CIDH acepta denuncia de magistrados destituidos por declarar inconstitucional Ley Especial de Depuración Policial

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Señalan que, desde la destitución ilegal de los cuatro magistrados, la Sala de lo Constitucional está integrada por magistrados sustitutos, ilícitamentenombrados. Indican que ello, evidencia el sometimiento del Poder Judicial a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Tegucigalpa, Honduras (AJD). La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la denuncia de cuatro magistrados destituidos el 12 de diciembre de 2012, por el Poder Legislativo, al desafiar y sentenciar de una manera adversa a la esperada por el Poder Ejecutivo de Honduras.

El Informe de Admisibilidad número 83/18, Petición 455-13 a favor de José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma, confirma la aceptación de la denuncia.

Este caso es conocido como José Antonio Gutiérrez Navas y otro versus el Estado de Honduras y la denuncia es acompañada por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

“Los  peticionarios  manifiestan  que  José  Antonio  Gutiérrez  Navas,  Rosalinda  Cruz  Sequeira, José  Francisco  Ruiz  Gaekel  y  Gustavo  Enrique  Bustillo  Palma,  (en  adelante  “las  presuntas  víctimas”)  fueron arbitraria e ilegalmente destituidos de sus cargos como Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un acto de retaliación política por parte del Congreso Nacional de Honduras”, cita la denuncia.

En su relato ante la CIDH, los ex magistrados describieron que                                                           el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Depuración Policial por medio del Decreto N° 89-2012, que entró en vigencia el 25 de mayo de 2012.

“Refieren que, contra esta ley, varios ciudadanos   presentaron   una   acción   de   inconstitucionalidad ante   la   Sala   de   lo   Constitucional, pues consideraban que violaba preceptos de la Constitución de la República. Señalan que después de cumplirse el trámite legal, el 27 de noviembre de 2012 la Sala de lo Constitucional votó el asunto sin que el proyecto de sentencia obtuviese la unanimidad de votos necesaria para su aprobación.

Detallan que las cuatro presuntas víctimas votaron por la inconstitucionalidad de la citada ley, y sólo un magistrado votó a favor de su constitucionalidad. Por ello, conforme al procedimiento, se remitió la acción para decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

El magistrado que votó a favor de la depuración es el que posteriormente se convirtió en fiscal general de Honduras,Óscar Chinchilla, reelecto en el cargo pese a los cuestionamientos al procedimiento utilizado para su releeción.

AJD

“Aducen  que, en  represalia  por  los  hechos  descritos  anteriormente,  el  10 de  diciembre  de 2012 el Congreso Nacional nombró una Comisión, integrada por diputados oficialistas para que investigara la conducta administrativa del  Poder  Judicial.  Así,  la  noche  del  11 de  diciembre  de 2012 dicha  Comisión  rindió su informe ante el Congreso Nacional, estableciendo que se habían cometido irregularidades administrativas en  el  proceso  de  la  acción  de inconstitucionalidad  presentada  contra  la  Ley  Especial  de  Depuración  Policial. Indican que informe señalaba que la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional sobre la citada ley, no  era  congruente  con  la  política  de  seguridad implementada  por  los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo,  y  que implicaba  un  grave  perjuicio  para  el  Estado.  Destacan  que  en esa sesión  congresal  se  desarrolló  con  el  edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas. refieren que a las cuatro de la mañana del 12 de diciembre de  2012 los  congresistas  votaron  por  la  destitución  de  cuatro de  los  cinco magistrados  de  la  Sala  de  lo Constitucional quienes votaron por la inconstitucionalidad de la Ley Especial de Depuración Policial) y eligía cuatro magistrados sustitutos”.

Según la denuncia, aceptada por la CIDH, las presuntas víctimas argumentan  que  “no  tuvieron posibilidad  alguna  de  defensa  y  que  la destitución  fue  ilegal pues  el  Congreso  Nacional  o  tenía  facultades  para  ello,  ni  existía  un  procedimiento legal para el juzgamiento de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, aducen que  las pretendidas  irregularidades administrativas  no  figuraban  como causa  legal  de  destitución  de los magistrados  en  ninguna  disposición  normativa  hondureña. En  ese  sentido,  destacan  que  las  funciones administrativas  no  eran  ostentadas  por  los  magistrados  depuestos,  sino  por  el  Presidente de la  Corte Suprema de Justicia, por disposición del propio Congreso Nacional mediante los Decretos 282-2010 y 5-2011 .Agregan  que  en  un acto de  acatamiento  y  sumisión,  el  Presidente de  la  Corte  Suprema  de Justicia  tomó juramento  a  los  nuevos  magistrados  durante  la  mañana  del  12 de diciembre  de  2012,  concretando de  esa manera un golpe político a la institucionalidad judicial”.

“Argumentan   que,   como   no   existía   un   procedimiento   legal   para   la   remoción   de   los magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  la  investigación  seguida por  la  Comisión  de  Diputados  y posterior  moción  proveniente  del  Congreso,  fue  un mecanismo  ilícito  y  arbitrario,  utilizado  como  una  causa legal  para  destituir  a  las  presuntas  víctimas.  Afirman  que  dicho alejamiento  se  realizó  como una  represalia por   actuaciones   pertenecientes   a   su   función   judicial,   las   cuales   desarrollaban  en   el   marco   de   sus competencias  constitucionales  y  legales. Adicionalmente, exponen  que  el  entonces Presidente  del  Congreso Nacional justificó el accionar legal el Poder Legislativo, declarando que se había detectado una conspiración de los magistrados de la Sala de lo Constitucional contra las decisiones del Congreso Nacional”.

Coalición Contra la Impunidad
                                                                    Joaquín Mejía

El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó -a través de sus redes sociales- sobre esta decisión de la CIDH que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado admisible el caso de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández. Lo irónico es que estas personas comienzan a acceder a la justicia que ellas le negaron a la ciudadanía durante el golpe de Estado. De los 81 recursos presentados ante su Sala de lo Constitucional, únicamente resolvieron 2 a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, pero ignoraron los otros 79 recursos a favor de la ciudadanía”.

Las lecciones de una sentencia internacional en materia de independencia judicial

 Por: Joaquín A. Mejía Rivera*

Las características de competencia, independencia e imparcialidad del Poder Judicial son fundamentales para garantizar que los recursos judiciales sean idóneos y efectivos para tutelar los derechos de la población, pues su ausencia puede provocar su inutilidad y que resulten ilusorios, particularmente en escenarios políticos de emergencia. Esto quedó demostrado en el contexto del golpe de Estado de 2009 cuando el Poder Judicial hondureño se puso al servicio del gobierno de facto, profundizó el estado general de impunidad, colaboró en la existencia de una grave inhibición de los mecanismos teóricamente adecuados para tutelar los derechos humanos, propició la abstención y desidia judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales, incluyendo la propia Sala de lo Constitucional, y dejó a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad.

En este sentido, las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia reflejaron un claro contraste entre la celeridad y diligencia con la que ampararon, por ejemplo, al general golpista Romeo Vásquez Velásquez y, como lo señala la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, “las múltiples dificultades y dilaciones que impusieron sobre los recursos de amparo de otros ciudadanos hondureños”, cuyos derechos fundamentales se encontraban en riesgo. Como muestra, de los 81 recursos para garantizar derechos que recibió la Sala de lo Constitucional en el marco del golpe de Estado, únicamente 2 fueron resueltos favorablemente, los cuales, curiosamente, fueron los presentados por el general golpista Romeo Vásquez Velásquez tras su destitución como jefe de las Fuerzas Armadas. Los restantes 79 recursos presentados por la ciudadanía simplemente resultaron ineficaces.

No cabe duda que existió un sesgo discriminatorio con el que el Poder Judicial decidió, por un lado, proteger rápida y eficazmente a personas vinculadas con la consumación del golpe de Estado frente a supuestas violaciones a sus derechos, y por el otro, dispuso rechazar, evitar u obstaculizar las acciones de otros ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos humanos, incluido el derecho a la democracia, sí se encontraban en una evidente situación de grave peligro y vulnerabilidad. Por ello es que se puede concluir con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que “[e]l día que el Poder Judicial ampare a todos los ciudadanos con la misma eficacia que lo hizo con el general, se alcanzará a ver el fin de la impunidad en Honduras”.

Si bien es cierto el Poder Judicial perdió una oportunidad histórica de situarse del lado de la defensa de los derechos, de la legalidad constitucional y de la democracia, y muchos jueces y juezas toleraron por acción u omisión las acciones del gobierno de facto fundadas sobre el desprecio a la dignidad humana, hubo también otros jueces y juezas que denunciaron la ilegalidad del régimen y las consecuentes violaciones a derechos humanos, a pesar de las represalias que sufrieron. Es el caso de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y de los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios y Luis Chévez de la Rocha, todos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), quienes fueron separados ilegalmente de sus cargos por oponerse al golpe de Estado, mediante procesos disciplinarios plagados de múltiples irregularidades que afectaron gravemente sus derechos.

Ante la imposibilidad de obtener justicia ante las instancias nacionales, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y la AJD, la magistrada y los jueces presentaron una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que culminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 5 de octubre de 2015, la cual constató la violación de sus derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a los derechos políticos, a la protección judicial y de reunión. Esta sentencia contiene 4 mensajes contundentes en materia de justicia y reparación. Primero, que lo sucedido el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado y no una “sucesión constitucional” como pretendieron argumentar los golpistas.

Segundo, que el pleno de la Corte Suprema de Justicia cometió un hecho ilícito internacional al apoyar el golpe de Estado y como lo señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, por primera vez una corte internacional establece en una sentencia que en Honduras hubo una ruptura del estado democrático. Esta resolución constituye una prueba contundente para que el Ministerio Público inicie sin más dilaciones las investigaciones penales pertinentes en contra de quienes participaron en el gobierno de facto y contra los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el rompimiento del orden constitucional. Sin embargo, ¿se puede esperar alguna reacción de una institución en la que el Fiscal General, ¿Óscar Chichilla, fue uno de los magistrados que participó en el mismo y en la destitución ilegal de los jueces y la magistrada?

Tercero, que, al oponerse al golpe de Estado, los jueces y la magistrada realizaron acciones legítimas a favor de los valores democráticos y el Estado de derecho; y cuarto, que, al hacerlo, cumplieron con su deber de defender la democracia en un momento histórico en el que todas y todos los funcionarios valientes debían asumir una posición similar. Indudablemente, esta sentencia representa una victoria moral y jurídica no solo para la magistrada Flores Lanza y los jueces López Lone, Barrios y Chévez de la Rocha, sino también para la AJD y todos aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que valientemente cumplieron con su deber de defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Y al mismo tiempo representa una bofetada ética para aquellos y aquellas que se plegaron al poder de facto, guardaron silencio y se convirtieron en cómplices y victimarios de los crímenes cometidos. Mínimamente deberían sentir vergüenza.

Gracias a esta sentencia, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el juez Adán Guillermo López Lone han sido reincorporados en sus puestos como magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo y como juez del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, respectivamente. Los jueces Ramón Barrios y Luis Chévez de la Rocha dejaron el Poder Judicial por otras razones distintas. De cualquier manera, la reincorporación de la magistrada Flores Lanza y del juez López Lone es un reconocimiento por parte del Poder Judicial de que la destitución de estos funcionarios fue arbitraria y constituyó una represalia contra ellos por defender la democracia. Como lo señala la magistrada Tirza Flores, su reincorporación “a la judicatura es un mensaje de respaldo para aquellas juezas y jueces que creemos en la democracia y que estamos dispuestos a defenderla a toda costa”.

Nota relacionada Reincorporan a sus puestos a magistrada y juez destituidos durante el golpe de 2009

Esta sentencia refleja que, sin jueces y juezas independientes, imparciales y competentes, las denuncias ciudadanas no podrán tomar su correcto cauce institucional y las violaciones a derechos humanos no podrán ser investigadas efectivamente, ni sus responsables sancionados, y las víctimas no podrán ser reparadas ni sus intereses y voces visibilizadas y escuchadas. Por ello es fundamental que la ciudadanía haga suya dicha sentencia internacional para utilizarla como una herramienta política y jurídica con el fin de lograr algún día que el Poder Judicial deje de ser un “servicio judicial” –parafraseando a la periodista chilena Alejandra Matus- que favorece solo a quienes tienen poder y se convierta en un elemento central para la construcción, preservación y fortalecimiento del Estado de derecho y el sistema democrático.

* Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos; abogado e investigador del ERIC-SJ.

Jueces, magistrados y conductas 

El abogado Gautama Fonseca escribió este artìculo en marzo de 1990, hoy gracias a su hijo Emilio, recordamos este escrito que tiene enorme vigencia

Por: Gautama Fonseca

Se han quedado ahí, escondidos detrás del silencio; agazapados en las esquinas más obscuras de la indiferencia ciudadana ocultas en los repliegues de los días

¿Cómo podemos juzgar a los demás no sabemos juzgarnos a nosotros mismos?, ¿Sí Somos capaces de tolerar y con-vivir tranquilamente con nuestros propios errores? ¿Si guardamos silencio frente a nuestras debilidades? ¿Si nos acobardamos cuando tenemos que descender por-que ocupamos una altura que no nos corresponde?

Ser juez o magistrado no es sólo ostentar un título habilitante y contar con el nombramiento requerido No es sólo sentenciar, condenar o absolver. Darle a éste lo suyo y negarle a aquel lo que no le pertenece.

 Ser juez o magistrado es medir con nuestros valores y con los valores que nos dan las normas jurídicas la conducta de los demás. De los que riñen: de los que disputan, de los que se confrontar. Es estar uno por encima de los otros por razones morales y técnicas.

Pero es un estar completo, entero, sin reservas, no a medias.

Porque no se puede ser juez de los demás si no podemos ser jueces de nosotros mismos. Si no podemos sancionarnos. Si miramos de soslayo y con ánimo complaciente nuestras propias debilidades.

Quienes hacen de los cargos judiciales  un trampolín para darle  contenido a un currículo: para ganar un salario, para satisfacer una vanidad, para tener en las  manos la llave que abre las oportunidades, podrán ostentar el título  de jueces o de magistrados, pero no serio en verdad.

Tampoco lo son aquellos que desempeñan  una judicatura o una magistratura  por efecto de los azares de nuestra política, como consecuencia de nuestro aventurerismo sectario.

Detrás de todo nombramiento, para que sea merecido y justo, debe haber un hombre: debe estar presente una conducta: debe encontrarse la línea recta de un carácter.

Todo lo demás es charlatanería; ramplonería de la peor clase: tomadura de pelo.

Quien indebidamente ocupa un cargo judicial y no renuncia no es juez ni magistrado. Es tan sólo un oportunista. Alguien que sobrevive gracias a la mentira y a la farsa.

Es una lástima que entre nosotros no se entiendan estas cosas. Que todo lo hayamos llevado a la chocarrería. Que hayamos convertido las cosas serias de la Patria, sus instituciones, en cosas manipuladas y con las que se comercia en los bazares de la ruindad.

 Es una lástima.

CNA denuncia ante el MP a magistrados que firmaron fallo de la MACCIH (vídeo)

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción CNA presentó ante el Minsiterio Público una denuncia en contra de los magistrados que firmaron la  sentencia que declara constitucional el Decreto Legislativo núm. 23-2016, dijo su titular Gabriela Castellanos. 

Se determinó formalizar su denuncia por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato ante el órgano persecutor del delito; teniendo en cuenta que, después de haber analizado las incongruencias y falacias que contiene los considerandos del fallo emitido el 29 de mayo del presente año, señaló Castellanos.

Comunicado

El Consejo Nacional Anticorrupción CNA presenta una denuncia en contra de los magistrados que firmaron la aberrante sentencia que declara constitucional el Decreto Legislativo núm. 23-2016

Tegucigalpa.- Este día, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se personó a la Secretaría General del Ministerio Público, con el fin de promover una denuncia en contra de 5 magistrados que dictaron sentencia en el expediente SCO-0189-2018 RI, respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el representante procesal de 3 imputados en el caso denominado «red de diputados».

De acuerdo a lo manifestado por el CNA, se determinó formalizar su denuncia por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato ante el órgano persecutor del delito; teniendo en cuenta que, después de haber analizado las incongruencias y falacias que contiene los considerandos del fallo emitido el 29 de mayo del presente año, en donde se declara la constitucionalidad del Convenio entre la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Los denunciantes manifestaron que: las acciones realizadas por los magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se enmarcan en hechos que constituyen delito; en vista de que, los juzgadores emitieron una sentencia con malicia, verdadera conciencia de injusticia y contrarias al texto de la ley; de acuerdo a la denuncia, los magistrados quienes son personas con conocimientos técnicos en derecho, evidenciaron su conducta contraria a la norma, en la motivación de la resolución prevaricadora, de igual forma, utilizaron argumentos encubridores de carácter antijurídico; dado que, en los considerandos realizan valoraciones que no se enmarcan en las exigencias establecidas en la normativa jurídica, como ser la ley sobre justicia constitucional.

Nota relacionada Denunciarán por prevaricato a los magistrados de la Sala Constitucional: Gabriela Castellanos (vídeo)

Es oportuno mencionar que en un incuestionable abuso de autoridad, los signatarios de la sentencia realizaron valoraciones desatendiendo el principio de presunción de constitucionalidad bajo el que gozan las leyes aprobadas en nuestro país; del mismo modo, invadieron el espacio facultativo y de funcionalidad que la Constitución de la República le otorga al Fiscal General, determinando los togados que el «Mecanismo institucional de cooperación bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH)», que le da vida a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), no se apega a los estándares que de manera caprichosa la Sala de lo Constitucional considera como válidos, estableciendo de manera tácita que la UFECIC es inválida, con el objeto de beneficiar a los sectores que en la actualidad están empecinados en debilitar el combate a la corrupción en nuestro país.

Finalmente se manifestó que la denuncia se sustenta, además, en los argumentos de razonamientos y análisis realizados por el Ministerio Público, en el que determinan que la Sala de lo Constitucional no tenía facultad para revisar el Convenio que le da vida a la UFECIC.

Denunciarán por prevaricato a los magistrados de la Sala Constitucional: Gabriela Castellanos (vídeo)

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – Gabriela Castellanos, titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), anunció que se denunciará por el delito de prevaricato a los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque no están apegados en ley.

Sobre la resolución de la Sala Constitucional sobre el fallo de constitucionalidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), es ambigua porque dice que la misión es constitucional, pero en los considerandos dicen que algunas acciones que se han emprendido en el marco del convenio no lo son, apuntó Castellanos.

Castellanos, este martes en una conferencia de prensa, señaló que los considerandos del fallo no pueden ser tomados como ley o resoluciones como pretenden los magistrados.

Dijo que, como CNA y las otras organizaciones de sociedad civil que les acompañan, están pidiendo a los magistrados cual es la verdadera situación del fallo y como debe interpretarlo la ciudadanía hondureña.

Apuntó que, ellos entienden que, si la MACCIH es constitucional, todas las acciones que de ella se desprendan son entonces constitucionales y basados en ley y en el convenio que Honduras suscribió con la OEA para su creación.

Ver entrevista completa…

Poder Judicial nombra jueces y magistrados con competencia nacional en materia de extorsión

Conozca el listado completo de los jueces, juezas, magistrados y otros cargos del nuevo Tribunal 

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El Poder Judicial publicó este miércoles la lista del personal de juzgados de Letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de extorsión.

La lista ha sido publicada junto al acuerdo PCSJ-033-2017 que sustenta el nombramiento del nuevo personal. El acuerdo refiere que los candidatos han  sido electos, según  los listados proporcionados, tanto por la Comisión de Selección de Jueces y Magistrados como por la Comisión de Selección de Secretarios, Receptores, Escribientes, Digitadores y Archiveros.

El acuerdo es firmado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, quien de acuerdo al marco legal es quien hace los nombramientos.

A continuación las listas de los nombrados

A.-JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DE TEGUCIGALPA:

  1. Juez de Letras ALEXIS MELANIO CASTILLO VÁSQUEZ;

2. Secretario Adjunto ORQUIDEA MARINA LAINEZ RODRÍGUEZ

3. Receptor II LESLY JUDITH ISIDRO VIERA.

4. Escribiente III RICCY JAQUELYN CRUZ RODRIGUEZ 5.

 Escribiente III ANGIE VICTORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

6. Archivero l MARIA JOSÉ PAZ FLORES

7. Conserje REINA MARGARITA HERNÁNDEZ JUANES.

B.-  TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN:

1. Juez GREISY ZELAYA PINEDA

2. Juez JOSEFA ELIZABETH GUEVARA GARCIA

3. Juez RICARDO MAURICIO NUÑOZ DERAS:

4. Juez TELMA CRISTINA MARTÍNEZ

5. Secretario de Tribunales GÉNESIS BRIGHIT RIVERA FUENTES

6. Secretario Adjunto MARY YORLENY SAUCEDA ORTEGA

7. Receptor II FABRICIO ARIEL AYALA CANTARERO,

8. Receptor II CRISTIAM FERNANDO ORTÍZ MENDOZA

9. Asistente de Sala DORIS PAOLA RUIZ NUÑEZ

10. Técnico de grabaciones LIGIA MARIELA VELIZ OBANDO

 11. Digitador ALLAN JAVIER PINEDA LÓPEZ

12. Archivero I OSIRIS NINOSKA CASTELLANOS VILLAVICENCIO

13. Conserje REYNA ELIA HERNÁNDEZ BONILLA

14. Motorista I OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES.

C. CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN:

1. Magistrada LIDIA MARGARITA LÓPEZ HERNÁNDEZ;

2. Magistrada DILCIA YAMIL GONZÁLEZ.

 3. Magistrada YESSENIA JULISSA AGUILAR SANTOS;

4. Secretario JESSY MARIELA ROMERO CARDONA:

5. Receptor II ANGÉLICA MARÍA FLORES BARRIENTES;

 6. Escribiente III OSMAN JOSE AVILA SIERRA.

7. Escribiente III REINA ARGESH CLAROS HERNÁNDEZ;

8. Archivero I GABIELA NICOLE ORDOÑEZ PALENCIA; y,

9. Conserje ANA LIZETH RODRÍGUEZ BARAHONA.

Poder Judicial

 

Diputados “nuevos” interpondrán recurso de inconstitucionalidad contra elección de los magistrados del TSE

Tegucigalpa. Mañana jueves 27 de julio, a las 9:00 am, 37 diputados electos por primera vez y que están integrando el actual Congreso Nacional interpondrán ante la Sala de lo Constitucional un Recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 419-2013 del 20 de enero de 2014, mediante el cual se eligieron inconstitucionalmente a los actuales 4 magistrados de Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los parlamentarios  en el recurso a presentar,  estarán pidiendo la derogatoria del referido decreto, lo cual,  de aprobarse desencadenaría en una nueva elección de magistrados en el TSE.

Las motivaciones del recurso a presentar son:

Que fueron elegidos en la legislatura que no le correspondía esa atribución, pues los magistrados salientes de su último período vacaban hasta el 14 de mayo de 2014 y por consiguiente al pleno que le tocaba elegir es el que habría asumido en este nuevo cuatrienio, es decir a partir del 25 de enero de 2014; por lo tanto la elección es inconstitucional.

Nota Relacionada Falta de independencia del TSE a punto de desatar crisis en proceso de elecciones en Honduras

Otra de las razones es que el decreto 419-2013 fue aprobado plenariamente el 20 de enero de 2014, y para esa época el Congreso Nacional del cuatrienio (2010-2014) que se atribuyó la elección había vacado definitivamente desde el día anterior, el 19 de enero de 2014, que fue la fecha que por Decreto Legislativo 210-2013 se había prorrogado el período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre de 2013 al 19 de enero d 2014. Por lo tanto el Decreto fue emitido en una fecha (20 de enero de 2014) donde ya no estaba habilitada la última legislatura del cuatrienio anterior.

Los recurrentes están constitucionalmente legitimados para la interposición del recurso por ser los lesionados directamente en sus derechos constitucionales. En la elección inconstitucional de los magistrados, el 20 de enero de 2014, participaron diputados que no habían sido electos para el siguiente cuatrienio; por tanto usurparon funciones que no les correspondía.

Los parlamentarios alegarán que habiéndose publicado el Decreto 419-2013 hasta el 1 de julio de 2014, es en esa fecha que conforme a disposiciones constitucionales debió entrar en vigencia el decreto.

En cambio los magistrados inconstitucionalmente electos fueron juramentados el 14 de mayo de 2014, antes de la fecha 1 de julio de 2014 en que entró vigencia el decreto inconstitucional de su elección. En consecuencia la juramentación también está viciada de nulidad, y consecuentemente las actuaciones jurídicas de los magistrados.

Antonio García y Rixi Moncada serán los magistrados de PAC y Libre ante el TSE

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El Partido Anti Corrupción (PAC) y Libertad y Refundación (Libre)  ya  han escogido a sus representantes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean formalmente electos en el Congreso Nacional en la próxima legislatura que inicia el 25 de enero próximo.

El PAC ha designado al abogado, Antonio García, según  informó esta tarde el presidente de este  instituto político, Salvador Nasralla, mientras que por Libre la escogida es Rixi Moncada, confirmaron a Criterio.hn  autoridades de este partido.

El presidente del PAC, Salvador Nasralla presentó esta tarde a Antonio García como magistrado de ese instituto político ante el TSE.

“Les presento al abogado Antonio García, es un profesional al cual estamos perfilando para que nos represente ante el Tribunal Supremo Electoral como magistrado del Partido Anticorrupción”, manifestó Nasralla esta tarde a través de un video publicado en su página oficial de Facebook.

Nasralla dijo que el PAC, como una de las fuerzas políticas más importantes de Honduras,  tiene derecho a tener un representante ante el máximo ente electoral para que vele por sus intereses.

REFORMAS

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 8 de noviembre pasado una reforma constitucional que permitió la ampliación de los magistrados del TSE y del Registro Nacional de las Personas (RNP)  para incluir en dichas  instituciones a representantes Libre y  PAC.

La reforma se aprobó con 96 votos a favor y la dispensa de debates y deberá ser ratificada durante la cuarta legislatura, que comenzará a partir del 25 de enero próximo. Una vez consumado este acto, los dos partidos podrán presentar ante la Cámara Legislativa a sus candidatos para que sean sometidos a votación y para que asuman posteriormente sus cargos.

La reforma contempla la ampliación del número de magistrados propietarios de tres a cinco y los suplentes de uno a dos en el caso del TSE, y en el RNP, los subdirectores se ampliarán de dos a cuatro.

Actualmente el TSE está dirigido por el Partido Liberal, Nacional, Democracia Cristiana y Unificación Democrática (UD), pese a que en las últimas elecciones estos dos  últimos partidos obtuvieron apenas 5,000 votos.

34 abogados a última entrevista para escoger 15 jueces y magistrados anticorrupción

Proceso es apoyado y supervisado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Un total de 34 profesionales del derecho serán sometidos a entrevistas para ocupar los cargos de jueces y magistrados de lo Penal en materia de Corrupción tras aprobar la evaluación de conocimientos jurídicos, según información proporcionada por miembros de la Comisión de Selección.

Los postulantes se presentaron el lunes a la evaluación, la tercera de las siete etapas del proceso de selección iniciado en agosto pasado. De los 58 que habían aprobado el análisis curricular previo, 27 mujeres y 22 hombres se sometieron al examen escrito que incluyó interrogantes sobre derecho constitucional y tratados internacionales, ética y carrera judicial, derecho penal y derecho administrativo.

 Entre los 34 aprobados, 16 se postulan como magistrados, 11 como jueces de sentencia y 7 como jueces de letras. Los aspirantes serán citados nuevamente para entrevista, la cual –igual que en las etapas anteriores deberán aprobar con 70% para continuar en el proceso. Quienes sigan entre los elegibles, deberán someterse posteriormente a pruebas patrimoniales y de confianza.

 “Se ha evaluado los perfiles, se ha evaluado su currículum vitae y sus antecedentes laborales, se ha sido transparente y se les ha dado a cada uno de los candidatos tanto a los que han aprobado y los que no, la oportunidad de que se les brinde una revisión en caso de que ellos tengan interrogantes”, expresó Lester Ramírez, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en el país que funge como secretario del proceso.

Por su parte, Mario Díaz, quien participa como veedor, señaló que “una vez que estén estos resultados se van unir todas las calificaciones que hayan tenido y luego van a ser seleccionados en base a los que alcances los mejores méritos, es decir los mayores puntajes en las pruebas que vayan asumiendo”.

Los aspirantes concursan por dos cargos de Juez de lo Penal, cuatro cargos de juez de Tribunal de Sentencia, tres cargos de magistrado de Corte de Apelaciones y uno de magistrado integrante de Corte de Apelaciones.

MACCIH reclama a JOH y al Congreso por irrespeto a acuerdos internacionales con elección de magistrados del TSC

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

La Misión advierte que hará cumplir con su mandato hasta lograr un ente contralor que responda  a los compromisos internacionales

Tegucigalpa.-La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) le reclamó este miércoles al presidente, Juan Hernández y a los diputados al Congreso Nacional, por haber irrespetado acuerdos internacionales, tras haberse electo de manera irregular los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Mediante un comunicado la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), advierte que en cumplimiento del Artículo 1 de su mandato, “continuará trabajando para que Honduras cuente con un órgano superior de control que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos por medio de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el MESICIC, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Precisa además que el Estado de Honduras ha incumplido con estándares de transparencia en el marco de la Alianza para Ia Prosperidad del gobierno de los Estados Unidos.  

Honduras está a la espera del desembolso de 55 millones de dólares provenientes de la Alianza por la Prosperidad, pero antes deberá cumplir con una serie de requisitos relacionados a la reducción de la migración, combate a la corrupción e impunidad, específicamente el esclarecimiento y justicia para el asesinato de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres y otros líderes sociales.

La MACCIH reaccionó luego que la noche de este martes los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación, se pusieran de acuerdo y se repartieran los tres magistrados del TSC.

A continuación el pronunciamiento de la MACCIH

El día de ayer martes 8 de noviembre de 2016, el Congreso Nacional eligió a los tres miembros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que iniciarán su mandato de siete años a partir de diciembre.

La MACCIH-0EA es respetuosa de la competencia constitucional del Congreso Nacional para elegir a los magistrados de dicho órgano contralor encargado de Ia protección de los recursos públicos del país. No obstante, se debe puntualizar que esta elección no tomó en cuenta las recomendaciones formuladas por esta Misión el pasado 10 de octubre, mediante un reporte especial, relativas a la garantía de autonomía e independencia del TSC.

La MACCIH-OEA presentó dichas recomendaciones a los diputados y diputadas que integraron la comisión a cargo del proceso de selección, el pasado 24 de octubre y solicitó al Presidente de la República que vele por la conducción de esta importante decisión para el país, al corresponder ello al cumplimiento de compromisos internacionales que custodia el primer mandatario de la nación.

«Las recomendaciones de la MACCIH-OEA tenían por fundamento principal los compromisos internacionales que Honduras ha adquirido como Estado parte en la Convención Interamericana contra Ia Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento, MESICIC, los cuales resaltan la necesidad de contar con órganos contralores independientes y eficaces», expresó el vocero de la misión.

La MACCIH-OEA desea expresar que Honduras ha suscrito, además, Ia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, forma parte de Ia Alianza para el Gobierno Abierto y se ha obligado a cumplir estándares de transparencia en el marco de la Alianza para Ia Prosperidad. En este sentido, un proceso en el que no se conocieron los criterios de selección, ni las calificaciones asignadas a los postulantes en ninguna de las etapas efectuadas, sería contrario a los principios establecidos en dichos instrumentos internacionales. Ello además por el hecho que una organización de la sociedad civil que estaba efectuando aportes importantes para la transparencia y objetividad del proceso, se retire del mismo

«Hubiera sido importante también que en este proceso se tome en cuenta el papel que podrían haber cumplido mujeres profesionales para el combate a la corrupción e impunidad en los próximos siete años, pero no hubo un enfoque de género», acotó Jiménez Mayor.

En cumplimiento del Artículo 1 de su mandato, la MACCIH-OEA continuará trabajando para que Honduras cuente con un órgano superior de control que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos por medio de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el MESICIC, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Tegucigalpa, 9 de noviembre de 2016.comunicado-maccih