen por Brett y Mark después de que entramos allí. Fui empujada a la cama y Brett se lanzó arriba mío. Comenzó a manosearme todo el cuerpo y a frotarse sobre mí. Grité esperando que alguien me oyera escaleras abajo, y traté de sacármelo de encima, pero era demasiado pesado. Brett me manoseó y trató de sacarme la ropa. Le costaba porque estaba muy borracho y porque yo tenía un traje de baño de una pieza debajo de la ropa. Creo que iba a violarme. Traté de gritar por ayuda, pero cuando lo hice, Brett me tapó la boca para que dejara de hacerlo. Esto fue lo que más me aterrorizó y tuvo el mayor impacto en mi vida posterior. Era muy difícil para mí poder respirar y pensé que Brett iba a matarme sin darse cuenta’”.

Esta semana, una segunda mujer, Deborah Ramírez, describió el abuso que sufrió en una habitación compartida del campus de la Universidad de Yale, donde cursaba su primer año junto con Brett Kavanaugh. Ramírez dice que Kavanaugh exhibió sus genitales ante ella cuando estaba ebria en una fiesta. “Recuerdo haber visto un pene frente a mi cara”, le dijo a la revista The New Yorker, y que luego vio a Kavanaugh subiéndose los pantalones.

Julie Swetnick fue la tercera mujer en hacer pública su denuncia. El miércoles afirmó que fue drogada y violada en grupo durante una fiesta en la que Brett Kavanaugh estaba presente. Swetnick afirmó en una declaración jurada: “También fui testigo de las acciones de Mark Judge, Brett Kavanaugh y otros para que las chicas se emborracharan y desorientaran, para que luego pudieran ser ‘violadas en grupo’ en una habitación lateral o dormitorio por un ‘tren’ de numerosos jóvenes”.

En una entrevista sin precedentes que brindó esta semana a Fox News, Kavanaugh, sentado junto a su esposa, afirmó: “En Estados Unidos tenemos justicia”. Cuando se le preguntó si el FBI debería investigar estas acusaciones de las mujeres, eludió el tema. Por supuesto que lo hizo, porque eso retrasaría su audiencia de confirmación en el Senado e involucraría testimonios de más personas, lo que invalidaría su estrategia de defensa de “él dijo, ella dijo”. ¿A qué llama justicia Brett Kavanaugh?

Basta con ver un caso reciente en el que el juez Kavanaugh emitió un dictamen respecto a una joven de 17 años de edad referida como “Jane Doe”, que huyó de su país para escapar de una situación de abuso y descubrió que estaba embarazada mientras permanecía bajo custodia de la autoridad de inmigración de Estados Unidos. Ella decidió interrumpir el embarazo, lo que habría sido algo de rutina durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Sin embargo, el gobierno de Trump intentó detenerla y Kavanaugh apoyó ese intento.

La agencia federal responsable de velar por los menores no acompañados, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, está a cargo de Scott Lloyd, que fue designado por Trump. Lloyd no tenía experiencia de trabajo con asuntos de refugiados. Se trata de un antiabortista fanático que se ha descrito a sí mismo como el creador de las restricciones sobre los abortos en etapas avanzadas del embarazo. Durante el gobierno del expresidente George W. Bush fue coautor de una normativa que permitía a los proveedores de servicios médicos religiosos negarles a sus pacientes los métodos anticonceptivos y el aborto.

Como director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Trump, Lloyd intervino personalmente en las acciones para desalentar a las mujeres jóvenes que están bajo el control de la oficina de hacerse abortos. Incluso intentó forzar a una víctima de violación que había sido inseminada por su violador a llevar el embarazo a término en contra de su voluntad. En ese caso, Lloyd escribió que prestar ayuda a la víctima conduciría a la “destrucción definitiva de otro ser humano”.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados forzó a Jane Doe a ir a un “centro de crisis de embarazo” operado por una organización religiosa y antiabortista, donde las mujeres son atosigadas con desinformación sobre el aborto y presionadas a llevar su feto a término. La joven obtuvo representación legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y finalmente tuvo acceso al procedimiento de interrupción del embarazo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles escribió: “Si no fuera por la intervención del tribunal, la señora Doe se habría visto obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz en contra de su voluntad”.

El caso fue tratado en pleno por los nueve jueces del poderoso Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia. El juez Merrick Garland, a quien los republicanos del Senado le negaron la audiencia de confirmación cuando fue nominado para la Corte Suprema por el entonces presidente Obama, fue el juez principal del caso. El tribunal falló a favor de Jane Doe por una mayoría de 6 a 3. El juez Brett Kavanaugh emitió su fallo en disidencia, en el que argumentó que permitirle a Jane Doe el acceso a un aborto seguro, legal y protegido por la Constitución equivalía a otorgar “el derecho a un aborto inmediato a pedido”.

Esta es una semana histórica en Estados Unidos. El presidente Trump está ejerciendo presión para confirmar como juez de la Corte Suprema a un hombre que ha sido acusado en reiteradas ocasiones de conducta sexual inapropiada. Trump declaró en una conferencia de prensa el miércoles, la segunda que brinda solo desde que asumió el cargo: “Estoy a favor de la aplicación de la ley”. Entonces, ¿por qué no autoriza al FBI a investigar las acusaciones contra Kavanaugh? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que más de diez mujeres han acusado al presidente de agresión sexual o conducta sexual indebida?

Sea que se trate del control de las mujeres sobre sus propios derechos reproductivos o de la agresión y el abuso sexual, sabremos que hemos progresado cuando el cuerpo de las mujeres ya no sea un campo de batalla, cuando las mujeres compartan el poder de forma igualitaria y los hombres abusivos rindan cuentas.

Por enésima vez mujeres de Honduras exigen justicia por femicidios

Del 2005 a la fecha, 5440 Femicidios han ocurrido con un 96% de impunidad.

 

Por: Redacción CRITERIO

Tegucigalpa.- La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza ,condenan los altos niveles de violencia contra las mujeres y la indiferencia de las autoridades, misma que se evidencia en el estudio sobre la Situación de la Niñez Huérfana por Femicidios en Honduras, en el que se establece que Honduras está en la posición 12 de los países de mayor impunidad del mundo.

Exigen que se mejore el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia y así, prevenir un eminente femicidio.

Exigieron de manera directa al Ministerio Público a la ATIC, DPI y desde ahí a la Unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y demás entes operadores de justicia, la investigación urgente y el castigo correspondiente a los hechores materiales de este y otros crímenes para que no queden en la impunidad.

PRONUNCIAMIENTO

La Tribuna de Mujeres contra los Femicidios Gladys Lanza, ante los últimos acontecimientos  ocurridos en el país por el aumento a los crímenes de odio contra mujeres a la opinión pública nacional e internacional hace saber que:

Manifiesta su repudio e indignación ante el asesinato de forma violenta ocurrido el día de hoy 16 de septiembre en el presente año, donde fue encontrada una mujer aún sin identificar, entre matorrales, su cuerpo desmembrado, y fue dispersado en varios puntos de la Colonia 15 de septiembre ubicada en la Ciudad de Choluteca Departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

Condenamos los altos niveles de violencia contra las mujeres y la indiferencia de las autoridades, mismo que se evidencia en el estudio sobre la Situación de la Niñez Huérfana por Femicidios en Honduras, en el que se establece que nuestro país está en la posición 12 de los países de mayor impunidad del mundo. Del 2005 a la fecha, 5440 Femicidios han ocurrido con un 96% de impunidad.

Condenamos los escenarios actuales de los Femicidios con mucha más crueldad hacia las mujeres, decapitadas, desmembradas, mutiladas, lapidadas, violadas en la mayoría de los casos.

Exigimos el debido proceso de las Investigaciones, judicializaciones, tipificación correcta de los femicidios, desde el primer operador de Justicia que realiza el levantamiento de la escena del crimen y que se mantenga hasta el último, que es el juez de sentencia, para asegurar que no sea una estadística que aumente la impunidad.

Exigimos se mejore el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia y así, prevenir un eminente femicidio.

Exigimos al Ministerio Público, ATIC, DPI y desde ahí a la Unidad de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios y demás entes operadores de justicia, la investigación urgente y el castigo correspondiente a los hechores materiales de este y otros crímenes para que no queden en la impunidad.

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Por lo que la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios Gladys Lanza, estará vigilante del proceso de investigación de estos asesinatos de mujeres haciendo las correspondientes denuncias a nivel internacional.

¡En memoria de sus vidas no dejaremos impune sus muertes!

Tegucigalpa, 16 de Septiembre del 2018

 Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», Asociación Calidad de Vida, Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV), Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP), Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD)

Gobierno de Honduras dice que a las mujeres las matan porque pertenecen a maras y pandillas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Mientras la impunidad en los femicidios supera el 90%, el gobierno de Honduras sostiene que la mayoría de los crímenes contra las mujeres se producen porque éstas son integrantes de las maras y pandillas.

“Con algunas exenciones, la gran mayoría son personas que desgraciadamente ellas han decidido a involucrarse en este tema de las maras y pandillas; las utilizan para vender drogas, para recolectar dinero de la extorsión”, dijo en un programa televisivo el director de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FANAMP), Amílcar Hernández.

Consultado por qué matan a las mujeres, Hernández respondió, “a veces porque rompen las reglas dentro de la misma estructura o provocada por las estructuras contrarias”.

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Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH (0V-UNAH), en Honduras cada 18 horas es asesinada una mujer. Asimismo, las cifras preliminares indican que de enero al 30 junio de este año, se registraron 127 muertes violentas. Durante el año 2017, hubo 389 femicidios y en los últimos 15 años más de 5.600.

Hemos visto un incremento en el involucramiento de menores de edad y también la participación de mujeres en la comisión de diferentes delitos: Amílcar Hernández, director de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FANAMP).

Según el director de la FANAMP, las mujeres y los menores de edad están participando en actividades criminales porque los jefes de las estructuras criminales están guardando prisión, “entonces acuden a los menores de edad y a las mujeres para que les puedan seguir recolectando el dinero, en el caso de la extorsión o la venta de droga, y de ahí se derivan las muertes de mujeres que nosotros vemos constantemente en los medios de comunicación”.

Según el comandante de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), German Velásquez, las mujeres son asesinadas porque cometen alguna falta dentro de las estructuras criminales o porque no logran el objetivo de la venta de las drogas o porque se quedan con el dinero.

Amparadas en el seguimiento de los casos en el Ministerio Público, las organizaciones feministas sostienen que el 90 % de los casos de los femicidios se encuentran en la impunidad.

Las feministas han lamentado que los agentes de seguridad del Estado aseguren que las muertes de mujeres se producen porque son integrantes de las maras y pandillas, ya que si existe impunidad, la lógica indica que es por falta de investigación en los casos, y es por eso que es inaceptable que los órganos de seguridad del Estado, aseguren los motivos de los crímenes y no presenten las pruebas del caso para castigar a los responsables de los crímenes.

Ante el señalamiento el director de la FANAMP, afirmó que con “raras excepciones” la Dirección Policial de Investigación (DPI) ha capturado a varias mujeres involucradas en las maras y pandillas, y la FANAMP desde su creación, en junio hasta la fecha, ha capturado a 32 mujeres involucradas en diferentes delitos.

“Qué provoca el estar involucrado con estas estructuras criminales, que lo puedan asesinar, ya sea la misma estructura o la estructura contraria, esa es una realidad que no la podemos negar”, dijo Hernández al justificar los crimines contra las mujeres.

El jefe de la FANAMP y el comandante la FUSINA, hablaron hasta la saciedad de las supuestas razones que conllevan a los crimines contra las mujeres, pero no establecieron los casos que han sido judicializados o las pruebas que ellos han presentado ante el Ministerio Público.

Instruyen diputadas para legislar con enfoque inclusivo

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Este jueves inició  la primera jornada de la “Academia de mujeres Parlamentarias» para el manejo de una legislación con enfoque inclusivo. 

Políticas: construyendo más democracia, más equidad”, la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional (CN) se comprometió a desarrollar acciones que motiven a las parlamentarias a seguir participando en este proceso formativo y promover iniciativas conjuntas que contribuyan a fomentar la igualdad de género.

La Academia es una iniciativa coordinada por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Entidad del Sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), OXFAM Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en estrecha coordinación con la Comisión de Equidad de Género del CN (CEGCN).

Un principio fundamental de justicia para fortalecer la gobernabilidad y la convivencia, pasa por situar a las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. Por su característica representativa, el Congreso Nacional es clave para alcanzar en la práctica estos derechos igualitarios, a través de normas legislativas, políticas públicas y asignación de recursos específicos para este fin.

Esta iniciativa busca brindar un espacio de formación, capacitación participativa y debate, sobre cómo legislar para contribuir a la gestión de las políticas públicas con enfoque de género. El esfuerzo cuenta con altos estándares de calidad y la participación de especialistas nacionales e internacionales. A lo largo de las capacitaciones, se compartirán una serie de herramientas que contribuirán al desarrollo de la labor parlamentaria.

La academia, en la cual participan mujeres de todos los partidos políticos, se organiza por módulos de formación. Durante esta primera jornada, se estableció una base conceptual e histórica en común sobre los avances y desafíos de la participación política de las mujeres. Así mismo, se identificaron elementos normativos y prácticas sobre el desarrollo efectivo de la función parlamentaria, y finalmente se abordó, la importancia y ciclo de los presupuestos sensibles a género.

Este encuentro ayuda además a mejorar la cohesión grupal, porque las diputadas de las diferentes bancadas, comparten un espacio que fortalece su empoderamiento y convivencia.

La Academia de Parlamentarias se implementó por primera vez en el año 2014.

Como producto de ese trabajo, las diputadas formularon una agenda interpartidaria de género que concretó acciones y avances en los temas de empoderamiento económico de la mujer, violencia de género, participación política de las mujeres y presupuestos etiquetados.

Para la legislatura 2018-2022, se pretende brindar a la nueva generación de legisladoras, las herramientas y conocimientos actualizados que contribuyan a optimizar su gestión legislativa para abordar y proponer soluciones a los principales problemas del país en general y de las mujeres en particular.

“No se trata de aumentar la participación de las mujeres rurales, se trata de empoderarlas”

Como parte de la importancia que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) otorga a los temas de género y juventud para un genuino avance en el desarrollo del agro, la entidad puso en marcha un ciclo de conferencias para sensibilizar, analizar y discutir aspectos relativos a estos tópicos.

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La primera conferencia, titulada “Genero y mujer rural”, fue impartida por la reconocida socióloga y coordinadora del área de Juventud y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Brasil, Miriam Abramovay.

mujeres

La reconocida socióloga brasileña Miriam Abramovay impartió una conferencia

sobre género y mujer rural en la Sede Central del IICA.

La experta inició su disertación con un llamado vehemente a diferenciar con claridad los conceptos de ‘sexo’ y ‘género’. “Género y sexo no se confunden. El género fue establecido a partir de la oposición a la categoría sexo, que es un dato meramente biológico. El género se construye socialmente de forma continua a partir de esa diferencia sexual”, enfatizó.

Según Abramovay, las mujeres rurales -a pesar de poseer amplios conocimientos del sector agro- no tienen el mismo acceso a bienes y servicios productivos que los hombres. Datos del Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelan que 38 % de las mujeres rurales no tienen acceso a ingresos propios versus un 14 % de los hombres rurales. Además, solamente 30 % de ellas posee titularidad de tierra.

De acuerdo con la catedrática, las frases “ella ayuda en las tareas de campo” o “ella no tiene responsabilidades económicas” reflejan la generalizada ausencia de reconocimiento a los diversos tipos de trabajo que realizan las mujeres en zonas rurales y manifiestan una parte constituyente de la dinámica de las relaciones de género.

Pero lo cierto es que la mujer rural no solamente cumple un papel fundamental en el hogar, sino que también tiene un alto peso en las tareas productivas. De ellas depende la seguridad alimentaria de numerosos hogares rurales en Centroamérica y México, según la CEPAL, y además son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en el mundo.

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Por ello, Abramovay reiteró que el enfoque de género no consiste simplemente en añadir un componente femenino o de equidad de género a una actividad o proyecto, ni de aumentar la participación de las mujeres, sino de incorporar la experiencia, el conocimiento, los intereses y necesidades de las mujeres en la ejecución de ese proyecto.

“No podemos decir que existe un enfoque de género si tenemos un proyecto solo para mujeres. No se trata de aumentar la participación de las mujeres, se trata de empoderarlas. Así es como se pueden transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en estructuras igualitarias y justas para mujeres y hombres”, puntualizó.

Abramovay, nacida en Sao Paulo, Brasil, ha sido coordinadora de investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y consultora del Banco Mundial y del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Además, es miembro de la Red Iberoamericana de Infancia y Juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

El director general del IICA, Manuel Otero, participó de la charla y reiteró el compromiso del Instituto con este componente. “Género y juventud son temas transversales a los ejes estratégicos de nuestro Plan de Mediano Plazo 2018-2022. Debemos pasar de los dichos a los hechos y, para ello, empezamos por lo interno para luego llevarlo afuera”, afirmó.  

Más de 300 mujeres hondureñas fueron desplazadas en 2017 por la violencia

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Unas 335 mujeres hondureñas se vieron obligadas a abandonar sus casas en 2017 por la violencia criminal y de género, informó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).

El Conadeh informó en un comunicado que en 2017, unas 335 mujeres abandonaron su hogar por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión, violencia de género y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado.

El informe agrega que en 2017 recibió 3.781 denuncias de mujeres, de ellas 1.267 estaban relacionadas con amenazas de muerte, intimidación y malos tratos.

Las amas de casa mantienen «un alto perfil de vulnerabilidad», indicó el Conadeh, que el año pasado registró 55 denuncias de ese grupo afectado por la violencia criminal.

«Muchas amas de casa corren riesgos porque residen en comunidades controladas por grupos criminales y por ser madres que actúan en defensa de la familia, al proteger a sus hijas e hijos u otros familiares de cualquier amenaza que pueda provocarles daño», enfatizó el organismo hondureño de derechos humanos.

Es por ello que el Comisionado de Derechos Humanos señala que las mujeres que sufren violencia criminal deciden «huir de su lugar de residencia como mecanismo de supervivencia individual y colectiva».

La violencia doméstica también obliga a muchas hondureñas a abandonar sus hogares y «cuando no encuentran justicia ni protección en el país, se ven obligadas a cruzar la frontera en busca de salvaguardar su vida y la de sus hijos», añadió.

Cifras del Ombudsman hondureño dan cuenta que en 2017 cada 22 horas se registró el asesinato de una mujer en Honduras y el 6 por ciento de los casos se contabilizaron en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.

«La violencia provocada por el crimen organizado trae consigo secuelas que menoscaban aún más los derechos humanos de las mujeres», enfatizó el organismo de derechos humanos, que dirige Roberto Herrera.

Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018, y más del 90 por ciento de los casos está impune por «falta de investigación», precisó.

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«La violencia focalizada hacia este grupo poblacional aunado a las deficiencias que presentan los entes encargados de la administración de justicia provoca que las mujeres huyan de sus hogares en busca de protección», destacó.

Destaca que las mujeres de entre 15 y 39 años son el grupo más vulnerable y la mayoría fueron asesinadas «con saña, crueldad y odio» y fueron víctimas de «mutilación, desmembramiento y desfiguración del rostro».

La mayoría de las muertes de mujeres son atribuidas al «ajuste de cuentas, rapto y secuestros, muerte de pandillas, asesinato de familia, extorsión, narcotráfico y venganza», añade el boletín del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.