Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.

Se ha hecho de conocimiento del Copinh, ingentes gestiones para que, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.

El COPINH denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.

El COPINH denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo.

Exigen que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.

El Copinh hace un llamado y alerta nacional e internacional para estar pendientes de esta jugada que se pretende hacer como ya se esta haciendo con el exvicepresidente del Consejo dela Judicatura. Teodoro Bonilla,que está con un pie en la calle.

SIP exige libertad de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en Nicaragua

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión de medio año en Cartagena, Colombia, aprobó por aclamación una resolución sobre Nicaragua, que exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau y de los más de 600 presos políticos que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente.

Periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena

Además, la SIP solicitó al “Gobierno de Nicaragua” cumplir con la Constitución, respetando en especial, el artículo 30 que reconoce el derecho de las y los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, de forma oral, escrita o por cualquier otro medio.

Asimismo, la SIP demandó el cumplimiento del artículo 66 que otorga a la ciudadanía nicaragüense el derecho a la información veraz, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, de manera oral, escrita o por cualquier otro procedimiento. También solicitó garantizar el artículo 54 que reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, como parte de la libre expresión ciudadana y del artículo 67 que precisa el derecho a informar como una responsabilidad social, que no puede estar sujeto a censura.

Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento (Artículo 68, Constitución Política de Nicaragua).

La Asamblea de la SIP instó a los gobiernos de América y a países de otros continentes, representados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que tomen en cuenta el grave deterioro de la libertad de expresión y de prensa cuando sea analizada la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en mayo próximo durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua.

De igual manera, la SIP solicitó a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que negocia con el gobierno la apertura de un proceso de democratización de Nicaragua, teniendo como testigos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano, exigir al Estado de Nicaragua que garantice y respete el derecho pleno a la libertad de expresión y de prensa como base fundamental del desarrollo de una democracia verdadera.    

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En sus conclusiones, la reunión de medio año de la SIP, planteó que la estrategia en Nicaragua y Venezuela es similar en cuanto a la situación de la libertad de prensa. “Se denunció el robo y vandalismo a las instalaciones de medios, decomiso y destrucción del equipo de trabajo de los periodistas, restricción de insumos de producción y detenciones arbitrarias. La situación de la prensa en ambos países constituye una crisis en la región. Los miembros de la SIP apelaron a periodistas, autoridades locales y multilaterales a continuar denunciando la magnitud de los atropellos, y en especial por la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda de 100% Noticias de Nicaragua”, manifestó la SIP.

Además, el panel de Nicaragua exigió que no quede en impunidad el asesinato del periodista Ángel Gahona, a quien lo mataron de un disparo en la cabeza, el 21 de abril de 2018 en Bluefields, mientras realizaba una transmisión en Facebook Live sobre la protesta social y la represión policial.

Convergencia contra el Continuismo exige libertad para los presos políticos y justicia para los mártires

Son 38 las y los hondureños muertos durante la represión contra los manifestantes que rechazaban el fraude electoral y la reelección ilegal; más de 300 personas han tenido que salir al exilio, 165 criminalizados por razones políticos, de los cuales se defienden en libertad 160 y 5 aún permanecen presos sobreviviendo en cárceles de máxima seguridad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité Nacional por la Liberación de Presos políticos, en conferencia de prensa pidió este jueves libertad para los presos políticos y justicia para las personas asesinadas durante las luchas del pueblo hondureño durante la guerra fría, el golpe de Estado de 2009 y la represión post fraude electoral de 2018.

A la conferencia se sumó el expresidente Manuel Zelaya quien manifestó que deben articularse todas las fuerzas de oposición para exigir justicia y libertad para los presos políticos y para luchar por sacar del poder a quien gobierna Honduras ilegítimamente.

A su llegada, el expresidente Manuel Zelaya saluda a Carlos H. Reyes

En un comunicado pidieron, ante la opinión pública en general y a la comunidad internacional en particular, el cese de la persecución, el retorno a su patria de los exiliados políticos, libertad para los presos políticos y justicia para los mártires.

Señalaron que, con los años ochenta del siglo pasado, llegó la democracia constitucional, acabó la dictadura militar, pero no la militarización del país, los militares retornaron a sus cuarteles hasta los años noventa.

Pero también llegó la persecución, cárcel, tortura, exilio, desaparición y muerte que llenó de dolor y luto permanente a cientos de familias hondureñas que aún claman por justicia, mientras los culpables viven tranquilos y disfrutan del reconocimiento y respeto de un pueblo a quien se empeñan en borrarle sus recuerdos y su memoria, apuntaron.

Agregaron que se llegó al siglo XXI con el dolor amortiguado por los años, pero nuevamente un golpe de Estado y un pueblo enardecido en las calles reclamando el regreso del presidente derrocado.

Otra vez la persecución, la cárcel, la tortura, el exilio y la muerte de cientos de hondureños y hondureñas víctimas de su deseo de respeto a la constitución y a las leyes se hicieron presentes y continúan vigentes.

A partir de entonces, fraudes electorales, reelección inconstitucional y gobierno caracterizado por la represión y por la militarización de la sociedad han provocado más víctimas a través de las reiteradas prácticas que como únicas armas saben emplear los gobiernos dictatoriales para imponerse, acallar las voces de un pueblo insumiso e indefenso y llenar de luto y dolor a más familias hondureñas.

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38 son las y los hondureños muertos durante la represión contra los manifestantes que rechazaban el fraude electoral y la reelección ilegal; más de 300 personas han tenido que salir al exilio, 165 criminalizados por razones políticos, de los cuales se defienden en libertad 160 y 5 aún permanecen presos sobreviviendo en cárceles de máxima tortura y en condiciones de irrespeto a su condición de seres humanos, reza uno de los párrafos del comunicado.

El régimen usurpador niega su condición de presos políticos y los acusa de delincuentes comunes, porque para ellos, el pueblo no tiene derecho a manifestar su rabia, su descontento e impotencia ante tanto abuso, e irrespeto a la voluntad de miles de ciudadanos, señala la Convergencia contra el Continuismo.

Los que han logrado salir de la cárcel y aún se defienden en libertad, sufren igual que otros, de persecución y amenazas.

Manifestaron que las muertes de jóvenes, con claros mensajes de intimidación y advertencia, nos hacen concluir que continúa activado un Estado represor. Por eso, creemos necesario ampliar el actual Comité de Presos Políticos para continuar exigiendo justicia a los mártires de ayer y de hoy.

Libertad para los presos políticos en Honduras

Por: Pablo Ruiz, SOAWatch

Desde el 28 de junio de 2009, en que se produce un golpe de Estado en Honduras, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y por el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU, se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en Honduras.

Se conoce, por diversos informes, que al menos 154 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares entre ellas los activistas sociales Berta Cáceres y Tomas García, ambos dirigentes de COPINH.

Un Informe de COFADEH también registra, desde el 2009 a la fecha, que 13 personas fueron detenidas desaparecidas en forma forzada.

“Los detenidos desaparecidos eran generalmente defensores de derechos humanos, miembros activos de la resistencia”, señalan.

De acuerdo a un Informe del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT) el 81 % de casos de tortura denunciados el 2017 fueron realizados por las fuerzas militares en Honduras.

“Durante ese periodo el CPTRT recibió 95 denuncias sobre tortura, la mayoría de personas en privación de libertad en los centros penitenciarios, 78 de ellas cometidas en cárceles de máxima seguridad”.

De acuerdo a un Informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, “14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre el 2017 en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos”.

Protestas, detenciones y Presos Políticos

A partir del 26 de noviembre de 2017, en que se registraron elecciones presidenciales en Honduras, y pese a que el candidato opositor, Salvador Nasralla, iba ganando con una ventaja del 5%, en el primer cómputo oficial entregado por el Tribunal Supremo Electoral, comenzaron a suceder una serie de irregularidades en el conteo de los votos siendo declarado ganador, varios días después, el presidente Juan Orlando Hernández.

En este contexto, miles de personas salieron a las calles a protestar, los días y meses siguientes, denunciando un evidente fraude electoral. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad hondureñas, quienes cuentan con apoyo, entrenamiento y asistencia de los EEUU. Al menos 31 personas fueron asesinadas durante ese periodo la mayoría con balas vivas disparada por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional titulado “Prohibido Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias para Reprimir la Disidencia en Honduras”: “A lo largo de este período, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por supuestamente haber violado el toque de queda. Decenas más fueron arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por lo menos 118 personas han enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión preventiva”.

“Para la mayoría, la detención preventiva se prolongó por varios meses hasta que pudieron recobrar su libertad, pero el proceso penal iniciado en su contra aún no ha concluido”.

Sin embargo, al 19 de julio de 2018, siguen prisioneros cinco presos políticos: Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godinez en El Progreso, Yoro.

Los prisioneros políticos Edwin Espinal, de 42 años, y Raúl Álvarez, de 25 años, quienes fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018, respectivamente, son acusados de ser responsables de los daños que ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2018, durante una manifestación pública.

De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional “la audiencia inicial y la de declaración de imputado tuvieron lugar los días 20 y 22 de enero en las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. Allí funciona el Juzgado de Jurisdicción Territorial Nacional en materia penal que lleva el caso abierto contra Edwin y Raúl, a pesar de que carece de competencia para ello”.

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También “Al respecto, la OACNUDH ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia e imparcialidad de las investigaciones y los procedimientos penales en casos en los que no hay claridad respecto de la competencia de los juzgados y de las fiscalías como los de Edwin y Raúl”.

Así mismo, indica el informe que “las abogadas de Edwin y Raúl han enfrentado distintos obstáculos para ejercer la defensa adecuada de los acusados” entre ellos no han podido obtener las actas de las audiencias ni tener acceso a los vídeos presentados como medios de prueba por la Fiscalía.

Presos Políticos en Honduras

Cárcel de Máxima Seguridad “La Tolva”

1.- Edwin Robelo Espinal

2.- Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez

Cárcel “El Progreso”

1.- Gustavo Adolfo Cáceres Ayala

2.- José Gabriel Godínez Avelar

Cárcel de Máxima Seguridad “El Pozo”

1.- Edy Gonzalo Valle

Honduras: Relator de libertad de expresión interviene para que periodista pueda informar

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Relator Especial Para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tuvo que intervenir para que la Policía Militar dejará entrar al periodista César Silva, a la reunión con la delegación de ese organismo internacional.

Cesar Silva, labora como periodista en el canal UneTv donde es presentador de un programa matutino llamado “Caminando con Silva” y por la tarde en el Programa “De Tres a Cinco” junto a los periodistas Ivis Alvarado y Mauricio Rivera.

A Silva también se le ha negado la entrada al Congreso Nacional por parte del presidente de ese órgano legislativo.

Lo anterior se dio porque la Policía Militar que custodiaba la entrada del Hotel  donde se realizaba dicha reunión, dijo que tenía órdenes de no dejar entrar al periodista.

Ante esta situación el relator  Edison lanza  le dijo «el señor tiene que informar lo que está pasando, si sólo pasamos lo que nos gusta, es autoritarismo”.

La policía Militar entró en franca violación de los derechos del comunicador y del medio para el cual él labora, coartando la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a reunión.

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Con estas actitudes por parte de los militares hondureños se corrobora las denuncias de violaciones a los derechos humanos que el mismo presidente Juan Hernández se encarga de negarlo y de querer aparentar que Honduras es un paraíso para la prensa y para los defensores de derechos humanos.

Implicados en caso Pandora se defenderán en libertad por delitos menores

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Tal como lo vaticinó el analista Raúl Pineda Alvarado, los implicado en el sonado caso Pandora se defenderán en libertad de acuerdo a lo determinado por la jueza, Lidia Álvarez Sagastume, la madrugada de este sábado.

A pesar de la presión de la embajada estadounidense, 22 de los implicados, entre ellos los diputados: Elvin Santos Ordóñez, Rodolfo Irías Navas, Celín Discua Elvir, Miguel Edgardo Martínez,  se defenderán en libertad y el delito les fue modificado a encubrimiento que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión.

El único que quedó detenido es el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado Weinzemblut a quien se le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva acusado de los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.

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Mientras tanto, la jueza encontró a Norma Kaffy Montes, con indicios de abuso de autoridad, abuso a los deberes de los funcionarios y fraude; a Velkis Rosibel Hernández, por falsificación de documentos públicos y a Laura Haide Arita Palma por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude.

Ademas se le dio sobreseimiento definitivo a Mario Suazo Morazán y Mario Suazo Matute.

A 21 de los implicados, la jueza sólo les encontró indicios por el delito de encubrimiento, cuya pena máxima es de 5 años y podrán defenderse en libertad:

*José Celín Discua Elvir*

*Rodolfo Irías Navas*

*Elden Vásquez*

*Jean Francois Peyrecave*

*Arnaldo Urbina Soto* 

*Carlos Alberto Pineda Fasquelle*

*Wilson Rolando Pineda Díaz*

*Ramon Antonio Lara Bueso*

*Redin Lenín Chávez Galindo*

*Armando José Rivera*

*Hernán Seaman Elvir*

*Arnold Gustavo Castro Hernandez*

*Franklin Erick Turuño* 

*Elvin Ernesto Santos Ordóñez*

*Félix Francisco Pacheco* 

*Eduardo Enrique Lanza Raudales*

*Jose Rodolfo Sierra Morales* 

*Lenín Rigoberto Rodas* 

*Miguel  Edgardo Pineda*

*Hernán Seaman Elvir* 

*Lenín Rodas*

*Josué Francisco Velásquez*

*Jose Luis Mejía*

caso Pandora

Lula podría quedar en libertad el próximo 26 de junio

Por: Redacción CRITERIO

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El nuevo recurso que pide la libertad de Inacio Lula da Silva, será juzgado el próximo 26 de junio. El recurso de la defensa busca suspender los efectos de la condena del ex mandatario brasileño

El próximo 26 de junio la segunda sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgará una nueva solicitud de libertad, presentada el 5 de junio por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril. El recurso busca suspender los efectos de la condena del ex mandatario, realizada en el mes de enero por el Tribunal Federal de la Cuarta Región. 

La sala constitucional está compuesta por cinco jueces. Ellos tendrán que decir si consideran plausible la argumentación de la defensa, y autorizar que la suprema corte analice el recurso.

En el pedido, la defensa reafirma su convicción de que han ocurrido diversas irregularidades en el proceso que llevó a la condena del ex presidente. Entre ellas, la incompetencia del juez de primera instancia, Sergio Moro, para juzgar el caso y la falta de imparcialidad del juicio.

Los abogados afirman que Lula ha sido presidente de la República, nunca ha sido condenado anteriormente, por lo que no representa riesgo para el país. 

En caso de aceptar el análisis, la defensa pide que el ex presidente responda al proceso en libertad, con miras a obedecer el principio constitucional de la presunción de inocencia. 

De los cinco magistrados, tres se han posicionado contra la prisión después de condena en segunda instancia, lo que genera expectativas sobre la posibilidad de liberación de ex presidente. Pero los expertos piden cuidado en los análisis, pues evalúan que el Supremo Tribunal Federal está contaminado por intereses políticos.(tomado de: braildefato.com.br)

Tras fallo de la Corte Suprema, Lula Da Silva está mas cerca de la libertad

El máximo tribunal debe resolver un pedido del ex juez de Brasil que podría determinar su inmediata libertad.

Tomado de eldestapeweb.com

La corte suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas de la Operación Lava Jato y por mayoría declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sérgio Moro con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 6 a 5, el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial brasileña, ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales.

El caso se inició a raíz del inicio de alto voltaje de la Operación Lava Jato, cuando el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario.

Moro entendió en su fallo que la conducción coercitiva servía para proteger a Lula, dada su estatura política por haber sido presidente entre 2003 y 2010.

Ahora, la Corte Suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge, antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, preso condenado a 12 años y un mes de prisión desde el 7 de abril pasado en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.

Moro condenó a Lula Da Silva por corrupción al encontrarlo culpable de recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá, algo que el ex mandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar de las elecciones de octubre próximo.

En libertad y sin suspensión de sus cargos se defenderán diputados acusados en el Pacto de Impunidad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda imputados en señalados por los presuntos ilícitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, se defenderán en libertad según el dictamen de un juez natural.

Ambos parlamentarios no fueron suspendidos de sus cargos, por lo que pueden asistir a las reuniones en el Congreso de la República, pese a que las acusaciones son relativas a las funciones que realizan dentro del Poder Legislativo.

A los dos parlamentarios se les impusieron las medidas cautelares de firmar semanalmente el libro de control en la secretaría de la CSJ, así la prohibición de salir del país, para lo que se estará enviando los oficios correspondientes al Instituto Nacional de Migración, a efecto de garantizar la medida.

En tanto, la audiencia inicial fue programada para el lunes 18 de junio a las 8:30 de la mañana.

Ni pies ni cabeza

El diputado Tomás Zambrano manifestó luego de salir de la audiencia de imputados por el caso denominado “Pacto de Impunidad”, que no le mira ni pies ni cabeza al requerimiento que interpuso el Ministerio Público contra él y su colega Román Villeda Aguilar.

Zambrano dijo que se presentó junto a su compañero diputado Román Villeda Aguilar como cualquier ciudadano para someterse a la justicia porque están seguros que no han cometido ilícitos.

Señaló que el requerimiento puede concluir que “es injusto y como abogado, penalista y especialistas en derecho constitucional puedo decir que no le veo ni pies ni cabeza”.

Finalmente dijo que se presentarán a la audiencia inicial programada para el 18 de junio y ahí “luego de evacuar los diferentes medios de prueba quedará ratificada la inocencia con la que nos hemos presentado desde el inicio de esta causa”.

Delegación canadiense-estadounidense viene al país para exigir libertad de Edwin Espinal

Delegación canadiense-estadounidense es retenida e interrogada por tres horas al entrar a Honduras para abogar por los presos políticos ilegalmente encarcelados por el régimen apoyado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.– El Observatorio del Condado de Simcoe sobre Derechos en Honduras, una asociación de una zona rural de la provincia de Ontario, ha enviado a Honduras del 22 al 27 de mayo a una delegación de investigación compuesta por siete personas para exigir la libertad del preso político Edwin Espinal, y también llamar la atención sobre las políticas y acciones de los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos que han estado fortaleciendo y legitimando el régimen corrupto y violento que está en el poder desde el golpe de estado en el 2009.

Espinal es el yerno de Janet Spring, vecina del condado de Simcoe, quien liderará la delegación junto con Grahame Russell, director de Derechos en Acción, una organización no gubernamental canadiense-estadounidense. La delegación incluye también al realizador de documentales Jesse Freeston, el fotógrafo Ben Powless, la pastora de Elmvale Meg Jordan, y el doctor de medicina de emergencia William Reeves. La delegación también está acompañando de regreso a Honduras a Karen Spring, la compañera de Espinal y una defensora canadiense de derechos humanos que ha vivido y trabajado en Honduras desde el 2009.

Al arribar al aeropuerto a las 11 y media de la mañana del 22 de mayo, cinco integrantes de la delegación (Karen y Janet Spring, Jesse Freeston, Meg Jordan y William Reeves) fueron interrogados uno por uno por casi cuatro horas, y se enfocaron sobretodo en la interrogación de Karen Spring, quien estaba regresando a casa. A los integrantes de la delegación se les interrogaron más que todo sobre su interés en y preocupación por temas de derechos humanos desde las elecciones fraudulentas y violentas de noviembre del 2017.

Cuando se les permitió salir del área de migración, se juntaron con Ben Powless y Grahame Russell quienes estaban esperando en el aeropuerto junto con defensores hondureños de derechos humanos y manteniendo al tanto a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Espinal está encarcelado en una cárcel de máxima seguridad desde su captura arbitraria el 19 de enero del año en curso en medio de las enormes protestas tras el proceso electoral corrupto y represivo de noviembre del 2017. La familia Spring no ha podido escuchar noticias directamente de Edwin en más de 45 días pero saben que sigue en condiciones deplorables con cargos falsos para criminalizarlo por su larga trayectoria de trabajo en derechos humanos y movimientos sociales.

“La delegación ha solicitado reuniones con varios funcionarios hondureños, incluso el Fiscal General y el Instituto Nacional Penitenciario, los responsables de las condiciones en las cuales se encuentra Edwin”, informa Janet Spring. “También hemos solicitado a la Embajada de Canadá en Honduras ayudarnos en facilitar nuestra visita a la cárcel y poder traerle comida y agua a Edwin y a otro preso político encarcelado con él, Raúl Álvarez”.

En noviembre del 2017, estallaron protestas en Honduras tras las elecciones generales plagadas de fraude. Espinal, así como miles de hondureños, salió a las calles para oponerse al fraude electoral que mantuvo en el poder al presidente Juan Orlando Hernández. Las fuerzas de seguridad reprimieron a las protestas incluso con bala viva, dejando más de 35 muertos, cientos de heridos, y miles de detenidos.

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Un defensor de los derechos humanos y de la democracia desde hace muchos años, Espinal es uno de 23 presos políticos que el gobierno tenía encarcelado en prisión preventiva, incluso en centros penales dirigidos por militares. Hasta la fecha, 17 de los 23 presos políticos han salido con medidas sustitutivas gracias a los esfuerzos al nivel nacional y las campañas internacionales, entra las cual están los vecinos del condado Simcoe. Sin embargo, la familia Spring teme que el gobierno mantendrá encarcelado a Espinal. “Edwin ha sido blanco de persecución política desde el golpe de estado en Honduras en el 2009, apoyado por los Estados Unidos y Canadá”, explica Grahame Russell, quien ha conocido a Espinal desde ese entonces.

La delegación también estaría solicitando reuniones con representantes de las embajadas de Canadá y EE.UU. “El gobierno hondureño ha sido facultado y fortalecido por el apoyo diplomático y económico de Canadá y los Estados Unidos, lo cual sigue, y aprovechó una crisis política para encarcelar a defensores y activistas como Edwin. Nosotros, como ciudadanos canadienses y estadounidenses, a través de las políticas de nuestros gobiernos, hemos ayudado a crear la problemática de violaciones a los derechos humanos en Honduras”, destaca Russell.

Este miércoles brindaron una conferencia de prensa en las oficinas del COFADEH

La delegación estará acompañada por organizaciones nacionales de derechos humanos como el Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos en Honduras, COFADEH, cuyas abogadas son las representantes legales de Espinal. La delegación también coordinará con la Convergencia contra el Continuismo y el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos.

Mientras en Honduras y al regresar a Canadá y a los Estados Unidos, la delegación compartirá sus hallazgos con funcionarios en ambos países, con medios de comunicación, y con vecinos del condado Simcoe.

La delegación también invita a los medios de comunicación hondureños a participar en una visita a la cárcel La Tolva el jueves, 24 de mayo, saliendo de Tegucigalpa a las 9:30 de la mañana. Hay cupo limitado. Favor contactar a Grahame Russell para reservar su asiento.