También opina que la normativa compromete gravemente la seguridad jurídica de Honduras
Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte que las reformas al Código Penal y Procesal Penal tendrán graves consecuencias para el Estado de Honduras porque se ha tipificado el delito de terrorismo de manera errónea al criminalizar y estigmatizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales.
La representante OACNUDH, Soledad Pazo, habló del tema en una entrevista concedida a Televicentro, en la que además advirtió graves consecuencias para los periodistas y comunicadores sociales quienes, a su juicio, serán criminalizados por la aplicación de la reforma al artículo 335B del Código Penal que tipifica el delito de terrorismo a través de los medios de comunicación y difusión.
“Pensamos que estas normas no son las idóneas para atacar el fenómeno de la violencia que está azotando a Honduras. Pensamos que no van a resultar en una mejora en una situación de seguridad. Pensamos que pueden ser utilizadas tácticamente para criminalizar gente que no está cometiendo actos de terrorismo con la consecuente estigmatización y marginalización que esto genera”, expresó Pazo.
Asimismo “pensamos que es un marco jurídico débil, erróneo, criminaliza conductas con limitado valor penal, carece de legalidad y compromete gravemente la seguridad jurídica, porque si el ciudadano lee esta norma no sabe cómo adecuar su comportamiento a lo que está prohíbo y lo que no está prohibido”, agregó a manera de resumen la funcionaria del sistema de las Naciones Unidas.
A raíz de la situación antes señalada dijo “hemos informado ya al sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano y también esperamos que los mecanismos internos de protección de derechos humanos sean activados”, para proteger los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos que Honduras ha ratificado.
Ante lo anunciado ayer por el Congreso Nacional de reconsiderar lo concerniente al artículo 335B, pero hasta después de ser publicado en el diario oficial La Gaceta, manifestó que lo mejor hubiese sido que el presidente Juan Hernández hubiera recurrido al veto y así evitar las repercusiones y consecuencias que está teniendo esta normativa.
REFORMAS NO DARÁN RESULTADO
La representante de la OACNUDH consideró que la legislación aprobada en el Parlamento no tendrá impacto en cuanto a mejorar o reducir la violencia, porque no son las medidas que se requieren para combatir las maras y pandillas.
“Estas medidas que se han tomado no solo no van a reducir la violencia y a erradicar los actos criminales de maras y pandillas, sino que tienen consecuencias negativas e importantes sobre el ejercicio de derechos humanos fundamentales”, expresó.
Las reformas pueden ser utilizadas tácticamente para criminalizar a gente como terroristas con las consecuencias de estigmatizarlos de una manera permanente. Este marco débil es erróneo y tiene el efecto de criminalizar otras personas que cometen delitos de limitado valor criminal como si fueran terroristas, sentenció.
La funcionaria de las Naciones Unidas dijo además que en países con altos índices de violencia y criminalidad se ha recurrido a la represión, pero a través de marcos normativos idóneos, fortaleciendo la investigación, fiscalización y procesamiento de los crímenes.
En Honduras para el caso, dijo, se requiere de políticas de seguridad y normas penales adecuadas.
A su juicio de nada sirve establecer duras penas de hasta 50 años de prisión para los criminales, cuando “el problema fundamental de Honduras, y que todos conocemos, son los niveles de impunidad que existen en el país. Me parece que hace años que se vienen haciendo reformas endureciendo las penas, sin que estas medidas tengan impacto”.
TERRORISMO
Por otra parte cuestionó que las reformas tipifiquen el delito de terrorismo a acciones delictivas que no tienen el nivel de gravedad, ni la intención que las haría efectivamente acciones terroristas, de acuerdo con los estándares internacionales”.
Advirtió que al introducir la figura del terrorismo para acciones no terroristas se generarán consecuencias graves para la libertad de expresión porque se podría “caer en una situación de criminalización de periodistas, de autocensura, lo cual es muy riesgoso para un estado democrático”.
“Este articulo 335b tengo la preocupación que pueda ser utilizado para perseguir a un periodista que hable en defensa de gente acusada de delitos terroristas”, expresó.
POCA TRANSPARENCIA EN EL CONGRESO
Pazo también señaló que la Oficina del Alto Comisionado viene expresando desde hace varios meses su preocupación ante la falta de transparencia en el Congreso Nacional, en cuanto a la visibilidad y publicidad de los actos que se llevan a cabo en ese poder del Estado.
En Honduras existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 13 prescribe que el “Congreso deberá publicar sus iniciativas de ley, sus dictámenes y las opiniones y que también debe difundir por internet las sesiones y esto es algo que no hemos podido observar que se está dando, cuestionó.
