La falta de oportunidades en un país, agobiado por la pobreza y la desigualdad, es lo que motiva a los hondureños a salir huyendo. Asimismo, la inseguridad y la violencia imparable que azota a la población, que no mira con esperanza el porvenir.
A pesar que el Banco Central de Honduras crea las normativas para regular las finanzas del país, la migración es un negocio, tanto para el gobierno que se evita solucionar los problemas de esa población que huye en busca de mejores opciones de sobrevivir, como para los bancos, las cooperativas de crédito, y los programas de remesas, que imponen aranceles al dinero, que con mucho esfuerzo los “mojados” envían a sus familiares.
“En Honduras como en todos los países que componen el Triángulo Norte de Centroamérica existe actualmente un fuerte dilema e incertidumbre respecto al tema migratorio ya que la llegada del presidente Donald Trump ha puesto aún más en evidencia este fenómeno que se ha calificado como crisis humanitaria, pero que a mí me gusta llamar “éxodo” ya que las personas parten de sus países prácticamente buscando la tierra prometida donde encontrarán la bonanza que tanto necesitan y que esperan encontrar en Estados Unidos”. FRIEDRICH NAUMANN. El éxodo hondureño no es el problema. Junio 2019.
Las “graves violaciones de derechos humanos durante la crisis post electoral, la impunidad prevalece, las investigaciones no avanzan y el complicado diálogo político presentado por el mismo gobierno como el mecanismo para una salida negociada a la crisis, se encuentra estancado. El fallido diálogo finalmente confirmó lo que amplios sectores de la sociedad hondureña cuestionaron desde el principio: que el proceso estaba instrumentalizado desde el gobierno y el partido en el poder para legitimar su mandato que reconocen susceptible a la ingobernabilidad y desde los opositores para presionar por que se reconozca su supuesto triunfo electoral. Además, el proceso no ha sido incluyente o transparente, por lo que desde el principio careció de confianza por parte de amplios sectores de la ciudadanía hondureña”. Del despojo a la migración forzada, la dramática expulsión de miles de hondureños y hondureñas. Ortega Ana. Fesamericacentral.org.2018.
Honduras “no se encuentra en un conflicto armado declarado, las diferentes violencias que amenazan la vida cotidiana de la mayoría de los hondureños y no puede caracterizarse como una situación de inseguridad generalizada de alta gravedad que pone en riesgo la vida, libertad e integridad de la ciudadanía. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en su reporte de 2018 que “la situación de derechos humanos es grave y se empeorará a menos que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas y se realicen reformas estructurales”. CONEXIHON. 2020
La migración forzada, pone de manifiesto “el carácter autoritario del régimen de Juan Orlando Hernández (JOH), al momento de gestionar la crisis migratoria nacional. En el fondo se evidencia que el régimen carece de propuestas integrales y sistémicas que den respuestas reales a la crisis migratoria nacional”. La migración en Honduras “es la manifestación de una crisis histórica del sistema social que promueve la migración forzada de la población hondureña hacia los Estados Unidos”. CESPAD. ANÁLISIS | ¿Por qué se van de Honduras? Un análisis de la migración en un contexto de exclusión social. Noviembre 2018.
Continúa el CESPAD, afirmando que “La criminalización de la migración ha sido tan evidente que altos funcionarios del régimen de JOH, han expresado públicamente que las personas que participan en las “caravanas migrantes” tienen vínculos con el narcotráfico, son participantes de estructuras criminales y son “malos hondureños y hondureñas”, sin sentido de patriotismo, que buscan poner en mal el nombre de Honduras”.
En Honduras hay realidades ineludibles: “falta de empleo, violencia, desplazamiento y el alto costo de la vida. Una familia promedio con solo un integrante trabajando y que devenga el salario mínimo, recibe de ingreso aproximadamente nueve mil lempiras menos deducciones (unos 385 dólares). Esa cantidad es insuficiente para pagar energía, comprar comida, asumir gastos de hogar, pagar escuelas y transporte. Según el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), hay más de 300 mil nuevos pobres de un año al otro, esto suma la cantidad de 190 familias”. Situación de pobreza y exclusión provoca migración forzada en Honduras. Radio Progreso.2018.
En el caso de Honduras, “al menos 190.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia del crimen organizado y las pandillas. Allí, la colusión entre el crimen organizado y las autoridades corruptas es sistemática. Ejemplo de ello es que el pasado mes de octubre el hermano del presidente Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de tráfico de drogas por un jurado de Nueva York, mientras que el mismo presidente fue etiquetado como co-conspirador bajo pruebas de que había recibido dinero de un cártel de drogas para su campaña presidencial”. Paz, Claudia. Las medidas más crueles para frenar la migración. El País, diciembre 2019,
La corrupción es una de “las amenazas más graves” para el Estado democrático de Honduras y frena su desarrollo económico y social. El país centroamericano no puede luchar solo contra la corrupción, por lo que necesita “cooperación técnica de calidad y cooperación internacional”, “La corrupción es un fenómeno transnacional (…), es un sistema ya estructurado a nivel nacional que tiene vinculaciones internacionales a través del lavado de dinero, además está relacionado con áreas de drogas y criminalidad organizada”. Honduras tiene “a la mano” la cooperación internacional que requiere para encarar la corrupción”. Es recomendable “la apertura de una Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) en el país, para “respaldar el esfuerzo nacional” contra ese fenómeno, “están dadas” las condiciones, solo falta que el Estado haga la solicitud y que la comunidad internacional apoye con la financiación. Honduras “no está bien” en materia de derechos humanos, y en algunos casos se tienen “alarmantes niveles de impunidad”. Herrera, Roberto, Comisionado hondureño de los Derechos Humanos. Forbes, febrero 2020.
Tegucigalpa. La directora de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), Anna Gallagher, mostró su descontento contra la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional para ampliar la recolección de datos biométricos de inmigrantes y ciudadanos estadunidenses.
Así lo comunicó el portal web Departamento 19, especializado en el acontecer de la comunidad migrante hondureña en Estados Unidos, donde se notificó que, según la autoridad, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional concede al gobierno la posibilidad de solicitar en cualquier momento nuevos datos biométricos a los inmigrantes que hayan recibido algún beneficio, como un permiso de trabajo.
Lo anterior supuestamente para garantizar la continuidad de las “investigación de antecedentes”, hasta que los indocumentados se conviertan en ciudadanos estadunidenses.
Sin embargo, a través del Departamento 19 se ha informado que la nueva propuesta de las autoridades estadounidense supone la afectación a las solicitudes de los migrantes, como peticiones de asilo, solicitudes de la petición por migración por vínculos familiares. Y hasta las visas de los miembros de grupos religiosos y programas que el Congreso ha creado para ayudar a los sobrevivientes de la violencia doméstica y el tráfico humano.
En ese contexto, la nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional en palabras de Gallagher es “contraría a nuestra creencia fundamental en la dignidad de la persona y la santidad de la familia”.
Con esa medida de identificación de datos el gobierno recogerá y guardará sus archivos, “posiblemente para siempre el Ácido Desoxirribonucleico (ADN); escaneos de iris del ojo y otros, voces y otras características personales”, añadió Gallagher.
“Aún las sobrevivientes del tráfico humano y la violencia doméstica, incluidos los menores de edad, tendrán que cumplir con el requisito o no podrán obtener la protección de la ley”. De modo que “la lectura de esta propuesta es escalofriante”, prosiguió.
Por lo que, Gallagher calificó la propuesta como “orwelliana”, en referencia a la novela “1984”, escrita por George Orwell, en cuya obra expuso el control asfixiante del aparato estatal.
Cabe recordar que la semana pasada, mediante un comunicado, el subsecretario de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, defendió que “la propuesta elimina cualquier ambigüedad en torno al uso de datos biométricos por parte del Departamento, establecimiento estándares claros sobre cómo y por qué recopilamos y usamos esta información”.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria por el Covid-19, en Honduras se encuentran varados al menos 500 migrantes provenientes de Cuba, Haití, República de Angola (África Occidental) y República Democrática del Congo (África Central).
Los migrantes permanecen en la ciudad de Choluteca y han dormido en las calles porque el Centro de Atención al Migrante permanece cerrado desde el 16 de marzo, día en que en Honduras se decretó un estado de excepción.
Los migrantes han permanecido casas alquiladas por ellos mismos, de donde fueron expulsados a las calles por la policía, que amenazó con acusar por el delito de trata de personas a los dueños de las viviendas.
Piden un salvoconducto para movilizarse y hacer efectivo el pago de una multa de $ 183 para salir de Honduras, pero el gobierno no atiende sus demandas.
“Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho”, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Viajó 9,255 km para nacer
La pequeña Amira, nació el 21 de abril de 2020 en el Hospital General del Sur del departamento de Choluteca, Honduras. Después de una cesaría urgente la recién nacida fue trasladada a la unidad de cuidados especiales por complicaciones en su sistema respiratorio.
La bebé fue concebida en el país africano de Ghana, ubicado a unos 9,384 km de distancia. En el mes de enero de 2020, aún en el vientre de su madre y en compañía de su padre, salió de su país llegando a en primera instancia a Ecuador, luego se embarcó hasta llegar a Panamá.
Ya en Panamá emprendió una encrucijada terrestre con destino a Estados Unidos de Norte América, siendo Honduras un paso obligado. El 18 de marzo, Amira llegó a tierras catrachas en el vientre de su madre, Samira Dabri Amadu de 31 años y junto a un grupo de aproximadamente 20 persona ingresó a la ciudad de Choluteca, ubicado en el departamento del mismo nombre, a 147 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña.
Amira es contemplada por su madre, Samira Dabri Amadu, en el albergue provisional “Hogar de la Esperanza” en la ciudad de Choluteca.
Tres días antes de su ingreso a Honduras, ya el gobierno había decretado estado de emergencia y con ello el cierre de instituciones estatales, entre estas las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Centro de Atención al Migrante (CAMI), que se apegaron al decreto ministerial PCM 021-2020 y desde ese día suspendieron la atención y/o prestación de servicios.
La pequeña pudo ingresar, pues las fronteras continuaban en ese entonces abiertas, pero para poder salir debían efectuar el pago de una multa de aproximadamente 183 dólares americanos, contempladas en la Ley de Migración y Extranjería hondureña.
Sin bancos abiertos y sin oficinas para buscar atención y solución a su situación, al grupo de personas, no le quedó otra alternativa que sumarse a los más de 500 migrantes, que están en sus mismas condiciones y que permanecen varadas en ese sector de Honduras.
Trato inhumano
Más de 50 días han trascurrido desde que la alerta sanitaria por Covid-19, orilló al gobierno hondureño a imponer un aislamiento social y por ende la suspensión de labores en la mayoría de las instituciones o empresas públicas y privadas, provocando con ello diversas dificultades a los migrantes.
De acuerdo con el informe “Situación de migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca, en el marco de la Pandemia de Covid-19, se ha dejado a la intemperie a personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los países de Norte América.
Los migrantes proceden de Cuba, Haití, República de Angola (África Occidental) y República Democrática del Congo (África Central). Según reportes de organizaciones de derechos humanos al menos 500 personas siguen varadas, y en algunos casos han sido víctimas de violaciones por las fuerzas de seguridad del Estado, según consta en vídeos y fotografías publicadas en medios de comunicación y redes sociales y por denuncias que los mismos migrantes ha realizado ante organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Pese al flujo masivo de migrantes, que utilizan el territorio hondureño de tránsito, el gobierno solo dispone de un refugio en la zona sur con capacidad para 30 personas, pero desde que se decretó la emergencia sanitaria el sitio está cerrado y los migrantes han permanecido en casas alquiladas por ellos mismos, de donde fueron expulsados a las calles por la policía, que amenazó con acusar por el delito de trata de personas a los dueños de las viviendas.
Ante la falta de respuesta del gobierno hondureño organizaciones defensoras de los derechos humanos han habilitado tres centros de refugio donde están atendiendo a 90 personas, el resto se encuentra diseminado en casas y hoteles con el miedo a que la policía llegue en cualquier momento y los obligue a permanecer en las calles.
En referencia el informe sobre la situación de migrantes en Choluteca expone, de manera gráfica, la calamitosa situación de migrantes durmiendo en las calles del barrio La Cruz, lugar donde permanecen cerradas las oficinas regionales de migración.
Los migrantes fueron desalojados por presiones policiales quienes fueron a visitar a los dueños de las viviendas que cobraban tres dólares diarios por persona y les intimidaron amenazándoles con proceder legalmente en su contra por el delito de tráfico de personas.
Sin abrigo o techo, alimento o medicamentes, mucho menos equipo de bioseguridad, los migrantes permanecieron durante una semana hasta que, gracias a las gestiones de organizaciones defensoras de derechos humanos en la zona, pudieron ser albergados en espacios decorosos.
De momento los migrantes solicitan a las autoridades del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) un salvoconducto que les permita movilizarse y que se les permita pagar la multa para que les realicen la audiencia por su condición de inmigrantes irregulares y salir de Honduras para continuar con su destino final.
Hasta el momento ninguna de las dos demandas ha sido atendida por el gobierno.
Retención de migrantes: presión política o indiferencia estatal
De acuerdo con el defensor de derechos humanos de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Jimmy Aguilera, los más de 500 migrantes procedentes, en su mayoría, del continente africano, no pueden salir de Honduras debido al pago de una multa que comenzó a aplicarse desde junio del año pasado.
“Son en promedio 183 dólares por persona, contemplados en la Ley de Migración y Extranjería pero que antes, por razones humanitarias, no se cobraba, ahora es el argumento utilizado para impedir la salida de estas personas de nuestro país y que continúen con su ruta a Estados Unidos”, detalló Aguilera.
La ley contempla multas y sanciones que van desde medio salario mínimo, hasta tres salarios, precisó Aguilera. “Pero contempla sanciones que no proceden con la mayoría de migrantes de paso, cuya única finalidad es transitar por Honduras de manera exprés”, acotó.
Según el defensor, hasta antes de junio de 2019, lo estipulado en la Ley no era efectivo, aún y cuando la normativa fue creada en el año 2004, es decir hace 15 años.
“La detención es por la falta de salvoconductos, estas personas solicitan a las autoridades, que se les ayude a agilizar su trámite migratorio, ya que ellos solo están de paso por Honduras, y desean continuar con su camino hacia Estados Unidos. Las autoridades de migración de Choluteca les manifestaron que retornarían a sus labores entre los meses de junio o julio, y que les retornarían a sus lugares de origen, por lo que piden les otorguen salvoconducto para salir de Honduras de manera inmediata”, precisa el informe.
La no atención de instituciones vinculadas a la migración en la zona sur de Honduras contradice las publicaciones oficiales de organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la migración. Por ejemplo, el boletín número 5, emitido el 24 de abril de 2020 por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que, en Honduras, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se está monitoreando la situación dentro de un centro de aislamiento para retornados bajo cuarentena en la capital, Tegucigalpa, en un intento por identificar las necesidades de la población. El centro incluye niños y adolescentes, que en este tiempo se procesa junto a los adultos.
Por su parte la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicó que en el marco de la emergencia por Covid-19, en 49 días (entre el 1 de marzo y el 19 de abril), casi cinco mil migrantes hondureños fueron retornados a Honduras procedentes de Estados Unidos y México.
Además, la OIM, aseguró que con la finalidad de “garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes, y fortalecer las capacidades del gobierno en respuesta a la pandemia de Covid-19”, entregó 1,300 kits de higiene, 800 juegos de cama, 770 equipos (sillas, mesas, ventiladores, etc.) y 450 toallas desde el inicio de la emergencia de salud.
Según la organización internacional, el material fue distribuido desde inicios de la cuarentena en los centros de atención a los migrantes retornados, habilitados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La OIM además, informó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), también ha contribuido con donaciones para los migrantes retornados hondureños.
Al respecto, Jimmy Aguilera Beltrand, defensor de derechos Humanos de ACI-Participa, denunció que sólo en la zona sur de Honduras se ha registrado más de 500 personas migrantes que se encuentran varadas por la falta de atención en las oficinas encargadas para tal propósito.
“Los registros de datos son de organizaciones de derechos humanos, pues usted no puede contar con datos oficiales porque ellos no están trabajando, aún y cuando el Estado de Honduras está en la obligación de brindarles protección integral, incluidos los equipos y materiales de bioseguridad”, precisó el defensor.
Aguilera aseguró que el grupo de migrantes se ha contactado con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y los representantes de la OIM, pero que éstos solamente dan una salida innegociable que es el retorno a sus países de origen, vía aérea.
Según la OIM, «la discriminación viola los Derechos Humanos de las personas y limita su acceso a los servicios públicos, incluidos los servicios de salud, lo cual es esencial para garantizar la efectividad de las estrategias para prevenir y combatir enfermedades y pandemias».
La xenofobia de Trump y asfixias económicas
En el mes de marzo del 2019, el presidente de Estados Unidos Donald Trump viralizó un tuit mediante el cual recriminaba el trabajo de los mandatarios de México y del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) ante las migraciones masivas de ciudadano centroamericanos que huían en caravanas de la miseria e inseguridad.
“México no está haciendo nada para detener el flujo de migrantes ilegales… del mismo modo Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero y no hacen nada”, dijo Trump en aquella oportunidad.
Un mes después, a finales del mes de mayo, Trump anunció un recorte en la cooperación económica por parte de su gobierno a Honduras, Guatemala y El Salvador, como medida de presión para detener la migración hacia su país.
Posteriormente, en octubre, el gobierno de Estados Unidos suscribió acuerdos migratorios de cooperación con Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que se denominó en su momento “acuerdo de tercer país seguro”, consistente en retener a migrantes de diversas nacionalidades hasta que el gobierno estadounidense resuelva otorgar o no el asilo solicitado, con el objetivo de reducir los flujos migratorios.
Bajo este estatus, el gobierno de los Estados Unidos anunció la semana pasada que había finalizado un acuerdo con Honduras que permitiría que algunas personas que desean obtener asilo en Estados Unidos sean enviadas al país centroamericano.
Hasta el momento se desconoce cómo funcionaría el nuevo convenio. Sin embargo, Washington ha dicho que el gobierno de Honduras ha aceptado recibir a solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Brasil.
Los países centroamericanos no tienen la capacidad de recibir y reubicar a refugiados, por lo que “a fin de cuentas la gente probablemente regresará a enfrentar el peligro del que había huido en sus países”, advirtió la estadounidense Yael Schacher, activista de la organización Refugees International.
Honduras, Guatemala y El Salvador pertenecían al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), creado en el año 2014, con una visión de solución estructural al abordaje de problemáticas; económicas, sociales e institucionales del fenómeno migratorio. El PAPTN fue diseñado por los tres países centroamericanos, con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero los resultados no fueron los esperados por Trump.
Migrantes locales y extranjeros
De acuerdo con el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), desde el uno de enero al nueve de febrero de 2020, un total de 10 mil 181 hondureños fueron deportados. Los datos contemplan que 3 mil 446 hondureños provienen desde Estados Unidos y 6 mil 408 de México. A raíz del estado de excepción el sitio web no está disponible por lo que no se dispone de cifras actualizadas. Pero la deportación de hondureños en medio de la pandemia ha seguido con la misma intensidad de antes.
En 2019, los retornados sumaron 109,185, superior a los a las 75,279 de 2018 y a los 48,022 de 2017.
Por otra parte, Honduras, de acuerdo con el INM, reporta desde el año 2018 un elevado flujo de ciudadanos de diferentes partes del mundo que ingresan de forma irregular al territorio hondureño.
Datos de INM, detallan que en los últimos 10 años han transitado por territorio hondureño 70 mil 271 migrantes irregulares, de los cuales 56 mil 687 provienen del continente americano, 10 mil 665 de África, 2 mil 821 de Asia y 98 de Europa.
Siendo los principales países de origen, Cuba, de donde proviene el 55 %, seguido de Haití, República del Congo, Camerún, Eritrea, Ghana, Somalia, India, Nepal y Bangladesh.
Para conocer las acciones del gobierno en torno a los migrantes varados en la zona sur de Honduras, CRITERIO.HNse comunicó con la vicecanciller, Nelly Jérez—delegada para atender los asuntos consulares y migratorios—pero la funcionaria no respondió.
De acuerdo con Jimmy Aguilera Beltrand de Aci-Participa, la mayor parte de migrantes transita por la ciudad de Choluteca. “Sólo en Choluteca, un promedio de 29 mil personas en condición de migrantes se contabilizó en el año 2019, de estas el 80 % se registró por la aduana de Guasaule, 10 % por el Amatillo y el otro 10 % por puntos ciegos”.
A diario se reporta un promedio de 20 migrantes que llegan a Choluteca, con una estadía aproximada de siete días, quienes son atendidos en el Centro de Atención al Migrante Irregular de esa ciudad, e ingresados a un albergue con capacidad para 30 personas, que actualmente no está funcionando.
Derechos de los migrantes
La Resolución 04/19 aprobada el 7 de diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), referente a los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, reiteró la obligación de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.
En este se contempla la “no discriminación e igualdad de protección”, que precisa que todas las personas, incluidos los migrantes, son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo, incluida la condición de migrante”.
Bajo el actual contexto de emergencia sanitaria, la CIDH presionó a los Estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del Covid-19.
De igual manera hace un llamado para que los Estados aseguren las condiciones adecuadas de respeto a los derechos en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas para la contención de la pandemia, tales como el cierre de fronteras y reducción de libertades de locomoción interna e internacional, entre otras.
En particular, la Comisión insta a los Estados a observar rigurosamente las necesidades de protección especial de las poblaciones que se ven forzadas a desplazarse a raíz de la violencia, persecución y grave amenaza a sus vidas e integridad personal, respetar el principio de no-devolución y a preservar el superior interés de niños, niñas y adolescentes y la unidad familiar de las personas en situación de movilidad.
El albergue provisional, “Hogar de la Esperanza” en la ciudad de Choluteca, es uno de los tres sitios que han dispuesto los defensores de derechos humanos para atender a los migrantes en tránsito por Honduras,
Amira sale de cuidados intensivos
Días después de su nacimiento, la pequeña Amira fue dada de alta y llevada al albergue provisional, “Hogar de la Esperanza”, donde viven actualmente 10 personas adultas, cuatro niños más y una mujer en estado de gestación. Estos migrantes provienen de Guinea y Ghana, y gracias a la labor de defensores de derechos humanos en la zona, hoy cuentan con un techo, luego de haber sido expulsados a las calles por quienes les rentaban un espacio para dormir, ante la presión de la policía.
Amira, que aún no llega a su destino final, es el rostro tangible de las huellas de la migración y de una pandemia que ha recrudecido la discriminación.
Tegucigalpa.- Sin material de bioseguridad, sin dinero, en condiciones inhumanas y a la espera de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración, se encuentran más de 80 migrantes de diversas nacionalidades en el departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.
Así lo evidencia el informe “Situación inmigrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca, un espacio conformado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), Poder Judicial Honduras, Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y el Instituto Nacional Penitenciario.
El informe detalla que el domingo día 26 de abril se realizó un recorrido por diversas organizaciones e instituciones que albergan migrantes con la finalidad de conocer las condiciones de esas personas y que como resultado de dicho recorrido se contabilizó más de 80 personas inmigrantes alojadas en hoteles, en el Hogar de la Esperanza , en el Centro Juvenil y en casas privadas, ubicadas en el barrio la Cruz.
Debido a las medidas implementadas por el gobierno para frenar la propagación del Covid-19, la mayoría de las instituciones y empresas estales y privadas se encuentran paralizadas, razón por cual los migrantes se encuentran a la espera de salvoconductos para seguir su ruta hacia los Estados Unidos.
Migrantes permanecen en las calles
El Informe de la Junta Local de Choluteca, destaca que por su departamento ingresan a diario un gran número de inmigrantes de diferentes nacionalidades. “Se estima que el 80% de estas personas ingresan por la frontera el Guasaule, el 10% ingresa por la frontera de El Espino y el resto por puntos ciegos”.
La mayor de extranjeros inmigrantes que ingresan por esas fronteras proceden de Haití, África y Cuba.
Choluteca, cuenta con Centro de Atención al Migrante (CAMI) que depende de la oficina Regional de Migración, ambas instituciones permanecen cerradas, debido a las determinaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), oficializadas por el Gobierno hondureño mediante decretos con carácter de leyes.
Al respecto, el informe sobre la situación de la migración en ese departamento, indica que desde el mes de marzo del presente año, las personas migrantes que han ingresado al país, se ven en la necesidad de alojarse en casas de habitación privadas, ubicadas en el barrio La Cruz.
Los migrantes, cada noche deben pagar el equivalente a tres dólares ($3.00) por persona, como una alternativa de refugio por mientras solventan su situación legal con Migración.
De acuerdo con el informe, “en los últimos días las autoridades policiales fueron a desalojarlos de estas viviendas privadas, con la amenaza que procesarían a los dueños de estas por el delito de tráfico de personas, por lo que se vieron obligados a dejar en la calle a los inmigrantes”.
Cifras y rostros de la migración en Choluteca
El informe detalla el número de los migrantes en condición de retenidos por no poder circular al no contar con un salvoconducto para abandonar el país.
Los miembros de la Junta fueron testigos de la partida de un grupo de ocho personas de nacionalidad cubana quienes, al quedarse sin dinero para seguir pagando albergue en casas privadas, decidieron continuar su camino con rumbo a Guatemala.
A pocas horas de haber iniciado su travesía para salir de Honduras, por la Frontera de El Guasaule, fueron requeridos por agentes de la Policial Aduanera, quienes le dieron captura al conductor de una rastra que los trasportaba a quien le sancionaron con el retorno al vecino país de Nicaragua.
Por su parte las autoridades de la frontera no quisieron hacerse cargo de los ocho cubanos, argumentando que no se tienen registros migratorios de su ingreso o salida.
Otro contexto similar, se vive en el Hogar de la Esperanza, un albergue temporal donde se encuentran diez adultos y cinco niños, incluido un recién nacido. Las edades de los infantes son de tres, cinco, siete y ocho años, ellos junto a sus familiares provienen de Guinea y el resto de Ghana, países de África Occidental.
Lo mismo ocurre en el Centro de Desarrollo Juvenil, donde se alojan 20 personas entre ellas tres niños y 17 adultos provenientes de República de Haití, República de Angola (África Occidental), República Democrática del Congo (África Central). Estas personas ingresaron al país el 28 de marzo del 2020.
Tegucigalpa. –La embajada de los Estados Unidos advirtió este viernes en comunicado, que detendrá y deportará a los hondureños migrantes que van en caravana hacia su país, a quienes también advierte aplicará estrictamente sus leyes migratorias.
“Lamentamos que esta semana otro grupo de hondureños decidió salir de su país bajo la falsa expectativa de llegar a los Estados Unidos y permanecer allí ilegalmente”, comienza diciendo la representación diplomática que además advierte que, en aras de frenar la migración ilegal, ha fortalecido sus fronteras.
“Los que intenten ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal serán detenidos y deportados. Decenas de miles de hondureños que emprendieron este peligroso viaje en el pasado ya han sido deportados y ahora están de regreso en Honduras”, advierte la misiva.
También dice que al gobierno estadounidense le preocupa la seguridad de los migrantes, en especial la de las mujeres, adolescentes y niños vulnerables que tanto sufren en la ardua y peligrosa travesía.
Medios de comunicación estiman que en la nueva caravana, que partió la madrugada del miércoles 15 de enero de la ciudad de San Pedro Sula, van al menos mil hondureños, entre hombres, mujeres, jóvenes y niños, quienes evidencian desesperación por llegar a la nación del norte.
Los migrantes fueron reprimidos desde su partida por la policía hondureña y por la guatemalteca. Ayer ingresaron a Guatemala y este día seguían su camino hacia México, donde el gobierno de Manuel López Obrador les ofreció 4.000 empleos.
Los hondureños dicen huir de la misera ante la falta de empleo y oportunidades y por la inseguridad. Mientras su presidente, Juan Hernández, es acusado de corrupción y narcotráfico, el gobierno de los Estados Unidos sigue apoyándolo, luego de haberlo impuesto producto de las fraudulentas elecciones de 2017.
Los países del Triángulo Norte registran altas tasas de criminalidad y violencia en el continente americano y son los mayores impulsores de migrantes hacia los Estados Unidos, siendo Honduras el que repunta en las estadísticas.
El gobierno estadounidense comenzó a firmar acuerdos bilaterales en materia de migración desde julio del año pasado con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Estos acuerdos le permiten a EE. UU. enviar a solicitantes de asilo de terceros países.
Cientos de miles de personas de América Central huyen cada año del hambre, la pobreza y la violencia. La mayoría de ellos se dirige hacia Estados Unidos. Pero algunos también buscan protección en Alemania.
Tomado de Deutsche Welle (emisora internacional de Alemania que produce periodismo independiente en 30 idiomas)
Las imágenes dieron la vuelta al mundo: caravanas con miles de mujeres, hombres y niños que partieron a pie en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Huyen de sus tierras natales de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua del hambre, la pobreza y la violencia. La migración de América Central a EE.UU. se ha convertido desde hace mucho tiempo en un éxodo masivo, pero cada vez es más difícil y peligroso para los migrantes llegar a Estados Unidos. Bajo la presión de Washington, el gobierno mexicano ha enviado numerosas unidades de la recién creada Guardia Nacional a su frontera sur con Guatemala, para frenar el flujo de migrantes hacia el norte. Estados Unidos también ha endurecido aún más las regulaciones de asilo para los centroamericanos.
En consecuencia, algunos huyen por la peligrosa ruta hacia Estados unidos, sino que optan por buscar refugio en Europa. Según Eurostat, el número de solicitudes de asilo de centroamericanos en la UE se ha multiplicado por más de diez en los últimos cuatro años, aunque las cifras absolutas siguen siendo muy bajas: mientras que en 2015 solo unas 900 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua solicitaron asilo en la UE, en 2018 la cifra había aumentado a poco más de 10.000. Según Eurostat, la mayoría de estos solicitantes se encuentran en España, Italia y, en cierta medida, en Suecia. Según la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), solo 65 personas de esos cuatro países centroamericanos solicitaron asilo a las autoridades alemanas en 2018, frente a 142 en el primer semestre de 2019.
Uno de ellos es Darwin Sánchez. Junto con su esposa y su hija de 11 años, el hondureño huyó de su tierra natal porque se enfrentaba a la amenaza de una larga pena de prisión. En 2017, el joven de 33 años y sus compañeros ocuparon un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Choluteca y organizaron manifestaciones para una mayor autonomía de los estudiantes. Ahora lo quieren juzgar. «Los que exigen sus derechos no deben ser castigados», dice Sánchez.
«Nosotros como familia hemos decidido venir a Alemania porque creemos que Alemania respeta los derechos humanos y nos atenderá como personas perseguidas». A principios de abril Sánchez llegó a Alemania con su familia, y presentó una petición de asilo.
Dennis Muñoz ya ha dado este paso. El activista hondureño de derechos humanos y candidato parlamentario de la oposición tuvo que abandonar su patria en 2017 después de que su padre, un político local, fue asesinado. Cuando el hermano de Muñoz comenzó a investigar la muerte de su padre, también fue asesinado. Sólo unos meses después de su llegada a Alemania, Muñoz fue reconocido por las autoridades alemanas como refugiado político. Hoy ayuda a otros migrantes hondureños en el proceso de solicitar asilo político en Alemania. Su caso concreto, sin embargo, es más bien la excepción, según Muñoz. La mayoría de los hondureños que llegan a Alemania huyen de las pandillas juveniles criminales que controlan barrios enteros y extorsionan a sus habitantes, dice Muñoz.
Protestas sacuden Honduras desde las controvertidas elecciones de noviembre de 2017.
Solicitar asilo en Alemania
Pero solicitar asilo en Alemania debido a esta amenaza no es muy prometedor: «Sólo un porcentaje muy pequeño de inmigrantes tiene una posibilidad real de obtener asilo político», dice Muñoz. No obstante, muchos presentan una solicitud, que suele ser rechazada, aunque en realidad tendrían derecho a la protección subsidiaria. Según el BAMF, se trata de reglas jurídicas que entran en vigor cuando no se puede conceder el estatus de protección al refugiado ni el derecho de asilo, pero el solicitante sigue corriendo el riesgo de sufrir daños graves en su país de origen.
Hace unos días, el activista estudiantil hondureño Darwin Sánchez recibió la respuesta a su solicitud de asilo: fue negativa. Mediante un abogado, apelará contra la sentencia. Mientras tanto, Dennis Muñoz, junto con otros migrantes hondureños, organiza una exposición itinerante para proporcionar información sobre el crimen, la corrupción, la situación de los derechos humanos y el contrabando de drogas en su país de origen. Espera contribuir así a que muchos alemanes entiendan mejor por qué él y sus compatriotas huyen de su patria para buscar protección en Alemania.
Los migrantes fueron capturados junto a traficantes de personas que se movilizaban por las carreteras de Veracruz, informó el Instituto Nacional de Migración.
Autoridades migratorias de México detuvieron este sábado a cerca de 800 migrantes que viajaban en cuatro tráilers de carga en el estado de Veracruz (oriente).
Por el momento se informa que aproximadamente 791 centroamericanos indocumentados fueron retenidos, entre ellos 368 niños menores de ocho años de edad, según informó la policía mexicana. Se estima que 39 son salvadoreños, 413 guatemaltecos y 330 hondureños.
Durante el operativo resultó fallecida una menor salvadoreña y otros dos hombres presentaron heridas, tras un breve enfrentamiento entre las autoridades y los seis presuntos traficantes de personas que manejaban los camiones.
El estado de Veracruz se distingue por ser una ruta usual para el tráfico de personas y a su vez una de las regiones más inseguras del país, con altos índices de criminalidad.
La detención de los migrantes este fin de semana representa una de las primeras acciones del Gobierno mexicano tras el convenio para una migración ordenada que suscribió recientemente con las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.).
En dicho acuerdo, México se comprometió a disminuir el flujo migratorio desde su frontera hacia EE.UU. a cambio de que Washington frenara la imposición arancelaria a sus exportaciones.
Por: Antonio Flores, Luis Noe-Bustamante y Mark Hugo López
México ha capturado y deportado a más migrantes dentro de sus fronteras en lo que va de este año fiscal que en el mismo momento en el año fiscal 2018, aunque los totales siguen muy por debajo de los niveles registrados en otros años recientes, según un análisis del Centro de Investigación Pew de datos de la oficina de México para Estadísticas de población e inmigración.
Los migrantes capturados y deportados son personas que no presentaron documentación válida de inmigrante en México. En gran parte provienen de los mismos tres países centroamericanos que han impulsado un aumento en la migración en la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos meses: El Salvador, Guatemala y Honduras.
El presidente Donald Trump ha pedido a México que haga más para reducir el flujo de migrantes a los EE. UU., Amenazando con imponer aranceles contra el vecino del sur de Estados Unidos a menos que amplíe sus esfuerzos para reducir la cantidad de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera entre EE. UU. Y México. En medio de la escalada en las tensiones, aquí se presenta una comparación de cómo los patrones actuales de detención y deportación de migrantes en México se comparan con las tendencias anteriores:
Las autoridades mexicanas detuvieron a casi 92,000 migrantes en los primeros siete meses del año fiscal 2019, un 32% más que en el mismo período del año anterior. Aun así, el total de este año se mantiene por debajo de las 141,000 detenciones realizadas durante el mismo período en el año fiscal 2006 (cuando los Estados Unidos también experimentaron un aumento de las detenciones de inmigrantes no mexicanos en la frontera sur). También está muy por debajo del número de detenciones en la frontera sur realizadas por el gobierno de los Estados Unidos durante los primeros siete meses del año fiscal 2019.
La gente del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) representa el 85% de los migrantes detenidos en México hasta el momento en el año fiscal 2019. Los migrantes de estos países han representado históricamente la mayor cantidad de arrestos en México, pero su participación hasta el momento es la actual. El año fiscal es el más bajo en casi dos décadas, 10 puntos porcentuales menos que en 2002, cuando representaron el 95% de todas las detenciones en México.
Las autoridades mexicanas han detenido a 43,000 migrantes de Honduras en lo que va del año fiscal, lo que representa casi la mitad (47%) del total. Sin embargo, el número de inmigrantes hondureños detenidos aumentó un 63% durante el mismo período en el año fiscal 2018. Sin embargo, ha habido menos detenciones de migrantes guatemaltecos (25,000) y salvadoreños (10,000) en los primeros siete meses del año fiscal 2019.
El gobierno mexicano deportó a 67,000 migrantes en los primeros siete meses del año fiscal en curso, un aumento con respecto al año anterior pero muy por debajo de otros años recientes. En los primeros siete meses del año fiscal 2006, por ejemplo, México deportó a 135,000 migrantes, el doble del número registrado en lo que va del año fiscal.
En los primeros siete meses del año fiscal 2019, México deportó a 35,000 ciudadanos hondureños, 22,000 guatemaltecos y 7,000 salvadoreños. Juntas, las naciones del Triángulo del Norte representan el 96% de todas las deportaciones desde México en lo que va del año, lo que es consistente con su participación desde 2002, el primer año con datos disponibles.
En los últimos años, México ha deportado a más ciudadanos del Triángulo del Norte que los EE. UU. En el año fiscal 2017, el año más reciente con datos de ambos países, México deportó a 95,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, mientras que los EE. UU. Deportaron a 74,000. Entre el año fiscal 2002 y 2017, México deportó a casi 1.9 millones de personas de estas tres naciones, mientras que los Estados Unidos deportaron 1.1 millones. La mayor diferencia durante ese período ocurrió en el año fiscal 2005, cuando México deportó a unos 176,000 inmigrantes más del Triángulo del Norte que los EE. UU.
La Administración federal podrá seguir enviado a extranjeros de cualquier nación a México
El presidente Donald Trump había criticado al Noveno Circuito de Apelaciones por las decisiones sobre inmigración en contra de su Administración, pero ahora ese tribunal le ha otorgado un triunfo importante: puede seguir enviando a México a solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos.
Esta decisión bloquea el fallo de un juez federal que había bloqueado la medida, al considerar que México era un país que podría representar amenazas para los inmigrantes que huyen del peligro en sus países.
La Administración Trump reveló que logró un acuerdo con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para aplicar la medida –decidida a finales de diciembre de 2018– con base en la Sección 235 (b) (2) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés).
El Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), se mostró en esta ocasión favorable al Ejecutivo y, aunque no se trata de una decisión final, le permitió proseguir con la política.
Según los magistrados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) logró probar que si esta política se bloqueaba como había ordenado el juez federal, ello causaría un “daño irreparable” al “eliminar una de las pocas medidas autorizadas por el Congreso para procesar los aproximadamente 2,000 inmigrantes que llegan a la frontera sur de EEUU a diario”.
El pasado 8 de abril, el juez Richard Seeborg, de un tribunal federal de San Francisco, ordenó al Gobierno bloquear esta política migratoria, una decisión que ya fue suspendida temporalmente por la Corte de Apelaciones con carácter de urgencia y que tras la decisión de hoy queda completamente sin efecto, pese a que todavía tenga que llegar un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
La política de enviar a México a los demandantes de asilo (sin importar el país de dónde provengan) a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se ha enviado a ese país a unas 400 personas, según cifras del DHS, responsable de su implementación.
El pasado 24 de abril, la abogada Judy Rabinovitz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa junto a otras organizaciones a los once solicitantes de asilo que presentaron la demanda, acusó al Gobierno de estar enviando a migrantes a México pese a que ello pueda suponer un peligro para ellos.
El presidente Trump celebró la decisión del tribunal, lo cual calificó como “una gran victoria”, además de insistir en que el muro está siendo construido.
Uno de los aspectos por los que se interesaron más los jueces en esa sesión fue el hecho de que los agentes de Inmigración no pregunten de forma directa a los solicitantes si tienen miedo de ser perseguidos en caso de ser enviados a México, algo que podría suponer una violación de la ley.
El magistrado Paul Watford, uno de los tres que conforman el panel y el que más crítico se mostró en esa ocasión con la Defensa del Ejecutivo, recordó que el Gobierno tiene la obligación de no enviar a los solicitantes a un lugar en el que teman que pueden ser perseguidos.
En ese mismo sentido, y pese a la decisión de la corte favorable al Gobierno, Watford emitió este martes una opinión propia en la que aseguró que es “razonable asumir que por lo menos algunos de los demandantes de asilo a quienes afecta la política tendrán un miedo legítimo de ser perseguidos en México”.
La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las Cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas para presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses, por lo que la decisión de hoy supone una excepción.
Miles de nuestros compatriotas, impulsados por la pobreza y la violencia que reina en nuestro país, han decidido emprender un éxodo hacia el norte y se han organizado en «caravanas». Su peregrinar, en su intento de alcanzar la frontera estadounidense, ha logrado atraer la atención de los medios de comunicación internacionales y a través de ellos la del mundo entero.
En Europa, esas imágenes han hecho recordar el éxodo, aún reciente (2015), de los sirios que llegaron hasta las puertas de este continente huyendo de la guerra en su país. Y como en ese entonces, ahora las caravanas de hondureños y centroamericanos han traído a la memoria de muchos el relato bíblico de la huida de Egipto del pueblo de Israel. El éxodo descrito en el segundo libro del Pentatueco.
Pero también los recuerdos que guardan en su memoria de sus propias emigraciones. Algunas causadas por las constantes guerras que se llevaron a cabo en su continente, otras por la represión política, por la pobreza o por las crisis económicas. Un buen ejemplo es el éxodo irlandés ocasionado por la hambruna (1845-1850) que hizo que buena parte de los habitantes de esa isla emigrasen hacia los Estados Unidos donde, sobre todo por ser católicos, fueron blanco de muchas discriminaciones durante mucho tiempo.
Los alemanes también tienen una larga historia migratoria, alrededor del 15% de la población actual de los Estados Unidos está formada por descendientes de alemanes. Además, en Brasil, Argentina, Chile y Canadá hay grandes colonias de inmigrantes alemanes. Todos emigraron huyendo de los problemas que había en su país y pueda que los paralelos con su propia experiencia migratoria hayan influido para que, a raíz del fenómeno de las caravanas, por primera vez la situación de Honduras sea tomada en serio en Alemania. País que es mi segunda patria ya que yo también soy migrante.
Una muestra de que la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos en Honduras está siendo tomada en serio en Alemania es que este año el jurado del premio «Solidaridad de Bremen», un galardón alemán que goza de prestigio internacional y que fue instituido por el Senado del estado federado de Bremen en 1988 para honrar a las personas y organizaciones que luchan en sus países por los derechos humanos y contra la injusticia, ha elegido, como merecedores de ese premio, a los hermanos Martín y Víctor Fernández Guzmán en representación de la organización fundada por ellos en Honduras: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Pero la migración no es un fenómeno social nuevo, ni iniciado por los europeos, sino que se viene repitiendo desde nuestros orígenes, así que la llevamos en nuestros genes. En África, la cuna de la humanidad, comenzó la diáspora que hizo que los humanos llegasen y poblasen todos los otros continentes.
La historia está llena de migraciones que los pueblos han llevado a cabo en todos los tiempos y por todas partes pues cuando el medio ambiente se vuelve desfavorable para los humanos y estos se dan cuenta que se encuentran en un callejón sin salida y que no pueden hacer nada para cambiar la situación que los afecta, para muchos, la única puerta que se les abre es la que los lleva a la emigración, esa puerta que les permite huir de los problemas que los agobian.
Siendo un fenómeno tan antiguo, no es de extrañar que la migración haya sido y siga siendo inspiración de escritores y artistas como lo fue de la famosa novela de Franz Kafka (1883-1924) que él quería llamar «El desaparecido» y que finalmente se publicó con el título de: „América“, continente que se convirtió en la tierra prometida para muchísimos emigrantes de otros continentes. Como para el abuelo paterno y la madre de Donald Turmp. También para los padres de Amy Tan (1952), la escritora china-estadounidense que en sus novelas analiza el significado de ser hija de inmigrantes y de crecer entre dos mundos tan diferentes.
El poema sobre la emigración que un compatriota escribió inspirado en la primera caravana de hondureños tiene una gran afinidad con las esculturas que un artista francés creó en honor a la migración. Y es que el arte, en cualquiera de sus expresiones, es la forma más sensible y delicada de tratar cualquier tema.
El poeta y el escultor a quienes me refiero son coetáneos. Además, contemporáneos nuestros.
Bruno Catalano (1960) es un famoso escultor francés. Nació en Marruecos, pero cuando tenía 10 años sus padres que eran sicilianos emigraron nuevamente, esta vez a Francia. A los 20 años decidió continuar con su vida nómada y se embarcó como marinero. El constante deambular por el mundo influyó en sus esculturas que él llama «Les Voyageurs» (Los viajeros). En ellas ha profundizado el tema de la migración que él conoce muy bien en su propia carne pero que también lo había percibido en sus padres.
En 2013, Marsella fue nombrada la capital cultural de Europa. Para su celebración, el ayuntamiento de la ciudad decidió adquirir algunas de las gigantescas esculturas de bronce de„Los viajeros “de Bruno Catalano pues se estimó que reflejaban la historia de la ciudad. Marsella es un puerto francés en el Mediterráneo que fue fundado por marineros griegos y cuya población ha estado siempre formada en más de un 50% por inmigrantes.
Muchas de las esculturas de «Los viajeros» adornan ahora Marsella. Otras están en Venecia que también es un puerto, ya que son los lugares indicados para esas esculturas. Catalano quiso que algunas se colocaran en la costa para que la cercanía del mar les diera el toque final de migración. Ya sea de partida o de llegada.
Todas esas estatuas tienen algo en común: les falta una buena parte del cuerpo y llevan una pequeña maleta. Estos dos simples detalles les confieren un surrealismo que impresiona al observar.
Es muy cierto que viajar enriquece, pero también es cierto que emigrar fragmenta. Eso lo sabemos todos los que hemos vivido esa experiencia pues la migración nos despoja de parte de nuestra identidad, nos hace perder parte de nosotros mismos. Lo que Catalano ha sabido plasmar en sus estatuas porque él cree que esa parte no se puede recuperar, que siempre le faltará al migrante. Por eso sus esculturas están incompletas… representando a esos migrantes que se han desprendido de parte de su historia: familia, amores, amistades, experiencias y emociones vividas. Que han abandonado su patria, su cultura, su ambiente, sus raíces.
La maleta contiene toda su vida: los recuerdos y sueños del pasado, pero también los temores, las esperanzas, los retos, las expectativas y la incertidumbre del futuro que puede contener aceptación, pero también discriminación y rechazo. Que puede traer éxito, pero también fracasó. Un futuro que a veces impone otras costumbres, otro clima, otro idioma.
Una maleta que permite que la figura alegórica del migrante no se desplome y que se vuelva un símbolo de lo que cantaba Facundo Cabral: “No soy de aquí ni soy de allá”
Esas enigmáticas pero originales esculturas impresionan a todo aquel que las observa pues al mezclarse con el entorno que las rodea, no se sabe si están apareciendo o desapareciendo del ambiente. Como son muy altas, lo primero que llama la atención son sus rostros pensativos y melancólicos que reflejan la angustia de la migración, pero a medida que el observador se acerca a ellas sólo le quedan a la vista las piernas y la maleta de ese migrante que no se sabe si acaba de llegar o está por partir. El migrante experimenta siempre la escisión entre emigrante e inmigrante
Como en esta vida tarde o temprano todos somos migrantes, pues no sólo se migra entre países sino también entre ciudades, entre domicilios y hasta entre situaciones, no es difícil comprender el sentimiento que Catalano quiere transmitir en esas esculturas.
Emilio Fonseca Batres (1961) nació y vive en Tegucigalpa, así que es nuestro compatriota. Hace más de 30 años hizo su presentación en la televisión nacional como moderador y coproductor de „Campeonísimos“ y desde hace más de 15 años se ha dedicado a producir el programa de radio y televisión „La otra Honduras“ que también podemos encontrar en Facebook donde expone, de forma detallada y amena, como su nombre lo indica, datos totalmente desconocidos que no se encuentran ni en los programas educativos ni en los textos de historia tradicional.
Es un poeta, abogado e historiador o un abogado, historiador y poeta o quizás un historiador, poeta y abogado… al final da lo mismo ya que esas tres profesiones contienen algo que las identifica, las tres buscan, o deberían buscar, la verdad y la justicia. Algo que con seguridad se puede decir de Emilio Fonseca. Un compatriota que ha luchado y lucha por la conservación de nuestras raíces históricas como fundamento de nuestra identidad y cultura. A lo que, en Honduras, desgraciadamente, no se le da mucho valor pero que para él no es un impedimento para seguir adelante con su admirable tarea de motivarnos a «los otros hondureños» a interesarnos por nuestra propia historia.
Emilio ha dedicado buena parte de su vida a investigar, analizar y recopilar documentos y datos históricos de nuestra biografía colectiva, por lo que personalmente le estoy muy agradecida pues ha sido su página en Facebook, a pesar de la distancia, la que me ha permitido formar parte de „los otros hondureños“ y encontrar nuevamente ese lazo vernáculo que la migración había fragmentado.
Inspirado en la desesperante situación de nuestros compatriotas y su decisión de huir de ella, Emilio les escribió este poema tan melancólico como sus rostros y los de todos los emigrantes. Melancolía que Catalano ha sabido plasmar en los rostros de sus migrantes figuras.
Tanto la poesía como las bellas artes tienen el don de transmitirnos delicadamente las emociones, sentimientos, ideas y la manera que sus autores ven el mundo… como es el caso de esta melancólica apología del éxodo de nuestros compatriotas:
Por: Ondina Maldonado Zavala
